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Jornada laboral: Una lucha continua

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

El mundo contemporáneo ha sido transformado por cuatro revoluciones industriales. La primera (Inglaterra, mediados del siglo XVIII), basada en las máquinas de vapor y carbón, aceleró el crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las fábricas y del trabajo asalariado. Las jornadas habituales en el mundo rural del pasado, que podían llegar a 14 o 16 horas diarias, inicialmente se extendieron a la industria. Resultaron insostenibles al despertar la lucha obrera, apoyada por políticos e intelectuales que denunciaron la miseria y la explotación. Inevitablemente intervinieron los Estados para expedir leyes y reducir la jornada, que a fines del siglo XIX llegaba a 10 horas diarias.

El empresario y socialista utópico Robert Owen (1771-1858) fue pionero en proponer “8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso”; mientras Karl Marx (1818-1883) descubrió la “ley de la plusvalía”, que explica el origen de las ganancias de los capitalistas. En 1866, la Primera Internacional de Trabajadores (AIT) fundada por Marx, así como la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), demandaron la jornada de 8 horas. Sin embargo, el movimiento fundamental ocurrió en los Estados Unidos con los huelguistas de 1886 que reivindicaron las 8 horas y cuyos “Mártires de Chicago” son recordados en el mundo al conmemorarse el 1 de Mayo como Día del Trabajo.

La segunda revolución industrial (EE. UU., Alemania, Gran Bretaña, fines del siglo XIX), con el uso de motores a base de electricidad y derivados del petróleo, tuvo repercusiones impresionantes en el transporte (ferrocarriles eléctricos, navíos, automóvil, avión), las comunicaciones (teléfono, radio, televisión) y el nacimiento de gigantes empresas (monopolios). Ese progreso material y tecnológico hizo posible la reducción mundial de las jornadas de trabajo, por la que seguían luchando los trabajadores. Paradójicamente el empresario estadounidense Henry Ford (1863-1947) fue el primero en introducir las 8 horas en sus fábricas de automóviles en 1914 y en duplicar el salario a 5 dólares, lo que salvó a su empresa, al mismo tiempo que despertó la ira de otros industriales. Esa jornada finalmente fue imponiéndose tanto en los EE. UU. como en Europa, incluso porque se sucedieron tres acontecimientos de significación internacional: la Revolución Mexicana de 1910, cuya Constitución de 1917 fue pionera en proclamar el principio pro-operario y reconocer derechos laborales con jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales (Art. 123); la Revolución Rusa de 1917, que inspiró el auge de las luchas sociales por edificar un sistema postcapitalista; y el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, cuyo Convenio No. 1 consagró la jornada máxima de 8 horas (industria) y 48 semanales.

Exceptuando México, que empezó la industrialización durante el porfiriato (1876-1911), junto con Argentina (enorme migración europea), la siderurgia en Brasil, la minería en Chile y Perú, pero todos con inversiones de voraces compañías extranjeras, en conjunto el resto de América Latina permaneció como gigante región primario-exportadora, con predominio de terratenientes y trabajo servil en el campo. La industrialización y el desarrollo capitalista recién despegaron con el avance del siglo XX.

También despertaron reformas sociales y legales, aunque los primeros países en decretar la jornada de 8 horas fueron Uruguay (1915) y Ecuador (1916): el primero por su adelantada cultura reformista social que también supo expresarse en la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez (1911-1915); y el segundo porque la medida en poco o nada afectaba al régimen de dominio plutocrático-bancario y terrateniente garantizado por el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno (1916-1920). Al mismo tiempo que se establecieron jornadas máximas, fueron reconocidos amplios derechos: contrato individual y colectivo, salario mínimo, pago por horas extras, sindicalización, huelga, indemnizaciones, descansos, maternidad, seguridad social. En Ecuador los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) sentaron las primeras bases para superar el régimen oligárquico-bancario, inaugurar el papel social y económico del Estado, y decretar leyes laborales, además de expedir la progresista Constitución de 1929, que consagró sus principios. El Código del Trabajo en este país se expidió en 1938. A mediados del siglo XX los que cabe denominar como derechos laborales históricos estaban reconocidos por la OIT, la ONU y las legislaciones y códigos de los distintos países latinoamericanos.

La tercera revolución industrial (EE. UU., Japón), aunque en forma progresiva durante la segunda mitad del siglo XX con la electrónica, informática, telecomunicaciones, computadoras, microprocesadores, internet, robótica, modernizó al mundo en forma espectacular, pero sin alterar sustancialmente los derechos laborales históricos. En América Latina estos fueron golpeados por el anticomunismo de la Guerra Fría introducido en la región a raíz de la Revolución Cubana (1959) y especialmente conculcados por las dictaduras militares terroristas del Cono Sur. Pero el mayor impacto laboral ha provenido de la cuarta revolución industrial (EE. UU., Europa, China, Japón, Corea del Sur) desde inicios del siglo XXI, con el desarrollo del internet, biotecnología, tecnología digital, automatización avanzada y recientemente la inteligencia artificial.

Estos impresionantes progresos humanos han alterado las tradicionales formas del trabajo, creando “fábricas inteligentes” e “industrias 4.0”, que hacen posible no solo la producción automatizada sino el alivio de la carga del trabajo diario y semanal en amplios sectores económicos, en favor del disfrute individual, familiar o colectivo, del ocio y la recreación. En Francia y Alemania ya se introdujo la semana de 35 horas, mientras en Islandia, España, Reino Unido el “experimento” con jornadas de 4 días ha resultado espectacular. La pandemia del Covid en 2020 demostró incluso que era posible el trabajo desde casa.

Sin embargo, en América Latina quienes rápidamente han intuido esos alcances no son burguesías schumpeterianas, sino los grupos dominantes tradicionales o “modernos” que han lanzado las ideas de “flexibilidad” laboral, pero para arrasar con los derechos laborales históricos. Contrariando las nuevas tendencias históricas abogan por aumentar la jornada diaria a 10 o 12 horas sin pago de horas extras, con tal de que se cubran las horas semanales que fluctúan en la región entre 40 y 48 (ocurre en Ecuador estos momentos), o extendiendo la semanal y violando, en ambos casos, las jornadas máximas. De otra parte, buscan establecer las jornadas reducidas a través del trabajo por horas, la tercerización, el “smart-working”, el “salario emocional” u otras modalidades, pero con “costos” salariales que resultan miserables, impiden la estabilidad y afectan la seguridad social. Todo se hace con la finalidad de incrementar las ganancias y pese a que numerosos estudios demuestran que la reducción de las jornadas puede aumentar la productividad y alienta la responsabilidad y el bienestar de los trabajadores, además de evitar los agotamientos, el estrés y los errores.

Los capitalistas del presente han ganado enorme terreno en América Latina contando con la ideología neoliberal, la reciente anarco-capitalista libertaria y gracias a los gobiernos empresariales. El problema es que las izquierdas, así como las organizaciones de trabajadores, no han formulado las respuestas alternativas, contundentes y eficaces que permitan contrarrestar la arremetida patronal, así como promover y demandar nuevos derechos laborales acordes con el tiempo presente. Lo común ha sido limitarse a reclamar y proteger los derechos laborales históricos. Es una situación que inevitablemente tendrá que cambiar. Requerirá, además, la clara conciencia que comprenda lo pernicioso que resultan los gobiernos empresariales.

Blog del autor: Historia y Presente
www.historiaypresente.com

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La historia de cómo España redujo la jornada laboral a 40 horas semanales

 

Por Laura Olías

«La patronal puso el grito en el cielo»

La última vez que se modificó la jornada de trabajo máxima en España fue hace 40 años. En 1982, Felipe González se hizo con la presidencia del Gobierno, el primer gobierno de izquierdas posterior a la dictadura franquista. Una de sus promesas electorales más populares era el recorte de la jornada a las 40 horas semanales, “reivindicación histórica del movimiento obrero y de la izquierda”, recuerda Joaquín Almunia, el ministro de Trabajo en aquel momento. La ley levantó a los empresarios, que pusieron “el grito en el cielo”, pero también acabó siendo motivo de “mucha bronca” con los sindicatos y “el inicio de la ruptura de UGT con el PSOE”, coinciden varios actores de la época.

 

Al igual que Sumar incluyó el recorte de la jornada laboral como una de sus medidas estrellas en la pasada campaña electoral, el PSOE de Felipe González hizo lo propio hace cuatro décadas, de cara a los comicios generales de octubre de 1982, que dieron a los socialistas una amplísima mayoría absoluta, con 202 diputados.

 

Además de la creación de 800.000 puestos de trabajo, los socialistas enarbolaron la bandera sindical de la jornada de 40 horas semanales, sin reducción de salario, para ser aprobada en el primer año de mandato, y la ampliación de las vacaciones a 30 días naturales. Con el Estatuto de los Trabajadores recién aprobado dos años antes, en 1980, las vacaciones eran entonces de 23 días naturales y la jornada “de trabajo efectivo” podía alcanzar las 43 horas semanales si era partida (con una hora de descanso diaria como mínimo) y de 42 horas semanales si era continuada.

 

“Habíamos conocido las jornadas de 48 horas a la semana hacía poco, estuvo vigente hasta el año 1976”, cuando se redujo a 44 horas semanales, destaca el catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo Rojo. Así, en apenas seis años las normas laborales habían reducido notablemente las horas legales de trabajo. “Fue muy relevante, algo histórico”, recuerda Rojo.

 

A finales de diciembre de 1982, menos de un mes después de la toma de posesión del gobierno socialista, el Consejo de Ministros aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales para que fuera tramitada en las Cortes y que entrara en vigor a mediados del año siguiente. El ministro Almunia presentó ante la prensa la reducción de la jornada máxima como una reivindicación “ampliamente sentida” por la sociedad, que alcanzaba a cuatro millones y medio de trabajadores, y subrayó que la medida acercaba a España “a los niveles europeos”.

 

La CEOE en rebeldía y una coma fantasma

En la misma rueda de prensa de diciembre del 82, los ministros socialistas ya tuvieron que responder a las críticas de la patronal CEOE, y en concreto las de la banca, que se revolvieron en contra de la medida desde un inicio. Los empresarios defendieron que, en caso de reducirse la jornada, esta disminución tendría que tener una repercusión en los salarios. “La filosofía de la CEOE en este sentido es que si los asalariados trabajan menos, cobren menos, para que así colaboren en el sacrificio que se pide a todos para crear empleos”, recogía ABC en esos días.

 

 

Con argumentos similares a las críticas actuales de la patronal al acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar para reducir la jornada a las 37 horas y media, como el aumento de costes, la afectación al empleo y la vulneración de la negociación colectiva, entonces el tono de las organizaciones empresariales era “más duro”, considera Joaquín Almunia en conversación con elDiario.es.

 

“La CEOE tuvo ya un tono intolerable en la campaña electoral y le costó digerir los resultados de las elecciones”, apunta Almunia. Dado que tenían una mayoría muy holgada, el Ejecutivo de Felipe González inició su hoja de ruta en seguida, lo que “no sentó nada bien” a la patronal, dirigida por su presidente Carlos Ferrer Salat, “más dialogante”, pero con José María Cuevas como secretario general, “que tenía un tono más agrio”, valora el entonces ministro de Trabajo.

 

A días de aplicarse la medida, José María Cuevas declaró la insumisión a la nueva norma ante los medios: “La CEOE no acepta la entrada en vigor del decreto que fija en 40 horas semanales la jornada de trabajo”, ya que consideraba que iba en contra del Acuerdo Interconfederal de 1983. La patronal anunció la denuncia de “la mayoría de los convenios firmados”, que dio lugar a una batalla judicial sobre la interpretación y aplicación de la norma con “muchos conflictos colectivos”, recuerda Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO.

 

Por un lado, los tribunales dieron la razón a los sindicatos en que la norma tenía una aplicación inmediata, ya desde julio de 1983, independientemente de que los convenios se hubiesen pactado previamente, algo que confirmó el Constitucional en 1990. Por otro lado, la justicia falló a favor de los empresarios en la posibilidad de la distribución irregular del horario dentro de la jornada anual, lo que permitía superar algunas semanas el límite de 40 horas en favor de otras más cortas, según la actividad de la empresa.

 

“De algo malo, la reducción de la jornada, conseguimos un efecto bueno, pactar la jornada anual, globalizar la jornada. Provocó una gran conmoción en Europa, recuerdo perfectamente la carta de la patronal alemana felicitándonos”, explica Fabián Márquez, presidente de Arinsa y negociador durante años de la patronal. “Fueron meses de mucha tensión y negociación”, recuerda, ya que muchas empresas mantenían jornadas que superaban el nuevo límite legal. “Entonces los bancos abrían los sábados”, responde Márquez sobre el porqué de tanta hostilidad del sector financiero.

 

Joaquín Almunia relata una “anécdota” que da cuenta de la tensión en la tramitación parlamentaria de la medida. “Había una coma que se movía en el texto y cambiaba el sentido en contra de la voluntad del legislador. Cuando salió el texto de la ponencia, se lo dije a los letrados de las Cortes y se corrigió, pero después el texto volvía a tener la coma”, sostiene el socialista. “Nunca lo pude probar, pero creo que había alguien de CEOE detrás”, añade Almunia. ABC da cuenta en una información del 23 de julio de esta coma fantasma, con la que se indica que la patronal había hecho su interpretación sobre la aplicación de la ley.

 

Conflicto sindical y ‘divorcio’ con UGT

Sin embargo, las discusiones no se limitaron al lado de los empresarios. Desde su anuncio en diciembre de 1982, “la tramitación de la norma estuvo marcada por las incidencias”, explica Agustín Moreno, entonces secretario de Acción Sindical de CCOO, más tarde dedicado a la enseñanza y a la política (ex diputado regional de Unidas Podemos en Madrid).

 

Más allá de la coma fantasma que favorecía a la CEOE, los sindicatos mayoritarios lanzaron duras críticas contra el Gobierno cuando este publicó una instrucción sobre cómo debía aplicarse el límite de 40 horas a la semana en lo que quedaba de año, con un cómputo que reflejaba más horas que las que anotaban los sindicatos. Las centrales sindicales acusaron directamente al Ejecutivo de Felipe González de plegarse a la CEOE y desvirtuar “plenamente el contenido de la ley”, apuntaba CCOO a los medios de la época.

 

La disputa fue especialmente relevante en el caso de UGT, por la unión histórica existente con el PSOE, que se rompería pocos años después. Nicolás Redondo, entonces líder del sindicato, tuvo un “enorme cabreo” con la actuación del Gobierno socialista sobre la aplicación de las 40 horas de jornada, sostiene Fernando Luján, actual vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Por aquel entonces, Nicolás ya acuñó la frase que luego repetiría ‘no hay más radical que un moderado engañado’. Empezó ahí su divorcio con Felipe González”, explica Luján.

 

Agustín Moreno coincide, de su amistad de años y conversaciones con Redondo (fallecido hace unos meses), en que el encontronazo sobre la jornada de 40 horas a la semana fue “el principio de la ruptura histórica del PSOE y UGT”, cuando se “rompió una confianza” que se resquebrajaría después con más conflictos, como el proceso de reindustrialización, la reforma de pensiones y el plan de empleo juvenil que dio lugar a la gran huelga del 14-D de 1988, entre otros.

 

“Creo que muy rápidamente el PSOE tomó consciencia de que no quería enfrentarse tanto a la patronal”, valora Moreno, que destaca que la flexibilidad permitida impedía el espíritu de reparto del trabajo que defendían los sindicatos con las 40 horas bajo el lema ‘Trabajar menos para trabajar todos’.

 

Joaquín Almunia sigue defendiendo que “había que graduar” la aplicación de la medida, por lo que reconoce que discutió mucho con los sindicatos. El entonces responsable del Ministerio de Trabajo advierte de la difícil situación del mercado laboral de la época, con altos niveles de paro y una economía afectada por varias crisis, entre ellas inflacionistas, que los socialistas heredaron del anterior gobierno. “Había que ser cuidadosos con los efectos no deseados”, considera.

 

Fabián Márquez, negociador con la patronal, cree que “Almunia fue consciente de la repercusión que iba a tener eso en las empresas, en el país”. Advierte de que, aunque muchos sectores ya tenían jornadas pactadas en este sentido, otras actividades no y tenían que adaptarse al cambio. “Como ocurre ahora, no todas podrán hacerlo”, sostiene Márquez, que señala en especial a los sectores de hostelería y comercio y a las pequeñas empresas.

 

En la parte trabajadora, consideran que la “sobreactuación” de los empresarios en los 80 se está replicando en el presente, indica Fernando Luján, que pone el acento en que los pronósticos fatalistas de las patronales no se cumplieron hace cuarenta años ni lo harán ahora, cuando considera que la reducción de la jornada mejorará la productividad.

 

“Siempre lanzan mensajes catastrofistas y esto no hunde nada, como no lo ha hundido la reforma laboral ni el salario mínimo”, destaca también Enrique Lillo. Agustín Moreno defiende que el acuerdo de gobierno es “moderado” y recuerda que la reivindicación sindical se sitúa en las 35 horas a la semana, jornada que reguló Francia hace más de 20 años. “La jugada de la CEOE es poner pie en pared, impedir que se vaya a más, pero este debate debería seguir, no puede quedarse en las 37 horas y media”, sostiene.

 

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/historia-espana-redujo-jornada-laboral-40-horas-semanales-patronal-puso-grito-cielo_1_10654791.html

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Reducción de jornada laboral: el trabajo en disputa

Por: Santiago Torrado

Seis países del norte político implementaron la jornada laboral de 4 días durante un año y se prevé que el experimento crezca en 2023 con respaldo y financiamiento estatal. EE. UU., Nueva Zelanda, Irlanda o Reino Unido reconocen los beneficios de la jornada reducida tanto para los empresarios como para los trabajadores. ¿Funcionará un esquema de reducción de días en Latinoamérica? ¿Qué beneficios traería un proyecto similar en una región que acusa las jornadas de trabajo más largas del mundo y donde aún quedan derechos postergados? Hablamos con Camila Barón para explorar las nuevas -y viejas- disputas del trabajo.

La disputa por las nuevas formas del trabajo es global y es política. Al impasse de la pandemia y el teletrabajo, se suma la precariedad como característica en todo el mundo, el incremento de trabajadores que, aún con empleo, no superan la línea de pobreza. También la desigual retribución económica por igual tarea y la siempre postergada discusión sobre el trabajo no pago y los cuidados. Una iniciativa progresista recorre desde hace algunos años los programas electorales de la izquierda política y los discursos de algunos sindicatos y organizaciones de trabajadores: trabajar menos, trabajar todes, producir lo necesario, redistribuir todo. En el amplio abanico de posibilidades que esta consigna tiene, una viene calando hondo y se está por convertir en una realidad: la reducción de las jornadas laborales.

Durante este 2022, ​​EE. UU., Canadá, Irlanda, Reino Unido y Australia implementaron parcialmente la jornada laboral de 4 días sin reducción de salario. Los resultados fueron notables: los beneficios de las 33 empresas que participaron de la prueba piloto se incrementaron en promedio un 8%. De los 1.000 trabajadores que participaron, el 97% prefiere esta modalidad y 9 de los 10 emprendimientos mantendrá la reducción horaria en el futuro. El próximo 2023, varios países de la UE confirmaron que impulsarán su propio experimento de jornada reducida a partir de junio. Sin embargo, que hayan sido países del norte político los que impulsaron esta primera toma de contacto con esta modalidad de trabajo sin afectación al salario no es casualidad.

Para aproximarnos a este debate, desde La tinta dialogamos con la economista, periodista e investigadora de CEPAL, Camila Barón. “La jornada laboral de 4 días es una reivindicación muy importante en estos momentos para los trabajadores, es decir, para quienes viven de su salario, y es una discusión que está claramente más avanzada en los países centrales. En Latinoamérica, tenemos altos índices de informalidad y, por lo tanto, esta reivindicación corre el riesgo de ampliar la brecha entre trabajadores registrados y no registrados. Según CEPAL, la tasa de informalidad promedio para América Latina en 2022 se estima en 48,1% y se proyecta un aumento para 2023 que llegaría a 48,4%. Es decir, la mitad de los trabajadores de todo el continente no podrían beneficiarse directamente de esta reducción de jornada.

Por otro lado, es importante pensar qué otras reivindicaciones están antes que la reducción de días. Latinoamérica tiene un problema generalizado por lo excesivamente extensas que son las jornadas laborales. Hay una gran cantidad de países donde se trabaja más de 48 horas por semana (esto es, más de 10 horas al día), ahí la diferencia con Europa es grande. Lo mismo sucede con derechos que se suponían conquistados desde el siglo pasado, como las vacaciones o las licencias pagas”.

El problema del trabajo en la actual fase del capitalismo profundiza los rasgos desiguales preexistentes en cada país y cada región. A diferencia de las crisis de finales del siglo pasado, ahora, el problema no es la desocupación, sino la ocupación precaria. Al prolongado desmoronamiento del mercado de trabajo como lo conocíamos, se le suman las particularidades nacionales en cada país latinoamericano. ¿Cómo podría, entonces, la reducción de horas impactar positivamente en la economía de una de las regiones más desiguales del mundo? Si la alta informalidad excluye a quienes trabajan, pero no son considerados trabajadores, ¿hay que ampliar el concepto de trabajo?

Según Barón, “es necesario analizar este tipo de propuestas en cada territorio y en función de cuáles son las prioridades que cada sociedad tiene. En América Latina, las largas jornadas laborales (considerando trabajo remunerado y no remunerado) afectan más a las mujeres. Tanto las jornadas máximas legales como las jornadas reales son muy largas y una gran proporción de hombres y mujeres trabajadoras supera el límite máximo legal. Según datos de CEPAL de este año, entre la población ocupada de 20 a 64 años de edad, se observa que, si bien la semana laboral de las mujeres es más corta que la de los hombres (varía entre 0,7 horas semanales para el grupo de 55 a 69 años en Costa Rica y 18,3 horas semanales para el grupo de 30 a 34 años en el Perú), en promedio, alcanza a alrededor de 40 horas, es decir, corresponde a una semana laboral completa.

Sin embargo, la mayor diferencia en la asignación de tiempo corresponde al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, al que las mujeres dedican entre 6,3 y 29,5 horas más por semana que los hombres. Esto hace que, en todos los países y todos los grupos de edad, la carga total de trabajo de las mujeres sea superior a la de los hombres, con diferencias que varían entre 2 y 20 horas semanales. Entonces, cabe la pregunta, en estas latitudes, ¿deberíamos avanzar en la reducción de la jornada semanal a 4 días o en la reducción de las jornadas diarias y en la inversión en infraestructura de cuidados para que sea posible reducir la jornada de trabajo no remunerado?

*Por Santiago Torrado para La tinta / Imagen de portada: Página/12.

Fuente de la información: https://latinta.com.ar

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Privatización del tiempo laboral

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Esta verdadera privatización del tiempo laboral, nueva e inédita en la historia latinoamericana contemporánea, seguramente convertirá a Ecuador en el primer país de la región que arrasa con la conquista mundial de 8 horas de jornada diaria máxima.

Desde la década de 1980, América Latina experimenta un persistente avance de la flexibilización laboral de la mano de gobiernos neoliberales, que ha destruido derechos históricamente alcanzados, para favorecer exclusivamente a las empresas. Se supone que los altos beneficios empresariales logrados e incluso el retiro o achicamiento de los Estados y la revisión de impuestos a favor de los inversionistas, levantarían el empleo y mejorarían la calidad de vida general. Nada de eso ha ocurrido en los países que han adherido a semejantes conceptos, a pesar de las aceleradas modernizaciones capitalistas, porque el cuadro del desempleo y la miseria, mientras sigue concentrándose la riqueza en forma imparable, incluso se agravó durante la pandemia del Coronavirus, conforme lo demuestran los estudios anuales de la CEPAL.

Ecuador también ha experimentado el camino flexibilizador. Durante las décadas finales del siglo XX, una elite de grandes empresarios ecuatorianos, que ha prevalecido sobre el conjunto del empresariado, ha venido desarrollando un cuadro de consignas económicas y sociales, alimentado por la difusión de la ideología neoliberal en América Latina. Sus mayores demandas han procurado extender la jornada y adaptarla a los intereses de la empresa, introducir el trabajo por horas y la tercerización laboral, suprimir recargos por horas extras y suplementarias, eliminar el reparto de utilidades, así como también la jubilación patronal y sobre todo las indemnizaciones, sujetar el salario a la “eficiencia” y estrangularlo al mínimo extremo, regular la sindicalización, los contratos colectivos y la huelga, facilitar despidos, privatizar la seguridad social. Existe suficiente documentación y publicaciones en internet que comprueban el camino seguido por las demandas laborales empresariales, además de serias investigaciones universitarias sobre el tema.

Acogiendo esas consignas, los sucesivos gobiernos de la época democrática nacida en 1979, contribuyeron a la consolidación de un modelo empresarial-neoliberal de desarrollo, bajo el cual la flexibilización laboral ganó terreno. Se llegó a tales niveles, que un amplio cuadro de reformas laborales intentadas por el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) a través de la “Ley para la Promoción de Inversión y la Participación Ciudadana” fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época (Resolución en firme No. 193-2000-TP). La Asamblea Constituyente de 2007/2008 también debió expedir el “Mandato 8” (RO#330-6/5/2008) para prohibir toda precarización laboral que avanzaba incontenible, un asunto acogido por la Constitución de 2008 que incluso tuvo que prohibir el trabajo por horas y el tercerizado. Pero desde 2017, con el gobierno de Lenín Moreno, el poder empresarial privado recuperó su hegemonía y la flexibilización laboral se volvió imparable, hasta desembocar en la “Ley Humanitaria” (2020), expedida con el pretexto de la pandemia Covid-19, que afectó seriamente principios y derechos laborales.

Siguiendo el mismo rumbo, el gobierno de Guillermo Lasso presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de “Ley de Oportunidades” (https://bit.ly/2Y06OoS) que incluyó diversos temas, por lo cual no se le dio trámite. Sin embargo, la Unidad Técnica-Jurídica de la Asamblea ha dejado un contundente Informe sobre las inconstitucionalidades y violaciones a los derechos de los trabajadores que contiene el proyecto (https://bit.ly/3kQHKcY). Ha sido un impase jurídico temporal. Era evidente que el gobierno persistiría, de modo que el mismo presidente Lasso anunció que librará una “batalla democrática” (https://bit.ly/3F9I0vJ) para defender su propuesta. Y es que, en estricto rigor, las disposiciones sobre el trabajo que contiene el proyecto mencionado, no ofrecen un cuadro que salga del marco de la arremetida contra los derechos laborales que proviene del sector empresarial neoliberal-oligárquico desde hace cuatro décadas, sino que lo agrava.

La novedad es doble: de una parte, se dice que con esta ley se trata de crear empleo para el 70% de ecuatorianos que carecen de empleo formal; y, de otra, se afirma que se respetarán los derechos adquiridos y fijados por el Código del Trabajo, mientras, en forma paralela, la Ley-O solo regirá para los nuevos trabajadores. De acuerdo a los contenidos de la nueva ley el resultado será igualmente doble: por un lado, 70% de ecuatorianos podrán someterse a trabajos precarizados; por otro, habrá dos códigos del trabajo para dos tipos de trabajadores, los antiguos y los nuevos, afectando, de este modo, no solo la igualdad jurídica ante la ley, sino las oportunidades para tener mejores condiciones de vida, pues los antiguos trabajadores contarán con garantías de las que, en adelante, carecerán los nuevos trabajadores.

Lo que ocurre en la coyuntura ecuatoriana corre el peligro de generalizarse en toda América Latina, pues los empresarios neoliberales y los gobiernos que los representan, están conectados e intercambian ideas y experiencias. De modo que es necesario comprender que, en cuanto a su parte laboral, la propuesta de la Ley-O tiene dos ejes fundamentales: uno, el recorte a los “gastos” que tengan que hacer los empresarios; y dos, la privatización del tiempo de trabajo (tiempo laboral).

Desde una estricta visión económica, el trasfondo del proyecto es la reducción, al máximo, de los “gastos” empresariales. Con respecto al Código del Trabajo vigente, lo que se propone es entre otros asuntos: reducción del salario (hoy es de U$ 400 mensuales); disminución en el pago por horas suplementarias o extraordinarias; sustancial reducción de indemnizaciones por terminación del contrato y por despidos; eliminación de la jubilación patronal (el Código vigente la establece para quien ha trabajado en la misma empresa durante 20 años); recuperaciones e indemnizaciones para el empleador. No hay duda que el propósito final es, exclusivamente, aumentar las ganancias y rentabilidades empresariales, a costa de estrangular a los trabajadores, sin que importe, por tanto, su bienestar humano y familiar. Basta con que tengan trabajo y algo para sobrevivir en ínfimas condiciones.

De otra parte, en América Latina se conoce perfectamente el camino privatizador de bienes y servicios públicos, pero el proyecto laboral del gobierno del presidente Lasso implica la apropiación privada del tiempo de trabajo.  En efecto, la jornada de trabajo “es la que se ejecuta dentro de un tiempo de veinticuatro horas”, de manera que deja de distinguirse la jornada diurna de la nocturna; la máxima será de 12 horas y “por regla general” no excederá de las 40 semanales, aunque “podrán ser distribuidas hasta en seis jornadas de trabajo a la semana” (excepcionalmente en 7), algo ajeno al Código vigente que establece 8 horas diarias y 40 semanales en 5 días, con obligatorio descanso sábados y domingos (con recargos al salario si se excede esos tiempos); además, puede ser parcial (1 hasta 12 horas, lo cual es una sutil introducción del trabajo por horas prohibido por la Constitución); también: “conforme lo acuerden las partes, las jornadas de trabajo pueden ser distintas unas de otras, es decir, cantidad de horas de trabajo, horarios y lugares de trabajo diferentes entre ellos”. Se contempla jornada continua de hasta 22 días (excepto sector naviero y turístico que puede llegar a 44 días), con descansos acumulables en vacaciones; de otra parte, por causas señaladas, el empleador puede reducir la jornada (y los salarios) hasta el 50%; solo cuenta el trabajo “efectivamente” realizado, de modo que los permisos médicos o por calamidad doméstica deben ser recuperados en las horas no trabajadas (o restituidas del salario); las faltas injustificadas se recuperan “en la hora y en el día” que se le indique al trabajador; se norman los períodos por maternidad y lactancia; las horas suplementarias y extraordinarias solo son las que no se contemplen en el contrato como pactadas (disminuyen los recargos al 25% y máximo 50% eliminando el 100%); los períodos de vacaciones los fija el empleador y podrán ser continuos o discontinuos; para estudios se concede 1 hora diaria; a pesar del contrato y del supuesto “derecho a la desconexión”, el patrono podrá cambiar, en cualquier tiempo, la modalidad del teletrabajo; el contrato colectivo no rige para un trabajador que pacte lo contrario con su empleador; hay contratos eventuales; aumenta el período de prueba de 3 a 5 meses y además, el contrato por tiempo definido dura mínimo 6 meses y máximo 4 años, puede modificarse y solo será indefinido cuando pase los 4 años (en el Código actual son contratos indefinidos los que pasen de 1 año); el contrato puede terminar por una serie de causas y también por “justas causas” y si son las del empleador, el trabajador deberá indemnizarle con un mes de su última remuneración.

Como puede advertirse, se pretende que el Estado deje de ser regulador del tiempo de trabajo y garante del derecho social, porque en adelante serán las empresas las que decidan, según su conveniencia, cómo se usa y distribuye la jornada. Esta verdadera privatización del tiempo laboral, nueva e inédita en la historia latinoamericana contemporánea, seguramente convertirá a Ecuador en el primer país de la región que arrasa con la conquista mundial de 8 horas de jornada diaria máxima y con descansos semanales, que se logró conquistar a raíz de la masacre obrera de Chicago en 1886, en cuyo recuerdo se conmemora (excepto en los EEUU) el 1 de Mayo como Día del Trabajo, una jornada que Ecuador la estableció en 1916, durante el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno (RO#10-12/Sep/1916). En forma, al parecer definitiva, el dominio del capital y sus condiciones puede ganar el último terreno que le faltaba, si finalmente se aprueba la ley que, con el paso de los años, no solo regirá para los “nuevos” trabajadores sino para todos.

Historia y Presente – blog – www.historiaypresente.com

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El coronacapitalismo

Por: Carlos Fernández Liria. 

Hace ya varios siglos que la humanidad contrajo un virus fatal, una especie de pandemia económica a la que, hoy en día, podríamos llamar coronacapitalismo

El sentido común ha sido tan derrotado en las últimas décadas que vivimos acostumbrados al delirio como lo más normal. Aceptamos como inevitables cosas bien raras. Por ejemplo, que el mayor peligro con el que nos amenaza el coronavirus no es que infecte a las personas, sino que infecta a la economía. Resulta que nuestra frágil existencia humana no resulta tan vulnerable como nuestro vulnerable sistema económico, que se resfría a la menor ocasión. Naomi Klein dijo una vez que los mercados tienen el carácter de un niño de dos años y que en cualquier momento pueden cogerse una rabieta o volverse medio locos. Ahora pueden contraer el coronavirus y desatar quién sabe si una guerra comercial global. Los economistas no cesan de buscar una vacuna que pueda inyectar fondos a la economía para inmunizar su precaria etiología neurótica. Se encontrará una vacuna para la gente, pero lo de la vacuna contra la histeria financiera resulta más difícil.

Para nosotros es ya una evidencia cotidiana: la economía tiene muchos más problemas que los seres humanos, su salud es más endeble que la de los niños y, por eso, el mundo entero se ha convertido en un Hospital encargado de vigilar para que no se constipe. Somos los enfermeros y asistentes de nuestro sistema económico. El caso es que hace cincuenta años aún se recordaba que este sistema no era el único posible, pero hoy en día ya nadie quiere pensar en eso. Por otra parte, los que intentaron cambiarlo en el pasado fueron tan derrotados y escarmentados que todo hace pensar que en efecto la cosa ya no tiene marcha atrás y que cualquier día que los mercados decidan acabar con el planeta por algún infantil capricho o alguna infección agresiva llegará el fin del mundo y santas pascuas. “El mundo comenzó sin el hombre y terminará sin el hombre”, decía Claude Lévi-Strauss. Estaremos aquí mientras así sea la voluntad de la Economía. Lo mismo se pensaba antes de la voluntad de los dioses. La diferencia es que éstos, normalmente, no tenían el carácter de un niño de tres años, ni se contagiaban del virus de la gripe.

Sorprende leer algunos textos de hace un siglo, cuando todavía no habíamos ingresado en este manicomio global. Por ejemplo, es muy impactante releer una conferencia que John Maynard Keynes impartió en Madrid en 1930 y que llevaba el significativo título “Las posibilidades económicas de nuestros nietos”. Hace de ello casi cien años. Y eso era lo que se planteaba Keynes, qué sería del mundo económico cien años después. La cosa tiene incluso gracia. El gran genio de la economía del siglo XX pronostica, nada más y nada menos, que en cosa de cien años (allá por el año 2020, vaya) “la humanidad habrá resuelto ya su problema económico”, es decir, que nos habremos librado de la “economía”, del problema de cómo “administrar recursos escasos”, sencillamente porque ya no serán escasos. La cosa le parece evidente a la luz de lo que él considera una “enfermedad” que ha contraído la economía de su tiempo: el paro y la sobreproducción. Esta “enfermedad”, al contrario que el “coronavirus”, anunciaba un futuro muy prometedor y, en realidad, demostraba (¡increíble afirmación!) “que el problema económico no es el problema permanente del género humano” (el subrayado es de Keynes). O sea, acuerdo total con Aristóteles y desacuerdo con la filosofía subyacente a la ciencia económica: no somos un homo economicus, sino un ser social que tiene un problemilla económico que se puede remediar (en Aristóteles, teniendo esclavos; en la actualidad, con el progreso técnico y la organización de la producción). Hasta el momento, la economía ha sido una enfermedad congénita para la humanidad (o quizás, más bien, un virus que contrajo con la separación de las clases sociales, porque en las sociedades neolíticas, según atestigua la antropología, siempre se trabajó mucho menos que ahora). En todo caso, con la revolución industrial se habría descubierto la vacuna. En resumen, a Keynes le parece obvio que, allá por el año 2020, los seres humanos podrían trabajar “quince horas a la semana, en turnos de tres horas al día” y, aún así, seguiría sobrando riqueza: “tres horas al día es suficiente para satisfacer al viejo Adán que hay dentro de nosotros”.

Así es que el bueno de Keynes se plantea un grave problema existencial: ¿qué hará la humanidad con tanto tiempo libre?, ¿no le provocará ansiedad?, ¿nos pasará a todos como “a las esposas de las clases adineradas, mujeres desafortunadas que ya no saben qué hacer con su vida desocupada y aburrida”? El ocio puede ser un arma de dos filos, pues el aburrimiento puede ser letal desde un punto de vista psíquico. Otro peligro es que no seamos capaces de reprimir nuestros instintos agresivos, impidiendo las guerras, que todo lo destruyen. Es una cuestión de educación, habrá que acostumbrar a la población a divertirse y a ser buena gente. Por lo demás, si dejamos que los especialistas en economía resuelvan los cada vez menores problemas económicos, del mismo modo “que hacen los odontólogos, como personas honestas y competentes”, todo irá bien.

En fin, sorprende que un genio económico como Keynes ni por un momento repare en que bajo condiciones capitalistas es imposible repartir el trabajo y reducir la jornada laboral, algo que Marx ya demostró en 1867. Y que, por tanto, el problema no será el aburrimiento o la agresividad, sino el capitalismo. El capitalismo no genera ocio, sino paro, que no es lo mismo. Paro y trabajo excesivo; pero de repartir nada, porque económicamente es imposible, porque la economía se pondría enferma con ese reparto, un auténtico virus letal desde el punto de vista de los negocios. En cuanto a las guerras, bajo el capitalismo tienen poco que ver con la agresividad humana. Como muy bien dijo en los años ochenta el filósofo Günther Anders, “el capitalismo no produce armas para las guerras, sino guerras para las armas”. Las guerras son, ante todo, mercados solventes para la producción armamentística. Así son los caprichos de eso que llamamos “la economía”.

Keynes no menciona eso del “capitalismo”, lo mismo que tampoco suele mencionarse hoy. El capitalismo es sencillamente la vida económica de la humanidad, como se piensa en Intereconomía y, en general, en nuestro actual modelo ideológico. Pero Keynes no era un vulgar tertuliano y pensaba, como todo bien nacido, que ese “problema económico” se podía dejar atrás. Hasta el momento, como dijo Raoul Vaneigem en 1967, “supervivir nos ha impedido vivir”; pero ha llegado el momento de librarnos de la asfixiante lucha por la supervivencia y comenzar a vivir un poco según lo que Marx llamaba “el reino de la libertad” (en palabras de Aristóteles, no hay que conformarse con vivir, sino con una vida buena). Así es que, como Keynes era una buena persona, sólo le queda el recurso a la ingenuidad: la humanidad no será tan estúpida de seguir sin repartir el trabajo y aprovecharse de la sobreproducción (que la sociedad de consumo demuestra a diario de manera tan extravagante). Él no podía sospechar que los “especialistas odontólogos” que iban a acabar  por gestionar la “economía” iban a ser Milton Friedman y sus Chicago boys, y que, en el año 2020, lejos de “habernos librado del problema económico”, íbamos a vivir en una cárcel económica asfixiante, temerosos de la que la economía contraiga algún virus o estalle en alguna imprevisible rabieta. Actualmente, lo primordial ya no es construir un Estado del Bienestar para la población, sino estar pendientes del Bienestar de la Economía, que tiene sus propios problemas y sus propias soluciones, que poco tienen que ver con las de los seres humanos.

Sorprende tanta ingenuidad en un hombre de la talla de Keynes. Qué diferencia con el diagnóstico que hacían las izquierdas. Yo ya no creo mucho en eso de la célebre “superioridad moral de la izquierda”, pero sí creo que su superioridad intelectual fue indiscutible. Aún recuerdo una entrevista en la televisión que hicieron durante la Transición a Federica Montseny, cuando regresó a España tan anciana. “Sigo pensando lo mismo de siempre. Hay que superar el capitalismo, porque el capitalismo es incapaz de repartir el trabajo”. Lo mismo que había diagnosticado Paul Lafargue, el yerno de Marx, en su magistral ensayo El derecho a la pereza (1880), en el que definía el comunismo como el medio para lograr que los avances de la técnica se tradujeran en ocio y en descanso, en lugar de en paro y en sobreproducción. Si las lanzaderas tejieran solas, había dicho Aristóteles, no harían falta esclavos. Pues, bien, afirma Lafargue, las lanzaderas ya tejen solas. Cada descubrimiento técnico que doble la productividad, debería ir seguido de una decisión parlamentaria: ¿preferimos tener el doble y seguir trabajando lo mismo o trabajar la mitad y tener lo mismo que antes? Puro sentido común. Lo mismo que dice Keynes. Lo que pasa es que Lafargue sabe que bajo el capitalismo eso es imposible. Por eso era comunista, sólo que en un sentido enteramente opuesto al estajanovismo  y a la cultura proletaria que se instauró en la URSS y la China maoísta (algo que seguramente tuvo poco que ver con el comunismo y bastante con el hecho de estar continuamente en guerra o amenazados por ella).

Pero pensemos en otro eminente genio del siglo XX: Bertrand Russell. En 1932 escribió Elogio de la ociosidad, un texto en todo semejante al de Paul Lafargue, donde podemos leer: “El tiempo libre es esencial para la civilización, y, en épocas pasadas, sólo el trabajo de los más hacía posible el tiempo libre de los menos. Pero el trabajo era valioso, no porque el trabajo en sí mismo fuera bueno, sino porque el ocio es bueno. Y con la técnica moderna sería posible distribuir justamente el ocio, sin menoscabo para la civilización”. Con la técnica moderna, sin duda que sí. Con el capitalismo no, como bien se ha demostrado cien años después. Otro ingenuo. Aunque no tanto: Russell tiene muy claro que, durante la guerra, la “organización científica de la producción” (lo que en el lado comunista se llamaba “planificación económica”) había permitido fabricar armas y municiones suficientes para la victoria. “Si la organización científica”, nos dice, “se hubiera mantenido al finalizar la guerra, la jornada laboral habría podido reducirse a cuatro horas y todo habría ido bien”. Pero, por el contrario, “se restauró el antiguo caos: aquellos cuyo trabajo se necesitaba  se vieron obligados a trabajar excesivamente y al resto se le dejó morir de hambre por falta de empleo”. En los años 30, Bertrand Russell protesta indignado con impaciencia: “¡Los hombres aún trabajan ocho horas!”. Ello lleva a la sobreproducción en todos los sectores, las empresas quiebran, los trabajadores son despedidos y arrojados al paro. “El inevitable tiempo libre produce miseria por todas partes, en lugar de ser una fuente de felicidad universal. ¿Puede imaginarse algo más insensato?”. Russell no ve otra solución que reducir la jornada laboral cuatro horas diarias. Eso acabaría con el paro y con la sobreproducción que hace quebrar a las empresas. Vemos que coincide punto por punto con el diagnóstico de Keynes. En cambio, si hoy en día se te ocurre decir la cuarta parte de esto, te consideran un demagogo populista. Keynes y Russell están superados, debe de ser que ya tenemos gente más lista por ahí, en las tertulias de la radio (o quizás en las Facultades de Economía).

“Cuando propongo que las horas de trabajo sean reducidas a cuatro, no intento decir que todo el tiempo restante deba necesariamente malgastarse en puras frivolidades”, continúa diciendo Bertrand Russell. No, porque él tiene confianza en las virtudes civilizatorias del ocio, del tiempo libre. De hecho, está convencido de que “sin la clase ociosa, la humanidad nunca hubiese salido de la barbarie”. Lo que ocurre es que, como bien sabía Aristóteles y bien recordaba Paul Lafargue, para que haya existido una clase ociosa siempre han hecho falta esclavos o proletarios. Pero ya no es así, los progresos técnicos de la humanidad nos auguran “un mundo en el que nadie esté obligado a trabajar más de cuatro horas al día”, de modo que ahora es posible “democratizar el tiempo libre” y que “toda persona con curiosidad científica pueda satisfacerla, y todo pintor pueda pintar sin morirse de hambre, no importa lo maravillosos que puedan ser sus cuadros”. El tiempo libre se invertirá en las artes y las ciencias, en la política y el progreso moral de la humanidad. “Puesto que los hombres no estarán cansados en su tiempo libre, no querrán sólo distracciones pasivas e insípidas” y muchos dedicarán sus esfuerzos a “tareas de interés público”. La conclusión de Bertrand Russell es impactante por ser muy de sentido común: “Los métodos de producción modernos nos han dado la posibilidad de la paz y la seguridad para todos; en vez de esto, hemos elegido el exceso de trabajo para unos y la inanición para otros. Hasta aquí, hemos sido tan activos como lo éramos antes de que hubiese máquinas; en esto, hemos sido unos necios, pero no hay razón para seguir necios para siempre”.

¿No? Que se lo pregunten a nuestros actuales tertulianos y a nuestras autoridades económicas también. Sí hay una razón y se llama capitalismo. Porque Russell, como Keynes, piensan que es una cuestión de necedad o de humana insensatez. Russell piensa que es porque nos han comido el tarro con una ética del trabajo delirante. Estamos empeñados en que “el trabajo es un deber”. Empeñados en que “el pobre no sabría cómo emplear tanto tiempo libre”. De ahí su angustiosa pregunta: “¿Qué sucederá cuando se alcance el punto en que todo el mundo pueda vivir cómodamente sin trabajar muchas horas?”. Pero Russell (como Keynes) se preocupaba inútilmente. Los tiempos iban a demostrar que, mientras siguiera existiendo el capitalismo, eso no sucedería jamás, sino todo lo contrario. Gozamos ahora de desarrollos técnicos inimaginables para él (y para Keynes). Y no ha aumentado el tiempo libre, sino el paro y la precariedad. Y el trabajo excesivo. Y sería demasiado sarcástico eso de intentar convencer a los precarios y los parados de que si se empeñan en trabajar es porque hay una “ética del trabajo” que les tiene comido el coco. No es una cuestión ética. Es una cuestión económica, que tiene que ver con un sistema que Lafargue, Montseny y Marx hacían muy bien en llamar “capitalista”.

De hecho, ha ocurrido todo lo contrario de lo que pensaban Keynes o Russell. En realidad, actualmente no es que trabajemos “todavía” ocho horas. La gente trabaja mucho más. En un cierto sentido, incluso (como ha contado Santiago Alba Rico en sus últimos libros), actualmente trabajamos 24 horas diarias, pues el capitalismo ya no sólo explota el trabajo, sino también el ocio. La tecnología, bajo el capitalismo, no ha liberado ocio alguno: ha borrado las fronteras entre el ocio y el trabajo. Así que hasta los parados generan activamente beneficio y no sólo, como antes, en la medida en que el paro era una función de la producción misma, sino porque están conectados a la red y consumiendo no sólo mercancías baratas sino imágenes asociadas a grandes empresas de la comunicación. El situacionista y anticapitalista Vaneigem, en 1967, sí que era bien consciente de que esto empezaba ya a ocurrir: “Ahora, los tecnócratas, en un hermoso aliento humanitario, incitan a desarrollar mucho más los medios técnicos que permitirían combatir eficazmente la muerte, el sufrimiento, la fatiga de  vivir. Pero el milagro sería mucho mayor si en lugar de suprimir la muerte se suprimiera el suicidio y el deseo de morir. Existen formas de abolir la pena de muerte que hacen que se la eche de menos”.

En todo caso, la ingenuidad de Keynes, la sensatez de Russell, la genialidad de Lafargue, nos retrotraen a épocas en las que aún no se había perdido el sentido común, cuando aún se tenía el derecho a no estar loco. No porque el mundo no estuviera igual de loco, como atestiguan dos guerras mundiales y no pocas crisis económicas devastadoras, sino porque el sentido común no había sido todavía tan pisoteado. Aún no habíamos perdido tantas batallas, como demuestra el espíritu del 45 que Ken Loach inmortalizó en su magnífica película: “si el socialismo nos ha permitido gestionar la guerra, tiene que  servirnos para gestionar la paz”, se decía por aquél entonces. La segunda guerra mundial la habían ganado los comunistas. Pero es que también las grandes potencias aliadas, durante la guerra, habían sido socialistas a la hora de organizar su producción. ¿No podía hacerse lo mismo para organizar la paz? Sin duda, así lo demostró la Europa del Bienestar durante dos décadas. Pero había otra guerra en curso, la de la lucha de clases. Y un duro camino que recorrer hasta que el magnate Warren Buffett dijera su célebre frase: “naturalmente que hay lucha de clases, pero es la mía la que va ganando”.

La derrota estaba servida. El “socialismo del bienestar”, que existió en Alemania y los países nórdicos durante los años sesenta y setenta, como una especie de lujo que los ricos se podían permitir, ha sido derrotado. Y los intentos de hacer lo mismo que tuvieron los países más pobres, ensayando un socialismo compatible con el orden constitucional y la democracia, fueron machacados uno tras otro mediante un rosario de golpes de Estado, invasiones y bloqueos económicos. Ahora bien, por lo menos, no perdamos del todo la memoria y el sentido común. Recordemos qué es lo que ha pasado y no nos creamos más juiciosos que Keynes o Russell. Lejos de habernos librado del “problema económico” vivimos sometidos a una economía cada vez más chiflada, cada vez más vulnerable y cada vez más tiránica. Pero el que la economía se haya vuelta loca no implica que nosotros nos volvamos locos también,  olvidando  dónde está el problema. En esa época, ni las izquierdas ni las derechas habían perdido el juicio como ocurre actualmente (como empezó a ocurrir a partir de los años ochenta, cuando se inició la hegemonía neoliberal). Fue un autor católico bien de derechas, como era G.K. Chesterton, quien mejor describió el problema psiquiátrico al que nos veíamos abocados y lo hizo en 1935, poco más o menos en los años en la que han hablado Keynes y Russell. Conviene releer ahora su magnífico artículo Reflexiones sobre una manzana podrida. Dependiendo de nuestras convicciones religiosas -nos dice- podemos o no creer en los milagros. Y en los cuentos de hadas. Podemos creer que una planta de alubias puede subir hasta el cielo, pues al fin y al cabo que existan las alubias ya es un misterio bastante increíble. Pero lo que no puede ser es que cincuenta y siete alubias sean lo mismo que cinco. O que multiplicar panes y paces dé como resultado menos panes y menos peces. Una cosa es la fe o la credulidad y otra muy distinta la locura y el absurdo. “La historia de los panes y los peces no convence al escéptico, pero tiene sentido. Pero ningún Papa o sacerdote pidió jamás que se creyera que miles de personas murieron de hambre en el desierto porque fueron abundantemente alimentados con panes y con peces. Ningún credo o dogma declaró jamás que había muy poca comida porque había demasiados peces”.

Y sin embargo, nos dice Chesterton, “esa es la precisa, práctica y prosaica definición de la situación presente en la moderna ciencia económica. El hombre de la Edad del Sinsentido debe agachar la cabeza y repetir su credo, el lema de su tiempo: Credo qua impossibile”. La situación es tan absurda que “nos enteramos de que hay hambre porque no hay escasez, y de que hay tan buena cosecha de patatas que no hay patatas. Esta es la moderna paradoja económica llamada superproducción o exceso de mercado”.

El problema fundamental estaba ya previsto desde hace mucho tiempo por Aristóteles, que descubrió la “economía” al tiempo que nos advirtió de sus peligros. El mayor enemigo de la ciudad, de la polis, nos dijo, es la hybris, la desmesura, el infinito, la falta de límites. Y la economía corre demasiado el riesgo de devenir infinita. Un médico, por ejemplo, en tanto que médico persigue la salud del paciente. Su actividad tiene un fin que se completa y concluye con la sanación del enfermo. Por eso es muy importante que el médico no cobre dinero (o como ocurre hoy día en la sanidad pública, que cobre un sueldo fijo del Estado). Porque si el médico comienza a cobrar por sus curaciones, se habrá iniciado un proceso que no tiene por qué tener fin, pues el fin ya no es la salud, sino la ganancia y el ansia de ganancia no tiene por qué detenerse nunca, de modo que la salud o la enfermedad se convierten más bien en medios para seguir haciendo girar la rueda de los negocios. A este tipo de economía, Aristóteles le llamó “crematística” y la consideró con razón el mayor enemigo de la ciudad. Y su temor tenía mucho de profético, porque apuntaba ya a una situación en la que la sociedad entera estuviera sustentada por el infinito y la desmesura. Un monstruo tiránico para lo que todo serían medios de enriquecimiento. Ni en la peor de sus pesadillas, Aristóteles habría podido concebir el mundo actual, en el que la economía ha cobrado vida propia y tiene ya su propio metabolismo que en absoluto coincide con el de la sociedad y los seres humanos que la habitan.

Chesterton pone el mismo ejemplo: un hombre que vendía navajas de afeitar y luego explicaba a los clientes indignados que él nunca había afirmado que sus navajas afeitaran, pues no habían sido hechas para afeitar, sino para ser vendidas. Lo mismo que ahora los tomates, que ya no tienen porque saber a tomate con tal de que se vendan. Y así con todo lo demás. Durante los años 80, las vacas gallegas se alimentaron de mantequilla. Puede parecer absurdo desde un punto de vista humano, pues la elaboración de mantequilla lleva mucho trabajo y la mantequilla sale de las vacas. Pero desde un punto de vista económico resultaba de lo más sensato. Todas las empresas que fabrican mantequilla intentan agotar el mercado, de modo que acaba sobrando mucha mantequilla. La única salida a la crisis del sector es intentar imponerse a la competencia, procurando ser el último en quebrar, lo cual requiere fabricar masivamente más mantequilla al mejor precio. Y entonces se descubrió que las vacas alimentadas con mantequilla producían mucha más mantequilla. Al fin y al cabo, la mantequilla no se producía para engordar, sino para la venta. Ya lo había previsto Chesterton en 1935, porque en esos tiempos aún quedaba algo de sentido común: “Si un hombre en lugar de fabricar tantas manzanas como quiere, produce tantas manzanas como se imagina que el mundo entero necesita, con la esperanza de copar el comercio mundial de manzanas, entonces puede tener éxito o fracasar en el intento de competir con su vecino, que también desea todo el mercado mundial para sí”. La sed de ganancia introduce el infinito en la ciudad, la hybris hace reventar a todas las instituciones destinadas a administrar la modesta vida finita de los seres humanos. De hecho, en la actualidad, el infinito económico ya no cabe en este mundo, ha rebasado los límites de un planeta finito y redondo, y amenaza con hacerlo reventar. No podemos seguir creciendo un tres por ciento anual en un planeta como este, que más bien decrece por agotamiento de sus recursos.

Pero el diagnóstico de Chesterton, siendo genial como es, también tiene algo de ingenuo, aunque menos que el de Keynes o Russell. “El comercio”, nos dice, “es muy bueno en cierto sentido, pero hemos colocado al comercio en el lugar de la Verdad. El comercio, que en su naturaleza es una actividad secundaria, ha sido tratado como una cuestión prioritaria, como un valor absoluto”. Es como si el Dios del Génesis, en lugar de contemplar su creación y ver que las cosas eran “buenas”, hubiera exclamado que eran “bienes” destinados a ser comprados y vendidos de forma generalizada. En esto tiene toda la razón, por supuesto. Pero Chesterton se olvida de explicar por qué el mercado se ha convertido en un amo, en lugar de seguir siendo, como le correspondía, un buen esclavo. Marx, en cambio, sí se empeñó en intentar explicarlo  y concluyó que se debía a una estructura de la producción, impuesta a sangre y fuego en los anales de la historia, a la que había que llamar “capitalismo”. Si llamamos “comunistas”, ante todo, a los que se empeñaron en luchar contra  esa estructura capitalista, no cabe duda de que, en ese sentido, los comunistas tenían (teníamos) toda la razón. Pero no vivimos en un mundo de fantasías, sino enfrentados a la cruda realidad. Hace ya tiempo que perdimos la batalla de los hechos. Pero, por lo menos, que no nos hagan también perder el juicio. El capitalismo existe. No es la economía natural del ser humano. Es un sistema particular, que tiene su propio metabolismo, cada vez más neurótico, cada vez más vulnerable a todo tipo de virus y bacterias, pero que sigue siendo infinitamente poderoso, por lo que, probablemente no acabará más que llevándose todo por delante.  No parece probable que  el capitalismo, en su demente evolución, nos vaya a traer el comunismo, como creyeron las filosofías de la historia marxistas del siglo XX. Es más probable que nos traiga el Apocalipsis, si no es que ya vivimos en él.

Hace ya varios siglos que la humanidad contrajo un virus fatal, una especie de pandemia económica a la que, hoy en día, podríamos llamar “coronacapitalismo”. Ese virus respira con más fuerza que todos nosotros juntos. Como una metástasis cancerosa tiene sus propios objetivos y no se preocupa demasiado del cuerpo de la humanidad, al que acabará por exterminar.

Fuente del artículo: https://rebelion.org/el-coronacapitalismo/

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Ecuador: Empresarios en lucha de clases contra los trabajadores

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Aprovechando la debilidad conceptual en materia social que caracteriza al gobierno de Lenín Moreno, así como de su exclusiva inclinación empresarial, una elite clasista propone una serie de reformas laborales supuestamente “necesarias” para el avance del país. De este modo, ese sector ha lanzado su lucha de clases contra los trabajadores.

En sus filas se argumenta: 1. El Código del Trabajo impide el crecimiento del empleo; 2) Es necesario generar empleo para 5 millones de personas de la población económicamente activa que carece de él, pues solo 3 millones tiene trabajo formal; 3) La dinamia moderna exige cambiar normas obsoletas, pues el Código es de 1938; 4) Los jóvenes no desean trabajos fijos y prefieren un “salario emocional” (concepto nuevo, ya introducido en otros países, y que supone horarios flexibles y remuneraciones variables); 5) Las empresas requieren de facilidades para invertir; 6) Los dirigentes sindicales solo se quejan y no formulan una sola propuesta para la creación de empleos.

Bajo esa visión, se propone una serie de reformas, cuyos alcances centrales presento en el siguiente cuadro:

PROPUESTAS EMPRESARIALES ALCANCES LABORALES
JORNADA LABORAL:
* Cumplir las 40 horas semanales en 3,5 días;
* Cumplir 40 horas en 6 días semanales;
* Abolir el “sábado” como día de descanso obligatorio.
* Violación a la jornada máxima de 8 horas diarias, para introducir la de 12 horas.
* Violación a la jornada semanal de 40 horas, que debe cumplirse en 5 días, para volverla de 3,5 días o de 6 días;
* En ningún caso se pagará el 50% de recargo al salario por horas suplementarias (lunes a viernes) ni el 100% en días de descanso obligatorio (sábado y domingo);
* Desconoce la jornada diurna y la nocturna;
* Arbitrario y engañoso incremento de la jornada a 48 horas semanales, pues solo el domingo será considerado como día de “descanso obligatorio”;
* Propuesta empresarial es un evidente RETROCESO HISTÓRICO:
>> Antes de 1916 la jornada era “libre” y ascendía a 10, 12, 14 horas o más.
>> En 1916 (Alfredo Baquerizo Moreno) se estableció jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, pero con recargos: 25% más por cada hora extra diurna; 50% más después de las seis de la tarde; y 100% más después de las doce de la noche.
>> En ausencia de legislación laboral anterior, entre 1927 y 1928 el gobierno de Isidro Ayora aprobó las siguientes leyes: Contrato individual de trabajo; Duración máxima de la jornada de trabajo y descanso semanal (8 horas diarias y 48 semanales en 6 días, y domingo como descanso obligatorio); Prevención y responsabilidad por accidentes del trabajo; Trabajo de mujeres, menores y protección a la maternidad; Desahucio del trabajo; Jubilación, montepío civil, ahorro y cooperativa; Caja de Pensiones; Jubilación obligatoria para empleados de banco.
>> 1938 – Dcto. 210, 5/agosto: Alberto Enríquez Gallo expide el “Código del Trabajo” (R.O. 78 al 81, Año 1, Quito 14 al 17/noviembre/1938), que dispone
– jornada máxima diaria: 8 horas;
– jornada semanal máxima: 44 horas;
– “descanso forzoso”: sábado tarde y domingo;
– jornada de turno nocturna (entre 7pm y 6am): recargo del 25%;
– horas suplementarias: máximo 4 en un día y 12 a la semana;
– recargo por horas suplementarias: 50%;
– recargo por horas extras y por jornada después de las 12 de la noche: 100%;
– “Ni aún por escrito podrá estipularse mayor duración de trabajo diario que la establecida”.
>> 1979: se establece la jornada máxima de 40 horas semanales.
CONTRATO A TIEMPO FIJO:
* 1 año como tiempo mínimo y 3 como máximo
* Revive modalidad de contrato que atenta contra la estabilidad del trabajador;
* Durante el tiempo de vigencia, el empleador podrá despedir al trabajador, sin indemnizaciones;
* Desahucio solo sobre el tiempo que falte para concluir el contrato, lo que ahorra “costos” empresariales;
* Alienta el incumplimiento de la obligatoria afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
CONTRATOS EVENTUALES U OCASIONALES: 
* Eliminar el 35% de recargo
* Ahorro de “costo” laboral con esa supresión;
* Trabajador en inestabilidad por ser una modalidad de contrato ocasional.
CONTRATO POR EMPRENDIMIENTO: 
* Aplicable a nuevas empresas o inversiones;
* Podrá durar hasta 3 años.
* Trabajador precarizado, porque puede ser despedido en cualquier momento, sin indemnizaciones;
* Viola el principio de estabilidad laboral.
CONTRATO POR PROYECTO:
* Servicios para lograr un objetivo y duración máxima de 2 años.
* Se introduce esta modalidad contractual;
* Precarización del trabajador: carece de casi todos los otros derechos;
* Práctica habitual: “robo intelectual” del proyecto presentado.
PERÍODO DE PRUEBA:
* Aumenta de 90 a 180 días;
* También 180 días para trabajadoras domésticas (tenían 15 días a prueba)
* Se amplía el tiempo de uso de fuerza de trabajo.
* El trabajador puede ser despedido en cualquier momento durante esos 180 días, sin indemnizaciones.
*Empresario ahorra el pago de “costos” por indemnización.
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO:
* Se reduce de 1 año a 6 meses el impedimento para despedir a trabajadores con incapacidad temporal o enfermedad;
* Podrá despedirse al trabajador que pasa al servicio militar o a algún cargo público obligatorio;
* Disminuye el cálculo de indemnizaciones: 1 mes por año de servicio, pero con máximo de 12 meses.
* Eliminar el “despido ineficaz”, el reintegro del trabajador como medida cautelar, y otras.
* Ahorro del empleador por “costos” debidos al despido intempestivo;
* Mayor facilidad para despedir a trabajadores.
JUBILACIÓN PATRONAL:
* Se otorga con 25 años de labor “continua e ininterrumpida”;
* Se calculará el “haber individual de jubilación”, pero “se restará el valor de la totalidad de los aportes patronales depositados en el IESS”;
* “En ningún caso” el valor de la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración básica unificada (RBU) general del último año; ni inferior al 10% de la RBU si el jubilado solo goza de la jubilación del empleador; y al 8% de la RBU si el jubilado es beneficiario de doble jubilación.
* Por “acuerdo de las partes” el empleador podrá entregar al jubilado un “fondo global”, de acuerdo con un cálculo que se propone.
* Se burla la jubilación patronal, porque “desaparece” la contribución empresarial a la seguridad social, que se reduce a los aportes del trabajador y del Estado. El propio trabajador paga su jubilación “patronal”;
* El retiro camuflado de los aportes patronales al IESS al momento de la jubilación, descapitalizará a la institución en el largo plazo y obligará al Estado a buscar mayor financiamiento para sostener las pensiones;
* La forma de cálculo de la pensión jubilar la disminuye sustancialmente;
* El empresario ahorra “costos” por jubilación patronal;
* El “fondo global” tenderá a disminuir la pensión jubilar debida.
* ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
>> 1928 (Isidro Ayora) se creó la “Caja de Pensiones” y aporte de empleados públicos. La jubilación fue restringida para esos empleados, militares, ciertos intelectuales e incapacitados. Debían tener por lo menos 10 años de servicio. Otra ley obligó a la jubilación patronal de empleados de banco.
>> 1935 (Federico Páez) se expidió la primera “Ley de seguro obligatorio” para trabajadores públicos y privados, con aporte bipartito de patronos y trabajadores. Creó el Instituto Nacional de Previsión (INP).
>> 1937: Se crea la “Caja del seguro de empleados privados y obreros”.
>> 1942 (Carlos Arroyo del Río) expide nueva Ley de seguro social obligatorio. Ante la resistencia patronal para incremento de sus aportes, se impuso al Estado la obligación de financiar el 40% de todas las pensiones.
>> 1963 (Junta Militar): se fusionaron las dos Cajas antiguas en la única “Caja Nacional del Seguro Social”.
>> 1970 (José María Velasco Ibarra): se crea el “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” (IESS), con contribución tripartita: Estado, patronos y trabajadores afiliados.
HUELGA:
* No podrá realizarse cuando el empleador despide a un trabajador al proponerse un contrato colectivo, o si el empleador se niega a suscribirlo.
* Se requerirá la aprobación de la mayoría de trabajadores.
* Se elimina la estabilidad de 1 año que tienen los trabajadores después de la huelga.
* Se suprime una de las causales más importantes para la huelga legal: la negativa del empleador a suscribir un contrato colectivo;
* Se debilita la huelga como instrumento de acción de los trabajadores.
CONTRATO COLECTIVO:
* El Tribunal de Conciliación y Arbitraje queda “prohibido” de imponer cláusulas o disposiciones “que contengan privilegios y beneficios desmedidos y exagerados”, como los que enumera la propuesta.
* El contrato colectivo, como instrumento para mejorar las condiciones laborales en la empresa y más allá de las disposiciones legales, queda ahora reducido al estricto marco de los mínimos legales ya establecidos.
* Virtualmente “desaparece” la necesidad del contrato colectivo.
ASOCIACIÓN (SINDICATOS):
* Cuota sindical siempre que el trabajador lo autorice (se suprime cuando la asociación lo solicite).
* Se elimina el pago de una cuota mínima obligatoria para la asociación o sindicato.
* La cuota sindical ya no será obligatoria, pues su descuento quedará bajo la autorización del trabajador.
* Debilita a la organización de sindicatos y su financiamiento.
REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA:
* Si no se llega a un consenso al interior del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS), la remuneración básica unificada (RBU) se fijará obligatoriamente de acuerdo a una fórmula matemática que contempla la inflación basada en el índice de precios al consumidor (IPC) del año previo y el crecimiento del producto interno bruto real de los 2 años previos (PIB). La ecuación es la siguiente:
∆% = ∆%−1 + ∆%−2
* Se suprime que el CNTS asesore al Ministro de Trabajo en cuanto a remuneraciones y política salarial.
* Al fijar una fórmula matemática obligatoria, queda definida la forma en que se subirán los salarios, lo cual vuelve innecesaria toda “negociación”;
* La ecuación está pensada para que una subida de las remuneraciones sea la mínima posible, tomando en cuenta los bajos índices que tiene la inflación.
* El CNTS prácticamente desaparece;
* Ahorro de “costos” salariales para el empleador.
* ANTECEDENTE HISTÓRICO: cuando en la década de 1980 el FUT solicitaba el incremento de salarios de acuerdo con el índice inflacionario (indexación), que crecía en forma galopante, los empresarios se negaron categóricamente a esa alza “nada técnica”.
PRESCRIPCIÓN:
* Disminuye el tiempo del trabajador para su demanda laboral, de 3 años a 18 meses.
* El trabajador deberá hacer su reclamo judicial en menor tiempo.
OTRAS:
Voceros empresariales han adelantado otras ideas:
* Eliminar o reducir el reparto de utilidades;
* Reintroducir el trabajo por horas y el tercerizado;
* Realizar una reingeniería al IESS y poner en marcha sistemas privados de seguridad social;
* El empleador es quien debe “manejar” la forma de realización del trabajo, los días necesarios, las horas convenientes, los descansos y vacaciones, los valores salariales,
* Simplemente ajustar contra los trabajadores, pero maximizar las ganancias a cualquier costo.
* Poner en riesgo la seguridad social, que constitucionalmente debe ser universal, pública y “no se puede privatizar”.
* Pretender que el empleador maneje el contrato laboral a su antojo significará violentar no solo el trabajo, sino la vida misma del trabajador, que quedará sujeto al capricho del empresario en todas las actividades y derechos derivados de ese contrato.

Desde la perspectiva de los intereses nacionales, sociales y laborales, cabe destacar algunas conclusiones:

1. Las propuestas han sido formuladas por una elite empresarial que se atribuye la representación de los intereses nacionales y del bien del país. No refleja la posición de otros empresarios, de los medianos, pequeños o microempresarios, y peor aún de las centrales de trabajadores que han rechazado esas “reformas” laborales, de las organizaciones sociales, los profesionales, distintos sectores de clases medias o de los académicos e investigadores.

2. Como las reformas propuestas no solo arrasan con derechos laborales, sino que precarizan a los trabajadores, violan la Constitución de 2008.

3. El Código del Trabajo es una conquista histórica frente a situaciones laborales preexistentes, que carecían de regulaciones sobre jornada máxima, salario mínimo, seguridad social, salud laboral, contrato individual y colectivo, sindicalización, huelga, indemnizaciones, utilidades. Desde 1938 ha tenido múltiples reformas y nuevas disposiciones.

4. Ni el Código del Trabajo, ni los trabajadores “formales” tienen la culpa por la ineficacia empresarial y gubernamental, que son las causas que impiden la generación de más empleo.

5. Tampoco hay sindicalistas “buenos”, que aceptan las reformas (como lo han hecho los de la CUT) y sindicalistas “malos” y perversos (como los del FUT, Parlamento Laboral y otros) que se oponen a ellas, no quieren modernizar al país y no comprenden los nuevos tiempos. Todo lo contrario. Los trabajadores ecuatorianos nos oponemos a las reformas laborales planteadas por empresarios supuestamente “altruistas”, pero con visión oligárquica que, para generar empleo, quieren desmantelar los derechos laborales y retornar a condiciones existentes antes de la expedición del Código del Trabajo. No solo afectan a los obreros, sino a todo tipo de trabajadores, en la agricultura, industria, comercio, construcción, turismo, servicios, etc.

6. La existencia del desempleo y del subempleo tienen raíces históricas, estructurales, empresariales, gubernamentales y también ha estado sujeta a las condiciones externas, particularmente latinoamericanas, en su relación con los centros capitalistas. Abundan libros, artículos e investigaciones de las ciencias sociales sobre estos temas, que son desconocidos por las elites dominantes y en esferas del gobierno.

7. Suponiendo que pasen las reformas, habrá potencialmente 5 millones de ecuatorianos que podrán tener empleo, pero con derechos laborales precarizados, ya que, según declaraciones de los proponentes, tales reformas solo regirán para los “nuevos” trabajadores y no para los antiguos; con lo cual, adicionalmente se creará dos tipos de trabajadores: los “formales” y los “precarizados”. De otra parte, los estudios sobre el tema dan cuenta que el crecimiento del trabajo, bajo condiciones precarizadas, no contribuye al crecimiento económico y tiene repercusiones negativas en la vida social y sobre el bienestar general, porque ahonda la concentración de la riqueza (Confer. https://bit.ly/2Z9NDVf).

8. Se está disfrazando el propósito final que pretende quitar derechos laborales al segmento de población ocupada, para supuestamente dar empleo al enorme número (60/70%) de población desocupada y subocupada.

9. Si las reformas son para futuros trabajadores, los más afectados con la precarización y flexibilización laboral propuestas serán los jóvenes y, sin duda, las nuevas generaciones.

10. Además de las reformas laborales, los empresarios que las promueven también demandan reformas tributarias, mercado libre en todas las esferas y privatización de empresas estatales. Por tanto, su visión no es de futuro, sino que demuestra mentalidades ancladas al pasado, pues añoran las condiciones económicas de las décadas finales del siglo XX, siguen aferradas a la ideología neoliberal y se ajustan a la visión aperturista que todavía mantiene el FMI. Contradicen así a los estudios existentes, que claramente han probado que las reformas laborales neoliberales, así como los paquetes económicos del FMI nunca solucionaron las condiciones de vida y de trabajo de la población, sino que las agravaron, logrando, eso si, una mayor concentración de la riqueza y remarcando los privilegios de vida de las capas ricas de la población. Puede acudirse, por ejemplo, a los estudios de la CEPAL o el de Timon Forster y otros (2019) que estudió al FMI en 135 países (https://bit.ly/2K0ZgKD).

11. Las reformas no están pensadas para producir empleo de calidad, sino para generar empleo precarizado; para no pagar horas extras, suplementarias, recargos, ni indemnizaciones, y con todo ello, aumentar o mantener fáciles y altas tasas de ganancia. Es una visión absolutamente rentista, oligárquica y nada moderna.

12. Las reformas no toman en cuenta la experiencia histórica, tampoco la legislación comparada ni los convenios con la OIT y, lo cual es aún más grave, no consideran la salud ocupacional ni las condiciones médicas más adecuadas para los trabajadores. No importan descansos, recreación, bienestar individual o familiar de las clases trabajadoras. Existe total insensibilidad del sector empresarial-oligárquico sobre lo que es un ser humano.

13. La promoción del empleo es responsabilidad del Estado, del gobierno y de los emprendedores. No son los trabajadores los que deben ser retados a formular propuestas para el empleo. La ineficacia empresarial, el conservadorismo político y la falta de criterios y convicciones sobre responsabilidad social laboral, conducen a cuestionar el mínimo marco laboral que protege a los trabajadores, a fin de removerlo para disminuir “costos”.

14. El avance tecnológico, la biotecnología, el progreso en la maquinaria, la difusión de la robótica o la cibernética, el desarrollo del internet, etc., presionan a nuevas formas de trabajo, que cabe incorporar a la legislación, pero que no implican la necesidad de abolir los derechos laborales mínimos. Al mismo tiempo, en lugar de existir una presión por el aumento de la jornada, lo que existe mundialmente es la tendencia a jornadas de trabajo menores a las 8 horas diarias y a las 40 semanales.

15. Sobre la base de experiencias históricas y fórmulas comparativas con países que pretenden edificar economías sociales (capitalismo social) y no un capitalismo salvaje como se propone para Ecuador, y tomando en cuenta que se reta a dar fórmulas para generar empleo en el país, bien puede pensarse en una serie de instrumentos de política tanto pública como privada, como las siguientes: inversiones estatales en obras, infraestructuras y servicios; incremento de impuestos directos (rentas, patrimonios, ganancias, herencias) para financiar los recursos e inversiones estatales; leyes que obliguen no solo a un mayor reparto de utilidades (hoy es apenas el 15%) sino a la reinversión productiva mínima de un porcentaje anual de las mismas; leyes obligatorias para la inversión de utilidades en servicios de atención social y proyectos de investigación universitaria; establecimiento de un tope de remuneraciones para propietarios y gerentes de empresa; leyes para el crédito obligatorio de la banca privada a emprendimientos, con intereses blandos y preferentes; sistema de trato preferencial para pequeñas y medianas empresas (PYMES); medidas de comercio exterior para proteger el desarrollo de la producción interna y desalentar las importaciones innecesarias; capacitación obligatoria y anual de los trabajadores por parte de las empresas; legislación que penalice la fuga de capitales, su ocultamiento en paraísos fiscales y obligue a su repatriación; cobro inmediato de las deudas privadas al SRI y al IESS; reformas legales para imponer nuevas infracciones laborales a quienes incumplan con derechos laborales fundamentales.

Obviamente, estas y otras alternativas económicas, sociales y laborales, planteadas desde distintos sectores de pensamiento crítico, chocan frontalmente con la visión oligárquica y neoliberal, de modo que no son receptadas en las esferas de gobierno ni en los medios de comunicación hegemónicos, abiertamente subordinados a la cultura empresarial de moda. Requieren, por tanto, de políticas generadas desde el Estado, para asegurar derechos laborales y colectivos, favorecer el emprendimiento y la productividad, al mismo tiempo que propicien una radical redistribución de la riqueza. Pero, lastimosamente, vivimos tiempos conservadores en Ecuador y en la mayor parte de países de América Latina. Sin embargo, los tiempos adversos no impiden continuar sembrando posiciones desde los intereses de las clases trabajadoras.

Fuente de la información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=256997

 

 

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¿Sabes por qué trabajas 8 horas? Los 44 días que cambiaron la historia de España

Redacción: Jordi Corominas I Julián / El Confidencial

Entre febrero y marzo de 1919 una huelga paralizó Barcelona y provocó la instauración estatal de las ocho horas de jornada laboral, medida pionera en todo el orbe terráqueo

No desprecien la importancia del callejero. Nadie recordará la anécdota, pero en la primavera de 2012 Barcelona se levantó con la noticia de un cambio sutil. El alcalde Trías lo había perpetrado con premeditación, nocturnidad y alevosía, saltándose la ley con demasiada alegría. De la noche a la mañana, el conocido ‘pasaje de la Canadiense’ homenajeaba a Frederick Stark Pearson, fundador el 12 de septiembre de 1911 del holding Barcelona Traction, Light and Power. Starrk Pearson se dedicaba a la producción y distribución de electricidad y a la explotación de tranvías y ferrocarriles eléctricos. Formaban parte del grupo las empresas Riegos y Fuerzas del Ebro, Barcelonesa de Electricidad, Energía Eléctrica de Cataluña, Tranvías de Barcelona y Ferrocarriles de Cataluña. Llegó a controlar el 90% de la distribución comercial de electricidad en el Principado.

La alteración nominal resucitó un lejano recuerdo. Entre febrero y marzo de 1919 la empresa fue la gran protagonista de una huelga de cuarenta y cuatro jornadas que paralizó Barcelona y demostró la inmensa capacidad obrera, que mediante la acción de la CNT logró una gran victoria, hasta el punto de provocar la instauración estatal de las ocho horas de jornada laboral, medida pionera en todo el orbe terráqueo.

La efímera placa

La efímera placa

Al cabo de pocos días el pasaje recuperó su antigua denominación. Quizá el alcalde de Convergència i Unió tenía miedo, recordemos que el Procés aún no había dado su pistoletazo de salida, de ver cumplida la frase de Mark TwainLa historia no se repite, pero rima.

La rosa de Fuego

En su ensayo ‘Que sean fuego las estrellas’ (Crítica), Paco Ignacio Taibo II justifica su enfoque a partir de la especificidad barcelonesa. El escritor asturiano casi pide disculpas por su osadía, pero lo cierto es que atina en su diagnóstico. La capital catalana ha sido siempre un cuerpo propio, independiente a las dinámicas del país. La Primera Guerra Mundial había agitado el paisaje urbano hasta unas coordenadas previsibles en las que el empresariado aprovechó la neutralidad española para lucrarse mientras el proletariado apenas tocaba con la punta de los dedos todas esas disparatadas ganancias económicas.

La máquina industrial sirvió textiles, química, armamento y materias primas a las potencias enfrentadas. Mientras tanto la calle parecía distraerse con el cambio de rumbo de la ciudad, enfrascada en debates periodísticos sobre los bandos en contienda y noches bien regadas por la legal cocaína, el sorprendente jazz y una animación sin precedentes en todos los barrios, sobre todo en el Distrito V, que al cabo de poco tiempo recibiría su sobrenombre de Barrio Chino por el canallismo imperante entre drogas, homosexualidad, timbas de juego, sexo fácil y locales que nunca cerraban.

Sirva el párrafo anterior para contextualizar el instante en esa ciudad de setecientas mil almas. La gallina de los huevos de oro dejó de ponerlos con la entrada bélica de Estados Unidos y la situación social fue agriándose, produciéndose las primeras refriegas y atentados entre trabajadores y patrones. La marea subió a lo largo del olvidado verano de 1917, cuando el Parque de la Ciudadela fue protagonista de la asamblea de parlamentarios, protesta de sus señorías ante el cierre de las Cortes y su manifiesta inactividad.

La gallina de los huevos de oro dejó de ponerlos con la entrada bélica de los Estados Unidos de América y la situación social fue agriándose

En agosto llegó el turno de la clase obrera con una huelga general que paralizó la actividad durante casi una semana. Si tuvo tanto impacto fue por la extraña unión, rara era la vez en que conseguían ponerse de acuerdo, entre la UGT y la CNT, los dos sindicatos mayoritarios. Esta última había revolucionado por completo el modus operandi anarquista. Su nacimiento en 1910 supuso abandonar la acción directa y abogar por una vía organizada. El camino estuvo sembrado de minas en forma de múltiples ilegalizaciones, etapas en la clandestinidad y una inmensa dificultad para coordinar todo el caudal asociativo del mundo laboral.

La revolución inspira

1918 se abrió con una espectacular movilización femenina como consecuencia de la inflación en productos básicos como el carbón. Las mujeres marcaron una senda a seguir que sus compañeros masculinos apreciaron por su valentía, pero la clave llegó a finales de junio, con el Congreso de Sants de la Confederació Regional del Treball a Catalunya. Por aquel entonces el impacto en el imaginario de la Revolución Rusa ya era considerable. Acudieron ciento sesenta y cuatro delegados que representaban a más de setenta y tres mil asociados de ciento cincuenta y tres sociedades obreras y sindicatos esparcidos a lo largo y ancho de la geografía catalana.

Salvador Seguí

Salvador Seguí

Salvador Seguí, mucho más que un pintor de brocha gorda, comprendió que esa dispersión dificultaba moverse con eficacia. Propuso la supresión de las federaciones basadas en oficios y la creación de Sindicatos Únicos de industria para agrupar a todos los trabajadores de un único ramo productivo. La medida suscitó un entusiasmo contagioso y, en apenas cuatro meses, durante la celebración en Barcelona de una asamblea regional, pudieron apreciarse sus frutos. El número de adscritos se había incrementado hasta las trescientas cuarenta y cinco mil personas. Por primera vez el anarcosindicalismo se sabía dotado de un arma imparable para la consecución de sus objetivos.

Casi al mismo tiempo, porque cuando hablamos de Barcelona siempre debemos recordar sus dos caras, la Lliga Regionalista aprovechó la coyuntura internacional, o la tergiversación del punto wilsoniano sobre la autodeterminación de los pueblos, para lanzar la campaña para el Estatuto de Autonomía en un fuego breve pero intenso que llegó hasta Madrid, donde se instauró una comisión parlamentaria para abordar el asunto. La propuesta, que guarda ciertas similitudes con los mecanismos que nos han llevado a la situación actual, era una plataforma perfecta para disimular la conflictividad laboral y la crisis que se cernía en el horizonte. Febrero de 1919 supuso un antes y un después. Algunos, con mala sangre, dicen que Cambó prefirió la cartera a la bandera. Es posible. El clima se había enrarecido. Las trifulcas entre catalanistas y miembros de la Unión Monárquica Nacional coparon los titulares de todos los periódicos y no pasaba un día sin incidentes remarcables. Eran fuegos de artificio. Los protagonistas estaban agazapados, a la espera de la mecha que provocara el incendio.

Una ciudad a oscuras

Todo barcelonés reconoce las tres chimeneas del Paralelo. De pequeños las confundimos con las de San Adrià del Besós. Ambas fueron el skyline de los desfavorecidos desde distintas latitudes. Las de la avenida que llegó a considerarse el Montmartre del sur simbolizaban el potencial de la Canadiense, que daba empleo a más de mil doscientos obreros.

En enero de 1919 la situación en la Ciudad Condal estaba algo más que agitada. Se rumoreaba la presencia de Lenin e incluso una agencia de noticias norteamericana aseguraba su presencia. Todo era un bulo producto del pavor a un estallido pese a la represión padecida por la CNT durante todo el invierno. La fábrica de electricidad desencadenó la tormenta. En enero varios oficinistas fueron pasados de eventuales a fijos, reduciéndose su salario mientras en las tertulias de los bares se comentaba que Fraser Lawton, el gerente de la empresa, ganaba treinta mil pesetas oro al mes.

La Canadiense
La Canadiense

Los oficinistas se levantaron bajo el lema “a trabajo igual salario igual”.El 2 de febrero los ocho trabajadores que encabezaban la protesta, miembros del Sindicato Único, fueron despedidos. Cinco de ellos pertenecían a la sección de facturación. Sus compañeros se declararon en huelga solidaria tres días después. Salieron a calle, hablaron con el gobernador, quien les prometió interceder, y al volver a su puesto se encontraron la policía impidiéndoles acceder a las instalaciones.Estaban despedidos, sin explicaciones.

La CNT movió ficha con varias jugadas magistrales para escalonar la huelga. Su comité se sabía perseguido y hasta llegó a reunirse en un camión de mudanzas del Sindicato de Transportes que recorría la ciudad para recoger a los delegados. El 21 de febrero la huelga fue secundada por todas las empresas del grupo y saltó la alarma. El 27 se unieron los trabajadores de la Sociedad General de Aguas, del Gas Lebon, única empresa extranjera del ramo sita en plaza Universidad, y los de la Catalana de Gas y Electricidad. La ciudad quedó parcialmente a oscuras durante más de una semana, con toda la producción en el dique seco y una progresiva escasez de agua.

La solución pasaba por militarizar las fábricas para restablecer el suministro. Cuando se dio la orden ni uno de los obreros dio el paso para cumplirla

En Madrid el conde de Romanones, primer ministro del gobierno central, ya había anunciado su dimisión una vez se resolviera el desaguisado. La solución pasaba por militarizar las fábricas para restablecer el suministro. Cuando se dio la orden ni uno de los obreros y empleados militarizados dio el paso para cumplirla. Entre ochocientos y cinco mil fueron detenidos, ingresando en el castillo de Montjuic, de lúgubre fama tras los fusilamientos en 1893 del tipógrafo Paulí Pallàs y los acusados por la bomba del Corpus en 1896.

La situación era desesperada y las manecillas del reloj jugaban a favor de los intereses de la CNT que, en otra descarga de alto voltaje, instauró la censura roja para impedir la publicación en la prensa diaria toda noticia relacionada con el asunto de la Canadiense, finalmente desbloqueado gracias a la visión política de Romanones, quien al ver la cerrazón de los mandamases empresariales mandó a Barcelona a José Morote, subsecretario de Presidencia, para mediar. Llegó acompañado de Carlos Montañés y Gerardo Doval, quienes ocuparon respectivamente el cargo de gobernador civil el primero y jefe de policía el segundo. Era una última carta en una mesa ardiendo, con el estado de guerra declarado y un panorama abocado a un bucle de caos.

JORDI COROMINAS I JULIÁN

Este nuevo planteamiento confirió esperanzas entre los trabajadores, quienes no cejaron en su empeño de ir a por lo máximo posible, proponiendo como inamovibles los siete puntos que siguen a continuación: Readmisión de los despedidos, aumento de sueldos, garantías para evitar represalias, jornada de ocho horas, abono de jornal íntegro en caso de accidente, cincuenta mil pesetas por indemnización y salarios caídos durante la huelga. Lawton los aceptó el 17 de marzo de 1919 tras la exigencia de Romanones, quien presionó a Montañés para que resolviera el conflicto en veinticuatro horas, pues planeaba la amenaza de Largo Caballero, entonces dirigente de la UGT, de convocar una huelga general en todo el país sino se solucionaba el conflicto de Barcelona.

Victoria y tragedia

El comité de huelga aceptó levantarla una vez liberaran a todos los trabajadores encarcelados. El 19 de marzo se convocó un mitin con más de veinte mil personas en la plaza de toro de las Arenas de Barcelona para reafirmar el acuerdo. Salvador Seguí logró vencer la reticencia de muchos de los presentes con una grandísima arenga donde desgranó la situación. Lo conseguido era increíble. La revolución completa podía esperar. Se habían plantado los cimientos.

Sabotaje al tranvía en Barcelona en la huelga de 1919
Sabotaje al tranvía en Barcelona en la huelga de 1919

El triunfo fue tan grande que desencadenó la reacción de la patronal.Durante los siguiente cuatro años Barcelona fue la ciudad que se mataba por las calles, un episodio histórico siempre mal explicado y manipulado hasta la extenuación incluso por Eduardo Mendoza, quien tejió una gran novela con ‘La verdad sobre el caso Savolta’, pero sólo, que ya es bastante, recogió la atmósfera, no así la verdad de tan trágicos hechos. Lo mismo puede decirse de ‘La sombra de la ley’, última producción dirigida por Dani de la Torre. Quizá el único capaz de reproducir la intensidad de aquellos años fue Antonio Soler en ‘Apóstoles y Asesinos’ (Galaxia Gutenberg), cuyo único defecto es haber sido tan preciso que tiene más magma de ensayo que de novela.

Desde 1890, con la instauración de la jornada del primero de mayo, la clase trabajadora había reclamado los tres ochos. Ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio, ocho horas de sueño. El 3 de abril de 1919 el conde de Romanones firmaba el decreto que promulgaba a partir de octubre del mismo año la jornada de ocho horas para todos los trabajadores españoles. Dimitió tras estampar su rúbrica.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-01-19/jornada-ocho-horas-huelga-canadiense-centenario_1767114/

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