Observatorio de Universidades (OBU) aseguró que el déficit presupuestario de las instituciones de educación superior autónomas y experimentales en Venezuela supera el 90%.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), OBU señaló que esta deficiencia presupuestaria limita en grado sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión.
“El déficit presupuestario de las instituciones de educación superior autónomas y experimentales supera el 90%, lo que limita en grado sumo sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión. Además, limita los gastos de seguridad e infraestructura”, expresaron.
También recordaron que la delincuencia ha dejado a las instituciones de educación superior desmanteladas.
“El deterioro de las infraestructuras está entre las principales preocupaciones de la población universitaria. La delincuencia ha dejado a las instituciones de educación superior desmanteladas y con muy bajas condiciones para impartir y recibir clases”, destacaron.
Por último, precisaron que el 59% de los profesores y el 67% de los estudiantes temen ser robados dentro de los recintos universitarios.
“Las denuncias por robos y hurtos en las universidades se intensificaron tras la pandemia del COVID-19 y persisten luego de esta. El 59% de los profesores y el 67% de los estudiantes temen ser robados dentro de los recintos universitarios, de acuerdo a los datos de la #Enobu2021”, refirió OBU.
Los ataques a las escuelas, que van desde tiroteos hasta secuestros, se multiplicaron por nueve en el país caribeño, donde hasta ahora se respetaban como lugares fuera de la violencia.
Los colegios se han convertido en un nuevo objetivo de las bandas armadas que asolan Haití. Según datos recogidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) los ataques de estos grupos se han multiplicado por nueve los primeros cuatro meses del curso académico, que comenzó en octubre.
Los actos de violencia incluyen tiroteos, saqueos y secuestros. En total, 72 escuelas fueron atacadas en comparación con ocho durante el mismo periodo del año pasado.
Esas cifras incluyen al menos 13 colegios atacados por grupos armados, uno incendiado, un estudiante asesinado y al menos dos miembros del personal docente secuestrados, según los informes de los socios que cooperan con UNICEF.
Sólo en los seis primeros días de febrero se cerraron 30 escuelas como consecuencia de la escalada de violencia en las zonas urbanas, mientras que más de una de cada cuatro ha permanecido cerrada desde octubre del año pasado.
“El aumento de la inseguridad y los disturbios generalizados empiezan a paralizar el sistema educativo del país”, ha advertido UNICEF tras dar a conocer esos datos.
Bruno Maes, representante de UNICEF en el país caribeño, asegura que los colegios en Haití siempre han sido considerados y respetados como refugios seguros, pero en los últimos meses se han convertido en blanco de la violencia.
El saqueo, una alternativa lucrativa
«En algunas zonas urbanas del país, los grupos armados consideran el saqueo de escuelas como una alternativa lucrativa a otras formas de extorsión y delincuencia. Esto debe terminar. El ataque a los centros docentes por parte de los grupos armados está teniendo un enorme impacto en la seguridad, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los niños», afirmó Maes.
Cuando estas bandas atacan las escuelas, suelen saquear el material escolar, incluidos pupitres, bancos, pizarras, ordenadores portátiles, fotocopiadoras, baterías y paneles solares. También se han robado sacos de arroz, masa y maíz que se utilizan para las comidas escolares, un sustento para innumerables niños, así como material de comedor.
Con el aumento del malestar social en las últimas semanas, muchos directores de colegio han tomado la decisión de cerrarlos para proteger a los niños de posibles ataques. Como resultado, en enero de 2023, los niños perderán una media de un día y medio de clase a la semana.
Sin una acción urgente para proteger las escuelas de la violencia, UNICEF predice que los estudiantes perderán unos 36 días de clase a finales de junio.
Además de la violencia de las bandas, la agitación social también ha afectado a la capacidad de los niños para aprender. El 26 de enero, por ejemplo, los niños se vieron obligados a evacuar las escuelas cuando las violentas protestas callejeras por el asesinato de 14 policías se extendieron por todo el país.
«Mientras los niños se tambalean por los efectos de la violencia armada, la inseguridad en Haití no muestra signos de remitir», afirmó Maes. «La violencia sigue cobrándose un alto precio en la vida de los niños en Puerto Príncipe y sus alrededores, y las escuelas ya no se libran de ella. Un niño que tiene miedo de ir al colegio es un niño más expuesto a ser reclutado por grupos armados. Debemos actuar con urgencia para proteger la vida y el futuro de los niños».
A pesar de la escalada de violencia e inseguridad en el país, el Ministerio de Educación de Haití ha intensificado sus esfuerzos para abrir las escuelas, con tres de cada cuatro reabiertas en diciembre de 2022, en comparación con menos de una de cada en octubre.
UNICEF insta a todos los actores a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro el derecho de los niños a la educación y pide al Gobierno de Haití que garantice que los colegios sean seguros y responsabilice a los grupos e individuos que dañen o amenacen a los niños.
Sucede en el marco de huelgas de sectores de la sociedad civil por la ola de secuestros e inseguridad que vive el país.
Estudiantes haitianos de escuelas públicas y privadas, así como del nivel universitario, protestan desde el pasado lunes contra el secuestro de profesores, estudiantes y directivos y en solidaridad con quienes han sufrido actos de secuestros en los últimos meses.
Durante estos dos días de movilización, los manifestantes levantaron barricadas de llantas quemadas en varias áreas de la capital, Puerto Príncipe, incluyendo Lalue, Poste Marchand, Avenue Christophe, Ruelle Waag y sus alrededores.
De ese modo protestan contra el fenómeno del secuestro, en pleno auge en el país, especialmente en la capital.
Los estudiantes hicieron saber que continuarán movilizados hasta la liberación de sus compañeros, quienes permanecen secuestrados desde hace una semana, cuando se produjo un pico en la ola de raptos, en la cual destacó el secuestro de dos directores de escuelas de educación básica.
Con esta serie de movilizaciones, el tráfico permanece intransitable en varias ciudades haitianas y las escuelas han estado cerradas.
Entrtanto, en el informe parcial de los operativos y casos atendidos desde el 1 de febrero de 2022 a la fecha, la Policía Nacional de Haití (PNH) informó que ha realizado 233 detenciones en todo el territorio nacional, según información revelada por el vocero de la institución, el inspector Garry Desrosiers.
Los principales cargos presentados contra las personas detenidas son posesión ilegal de armas de fuego, violación de un menor de edad, tráfico ilícito de marihuana y confinamiento forzoso, entre otros.
Además‚ seis presuntos bandidos fueron linchados por la población‚ mientras otros dos murieron a manos de la Policía‚ según Desrosiers. Respecto a los objetos incautados‚ la PNH recuperó ocho vehículos‚ 28 armas de fuego‚ 255 cartuchos de varios calibres y cinco kilos de marihuana.
Haití vive una ola de secuestros e inseguridad agravada en el último año, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
“Los ataques de los bandidos y otros elementos criminales en el sector de la educación no sólo afectan a la seguridad de los estudiantes y del personal de las escuelas, sino que también afectan directa o indirectamente a la supervivencia de las universidades privadas”, ha dicho Su Exc. Mons. Ignatius Ayau Kaigama, Arzobispo de Abuja, durante una ceremonia en la Universidad Veritas de Bwari, Abuja.
El arzobispo Kaigama ha pedido al gobierno que mejore la seguridad en los campus universitarios para proteger la vida de los estudiantes: “Por lo tanto, deseo aprovechar esta oportunidad para pedir al gobierno que tome medidas drásticas para mejorar la seguridad de las vidas y las propiedades en los campus universitarios y sus alrededores de toda Nigeria”.
El llamamiento del arzobispo de Abuja se suma a los lanzados por asociaciones de profesores y estudiantes nigerianos en los últimos meses. En noviembre de 2021, el Sindicato de Personal Académico de las Universidades (ASUU) denunció lo que ha descrito como “una incontrolable ola de inseguridad” en Nigeria, que también ha afectado a las instituciones educativas del país, desde el nivel primario hasta el universitario.
El sindicato ha reprochado al gobierno su incapacidad para proteger las escuelas, colegios y universidades.
El sector escolar y universitario nigeriano ya está en tensión por las huelgas y las reivindicaciones salariales, con frecuentes interrupciones en los calendarios académicos. A esto se suma la inseguridad, con el aumento de los casos de secuestro de escolares y el temor a una tercera oleada de la pandemia de COVID-19; como consecuencia, las actividades educativas se han visto interrumpidas, aumentando el número de niños sin escolarizar.
Casi 1.000 estudiantes de secundaria y universitarios han sido secuestrados en ataques coordinados por terroristas y bandidos en los últimos 10 meses, principalmente en la región norte del país.
En el noreste, donde operan las facciones surgidas de la escisión de Boko Hamra, más de 800 escuelas permanecen cerradas debido a la inseguridad, mientras que aumentan los secuestros y los ataques violentos contra escuelas en las regiones del suroeste. En el sureste, el sistema educativo está siendo puesto a prueba ya que el grupo separatista IPOB (Pueblo Indígena de Biafra) ha impuesto la prohibición de todas las actividades, incluida la educación, todos los lunes hasta que su líder, Nnamdi Kanu, sea liberado. La prohibición impuesta el 30 de julio del año pasado se suspendió el 14 de agosto, pero en cualquier caso las actividades se ven paralizadas cada lunes en estas zonas.
Un grupo de hombres armados irrumpió en un internado del estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria y secuestró a decenas de estudiantes en madrugada de este lunes. Las autoridades atribuyen el hecho a bandas de delincuentes que generalmente operan bajo esa modalidad para luego pedir dinero por el rescate.
Ir a la escuela en Nigeria y permanecer a salvo es un acto de valentía y un desafío para cientos de estudiantes y sus padres que intentan que sus hijos tengan educación pese a las constantes amenazas a su seguridad.
Cerca de las 02:00 del lunes, cuando los estudiantes dormían, un grupo de hombres armados atacó a los guardias de seguridad del internado Bethel Baptist High School, en la localidad de Chikun, estado de Kaduna, en el noroeste del país.
Los atacantes irrumpieron con disparos, según confirmó el portavoz de la Policía, Mohammed Jalije. En el lugar se encontraban cerca de 180 jóvenes y decenas de ellos fueron secuestrados. Se cree que al rededor de 150 menores fueron raptados, aunque las autoridades no han dado aún una cifra oficial.
Un comunicado de la Policía dijo que 26 personas, incluida una maestra, habían sido rescatadas. La información coincide con la suministrada por el reverendo John Hayab, fundador de la escuela, quien dijo en una entrevista a la agencia de noticias Reuters que unos 25 estudiantes habían logrado huir.
Docenas de padres angustiados llegaron hasta el recinto escolar en las primeras horas de la mañana, tras ser informados de lo ocurrido; algunos llorando y gritando, mientras esperaban noticias.
«Recién esta mañana, a eso de las 06:00, recibí una llamada telefónica que entraron a la escuela secuestradores, que se llevaron a todos nuestros hijos, incluida mi hija (…) Corrimos hasta aquí y lo confirmamos», dijo con la voz entrecortada, John Evans, uno de los padres.
Decenas de zapatos se encontraban esparcidos por el lugar y los dormitorios que se encontraban desiertos. «Que Dios les quite las lágrimas y el sufrimiento que enfrentarán a manos de los secuestradores», dijo una mujer señalando un agujero en el perímetro de la escuela por donde entraron los atacantes.
El secuestro, un flagelo en aumento contra los estudiantes en Nigeria
De acuerdo con las autoridades, este es el décimo secuestro masivo en una escuela en el noroeste de Nigeria desde diciembre.
La Policía atribuye este tipo de violencia a hombres armados, de bandas locales que han creado una industria del secuestro de estudiantes para luego pedir pagos por los rescates.
El noroeste del país y especialmente el estado de Kaduna es el más golpeado por este flagelo. Cerca de 1.000 estudiantes han sido raptados en centros educativos desde diciembre de 2020. Si bien, algunos han sido rescatados o han logrado escapar, se estima que más de 150 personas siguen desaparecidas.
Estos grupos criminales también han atacado carreteras, residencias privadas e incluso hospitales. De hecho, también este domingo hombres armados secuestraron a seis personas, incluido un niño de un año de edad, en un hospital de Kaduna.
El pasado febrero, el presidente del país, Muhammadu Buhari, instó a los gobiernos estatales a «revisar su política de recompensar a los bandidos con dinero y vehículos», y advirtió que caer en el juego de los delincuentes podría tener un efecto desastroso.
Los secuestros se han convertido también en un problema político para Buhari, un general retirado y exgobernante militar, que ha afrontado crecientes críticas por la continuidad de este tipo de ataques de las pandillas.
La educación debe ser fundamental en la política migratoria
La educación tendría que ser la base del nuevo Pacto Mundial sobre Migración, según la Internacional de la Educación, que incidió en la importancia de contar con un enfoque migratorio que tenga en cuenta a toda la sociedad en un ámbito local y nacional.
Los estados miembros de la ONU y, de hecho, todos los gobiernos, están obligados a garantizar los derechos humanos de todos los migrantes. Es lo que afirmó Dennis Sinyolo, de la Internacional de la Educación (IE), a lo que añadió que «dichos derechos se resumen en los pactos y tratados de Naciones Unidas (ONU) actuales».
El Pacto Mundial de la ONU sobre migración debe dar prioridad a los derechos de los trabajadores y el derecho a la educación
Sinyolo realizó estas declaraciones en el marco de un panel sobre perspectivas nacionales para un enfoque que abarque a toda la sociedad y facilite un movimiento migratorio seguro, ordenado y normal. El panel tuvo lugar durante unas sesiones informales con varias partes interesadas previas a la reunión del Pacto Mundial sobre Migración y la conferencia intergubernamental sobre migración internacional. Se celebró el 18 de diciembre en la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.
En la sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de debatir sobre la necesidad de cooperación y alianzas entre diferentes segmentos de la sociedad, incluida la sociedad civil, el sector privado, comunidades en la diáspora, migrantes, autoridades locales y nacionales, expertos y otros implicados para desarrollar y poner en práctica un enfoque sobre migración coherente y que abarque al conjunto de la sociedad.
El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajcak, explicó: «Estamos aquí para analizar cómo afecta la migración a las autoridades locales. Queremos ir más allá del ámbito nacional y revisar ejemplos de buenas prácticas en un entorno local y de cómo los migrantes contribuyen a las comunidades locales, por ejemplo, a través de sus destrezas».
El proceso de negociación intergubernamental sobre el Pacto Mundial, como recordó a los presentes, se iniciará en febrero de 2018, y exige que «se escuche a numerosas partes diferentes, especialmente a quienes aplican leyes y políticas migratorias, como enfermeras, docentes y agentes de las fuerzas de seguridad».
Por otra parte, subrayó que no hay mejor forma de celebrar el Día Internacional del Migrante que presentar propuestas sobre cómo tratar los retos que les afectan. También destacó la necesidad de basarse en un enfoque que tenga en cuenta a toda la sociedad y el gobierno, además de escuchar a todos los implicados.
Diálogo social
El punto de partida para garantizar un enfoque efectivo que llegue al conjunto de la sociedad a la hora de gestionar la migración presenta dos vertientes, según explicó Sinyolo:
(1) Todos los gobiernos, incluidos los de países de acogida y tránsito, deberían ratificar e implementar por completo las disposiciones de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre migración, empleo y otros acuerdos relevantes.
(2) Los gobiernos deberían garantizar el establecimiento de mecanismos institucionalizados para el diálogo social.
También resulta de vital importancia llevar a cabo una consulta y un diálogo reales con los trabajadores migrantes a través de las organizaciones que los representan, los sindicatos en particular, dado que la mayoría de los migrantes se desplazan en busca de un trabajo decente, señaló.
La lucha y las acciones que llevan a cabo los sindicatos, la sociedad civil y otros agentes tampoco se deben subestimar, añadió Sinyolo. Estas organizaciones se han esforzado mucho para garantizar que no se niegue a los migrantes el acceso a las necesidades vitales y servicios públicos básicos, como la salud, la educación y la justicia, por su condición migratoria.
IE: Defender los derechos educativos de migrantes y refugiados
La Internacional de la Educación ha estado trabajando con sus afiliadas nacionales, organizaciones juveniles y comunidades estudiantiles y locales para defender y fomentar los derechos educativos de migrantes y niños y jóvenes refugiados en varios países europeos y de fuera de Europa, según manifestó Sinyolo.
Los educadores y sus sindicatos llevan mucho tiempo luchando para que los niños indocumentados tengan derecho a una educación de calidad y cuestionando su detención en campos de refugiados, afirmó. La IE también ha proporcionado formación y un desarrollo profesional a docentes locales, migrantes y refugiados para que puedan adaptarse a las necesidades específicas de los migrantes y refugiados, incluido apoyo psicosocial y formación lingüística.
«La educación es el mayor antídoto ante el azote de la xenofobia, el racismo y la discriminación, ya que ayuda a inculcar y fomentar los valores del entendimiento intercultural, el respeto, la tolerancia y la coexistencia pacífica». De hecho, la educación dota a migrantes y niños y jóvenes refugiados de las destrezas necesarias en su vida y trabajo, declaró, además de enfatizar que este aspecto debería ser una parte fundamental del nuevo Pacto Mundial.
«Un enfoque que implique al conjunto de la sociedad solo se puede alcanzar si todos los países y gobiernos dan un paso al frente en la creación de un entorno que acepte a los refugiados, tanto en el plano legislativo como socioeconómico», indicó. «Necesitamos tomar medidas inteligentes y significativas para avanzar, y que nadie las ignore o se haga a un lado, porque la gestión mundial de la migración es un esfuerzo mutuo que atañe a los países de partida, tránsito y destino».
Para finalizar, recordó la necesidad de que la ONU y los gobiernos sigan contando con sindicatos y sociedad civil en el proceso de negociación intergubernamental, hecho que motivó la respuesta por parte del Presidente de la Asamblea General de la ONU, que anunció que convocará dos sesiones/consultas más en febrero y mayo de 2018.
Centro América/Honduras/10 Junio 2017/Fuente: Tiempo
Los problemas de inseguridad son el pan de cada día en el país. Ahora hasta los docentes son víctimas de ese flagelo. Unos 300 ya han sido trasladados a diferentes sitios porque temen por su vida.
Según la ministra de educación, Rutilia Calderón, no sólo es el bullying entre estudiantes el que afecta. A esto se le suma las maras y el crimen organizado en los centro educativos.
Por lo tanto, estos dos factores han tenido en la cuerda floja a varios institutos ya que estos grupos delictivos han sembrado el terror mediante hostigamiento y violencia.
Pero los docentes al ser trasladados a otras ciudades, son obligados a trabajar en lugares denominados calientes y no les queda de otra que impartir el pan del saber.
Hace unas semanas el panorama era otro ya que cientos de docentes se avocaron hasta la Secretaría de Educación para entregar solicitud y poder optar a una plaza en el sistema educativo hondureño.
Ahora ruegan para ser trasladados a lugares más tranquilos ya que la inseguridad no se cansa de hacer de las suyas y no los deja trabajar.
Autoridades hacen el llamado de hacer las investigaciones correspondientes y que se tomen medidas.
Aproximadamente unos 20 centros educativos registran un incremento de casos alrededor del país. Tanto la capital como Ka Ceiba y Cortés se ven afectados.
Este problema ya va a cumplir casi un año. Al parecer, no se da una solución, por lo que ya han pedido traslado en Francisco Morazán.
Cabe destacar que es la primera vez que se hace este trámite en dicho sector.
Docentes piden mano dura para estudiantes ligados al crimen
A criterio del dirigente magisterial Esponda, se necesitan más actividades recreativas en los centros educativos.
Según el dirigente magisterial del COPRUMH, Daniel Esponda, la medida más eficaz para erradicar este problema es que se incrementen actividades en cada jornada.
Esto con el objetivo que los jóvenes se alejen de los vicios, ya que existen reclutamientos por parte de los antisociales.
Asimismo, agregó que los docentes temen por su seguridad porque los mismos estudiantes se han vuelto violentos contra ellos.
Según testimonio, han llegado hasta el grado de rayar los carros, no entrar a clases, al punto que realizan hasta amotinamientos en los centros escolares.
Es por ello, que exigen poner mano dura ante este problema que se ha apoderado del pueblo hondureño.
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