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Ecuador: ¿de la revuelta a la insurrección?

Por: Atilio Borón.

Ya van diez días del levantamiento plebeyo en Ecuador y la situación lejos de revertirse cobra nuevos bríos. La toma de edificios públicos se generaliza: masas movilizadas de indígenas, campesinos, capas medias empobrecidas y pobladores urbanos rodean el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano. y el edificio de la Asamblea Nacional. Días pasados se tomaron la sede de la misión del FMI en Quito, ámbito donde reside “gobierno real” que tiene como su marioneta privilegiada a Moreno. El “estado de excepción” decretado por su gobierno, luego de su cobarde huída hacia Guayaquil, no logró desbaratar la ofensiva popular a la que se sumaron, en las últimas horas, indígenas amazónicos que nunca antes se habían incorporado activamente a las protestas que conmovieran al Ecuador en 1997, 2000 y 2005 y que culminaran con los derrocamientos de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. La única respuesta del régimen, de la dictadura de Moreno, ha sido declarar el “toque de queda” desde las 15 horas de este sábado.

La situación, al caer la tarde de hoy ha sido descripta de este modo por un testigo muy calificado instalado en el teatro mismo de los acontecimientos: “es una verdadera lucha de clases … Quito paralizada con “toque de queda” desde las 15h, sin hora límite. Indígenas rodeados en las zonas de sede. Bombas y disparos. Ciudad militarizada. En otras ciudades del país empiezan movilizaciones. Violencia brutal contra los protestantes. Varios muertos, centenares de heridos, mil y más apresados. Cortaron señal de Telesur. Imposible información porque nadie puede circular. Algo se informa en redes y ahí circulan videos, fotos, documentos. Lenin Moreno dice estar abierto al diálogo. La posición indígena: no negociar sino públicamente, con presencia de la televisión, ONU, derechos humanos, iglesia. No es solo movilización indígena sino también estudiantes, trabajadores, pobladores. Los indígenas son el centro y la fuerza popular más grande. Llegaron a Quito desde distintas regiones del país. El pedido fundamental: dejar insubsistente decreto de liberación de precios de combustibles. Cuestión de fondo: reacción contra las medidas anunciadas y acordadas con el FMI. Situación incierta. Sin salida por el momento. Para nosotros, quiteños, un ambiente de guerra con focos de enfrentamientos. Situación terrible.”

En toda crisis, como en las guerras, el papel de la prensa al informar o desinformar es de enorme importancia. De hecho, el conflicto se presenta como si fuera una reacción de los indígenas ecuatorianos, segmentando y subestimando la confrontación. En realidad el rechazo al “paquetazo” de Moreno atraviesa –como lo dice más arriba nuestro informante- casi toda la estructura social: comenzó primero en las ciudades: los transportistas y, de inmediato, estudiantes, maestros, la militancia política opositora, ciudadanas y ciudadanos de Quito y (en menor medida al principio) de otras ciudades. Pero esta revuelta  experimentó un “salto cualitativo” con la arrolladora incorporación de las comunidades indígenas y campesinas. Fueron éstas las que le otorgaron ese tono amenazantemente plebeyo a la insurgencia que el presidente fugitivo y sus compinches caracterizaron como la “revolución de los zánganos”, reflejando nítidamente el talante racista del bloque dominante.  Antes, los paniaguados de Lucio Gutiérrez también habían denigrado a las masas que, en el 2005, acabarían con ese otro traidor y que fueran anatemizadas como una “revolución de forajidos”.

Hay cuatro rasgos que distinguen a la actual coyuntura pre-revolucionaria de las revueltas anteriores: esta es muchísimo más masiva y multitudinaria; tiene presencia en casi todo el país mientras que sus predecesoras tenían lugar casi exclusivamente en Quito; su duración es mucho más prolongada; y la brutalidad de la represión oficial es muchísimo mayor, incluyendo el “toque de queda”. Según cifras oficiales había cinco muertos a manos de las fuerzas de seguridad al anochecer del viernes. Pero las organizaciones sociales ya hablan de un número bastante mayor y hay centenares de heridos -varios de ellos en grave estado- y más de mil personas detenidas.  Esto, antes del “toque de queda”. Además buena parte de los medios de comunicación están bajo control oficial y Telesur ha sido sacada del aire, al igual que un puñado de radios anatemizadas por el gobierno ecuatoriano como “correístas”. Además, los internautas están también siendo acosados y los que emiten noticias contrarias a los informes oficiales por las redes sociales están siendo bloqueados. Líderes y dirigentes opositores están detenidos o amenazados (por ejemplo, sobre Paola Pabón, prefecto de Pichincha, pesa una orden de captura por instigación a la violencia, sabotaje y terrorismo). Otros tuvieron que asilarse. Gabriela Rivadeneira buscó refugio en la embajada de México y a Ricardo Patiño se encuentra exiliado en ese país. Correa sigue en Bélgica y la persecución sobre otros dirigentes del correísmo es implacable.  El presidente prófugo sólo produjo como gesto de pacificación un mensaje por cadena nacional de 44 segundos (¡Sic!) diciendo que está dispuesto a dialogar con los revoltosos.

Parece harto improbable que Moreno pueda volver a gobernar. Técnicamente Ecuador se encuentra acéfalo; el presidente sólo cuenta con la oportunista obediencia de las fuerzas represivas y tiene el apoyo de algunos gobiernos -Trump y sus lacayos regionales: Macri, Bolsonaro, Piñera, Duque, etcétera- y la obscena complicidad de los medios hegemónicos. A ellos hay que sumar el incondicional respaldo de las oligarquías económico-financieras, que aprueban la “mano dura” de la respuesta oficial y la mayoría de la Asamblea Nacional, hegemonizada por la derecha. No es un dato menor la gran difusión que se le ha dado al relato de la derecha de que la actual crisis ha sido promovida por Rafael   Correa coludido para tales fines con el presidente Nicolás Maduro, como lo dejó entrever Mike Pompeo en recientes declaraciones. Pero esto no basta para normalizar a un país paralizado.  Acéfalo también porque la Asamblea Nacional no se reúne –pese a la exigencia de los manifestantes- y su presidente declaró que si lo hace, mañana, será para “aplacar los ánimos” y no para votar por la salida institucional que contempla la Constitución del 2008 en casos como el actual: la “muerte cruzada” de la presidencia y la Asamblea Nacional, y un llamado para elegir presidente y asambleístas. Aparte de esto, la revuelta plebeya exige, taxativamente, la derogación de las medidas adoptadas por Moreno bajo consejo del FMI y tal cosa sería la campanada de la muerte para su gobierno. En los próximos días la dualidad de poderes propia de toda acefalía deberá resolverse. Lo más probable, a costa de Moreno. En otras palabras, la revuelta podría convertirse en insurrección y abrir una nueva página en la historia ecuatoriana.

Pero para que esto suceda hay algunas condiciones que alguien que sabía de revoluciones, V. I. Lenin, estableció muy claramente. Primero, apoyarse en “el auge revolucionario del pueblo” y esto significa, concretamente, no cesar en la ofensiva contra el gobierno en todos los frentes;  y, segundo, hacerlo en un “momento de viraje de la historia”, cuando “los de abajo ya no quieren y los de arriba ya no pueden” seguir viviendo como antes. Da la impresión de que la coyuntura ecuatoriana estaría expresando, aún cuando de modo incipiente, la existencia de ese momento de viraje.  Claro está que situaciones como éstas –una dualidad de poderes en donde el pueblo movilizado desafía el orden vigente y, por otra parte, el poder constituido sólo puede preservar su dominio apelando a la fuerza pero sin controlar al país- son inevitablemente transitorias  y más pronto que tarde se resuelven para uno u otro lado. Si las fuerzas insurgentes representaran –por su conciencia y organización- una propuesta “avanzada” (y esta es otra de las condiciones a las que alude el revolucionario ruso) el desenlace de la crisis podría inclinarse a su favor y lograr la caída del gobierno de Moreno. En pocos días más sabremos si las masas populares ecuatorianas están en condiciones de lograr esa hazaña y luego trazar una ruta de reconstrucción nacional en un país destruido por la conjura entre el gobierno y el FMI, en medio de una corruptela rampante. Esto requeriría la conformación de una amplia alianza política en donde las masas indígenas y campesinas, los actores populares urbanos que también protagonizaron las protestas y las fuerzas políticas que se opusieron al gobierno -principalmente el correísmo, objetivo excluyente de los ataques de Moreno- coincidan en un programa común deponiendo viejas disputas y concentrándose en las inmensas tareas que les aguardan. De no ser así, si la ofensiva fuese demasiado débil y desarticulada las fuerzas de la reacción podrían  reagruparse con gran rapidez en torno a una sola bandera y un único liderazgo (como observara Antonio Gramsci en los orígenes del fascismo italiano), resolver las contradicciones y vacilaciones existentes en sus filas y lanzar un contraataque que podría infligir a los insurgentes una derrota de la cual tardarían muchos años en reponerse. Pese a su combatividad y militancia éstos enfrentan no pocos problemas pues el desbordante espontaneísmo y el heroísmo de su lucha no oculta el hecho de que no pareciera haber una dirección política firmemente establecida y en condiciones de conducir el complejo tránsito que va desde la revuelta a la insurrección. Más bien, la impresión que se proyecta es que hay una muy heterogénea base social que se lanzó a las calles rebasando a sus liderazgos tradicionales. Libradas a los avatares del combate callejero y sin una dirección política clara estas masas en rebelión podrían desmoralizarse, dispersarse y, por último, sucumbir ante el salvajismo de la represión, el chantaje del imperio y de la derecha y el terrorismo mediático que pondría a buena parte de la población ecuatoriana en contra de los insurgentes. Sería deplorable que tal cosa suceda, y por eso es bueno advertirlo a tiempo. De todos modos, se trata de cuestiones que no se resuelven desde un escrito o una teoría. Una vez más será la práctica concreta de las luchas de clases -y en especial la lucidez del liderazgo contestatario, el entusiasmo revolucionario de las fuerzas plebeyas y, también, los errores del enemigo-  los que determinarán el resultado final de la insurrección de octubre.

Fuente del artículo: http://atilioboron.com.ar/ecuador-de-la-revuelta-a-la-insurreccion/

 

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Ecuador: Los indígenas y el Gobierno de Lenín Moreno se abren a un intento de diálogo

América del Sur/ Ecuador/ 14.10.2019/ Fuente: elpais.com.

 

Las Fuerzas Armadas anuncian que se levanta el toque de queda en algunas zonas de la ciudad durante unas horas

La noticia llegó en el peor momento de las protestas, en una Quito paralizada y en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que lleva 10 días encabezando las movilizaciones contra los ajustes del Gobierno, se abrió el sábado a dialogar con el presidente, Lenín Moreno, aunque advirtió de que seguirá en la calle hasta alcanzar un acuerdo. Su propósito, reza un comunicado de la organización, es «evitar un baño de sangre» y «reorientar la política económica del país». Este domingo se mantendrá la primera reunión, informaron Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, que se ofrecieron a mediar entre las partes.

El encuentro, que estaba previsto que comenzara a las tres de la tarde pero que se ha retrasado por los altercados, ocurre un día después de que el mandatario tomara una decisión drástica y decretara el toque de queda y la militarización de la ciudad para, manifestó, facilitar «la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia». Una medida que momentos antes de la reunión ha levantado parcialmente. Las restricción de movimiento serán suspendidas hasta las 20.00 en algunas zonas de la ciudad, han asegurado las Fuerzas Armadas en un comunicado. Durante la mañana, la capital ha sido escenario de escenas de caos que se contuvieron, pero no cesaron a pesar de que esa medida seguía vigente.

Moreno compareció por la noche para culpar de lo sucedido a «fuerzas oscuras vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidas por [Rafael] Correa y [Nicolás] Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos». «Hoy quemaron el edificio de la Contraloría para destruir las pruebas de la corrupción del Gobierno anterior», mantuvo. Agregó que el Ejecutivo revisará el decreto 883 adoptado la semana pasada «para estudiar sus efectos». La fórmula sugiere que no derogará su medida más polémica, esto es, el alza del precio de la gasolina. A cambio, el presidente propuso un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Si existe un símbolo que ha acompañado el descontrol de las manifestaciones de los últimos días en el país andino es el humo. Los gases lacrimógenos lanzados por la policía invaden amplios sectores de Quito, mientras los manifestantes anticipan su presencia con enormes hogueras. Este sábado la jornada se salió del carril de la protesta y de la vigilancia policial. Ya se habían producido episodios de violencia y varios organismos internacionales denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. Sin embargo, la situación ha acabado precipitándose.

Todo esto sucedió mientras la principal organización indígena anunciaba en un comunicado que se abre a una negociación con el presidente. «Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el diálogo directo con Lenín [Moreno] sobre la derogatoria o revisión del decreto 883″, aseguró la cuenta del movimiento en las redes sociales. Al mismo tiempo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, confirmó que el Gobierno había decidido avenirse a debatir los ajustes, conocidos como paquetazo, solicitados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en febrero pactó con Moreno un préstamo de 4.200 millones de dólares.

«Son los narcotraficantes, son los latin kings criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos», insistió el mandatario en un mensaje televisado. «He dispuesto al comando conjunto de las fuerzas armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador», enfatizó. El Gobierno lleva días responsabilizando de las protestas a los seguidores del expresidente Correa e incluso llegó a señalar a factores externos como el régimen de Maduro, sin mostrar todavía evidencias de ello. Los indígenas han mantenido una movilización eminentemente pacífica, aunque el jueves retuvieron durante horas a un grupo de policías y a casi treinta reporteros. Sin embargo, a las manifestaciones se sumaron también otros colectivos: algunos sindicatos, estudiantes y organizaciones próximas al anterior Ejecutivo, encabezado por Correa. Las autoridades han alertado también de la presencia de delincuentes comunes que buscan aprovecharse de la situación de caos.

La apertura de los dirigentes de Conaie llega después de días de intenso pulso con el Gobierno, que el miércoles presentó una agenda de seis puntos para empezar a negociar. La oferta fue rechazada, en medio de acusaciones de represión, y tildada de «fantochada». Pero este sábado se produjo el primer giro. Es más, los indígenas se han desvinculado rotundamente de la violencia. «Informamos que durante todo este día las bases nos hemos mantenido en el ágora de la Casa de la Cultura en una asamblea para trazar directrices. Nos deslindamos de los hechos ocurridos en Contraloría y Teleamazonas», comunicó la Confederación a través de Twitter en referencia a un asalto a la cadena de televisión. Por otro lado, Telesur aseguró que fueron interrumpidas sus emisiones en Ecuador.

Correa ha negado en varias ocasiones estar detrás de las movilizaciones. Sin embargo, las ha jaleado sin disimulo y ha pedido un adelanto electoral. Hoy está inmerso en una decena de procedimientos judiciales desde que abandonó el país para irse a Bélgica, aunque su objetivo es regresar a la primera línea, quizá con algún delfín como próximo candidato a la presidencia. Lo que está claro es que —como pudo comprobar EL PAÍS en la región amazónica antes de los comicios de 2017— muchas comunidades indígenas estuvieron años duramente enfrentadas al exmandatario. El viernes Conaie llegó a llamarlo «miserable» y a acusarlo de «oportunismo descarado». «El correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años», denunció la organización.

Fuente de la noticia: https://elpais.com/internacional/2019/10/12/actualidad/1570904125_657075.html

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La educación y el posacuerdo

Por: Lised Garcia. 

 

En el año 2016 se firmó en Colombia un acuerdo de paz entre el Estado y la insurgencia más grande y vieja del continente. Era un acuerdo histórico por la beligerancia que adquirió la confrontación armada en los últimos 20 años, pero también por ser la cuarta vez[1] que se intentaba salir de la guerra por medio de una mesa de diálogos.

El silencio de los fusiles dejó entrever, como se sospechaba por parte de muchos analistas e historiadores del conflicto, que la gasolina de la guerra iba más allá de unos salvajes locos y con fusiles en el monte… que el conflicto no era solo armado, era principalmente social: es decir, unas demandas por parte de sectores sociales como los campesinos que nunca fueron subsanadas por el Estado colombiano en cincuenta años.

Parte de lo que quedó escrito en el acuerdo no hacía más que reafirmar esta verdad de a puño: que la tierra[2] en Colombia era uno de los botines de viejas y recicladas violencias, y que, en muchas regiones, la gente solo pedía lo que cualquier ciudadano debería esperar de sus gobernantes en un Estado socialmente responsable: vías, puestos de salud, colegios, vivienda y tierra para cultivar.

El acuerdo, entonces, y la neutralización de la confrontación armada, después, permitieron que emergiera esa vertiginosa realidad de las regiones que durante mucho tiempo nos hemos negado a mirar a la cara: que somos un país tan potentemente diverso, como profundamente desigual. Y estas dos caras de la moneda hacen que las conflictividades en las regiones transiten por la vía de la resolución violenta cuando de definir quiénes han de gozar de las riquezas de la tierra se trata. Y todo esto ocurre en la medida en que, muchas veces, lo que para el Estado y los sectores privados nacionales y extranjeros son recursos naturales, para las comunidades de los territorios afro o indígenas, son patrimonios ancestrales.

Pero el problema va más allá, como lo evidencia la problemática constante de que las riquezas del subsuelo no han logrado llevar desarrollo sostenible a los territorios, como por ejemplo las regalías del carbón en La Guajira, en donde los indígenas se mueren de hambre. Y ni que decir de los sectores campesinos, quienes en el último paro, el de 2013, aducían que desde hacía por lo menos veinte años no se discutía seriamente el problema rural en la agenda estatal.

Es así como la realidad nacional, una vez más, superaba todos nuestros entendimientos sobre los conflictos regionales y las formas de gestionarlos. No era solo un problema de armas; era, en esencia, una serie de situaciones de desigualdad social e inequitativo acceso a los recursos del Estado, lo que había llevado a miles de colombianos a la vorágine de la guerra, viéndose muchos involucrados en problemáticas relacionadas con el derecho a la tierra que terminaron en enfrentamientos violentos o despojo, como el caso del desplazamiento masivo a raíz de la violencia paramilitar.

En medio de este contexto, unos actores se abrieron paso en este largo periodo de conflictividad social y armada: los profesores y profesoras dispersos haciendo su trabajo por toda la geografía colombiana. No en vano se calcula, gracias a un informe de la Fundación Compartir de 2019, que más de 1500 maestros y maestras fueron víctimas de asesinato, desplazamiento y desaparición forzada, un alto porcentaje de los casos acontecido en los sectores rurales.

Por eso es justo hacer un reconocimiento al sector docente, uno de los grandes sobrevivientes de este ciclo de violencias en Colombia. Y esta también es una razón suficiente para admirar a todas aquellas personas que aún hoy optan por Licenciarse, en los lugares más recónditos del país.  Como los señala el informe y muchos otros estudios: los profesores y profesoras se convierten, en muchos casos, en el único acceso de los niños y niñas al conocimiento, en lugares donde no hay otras ofertas culturales y científicas.

Y si a esto se le suma la falta de infraestructura (vías, plantas físicas, agua potable, etc.), y los hechos de violencia, la docencia en Colombia se hace en condiciones de heroísmo extraordinario. Por eso el Politécnico Grancolombiano quiere reconocer esta labor de los docentes y quiere, también, sensibilizar a los colombianos acerca de los retos de ser maestro hoy en las zonas rurales y urbanas en Colombia. De igual forma, también se busca promover un sentimiento de solidaridad con todos estos profesores y profesoras que le han apostado a construir paz con su quehacer diario, en medio de todo tipo de violencias.

Nuestros estudiantes de Licenciaturas -en ciencias sociales y primera infancia-, hacen parte de estos docentes de las zonas rurales. Ellos, con sus trabajos de indagación, son quiénes nos permiten saber lo que piensan y sienten los estudiantes en sus territorios acerca de los problemas de los programas de alimentación, las dificultades para las políticas de inclusión, el abandono estatal y la deserción escolar por falta de transporte para los estudiantes, y en fin, un sinnúmero de situaciones más en las que se ven involucrados por estar en un país al que le parece poco importante la educación de la población afectada por la inequidad social.

Por eso, tanto como lo expusieron los acuerdos de paz, pero también como lo han venido reclamando los docentes, la educación debe ser un tema de la agenda nacional que se posicione como salida a los ciclos de violencia, como una meta posible para los niños y jóvenes de las zonas rurales, quienes deben ver en la escuela un camino para romper los círculos de la desigualdad social, y obtener una vida digna y plena de desarrollo individual.

Son los docentes los que, nuevamente, tendrán un papel importante en el posacuerdo, con toda su experiencia del conflicto en los territorios. Por eso hay que contar con su voz y apoyar firmemente la implementación del pleno derecho a la educación en el sector rural.

Fuente del artículo: http://blogs.eltiempo.com/vocesdelaacademiapoli/2019/07/26/la-educacion-posacuerdo/

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Kenia: Artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos, Derecho a la educación

Por: el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos/Europa Press

En 2002, cuando el Gobierno keniano anunció que la educación primaria sería gratuita para todas las personas, Kimani Ng’ang’a Maruge decidió inscribirse en primer grado. ¿Qué hay de inusual en eso? Que era un bisabuelo de 84 años. Una fotografía en la portada de un periódico de Kenia lo mostró sentado en un diminuto escritorio junto a niños de 6 años, usando un uniforme que se había hecho él mismo, incluidos los pantalones cortos que indicaba el reglamento.

Maruge dijo que quería aprender a leer la Biblia para saber si los curas la habían estado citando adecuadamente durante toda su vida. Vivió cinco años más, fue certificado en el Libro Guinness de récords mundiales como la persona más vieja en inscribirse a la escuela primaria y fue a Nueva York para dirigirse a la Cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la importancia de la educación primaria gratuita.

El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) hace obligatoria la educación primaria gratuita y universal, y existe una tendencia de pensar que es un derecho para los niños. Pero como Maruge mostró, personas de cualquier edad pueden buscar y beneficiarse de la educación y el alfabetismo. No sólo se hizo una película sobre su vida, sino que su historia inspiró a muchas personas que habían abandonado la escuela a regresar y acabar sus estudios.

Este derecho está también consagrado en varias convenciones internacionales, en particular en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre los derechos del niño (que ha sido ratificada por todos los países con excepción de Estados Unidos).
En el artículo 26 de la DUDH, encontramos el derecho al “pleno desarrollo de la personalidad humana”, que también aparece en los artículos 22 y 29. Queda claro que los redactores vieron este término como una manera de resumir muchos de los derechos sociales, económicos y culturales en la Declaración y se ha incrementado cada vez más la atención que organismos internacionales prestan al papel de la educación en el empoderamiento de individuos, tanto niños como adultos.

Se ha logrado ampliamente el derecho a la educación en algunos aspectos, lo que resulta inusual para muchos de los derechos enumerados en la DUDH. Hoy más que nunca, cada vez más niños alrededor del mundo tienen acceso a la educación, e incluso la tasa de asistencia a la escuela primaria por parte de las niñas crece a la par que la de los niños en algunas regiones. El número total de niños no escolarizados alrededor del mundo bajó de 100 millones en 2000 a aproximadamente unos 57  millones en 2015.

El Banco Mundial y la OCDE estiman que en 1960 sólo el 42% de las personas en el mundo sabían leer y escribir. En el 2015 este número había subido a 86%. Algunos países –Andorra, Azerbaiyán, Cuba, Georgia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rusia, Eslovenia y Tayikistán– tienen tasas de alfabetización del 100%.

ASPIRACIÓN A UNA EDUCACIÓN SECUNDARIA GRATUITA Y UNIVERSAL

Sin embargo, la alfabetización es un blanco móvil. Muchos países aspiran –de acuerdo a los objetivos planteados en el artículo 26– a que la educación secundaria sea gratuita y universal, y algunos tienen como objetivo una educación terciaria más generalizada. El término “alfabetismo” tiene cada vez un significado más amplio en muchos lugares para incluir la habilidad de usar números, imágenes y computadoras, así como lenguaje, y para abarcar otras formas de comunicar y adquirir conocimientos útiles.

Pero estas cifras positivas ocultan el hecho de que el progreso también ha sido muy desigual, en gran medida por las desigualdades y la discriminación, pues el derecho a la educación sigue siendo negado a niños de grupos marginalizados y a aquellos que viven en las peores formas de pobreza y privación. Los niños más desaventajados siguen siendo olvidados, como en el caso de los niños con discapacidades, los niños indígenas y apátridas, y especialmente las niñas que pertenecen a estos grupos.

A pesar del incremento constante de las tasas de alfabetización durante los últimos 50 años, aún hay 750 millones de adultos analfabetos alrededor del mundo, en su mayoría mujeres. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen una oportunidad clave para garantizar que toda la juventud y la mayoría de los adultos sean alfabetizados y aprendan de aritmética para 2030, siendo el ODS 4 en particular el que se centra tanto en el acceso como en la calidad de la educación.

LAS NIÑAS DE MUCHOS PAÍSES, PRIVADAS DE EDUCACIÓN

En muchos lugares, dadas ciertas prácticas culturales, no se permite que las niñas obtengan una educación. En 43 países, principalmente ubicados en el norte de África y África subsahariana, y en el oeste y sur de Asia, las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años son aún menos proclives que los hombres jóvenes a contar con habilidades de lectura y escritura.

Se ha demostrado que la falta de educación, especialmente en las niñas, tiene un enorme impacto en la sociedad en su conjunto, en la salud y en el desarrollo económico de los países, no sólo porque la privación del derecho a la educación a menudo abarca generaciones, sino también porque perpetua arraigados círculos viciosos de pobreza. La educación es tal vez la herramienta más poderosa para sacar a los niños y adultos marginalizados de la pobreza y la exclusión, haciendo posible  que jueguen un papel activo en los procesos y las decisiones que les afectan.

La educación como derecho humano fundamental es esencial para el ejercicio de todos los demás Derechos Humanos. Promueve la libertad individual y contribuye en definitiva a un empoderamiento más amplio de los niños, a su bienestar y desarrollo, no sólo asegurando que estén equipados para entender y exigir sus derechos durante sus vidas.

Tal vez la defensora de la educación de las niñas más destacada es Malala Yousafzai, una activista paquistaní y la ganadora más joven del Premio Nobel. Cuando insistió en ir a la escuela en su valle nativo del Swat después de que los talibán locales prohibieran a las niñas ir a la escuela, un talibán armado disparó a Malala y a otras dos niñas en un intento de asesinato.

Imperturbable, Malala ha continuado con sus actividades tras su recuperación. “Con pistolas se puede matar terroristas, con la educación se puede matar al terrorismo”, afirma.

((Este es uno de una serie de artículos publicados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para conmemorar el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948)).

Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-articulo-26-declaracion-derechos-humanos-derecho-educacion-20181206113621.html

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Las caras de la pobreza en América Latina: niños, mujeres, indígenas y campesinos

Redacción: Mundo

Más del 30% de los latinoamericanos y caribeños vive bajo la línea de pobreza, 10% sobrevive en pobreza extrema por lo que sus ingresos no alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades alimentarias. Sputnik dialogó sobre esta realidad con Simone Cechini, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.

187 millones de latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza, 62 millones son «extremadamente pobres» por lo que sus ingresos no les alcanzan para comer. Aunque el nuestro no es el continente más pobre (lo supera África), sí es el más desigual. Para Simone Cechini, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, esto contrasta con la categorización que se hace de la región considerada a nivel mundial como de ingresos medios.

«En nuestra región la pobreza todavía tiene cara de niño. Si desagregamos los datos por grupos de edad la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema es mucho más alta en el grupo de 0 a 14 años respecto a cualquier otro grupo de edad. En esta población la pobreza asciende al 46,7% y la pobreza extrema al 17%», comentó en diálogo con Sputnik.

Los porcentajes no son más alentadores en el caso de los habitantes de zonas rurales en las que la pobreza llega a un apabullante 48,6% de la población y la pobreza extrema a 22,7%. Mientras, en las regiones urbanas tiene una incidencia de aproximadamente la mitad que en el campo: 22,5% y 7,2% respectivamente. Por composición étnica los pueblos indígenas son los más expuestos seguidos por los afrodescendientes.

En términos de género la brecha parece acortarse, si bien uno o dos puntos porcentuales separan a mujeres de hombres, si se evalúa exclusivamente la edad reproductiva, la diferencia es significativa. De acuerdo a Cechini allí se puede observar la aún muy presente dificultad de las mujeres para insertarse en el mercado laboral cuando simultáneamente se cargan sobre ellas la mayoría de las tareas domésticas y de cuidados.

¿Cómo enfrentar la situación? Más allá de las crisis de crecimiento particulares y las coyunturas de los diferentes países, para el experto el mayor desafío es construir estados de bienestar que hagan frente ciclos malos y defiendan de ellos a la población.

«Si hay desempleo un seguro de desempleo, si hay una enfermedad un seguro de salud. Pero desafortunadamente como la mitad de nuestros trabajadores están en el mercado informal hay muchísima desprotección».
El otro gran desafío en su opinión es la desigualdad, no solo en distintos ejes como la edad, la raza, la etnia, sino en distintas áreas del desarrollo social como el acceso a la educación o a la salud.

«Desafortunadamente no tenemos en todos los países un sistema educativo universal y de calidad. Todavía muchos niños, los más ricos van a escuelas privadas de mayor calidad y lo niños más pobres frecuentemente a colegios públicos de menor calidad. Lo mismo sucede con la salud».

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/201811061083225771-30-por-ciento-de-pobres-en-america-latina/

 

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Libro: Re-encantos y Re-encuentros: Caminos y desafíos actuales de las Teologías de la Liberación.

Reseña: Un libro sobre Teología de la Liberación, de la autoría de Daylíns Rufín Pardo y Luis Carlos Marrero, en estos tiempos puede parecerle a muchas personas letra muerta. Desde finales del siglo pasado no han sido pocas las voces -incluso dentro de esta propia corriente teológica- que han decretado su muerte no solo inevitable, sino rotunda.
Este libro, sin embargo, no es un intento de resurrección. Nace, por el contrario, de una mirada diferente a esta Teología: aquella que se resiste a anclar el fenómeno que en sí constituye esta corriente teológica solamente, o sobre todo, a ese momento histórico de los 70´s y los 80´s donde primaba un matiz socio-político más afín con la liberación, y los pueblos daban cuenta de ello. Sin negar la vinculación e importancia que esta corriente teológica significó para ese tiempo del mundo y sus diversos movimientos emancipadores, creemos, sin embargo, no solamente que lo liberador como categoría teológica permanece de múltiples maneras hoy, sino también que sigue siendo necesario
sobre todo “ahora que los mapas están cambiando de color”.
Por otro lado, también es innegable que la Teología de la Liberación ha sido también teológicamente fructífera. Las llamadas teologías específicas, contextuales o contemporáneas -como la Negra, la Indígena, la Feminista, la LGTBI, la Campesina y la Ecológica o Ecoteología, por sólo citar algunas- son hijas fuertes y saludables de ella que, pese a sus particularidades y mayor o menor independencia estética, mantienen , proclaman , producen y reproducen su ADN liberador, su esencia. Este propio volumen, con sus diversos artículos y abordajes, da cuentas también de ello.

Link de descarga: http://www.rebelion.org/docs/236758.pdf

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La diversidad nos une

Por Daniel Sánchez Velásquez

“Todavía nos rehusamos como país a darle un verdadero valor a nuestra diversidad y aún se le niega la posibilidad a muchos peruanos de ser incluidos”.

 

Somos un país diverso. Esa es una realidad. Hay 55 pueblos indígenas, población afroperuana, contamos con 48 lenguas originarias habladas por cerca de 5 millones de personas, al año tienen lugar casi 7 mil festividades y más de 250 expresiones culturales son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente –tenemos más de 11 mil puntos arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú –, en los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y, sobre todo, la gastronomía se han convertido, merecidamente, en símbolos de orgullo nacional.

Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado, muchas veces, en la manifestación cultural y no en los hombres y mujeres que la hacen posible. Así, nos sentimos orgullosos de nuestras 3.800 variedades de papa, pero no valoramos, en la misma medida, a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad de los conocimientos tradicionales en nuestro país. Celebramos y disfrutamos el festejo con el corazón hinchado por la huella memorable de nuestra herencia africana, no obstante, sobrevive la discriminación que sufren los afroperuanos para hacer efectivo el goce de sus derechos.

De igual forma, cada año miles de turistas visitan Puno para participar de la Fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías de los danzantes –con sus coloridos trajes– circulan por redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Pero poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria que los bailarines utilizarán, usando técnicas y conocimientos antiguos que han pasado a través de las generaciones.

Todo ello se suma al hecho de que, aún hoy, como nos indican los datos de la reciente Encuesta Nacional sobre Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico Racial, uno de cada dos peruanos considera que se discrimina principalmente por el color de piel o los rasgos físicos de las personas, más del 40% cree que todos deberíamos hablar la misma lengua y casi la mitad de los encuestados piensa que sería mejor si tuviésemos las mismas costumbres. Esto evidencia que todavía nos rehusamos como país a darle un verdadero valor a nuestra diversidad y aún se le niega la posibilidad a muchos peruanos de ser incluidos en la construcción de nuestro proyecto de nación y reconocerla como un activo de nuestro desarrollo humano.

Es por ello que, en el marco de dos eventos fundamentales como la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística y el Mes de la Cultura Afroperuana, el Ministerio de Cultura realiza diferentes actividades orientadas a reflexionar sobre los retos de una sociedad diversa como la nuestra, la principal, el reconocimiento de sus protagonistas. Diferentes grupos étnicos y culturales han contribuido mucho en nuestra historia, pero todavía no han recibido la gratitud que merecen. Por eso, hace unos días, hemos rendido homenaje a Catalina Buendía de Pecho, mujer afroperuana, quien hace 135 años entregó su vida para salvar a su pueblo, San José de los Molinos (Ica), de una invasión extranjera, pero que todavía en los libros de historia no aparece como heroína. Revertir estas omisiones permitirá reivindicarlos como parte constitutiva de nuestra nación.

Con este espíritu también se ha aprobado, recientemente, para su prepublicación, la propuesta de estrategia para la salvaguardia y revalorización de los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas, en el marco de la comisión multisectorial que lidera el Ministerio de Cultura con diversos sectores del Estado y los representantes de estos pueblos. En unos días se iniciará un proceso participativo orientado a recibir los aportes que permitan que los conocimientos sobre riego y transporte de agua, las técnicas de teñido con plantas tintóreas, la medicina indígena, la decisión de plantar y cosechar basada en la aparición de determinados animales o el apareamiento de otros, el sistema tradicional de jueces de agua, entre otros saberes valiosos, no se pierdan o sean tomados por terceros sin generar beneficios para las comunidades.

Todas estas acciones constituyen el primer paso para desarrollar una visión colectiva sobre las prácticas tradicionales y valorar a las personas que con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas mantienen y transmiten de generación en generación su identidad cultural y espiritual para beneficio de todos los peruanos y peruanas. Ello reafirma una vez más que, rumbo al bicentenario, uno debe ser nuestro objetivo: que la diversidad nos una.

Fuente del artículo: https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/diversidad-interculturalidad-une-daniel-sanchez-velasquez-noticia-526580

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