La intención es que los alumnos tengan que cursar Ética en 4º de secundaria e Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato
Los grupos PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos han aprobado este miércoles una proposición no de ley en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados que refuerza la presencia de la asignatura de Filosofía en los institutos. La intención de los partidos es que Ética vuelva a impartirse en 4º de secundaria con carácter obligatorio, y en 2º de bachillerato Historia de la Filosofía. El PP, que fue quien arrinconó la asignatura, desde el pasado año mostraba su interés en recuperarla. “No podemos permitir que ningún alumno termine la enseñanza obligatoria sin tener conocimientos filosóficos», apuntó entonces su portavoz de Educación, Sandra Moneo.
En 4º de secundaria Ética es una optativa sin apenas carga horaria y alternativa a Religión. Para muchos, un hueso en comparación con Religión considerada una «maría» que se aprueba sin dificultad. En Madrid, de hecho, las matriculaciones en Religión se dispararon con el cambio de currículo.
«La Filosofía es la única materia de bachillerato que se encuentra en una situación anómala, ya que es troncal en 1º de bachillerato y obligatoria para la prueba final de etapa, pero el alumnado puede no volver a verla en 2º de bachillerato», explica Unidos Podemos en su proposición respaldada por unanimidad. Muchas comunidades autónomas, que tienen un pequeño margen de actuación en los currículos, han incluido estos años Historia de la Filosofía como obligatoria en muchas ramas del bachillerato. Pero ahora lo que se quiere imponer es su carácter común e ineludible en todos los itinerarios formativos.
La Red Española de Filosofía (REF), que aúna a 56 asociaciones de filósofos de toda España, ha estado movilizada desde la promulgación de la LOMCE en 2013 contra la supresión de esta materia. Durante estos seis años han organizado olimpiadas, congresos, debates e incluso justas callejeras, para llamar la atención sobre la necesidad de la filosofía para la articulación democrática de la sociedad.
Entrevista/03 Octubre 2018/Autor: Pablo Gutiérrez del Álamo/Fuente: El diario la Educación
El Ministerio ha dado ya algunos pasos para cambiar la Lomce, aunque todavía tímidos. Espera poder llegar a Navidad con una propuesta de modificación.
Isabel Celaá, ministra de Educación desde hace poco más de 100 días, es una mujer trabajadora y concienzuda. Es clara en sus explicaciones y una gran conocedora del sistema educativo. Hablamos con ella de la situación del profesorado, de sus planes de mejora o de abandono escolar temprano (AET).
Desde el momento en que tomó posesión, dejó claro que haría todos sus esfuerzos para que la educación pública recuperase el peso perdido en algunos territorios. La concertada está preocupada. ¿Tiene motivos?
El ministerio ha de ser garante de la calidad del sistema en su conjunto. Lo que pretendo como ministra es poner las cosas en su sitio. Más que de la concetada podemos hablar de algunas administraciones que, al amparo de la demanda social, se han olvidado de que el derecho fundamental de la persona a ser educada tiene que ser servido por los poderes públicos en primer lugar. Mientras que la concertada es libre de servirlos o no.
En resumidas cuentas, quiere decir que sabemos que el serivicio de la educación se presta en este país por la red pública y la concertada. La mayoría de los centros, de ambas, cumplen con sus objetivos sociales: educar. Pero no podemos obviar el hecho de que ha habido abusos en algunas comunidaded, las menos, en las que mientras no se invertía en la construcción de centros públicos, se llegaba a conceder suelo público y se concertaban centros incluso antes de ser autorizados.
Esto ha hecho que el sistema educativo haya visto reducida su financiación en un 11% desde 2010, mientras que en la OCDE se estaba incrementando el gasto público en educación, que es una inversión, en un 5%. Ahora que estamos viendo el informe Education at a Glance, vemos que el sistema educativo espñaol está por debajo de la media en financiación en relación a la OCDE. Esa reducciíon repercute obviamente en la calidad.
El Ministerio no quiere que la financiación caiga, pero hay un compromiso con Bruselas para que siga haciéndolo…
Le voy a contestar con dos consideraciones. La primera es que la educación no debiera ser un elemento que recortar. Debiera haber un pacto implícito, si no explícito, en cada uno de los países para que la educacion, igual que la ciencia, fueran ámbitos en los que no se pudiera recortar. Porque no solo es que la educación sea el elemento imprescindible para el desarrollo personal, que repercute en la sociedad, sino porque también lo es para la economía; la educación es el motor del crecimiento económico. Este es el discursos que llevamos haciendo muchos años y, sin embargo, no trabajamos de manera coherente. Es decir, incorporar más recursos a la ciencia, a la educación, porque aquel país que no investiga, que no crea conocimiento, no puede generar desarrollo. Vamos a ver si somos consistentes con el discurso. Un país siempre tiene opciones y la educación es uno de los sectores en los que jamas debiera hacer un recorte.
En segundo lugar, observemos la coyuntura. Este Gobierno está peleando. Llevamos de los 100 días muchos, pelando por relajar el objetivo del déficit en 6.000 millones de euros. Que nos permitan un gasto público de 6.000 millones más para acomodarnos a los objetivos del déficit con Europa, que respetamos y aceptamos de buen grado. A Europa esto le parece bien, realista y eso nos permitía respirar con 6.000 millones que iban fundamentalmente a las comunidades autónomas, que son las que hacen políticas de educación y sanidad. Esto nos lo han cortoocircuitado el PP y Ciudadanos por dos vías. Hemos intentado dos itinerarios. El primero era una modificación puntual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria: nos lo han echado abajo so pretexto de que no es de lectura única y, por tanto, puede llevarlo ad calendas grecas. Y el segundo, hace unos días. La Mesa del Congreso, desde mi punto de vista, asumiendo un rol más político que técnico que es el que tiene que ejercer, elimnó esa posibilidad de la modificación de la Ley orgánica.
Me gustaría hablar del profesorado. Lo han pasado mal muchos años. El Ministerio ha anunciado la reversión de los recortes pero algunas medidas tendrán que esperar un año. ¿Por qué?
Por una razón muy sencilla, porque afectan a la docencia directa y cuando llegamos al Ministerio ya todos los centros habían hecho sus planificación conforme a la legislación vigente. Todo el curso estaba ya planificado con el horario de docencia del Real Decreto 14/2012. Estas cuestiones hay que enfocarlas bien. No podíamos entrar como elefante en cacharrería destrozando la planificación de los centros y, en segundo lugar, para modificar un real decreto ley necesitamos una ley. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un proyecto. Ese borrador se vio en primera lectura hace 15 días en el consejo de ministros y lo veremos en la definitiva y segunda lectura, el primer viernes de octubre, probablemente, porque el día 2 es cuando conseguimos el Informe del Consejo Escolar del Estado. Definitivamente lo pasaremos a la Cámara. No había otra posibilidad, ni tiempo material.
Fotografía: Teresa Rodríguez
Quedan en manos de las comunidades las horas lectivas. Es posible que haya grandes diferencias entre ellas. ¿Por qué el Ministerio deja en manos de las comunidades esta decisión?
El Ministerio cree en el Estado de las autonomías y considera que una competencia de auto-organización, como la de atribuir docencia directa al profesorado, es competencia de la comunidad autónoma. Fue el PP el que en 2012 restó esa competencia. Ahora devolvemos una competencia que tenían desde tiempo inmemorial y que llevó a una práctica: el profesor de secundaria tenía 18 horas de docencia directa (de las 37,5 que tienen los funcionarios) y el de primaria, 21. Nosotros pensamos que una vez que la gran mayoría de las comunidades se pongan a esa atribución horario, para aquella que quede residual, será muy dificil mantenerse en otra. En la Conferencia Sectorial de julio, 12 de las 17 CCAA estaban de acuerdo con la medida y las 5 del PP no, que querían recursos. Que les podrían haber venido por los 6.000 millones, pero ellos mismos se han cerrado la puerta.
Claro, ¿Quién pagaría el cambio de las horas lectivas?
El Ministerio de Hacienda nunca se negó a no mirarlo, estaba en disposición de ayudar a las CCAA que tuvieran problemas. Tampoco hay que hacerlo de la noche a la mañana. Algunas han dibujado itinerarios en el tiempo para poder incorporarse a la medida.
Hace unos días habló de la intención de mejorar las condiciones de trabajo del profesorado. ¿Podría concretar alguna?
La derogación del Real Decreto la hemos tomado en el corto plazo, pero el profesorado necesita una carrera profesional, saber que tiene mirada a largo plazo, que cuando entra a una escuela o instituto no siempre se va a quedar en la misma posición; necesita un horizonte en el cual ser evaluado y que el resultado de la evaluación tenga unos efectos, generalmente económicos pero no solo, en su currículum también, como se hace en la universidad.
El otro día tuve la oportunidad de anunciar la apertura de un Foro Integral para el Profesorado. En España venimos hablando varios años de esta cuestión, pero nadie la ha abordado de frente. La razón es que es complicado porque afecta a muchos momentos de la historia del docente. Si iniciamos desde la cabecera, tenemos su formación inicial. Tenemos que hablar con las universidades para ver qué tenemos qe incorporar a la formación docente, qué no… Las disciplinas cambian, los currícula están cambiando y queremos cambiarlos más para adaptarnos a un mundo globalizado con nuevas necesidades en donde la educación tiene que dar respueta. A continuación, cómo se entra, las oposiciones. Después, el proceso de inducción, de ese profesor en formación en el lugar de trabajo, cómo hacer esas prácticas, qué tutor… eso suponen recursos económicos importantes. Luego está la evaluación, cómo se hace, cada cuánto tiempo, hay que establecer un sistema de grados, estos son remunerados o no… Para todo eso vamos a abrir un foro integral del profesorado, en breve, en donde queremos oír todas esas voces que en un momento determinado han tenido algo que decir. Ahí nos encontramos desde el Estatuto Docente que hizo este Ministerio en 2007, hasta el trabajo de José Antonio Marina, o el que encargó el ministro Ángel Gabilondo, hasta el trabajo que está haciendo la editorial SM. Todas esas cuestiones queremos ponerlas juntas, hablar de ello y queremos hacer una propuesta.
¿Una propuesta de Estatuto?
Una propuesta de carrera docente. Ni siquiera vamos a llamarlo Estatuto. No sé cómo lo vamos a llamar. Si la mayoría quiere hablar de estatuto, lo haremos, si la mayoría decide que es mejor hablar de carrera profesional, pues también lo haremos. El nombre no nos va a importar.
La evaluación de la que hablaba ¿Sería voluntaria?
Sí, sería voluntaria. Yo creo que el profesorado va a querer ser evaluado siempre que el resultado de la evaluación tenga un efecto positivo.
¿Puede haber efectos negativos de una evaluación?
Sería como en la universidad, en donde vas poniendo tus méritos: “He sido profesor tres años, o jefe de estudios o llevo 5 años enseñando tal, he generado grupos de trabajo con…”. Todo eso puede ir a un directorio de méritos. En cualquier caso, si no se quiere ser evaluado, no creo que fuera un inconviente.
Esa evaluación ¿podría tener relación con las notas de los alumnos?
Eso está todo por debatir, no hemos pensado en ese punto específico. Pero lo que si le puedo confirmar es que la formación del profesorado es capital. Y ha habido administraciones que han reducido los recursos en la formación del profesorado estos años. Y es un problema porque el docente tiene que estar en constante actualización, no solo sobre la didáctica o la metodología de su materia sino del resto de corrientes que están impactando en el ámbito escolar.
Fotografía: Teresa Rodríguez
¿Qué puede hacer el Ministerio para que eso cambie?
De facto el Ministerio viene haciendo cosas a ese respecto a través de los programas de cooperación territorial. Tenemos varios, ya cité hace unos días algunos de ellos, como el ProEduca y uno para los docentes de FP para que incorporen buenas prácticas a su ejercicio docente encontrándose, por ejemplo, durante una semana con docentes de otros territorios para intercambiar experiencias.
¿Hablamos de estancias en otros centros?
Sí, de algunos días. Ahí, lógicamente la CCAA tiene que pagarles el viaje, más allá de que nosotros, a través de los programas, inyectamos dinero finalista para ese proyecto.
¿Qué ha pasado con las oposiciones este año? Por fin vemos convocatorias generosas y quedan finalmente centenares de plazas desiertas. ¿Corremos el riesgo de no llegar al 8% de interinidad?
Esta preocupación es de la ministra. Llevamos años diciendo que la cifra razonable para la interinidad serían como el 8% en la docencia. Curiosamente con los recortes nos hemos ido al 30% en muchos casos. Ahora resulta que se pactó con mi antecesor una modalidad de oposiciones en las que la primera prueba era eliminatoria. No sabemos hasta qué punto ha repercutido esto. Y faltan tres años de la misma modalidad. El Grupo Socialista defenció que no fuera eliminatoria, que las dos pruebas fueran juntas, y luego se viera todo el baremos de méritos.
¿Habrá cambios en el modelo?
Vamos a ver cuál es la posibilidad, a ver si tenemos capacidad porque es un acuerdo cada 4 años.
Abandono escolar temprano. Una gran piedra en el camino. Preocupa que la mejora de los indicadores económicos se traduzca en un aumento del AET.
Eso es lo que yo siempre recuerdo. La apertura del mercado tiene el riesgo de llevarnos la mismo sitio. Puestos fáciles y que quienes abandonen después estén rodando como una piedra de un puesto a otro, con un trabajo precario. Esto es lo que queremos evitar. He hablado con empresarios para que sean cómplices, para que traten de no contratar a personas no tituladas por educación o que, incluso, no tengan certificaciones profesionales.
Aquí la FP es clave. Estamos, en relación a los estándares europeos, en la mita de alumnos matriculados. Esto no es más que por un prejuicio atávico que arrastramos de que la formación profesional es una línea de segunda cuando, en realidad, lo que nos está demandando Europa son formaciones de grado medio, ahí es donde estamos peor, más desproporcionadamente situados. Tenemos que trabajar mucho en la FP e grado medio. Y en la Dual, claro.
¿En qué sentido hay que trabajar mucho?
Porque a la FP de grado medio acuden quienes salen de la formación profesional básica, y esta ha venido a ser un programa de bajo valor educativo. Con lo cual, lo que genera es que entren personas desmotivadas. Por eso hay que darle un impulso importante en términos de, no solo de razón, sino de emoción, para que los niños, los jóvenes que entran sepan que se están jugando su porvenir y que han de saber qué quieren ser y, después, darles un tratamiento diversificado y acorde con sus habilidades.
La FP de grado medio ha de tener una impronta de que está enfocada a desarrollar carreras personales de éxito. Y para ello no solo habrá que hacer modificaciones normativas, que también, nuestro interés es hacer una ley de formación profesional. A corto plazo, camios normativos que nos permitan eliminar la burocracia de la FP para impulsar la flexibilidad. No se sostiene que, desde que identificamos una cualificación profesional hasta que va a la escuela convertida en un contenido formativo o un título pasen tres años. No puede ser. Por eso queremos meter a los agentes sociales, sindicatos y patronal, dentro de todo el proceso. Desde la identificación de la cualificación, la definición del contenido formativo y hasta la evaluación del alumno con un informe de la empresa. Siempre dirigido por el tutor del centro educativo.
Y es una exigencia importante que los empresarios de este país tomen conciencia del asunto y digan: la formación que se da en la empresa es de calidad, este alumno no viene a atender la puerta… Necesitamos la complicidad del sector social, estamos viviendo de espaldas. Los empresarios diciendo que el sistema no da la titulación que necesitan y, por lo tanto, tenemos puestos de trabajo pero no los perfiles formados. Y en educación decimos que la empresa no hace lo que tiene que hacer. Esto hay que cambiarlo. Ya sabemos que no tenemos el tejido empresarial de Alemania, es distinto, pero con nuestro tejido empresarial se pueden hacer muchísimas más cosas de las que estamos haciendo.
Democracia en los centros, otro de los temas que usted ha nombrado…
La participación en los centros también son recortes. La Lomce no solo ha sido una ley para hacer recortes educativos, también ha sido una ley muy ideológica. Una de las cosas que se recortaron fue la participación en los centros. Cambiar los consejos escolares, de ser órganos de co-gobierno de la comunidad educativa en su conjunto, cada una con su peso, a ser órganos de mera consulta o asesoramiento… eso es un cambio. También lo es que se haya restado peso a la comunidad educativa para la elección de las direcciones, es otro asunto que, en esta modificación de la Lomce en la que estamos trabajando ya, vamos a cambiar.
¿Para cuándo llegará?
Nuestro intento, si todo fuera bien, es que llegara a Consejo de Ministros antes de Navidad. La modificación que vamos a hacer es urgente. De aquellos aspectos más vulneradores del principio de igualdad y que han torpedeado al alumnado más débil. Como siempre digo, la educación de la élite nunca fue un problema. Pero claro, un gobierno democrático y responsable lo que tiene que procurar es que los más vulnerables lleguen a desarrollar el máximo sus potencialidades, sin que nadie se quede atrás. Sin olvidar la excelencia, por supuesto, pero es más difícil trabajar justo en el índice del AET.
Panorama de la educación nos dice que el 55% de la sociedad española de padres sin formación está sin formación. Esto es preocupante. La escuela está reproduciendo desigualdades y no las corrige en un 55%. Cambiar esto significa que no solo vale con el discurso, luego hay que poner medios. Trabajar en esto supone tocar 10 o 12 cosas importantes.
¿Algún plan para la educación infantil?
Estamos valorando cuánto podría costar la universalización. He pedido la valoración nada más llegar al Ministerio.
¿Hay una cierta sensación de urgencia? Hay muchas cosas que hacer y mucha incertidumbre en el horizonte…
Hay una sensación de urgencia porque cuando llegamos no había mucha actividad en el Ministerio. Había cierta tranquilidad, una idea de que las cosas iban razonablemente bien y no había problemas. En cuanto hemos empezado en el Ministerio, hemos visto la cantidad de cosas que hay pendientes. Que un país en 2018 todavía tenga que el 30% del alumnado no llega a la postobligatoria, por ejemplo, o que tengamos un porcentajje de NINI que es alrededor del doble de la UE, me parece que tendría que tener la luz roja encendida.
Probablemente la urgencia la ve más en mí, que no soy una persona tranquila, alguien que dice que las cosas se irán haciendo poco a poco, no. Normalmente estoy mirando tres papeles al mismo tiempo…
España / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: La Vanguardia
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) y CC.OO. han presentado hoy «Pau», un cómic sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes y docentes que pretende visibilizar al colectivo de jóvenes Lgtbq y prevenir situaciones de acoso escolar.
Según estudios de la Felgtb, el acoso escolar a lesbianas, gais y bisexuales lleva al 43 % de quienes lo sufren a plantearse el suicidio, y, según una investigación de 2015 del Colectivo Gay de Madrid (Cogam) en la Comunidad de Madrid, el 60 % de adolescentes ha presenciado agresiones homófobas en su instituto.
Además, el informe de Unicef de 2018 «STOP Violencia Infantil» denuncia que durante la adolescencia los menores son con frecuencia objetivo de agresiones por su orientación sexual y su identidad de género, y el 50 % del alumnado Lgtbi de la etapa de educación Secundaria ha experimentado acoso presencial y por las redes.
Por ello, la Felgtb y CC.OO. han puesto en marcha esta guía, que podrá consultarse en internet, ya que, además de en la prevención, recalcan la importancia de trabajar con el alumnado que presencia el acoso, así como reforzar la autoestima de las víctimas.
«Queremos reforzar nuestro compromiso para trabajar en favor de la diversidad en las aulas», ha asegurado Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., quien ha insistido en que «la diversidad es la condición para que pueda haber igualdad y equidad» porque «cuando no se trabaja la diversidad la escuela se vuelve más excluyente».
Ambas instituciones han elaborado durante un año este cómic, que narra varias historias de Pau, una adolescente trans.
Además, García Suárez ha criticado que la «vigente ley educativa, la Lomce, niega la atención a la diversidad y no apuesta por una educación libre de sexismos» y ha denunciado que «durante los años de la crisis y de gobierno del PP se dejó de lado todo lo que tenía que ver con la gestión de las emociones, la coeducación o la educación no sexista».
Ha anunciado que no cejarán en el empeño de exigir los cambios necesarios para hacer de la escuela un lugar de respeto y aprecio por las diferencias.
En este sentido, García Suárez ha propuesto la figura de los docentes agentes de igualdad, con crédito horario para dedicarse a «velar por la igualdad, promover la igualdad y promover el respeto a la diversidad».
Por su parte, Uge Sangil, presidenta de la Felgtb, ha explicado que «solo podrá existir una verdadera igualdad» en los centros docentes cuando se apruebe la proposición de Ley de Igualdad Lgtbi, «estancada en trámite parlamentario en el Congreso».
La edición de este cómic ha sido valorada por Paris Espinosa, una joven trans, que ha intervenido en el acto para testificar que estas iniciativas «son «muy necesarias» y ha asegurado que debería ser obligatorio dar información a los centros.
Las aplicaciones rigurosas solo pueden proceder del estudio reflexivo y contrastado de equipos multidisciplinares que busquen optimizar el desarrollo infantil desde una perspectiva holística, de equidad, que realice el bienestar infantil presente.
El pasado día 17 de abril, durante el Congreso Nacional de Educación Infantil y Neurociencia, Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, afirmaba que en un marco de competencias de neurodesarrollo para alumnos de 0 a 6 años se hace necesario un nuevo currículo que deseche las asignaturas y se inspire en estos conocimientos para quienes se formen en educación infantil porque, según afirmó, el cerebro es el gran reto del siglo XXI.
Si bien hay aspectos ciertos en estas afirmaciones, vemos que se procede, como siempre, con improvisación, influidos por tendencias dominantes en unos sectores u otros, buscando titulares de prensa y sin tener en cuenta los análisis de profesionales; mucho menos las necesidades reales y derechos de los niños y niñas.
Marín resalta aspectos innegables de los estudios que defienden la trascendencia de la educación infantil para las etapas venideras de la persona, tanto en la mayor perspectiva de éxito académico como en el de la empleabilidad, para prevenir el fracaso escolar o para constituirse en un factor de equidad; pero olvida un aspecto esencial igualmente citado por todos esos estudios: esa educación infantil da esos resultados tan solo cuando es de calidad. Y este factor tiene que ver con aspectos esenciales que venimos denunciando desde hace tiempo las organizaciones de Educación Infantil sin que se nos haga caso alguno: la masificación de las aulas con ratios insoportables, tanto en el primero como en el segundo ciclo, que doblan o triplican las recomendaciones de la Comisión Europea; el baile de titulaciones autorizado para intervenir con el primer ciclo, tan solo inspirado por el abaratamiento de los costes de profesionales, sin que el adecuado conocimiento de las potencialidades y posibilidades infantiles y su respuesta preocupen lo más mínimo; la dejación del Estado, que no ha considerado necesario establecer unos requisitos mínimos comunes para ese primer ciclo, ni de centros ni de currículo, favoreciendo con ello la inequidad entre territorios; el limbo legal en que se encuentran multitud de centros que acogen a criaturas de estas edades que no han de cumplir requisitos si no se declaran como centros educativos. Otro aspecto esencial es que el primer ciclo no sea universal y mucho menos gratuito, lo que favorece la inequidad entre las diferentes capas sociales que pueden acceder a esta oportunidad, imprescindible además para compensar desventajas.
Desde la Plataforma de Educación Infantil 06 entendemos que la mejora de la Educación Infantil pasa por darle respuesta a estos aspectos y no por poner el foco en aplicar al currículo de quienes se formen en magisterio infantil un bálsamo de Fierabrás: el marco competencial del neurodesarrollo en 0-6.
Con este planteamiento del señor Marín, sin resolver los problemas diagnosticados, sin reflexión sobre ellos y sus posibles soluciones, incorporamos otro elemento. Este es el de un grupo de ciencias que ha despuntado como una enorme promesa aplicada a la educación, pero quienes investigan con rigor advierten de los peligros que supone generalizar demasiado pronto descubrimientos de un campo a otro, y hacerlo sin las adecuadas investigaciones previas. Así por ejemplo Ana Carballo (Neurocientífica UAB), en una entrevista concedida recientemente a El País (18-2 2018) afirma que no puede aún hablarse de neuroeducación, que los problemas de la educación no pueden resolverse solo con el conocimiento que se tiene del cerebro y que son representantes de la docencia quienes deben replantearse, con los conocimientos que proporcionan el conjunto de campos, la mejor respuesta posible en educación. En el mismo sentido se expresa David Bueno (Neurocientífico UAB), en una entrevista publicada en este periódico y quien en el X Congreso de Educación Infantil de AMEIGI (13 abril de 2018) recordaba el poco conocimiento educativo que tienen aún los neurocientíficos para poder aplicar en educación descubrimientos de su campo, y defendía la necesidad de crear equipos interdisciplinares que, partiendo de una concepción compatible de educación y de ser humano, trabajen conjuntamente en el desarrollo de ambos campos.
Como siempre, al calor del posible negocio de la formación, han ido saliendo gurúes en los últimos años, con la promesa de revolucionar la educación, aplicando estrategias y entrenamientos derivados de los descubrimientos de las neurociencias y causando furor novedoso. Pero las aplicaciones rigurosas solo pueden proceder del estudio reflexivo y contrastado de equipos multidisciplinares que busquen optimizar el desarrollo infantil desde una perspectiva holística, de equidad, que realice el bienestar infantil presente, no como un experimento genial que, fruto de un descubrimiento inmediato, se le ha ocurrido al secretario de Estado de Educación.
Claro que el currículo hay que modificarlo, llevamos años diciéndolo, de hecho ha sido el Ministerio, que no escucha a quienes saben, quien ha enfatizado la asignaturización y los exámenes continuos en la LOMCE, algo ajeno a la perspectiva competencial que ahora resalta Marín. Esa modificación ha de hacerse para responder a las auténticas necesidades y derechos infantiles, teniendo en cuenta las aportaciones del conjunto de las fuentes que deben servir para construirlo: la Psicología, la Sociología, la Pedagogía y sus diferentes didácticas, la experiencia práctica de profesionales que reflexionan y contrastan entre sí y con rigor en todo el territorio nacional, mapeando las necesidades para darles respuesta.
El conocimiento sintetizado por La Convención de los Derechos del Niño y sus desarrollos en forma de observaciones generales, también aplicadas al derecho a una Educación de calidad desde el nacimiento, es una fuente imprescindible igualmente.
En este contexto las neurociencias son también una gran aportación, pero para dar respuesta al derecho a esa educación de calidad en las primeras edades es preciso resolver al tiempo el resto de problemas expuestos. No pueden utilizarse como una cortina de humo que difumine el resto de problemas porque, además, estamos convencidas de que tampoco se haría con rigor; una aplicación irreflexiva e indiscriminada de algunos planteamientos, puede ser incluso negativa y contribuir a engrosar el número de problemas que ya tiene la educación infantil y que, con este tipo de declaraciones, se contribuye a aumentar.
Un anteproyecto de ley derogará el aumento del ratio de alumnos y de horas lectivas de los profesores, y acelerará las sustituciones de los docentes
Reducir las horas lectivas de los profesores o el número de alumnos por clase y acelerar las sustituciones por baja. El Gobierno quiere desactivar con estas medidas algunos de los ajustes más polémicos aprobados por el Gobierno del PP en plena crisis. Para eso, prepara un proyecto de ley que permitirá revertir los recortes educativos a partir del curso 2019-2020 si obtiene respaldo suficiente. El gasto educativo ha caído más de 7.000 millones —un 13% menos desde 2009, agudizado por los recortes— y se han perdido unos 30.000 profesores, según los sindicatos, que critican que las mejoras no se apliquen ya.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció este lunes un anteproyecto de ley que dará marcha atrás a tres puntos claves del Real Decreto Ley 14/2012, aprobado por el polémico exministro de Educación José Ignacio Wert en 2012 y mantenido en el tiempo por su sustituto, Íñigo Méndez de Vigo. El primero de esos puntos permite un aumento de hasta en un 20% del número de estudiantes por aula —de 27 a 30 en primaria, de 30 a 36 en secundaria obligatoria—. El segundo aumenta la parte lectiva de la jornada de trabajo de profesores de centros públicos y concertados (privados sostenidos con fondos públicos) hasta al menos 25 horas en primaria, cuando antes este era el máximo, y 20 en secundaria, donde la horquilla iba de 18 a 21 horas. El último punto establece que los profesores titulares de baja sean sustituidos a partir del décimo día de ausencia.
Estas medidas, aplicadas con distinta intensidad en las diferentes comunidades autónomas, provocaron la convocatoria de dos huelgas generales, en 2013 y en 2017. Su rechazo ha estado presente además en todas las movilizaciones de la marea verde —la movilización de la comunidad educativa contra los ajustes del PP y su Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)— de los últimos años.
La norma, anunciada el lunes por la ministra Isabel Celaá en la conferencia sectorial de Educación, tiene que seguir ahora los cauces habituales de una ley ordinaria. Fuentes del Gobierno señalan que los recortes se aprobaron a través de real decreto ley porque se podía justificar la urgencia debido a la mala situación económica de entonces. Y añaden que, esa falta de urgencia y la mejora económica, provocan que ahora se tenga que tramitar como ley ordinaria. Aunque se aprobara mañana mismo, sería complicado modificar las programaciones escolares (los horarios, las aulas y el reparto de profesores) que quedan cerrados en julio para que los cambios se aplicaran el curso que viene. Una de las tres medidas, cubrir las bajas antes de 10 días, sí se podrá aplicar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno cree que su propuesta podría llegar al Consejo de Ministros en septiembre o, “a más tardar”, en octubre. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que solo cuenta con 84 diputados de los 350 de la cámara, esperan cosechar el respaldo suficiente. Al tratarse de una ley ordinaria, requiere más votos a favor que en contra, no mayoría absoluta.
Las cinco comunidades autónomas del PP —Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja— se levantaron el lunes de la mesa de negociación. Lo justificaron por la falta de organización y de fondos aunque aseguran que apoyan que se reviertan los recortes. Los sindicatos prometen estar vigilantes. “No creo que esta medida tenga dificultades para salir, porque se han comprometido muchos partidos”, señala Maribel Loranca, responsable de enseñanza de UGT. “Los que no voten a favor tendrán que dar explicaciones a toda la comunidad educativa”, añade.
Para CC OO, la medida del Gobierno va en la buena dirección pero llega tarde. “Los recortes han masificado las aulas, han retrasado de forma muy inconveniente la cobertura de sustituciones de profesores y han dificultado el funcionamiento de los centros”, explica el secretario de Enseñanza de Comisiones, Paco García. “Habría que hacer un esfuerzo para que estas medidas puedan empezar a notarse el curso que viene”, añade. Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato de enseñanza ANPE, cree también que los recortes deberían haber sido derogados mucho antes. Y pide una implantación de estas políticas en todo el Estado, para evitar desajustes entre comunidades.
Lo cierto es que ese desajuste ya existe. Comunidades como Andalucía, Cantabria, País Vasco, Navarra o Cataluña ya habían empezado a reducir las horas lectivas de sus docentes o a rebajar las ratios de alumnos (lo que se aprobó con Wert era una horquilla de máximos y mínimos). El anteproyecto de ley da seguridad jurídica a las autonomías que quieran revertir los recortes, pero no supone un apoyo económico por parte del Gobierno. “Si el Gobierno central tuvo facultad para imponer recortes debe tenerla ahora para garantizar que esta iniciativa se pueda a llevar a cabo económicamente”, critica el responsable de ANPE.
La polémica Lomce
A los recortes de 2012 les siguió, un año después, la Lomce, que el PP sacó adelante cuando contaba con mayoría absoluta pero sin el apoyo de ningún partido en todo el arco parlamentario. Solo Unión por el Pueblo Navarro (UPN) se abstuvo. Entre las medidas más polémicas estaban las reválidas, exámenes externos al final de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato que había que aprobar obligatoriamente para pasar de ciclo. El propio Mariano Rajoy dejó en suspenso estos exámenes, una propuesta contestada desde la comunidad educativa, mientras estaba aún en el Gobierno.
Celaá anunció, en cuanto llegó al Ministerio de Educación, que el Gobierno estaba decidido a “descargar la Lomce de los aspectos más denostados por la comunidad educativa” y volver a una educación que “sea un ascensor social”. En su primera entrevista con EL PAÍS adelantó que acabaría con las reválidas, suprimiría los itinerarios que separan a los alumnos desde los 13 años y que la asignatura de Religión dejaría de contar para la nota media y que habría una nueva asignatura, obligatoria, para enseñar valores civiles y éticos. Celaá anunció también su intención de eliminar el principio de “demanda social”, por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados. Sus palabras indignaron a las escuelas católicas.
PLANTÓN DEL PP POR LA “CHAPUZA” DE LA REUNIÓN
Los cinco consejeros de Educación del PP se marcharon antes de tiempo de la conferencia sectorial. Eran el responsable madrileño de Educación, Rafael van Grieken; de Castilla y León, Fernando Rey Martínez; el de Galicia, Román Rodríguez; la consejera de Murcia, Adela Martínez, y el de La Rioja, Alberto Galiana. Criticaron la «chapuza» de la convocatoria y la «falta de diálogo», aunque apoyan la reversión de las políticas de austeridad. Para el consejero gallego, la propuesta obliga a las comunidades a unas fuertes inversiones en educación que no tienen «ningún tipo de compensación o aporte económico» por parte del Estado. Calculó en 66 millones de euros el gasto que asumirá Galicia. Román Rodríguez criticó que el Gobierno no ha sido capaz de sacar adelante el techo de gasto. Su partido, el PP, fue uno de los que votó contra esa posibilidad.
El consejero Fernando Rey, que estima que revertir los recortes supondrá 60 millones en Castilla y León, considera que el anuncio le sale gratis al Gobierno: «Es el típico invito yo y pagas tú». Criticó que el encuentro no fuera precedido por una reunión preparatoria con los directores generales, como ocurre siempre antes de las sectoriales.
La consejera de Murcia aseguró que Educación no les informó de que iba a haber una votación, a pesar de que lo habían preguntado. «Estamos ante un caso clarísimo de populismo», subrayó, y advirtió de que el Ministerio «tiene que garantizar que hay igualdad en el territorio español» aunque la ley impulsada por su partido, la Lomce, ha sido la que más ha acentuado las diferencias entre comunidades en aspectos como las horas lectivas de cada materia o las materias optativas.
El miércoles conocíamos la batería de medidas con las que el Ministerio de Educación quiere desactivar los elementos más controvertidos de la LOMCE. La Red Española de Filosofía (REF) ha estado movilizada, incesantemente desde su promulgación, contra dos de los aspectos de esta Ley: -la eliminación de la Historia de la Filosofía como asignatura obligatoria en 2º de Bachillerato y -el hecho de que el alumnado no tuviera acceso, en condiciones de igualdad, a la formación ética y cívica. Asimismo, hemos criticado, con determinación, que la LOMCE, en convergencia con recortes draconianos, abundaba en la inequidad y la segregación y erosionaba la escuela pública.
La ministra Celaá anunció en su comparecencia la introducción de una asignatura obligatoria para todo el alumnado con el nombre de “Valores cívicos y éticos” que recoge la aspiración de la comunidad filosófica española de una formación integral, igualitaria e inclusiva en ética y competencias ciudadanas. La REF, sin embargo, alerta de la necesidad de no incurrir en errores pasados, en cuanto a la implementación de la asignatura, para asegurar su carácter vertebrador tal y como recomiendan las directivas europeas y la UNESCO, en el currículo de Educación Secundaria. El profesorado de Filosofía es el más indicado, dada su cualificación, para abordar los contenidos y el desarrollo de las competencias de una asignatura que contemple núcleos temáticos relacionados con la ética individual y pública, con la igualdad, la equidad y la justicia social, así como con la enseñanza de los marcos normativos de los Derechos Humanos y la Constitución.
Sin embargo, al mismo tiempo, la preocupación se extendía en la comunidad filosófica española, y en gran parte de la ciudadanía que ha participado en las campañas de “Salvemos la Filosofía”, por no encontrar referencia a la restitución de la Historia de la Filosofía como asignatura obligatoria en el Bachillerato que, recordamos, contaba con el consenso de todas las fuerzas políticas en la mesa del malogrado Pacto Educativo. La REF mantiene que la vuelta a la situación anterior a la LOMCE es fundamental, y así lo defendió, en su momento, la misma ministra de Educación, en el Parlamento de Euskadi, al reaccionar con prontitud contra la LOMCE y defender una Proposición No de Ley que instaba a utilizar el margen autonómico para no abandonar aspectos fundamentales de la LOE. Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió públicamente a restituir a la Filosofía en el lugar que le corresponde cuando se le preguntó a este respecto en el contexto de la campaña de “Salvemos la Filosofía”. Desde la promulgación de la LOMCE la mayoría de las Comunidades Autónomas han utilizado su margen de actuación para garantizar la obligatoriedad de la Historia de la Filosofía en todas o casi todas las ramas del Bachillerato. El dato anterior evidencia la necesidad que estamos planteando y la REF ha sido un elemento activo en estos avances, a través de negociaciones en todos los territorios del Estado. El objetivo ineludible es restituir a la Historia de la Filosofía su carácter común y extender su obligatoriedad.
Queremos argumentar, en lo que sigue, a favor de por qué la vuelta a la Historia de la Filosofía, en el marco de un ciclo formativo que fuera de 4º de la ESO a 2º de Bachillerato, es urgente y necesaria como elemento ineludible de un sistema educativo de calidad que confronte los retos sociales del presente y el futuro.
La Historia de la Filosofía, en primer lugar, remite al legado de las corrientes de pensamiento que han construido nuestra idiosincrasia europea. Al eliminarla para una gran mayoría del alumnado es obvio que los orígenes griegos de nuestra civilización, el Renacimiento, las Revoluciones científicas o la misma Ilustración –origen de las democracias modernas- no serán referentes accesibles para los futuros profesionales ni servirán de marco inspirador para el ejercicio de la ciudadanía. Esta pérdida del hilo genealógico nos conduce a fomentar una anomia social, una desorientación, que, en el contexto de los retos de la era digital, no podemos seguir permitiéndonos. Sin el acervo filosófico y humanístico, además, difícilmente, una persona puede considerarse culta e instruida y esto lastra su acceso a los bienes culturales tal y como ha expresado con claridad el actual Ministro de Cultura José Guirao. No debemos desoír las advertencias del filósofo Emilio Lledó a este respecto y privar del Sapere Aude, del “Atrévete a saber”, a las jóvenes generaciones.
En segundo lugar, el ciclo formativo en Filosofía, que debe ser articulado en tres asignaturas y cursos consecutivos, es imprescindible para el desarrollo de competencias básicas de análisis lógico, argumentación y pensamiento crítico. En este sentido, la REF ha auspiciado la celebración exitosa de cinco ediciones de la Olimpiada Filosófica de España, la última en Extremadura y dedicada a pensar sobre Revolución y Utopía, que fomentan la Disertación, la dilucidación de Dilemas morales y que han incluido, además, el reto del embate de los medios audiovisuales en las modalidades de Fotografía y Video filosófico como muestra de innovación educativa. La Educación Secundaria no puede seguir viendo mermada su función central de ser Escuela de Pensamiento. Como reitera la UNESCO, la Filosofía es una Escuela de Libertad.
Hemos constatado, finalmente, que la apuesta por la especialización y la profesionalización temprana se ha estrellado estrepitosamente contra la realidad, como ya advertíamos. Ante la llamada Cuarta Revolución Industrial – que conjuga Inteligencia Artificial, Automatización y Robótica- el mercado de trabajo está sufriendo transformaciones decisivas que exigen una formación integral que fomente las capacidades para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. No hay disciplina que prepare mejor que la Filosofía para la renovación y el cambio consciente tanto en la vida personal como en la laboral y profesional y, más aún, en esta vertiginosa y frenética era digital. Asimismo, frente a la irrupción de la denominada posverdad en la esfera pública, el entrenamiento que se proporciona en las disciplinas filosóficas en el interrogar incisivo, la duda metódica y el escepticismo prudente-– desde Sócrates a Descartes y a Hume- son hoy un requisito ineludible si no queremos que la democracia sucumba ante los cantos de sirena de la manipulación mediática que reverbera en las redes sociales. Si hay que invocar a Kant, en este convulso siglo XXI, es, sobre todo, por su formulación de la Crítica del Juicio, del ejercicio del discernimiento, que debe ser el modus operandi de todo ser humano que aspira a pensar por sí mismo y a construir una sociedad decente y justa.
Solicitamos, por tanto, que se anuncie, cuanto antes, la vuelta de la Historia de la Filosofía al Bachillerato como asignatura obligatoria. Solo así se complementará el ciclo que tendrá como objetivo la formación integral de nuestras jóvenes generaciones con el fin de prepararlas para un siglo XXI que nos aguijonea con viejos y nuevos retos civilizatorios. No dejemos, por favor, otra vez, esta asignatura para septiembre.
Organizaciones del sector han manifestado este viernes que la decisión de reformar la Lomce es «un ataque a la libre elección de las familias»
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, no tiene nada que rectificar respecto al contenido de su comparecencia del miércoles en el Congreso de los Diputados. De esa comparecencia algunas asociaciones han extraído que la educación concertada en España está en peligro. De manera muy enfática, la titular de Educación ha proclamado que la educación concertada no está en peligro. Organizaciones del sector han manifestado este viernes, a través de un comunicado conjunto, que la decisión de reformar la Lomce para eliminar el eliminar el principio de “demanda social” —por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados— es «un ataque a la libre elección de las familias».
Ni va a sufrir mermas, ni van a cancelarse los acuerdos, toda vez que su funcionamiento es muy adecuado. Para dejar claro qué es lo que dijo en el Congreso de los Diputados, y que ha dado lugar a que asociaciones denunciaran que el Gobierno de Sánchez ataca la enseñanza concertada, leyó literalmente lo que dijo en sede parlamentaria.
«Del servicio público educativo también forma parte la red de centros concertados que desempeñan una función social, que tiene un carácter complementario para cubrir las necesidades de escolarización y por ello reciben el concierto. Me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales», dijo la ministra en sede parlamentaria y ha vuelto a repetir este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, añadió que «la inmensa mayoría de los centros concertados cumplen los fines de fortalecimiento del sistema educativo». «¿Cómo se puede concluir desde la buena fe que el Gobierno va a retirar los conciertos?». Y ha concluido: «La concertada no está amenazada».
Preeminencia de la pública
Los representantes de la Plataforma Concertados, entidad constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE y USO, se han reunido este viernes y han mostrado su «preocupación por las declaraciones de la ministra», que consideran «un ataque a la libre elección de las familias». El Gobierno insiste en que esa libertad de elección no está amenazada.
Las organizaciones, que van a solicitar una reunión urgente con la ministra, defienden «la libertad de enseñanza basada en una complementariedad real entre la educación pública y la concertada, tal y como establece la LOE». La ministra no cuestiona esa complementariedad, en la que también cree. Su intención, como avanzó en una entrevista en EL PAÍS y reiteró en el Congreso, es eliminar el criterio de «demanda social» en la programación de plazas escolares.
En algunas comunidades autónomas, como Madrid, la Administración pública, en base a ese criterio, ha cedido terreno público para construir centros concertados en nuevos desarrollos urbanísticos. La ministra considera que de esta forma «la educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada». Celaá defendió en el Congreso la preeminencia de la pública porque «es la respuesta de la Administración Pública para garantizar el derecho a la educación y garantizar la cohesión social y el desarrollo cultural de la ciudadanía».
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 136
Total Users : 35414888
Views Today : 167
Total views : 3347738