Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_fZu-cSIM20
Por: Fernanda Ibáñez
La compañía de salud y bienestar americana, Cigna, define los castigos corporales como “el uso intencional de la fuerza física para causar dolor o malestar corporal como castigo por una conducta inaceptable”, estos castigos se pueden llevar a cabo con diferentes instrumentos desde cañas, tablas de hasta 60 cm, o con la palma abierta de la mano. El castigo corporal se ha aplicado por muchos años dentro del aula cuando un estudiante no está mostrando un comportamiento “aceptable” para los ojos de los maestros, o cuando desafían a la figura de autoridad, y son practicados normalmente en los niveles básicos de educación, pero pueden ir desde preescolar hasta secundaria.
Los castigos corporales en la educación se practicaban desde los días del Imperio romano, la Edad Media y hasta el siglo XIX. Alrededor de 1800, los maestros comenzaron a justificar aplicar estas sanciones dentro del aula por una ley y doctrina llamada in loco parentis, que consideraba a los maestros como una figura de autoridad con los mismos derechos legales que los padres para disciplinar y castigar a los niños si es que ellos no se adherían a las reglas establecidas en el entorno escolar.
Gracias a la aparición de la Declaración de los Derechos Humanos los castigos corporales comenzaron a prohibirse en diferentes ámbitos, como en las condenas para delitos o centros de entrenamiento militar, sin embargo, un lugar donde esto ha pasado desapercibido y no se condena aplicar estos castigos, es en las escuelas.
El New York Times publicó un artículo en el 2018 donde explican que este tipo de castigos físicos son aún legales en escuelas públicas de diecinueve estados y en escuelas privadas de 48 estados de Estados Unidos. El artículo indica cómo estados como Tennessee y Luisiana han traído luz al tema al modificar sus leyes en los últimos años, con el objetivo de proteger a los niños y niñas con discapacidades, ya que son los más vulnerables en estos estados. Muchos distritos escolares estadounidenses han votado para prohibir esta práctica, gracias a que las familias y comunidades de docentes han exigido un cambio y la prohibición de este tipo de castigos. Sin embargo, aunque los distritos los hayan prohibido, estos siguen siendo técnicamente legales en 48 estados de este país.
La UNICEF realizó varias encuestas en 23 países del territorio entre 2005-2013 relacionadas con los castigos corporales en hogares e instituciones escolares. El estudio encontró que, en países como Botsuana, el 92 % de los alumnos había recibido algún tipo de castigo corporal, y gracias a otro estudio llevado a cabo en Gambia, encontraron que estos castigos se usaban en el 70 % de las instituciones del país. En Uganda encontraron que el 79 % de los estudiantes sentían miedo o inseguridad de asistir a clases debido a los castigos corporales que reciben los alumnos en las aulas. Hoy en día algunos países que han logrado prohibir legalmente estas prácticas son: Benín, Cabo Verde, Congo, República de Kenia, Sudán del Sur, Togo y Túnez (UNICEF, 2015). Muchas de las leyes y de los esfuerzos que se han hecho para erradicar estos castigos han sufrido retrasos gracias a los problemas políticos que enfrentan frecuentemente estos territorios, es por eso por lo que se busca ayuda y atención al tema por medio de iniciativas internacionales.
Según la UNICEF, en Latinoamérica y el Caribe 1 de cada 2 niños sufre de castigo corporal, y aunque diez países en este territorio ya han prohibido de manera legal este tipo de sanciones, la organización advierte que se requiere también de un cambio cultural para hacer que este tipo de conductas hacia los niños sea completamente inaceptable en cualquier ámbito. Venezuela, Costa Rica y Uruguay fueron los primeros países en tomar cartas en el asunto y prohibir estas prácticas en el hogar y en las instituciones educativas, seguido por Brasil, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Argentina en años más recientes. En el caso de México, en el 2019 el senado aprobó una ley con 114 votos unánimes en donde se prohíben los castigos corporales para los niños y niñas en las instituciones públicas y privadas.
Sin embargo, la situación más alarmante se encuentra en el Caribe, donde “estas prácticas no son condenadas, pero son legitimadas en las escuelas y el hogar”, comenta la Asesora Regional de Protección de UNICEF Nadine Perraut en un artículo para la BBC. Algunos ejemplos de esta práctica son Jamaica, Guyana y Barbados, a diferencia de países en el mismo territorio como Haití o Belice que tienen prohibiciones claras para castigar a los niños físicamente en las instituciones escolares.
Las personas que argumentan a favor de estos castigos dicen que son una forma rápida y efectiva para lograr que el estudiante actúe de la manera deseada, además de que algunos padres y madres prefieren un pequeño castigo de este tipo que una suspensión. Sin embargo, el castigo corporal no es efectivo a largo plazo, además de que puede llegar a tener consecuencias psicológicas en la salud mental de las víctimas. Un análisis realizado por la UNICEF señala que los menores expuestos a castigos corporales severos tienen 2.4 veces menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado en la primera infancia, y la exposición a la disciplina violenta aumenta 1.6 veces el riesgo de que un niño o niña muestre comportamientos agresivos hacia otros niños o adultos.
Un artículo publicado en Psychology Today, dice que los castigos corporales son el resultado de sentimientos de frustración e impotencia de parte de los padres o docentes, que lleva a este resultado. Además de que invitan a aquellos docentes de cualquier contexto, a educar mediante las palabras, en lugar de acciones violentas, ya que esta es una manera más efectiva de alcanzar un desarrollo saludable para los niños. ”Si un niño verbaliza sus sentimientos, aprenderá a retrasar sus acciones”, señala Anny Katan, incrementando la capacidad de que el niño o la niña pueda ponerle palabras a sus sentimientos y acciones resultará en una disminución y regulación de tensión, además de una conciencia de sí mismo que le llevará a practicar la toma de decisiones consciente.
¿Por qué es importante erradicar este tipo de prácticas en el siglo XXI? Muchos estudios han demostrado, como ya se mencionó anteriormente, que los castigos corporales son contraproducentes para el resultado que se busca llegar en los pequeños, que es tener su atención y que el docente se mantenga como figura de autoridad. Una de las estrategias que recomienda un artículo de la Revista Digital de Psicología y Mente, es que hay que trabajar las habilidades socioemocionales. Estas se definen como “las habilidades más básicas y complejas” y resulta más productivo desarrollarlas y trabajarlas durante la infancia, ya que ayudarán a que las personas cuando sean adultas desarrollen esta guía que funciona como un vínculo entre la regulación de las emociones y la comunicación. Algunos ejemplos de estas habilidades son la resiliencia, autoconocimiento, tenacidad, conciencia social, colaboración, empatía, autogestión, etcétera.
Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Educación (24 de enero), en el que la UNESCO conmemora el “papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo”. Sin embargo, en pleno siglo XXI este tipo de castigos disciplinarios siguen aplicándose en escuelas de todo el mundo. Las niñas y niños tienen el derecho no sólo al acceso a la educación sino a un ambiente de aprendizaje libre de violencia de todo tipo. Recordemos que el desarrollo de los niños y niñas está en nuestras manos, y que de nosotros depende a quiénes queremos moldear para que puedan escribir el futuro cuando llegue su turno.
Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/castigos-corporales-escuelas
Si quien ocupe la Secretaría de Educación Pública no puede o no ve la necesidad de aprovechar el momento para dar un golpe de timón –como ocurrió con Cárdenas en la década de los 30– la reforma educativa de la 4T se quedará en lo que han marcado estos dos años: la aplicación de un proyecto educativo de neoliberalismo fino, de alianzas con cúpulas empresariales e institucionales y algunas concesiones elementales para el resto.
Se habrán podado las expresiones más brutales de la reforma de Peña Nieto, pero con piezas como la aún pendiente Ley General de Educación Superior (LGES), se hará a un lado a las comunidades, maestros y estudiantes y se favorecerá aún más a las cúpulas privadas y burocracias autoritarias-institucionales.
Hasta en el caso del derecho a la educación, porque éste se proclama, pero luego se le rodea de restricciones que dificultan y hasta niegan su ejercicio. Esa ley mantiene el requisito de un examen de selección, que con su sólo planteamiento, contradice lo básico de un derecho universal: que sea para todos. Un muestreo reciente reveló hasta dónde han avanzado las restricciones. Hay instituciones que aplican hasta cuatro exámenes (diagnóstico, sicométrico, admisión e inglés), además de un cuestionario socioeconómico.
Más recatadas instituciones públicas hablan de aplicar una batería de exámenes y otras que combinan el resultado del examen con el promedio de bachillerato. mismo que también es un requisito. Violentando la normatividad oficial, es común que se prohíba que solicite admisión quien tenga un promedio de bachillerato de 6.5, 6.9 o incluso de 8.5. Además, en algún caso, el promedio que se exige no es fijo, depende de la Media Global del subsistema de Bachillerato en que se graduó.
En otro caso de plantel público, además de pasar por una entrevista, el aspirante debe comprobar que en el bachillerato tuvo al menos 90 por ciento de asistencias y que jamás presentó un examen extraordinario. Y las becas se entregan sólo a quienes lleguen con 9 de promedio.
Por otro lado, el hecho de que las instituciones puedan discrecionalmente establecer requisitos, abre la puerta a que se establezca un perfil deseable del aspirante en lo ideológico o político. De hecho, en la muestra apareció al menos una institución privada de renombre que verificaba que el aspirante tuviera una concepción de su papel en la sociedad (de inspiración religiosa) coincidente con el institucional.
En otra, aparecían continuas referencias a los valores empresariales y se establecían limitaciones para el uso de las redes sociales. Se piden también cartas de recomendación y no necesariamente circunscritas al desempeño académico del estudiante.
Hay instituciones directamente ligadas a grupos empresariales que, como parte de su proceso de diversificación corporativa, incluyen una universidad de acceso restringido. Este punto se vuelve todavía más importante si se conecta con otro aspecto que salió a la luz en privadas: que en algunas los requisitos no son públicos. Se debe solicitar una cita donde, evidentemente y más allá de los aspectos vocacionales o de trayectoria escolar, el entrevistador puede indagar sobre aspectos como los arriba señalados o temas relacionados con sexualidad y antecedentes político-familiares.
El panorama para el derecho a la educación se complica aún más porque la discrecionalidad en el ingreso incluye los montos a cobrar (las colegiaturas, incluso en las públicas pueden ser de varios miles de pesos mensuales). El costo del proceso de admisión en una institución pública puede llegar a ser hasta 30 por ciento más alto que en una de las más renombradas y costosas instituciones.
Y, además, en privadas y públicas aparece una gran variedad de cobros: credencialización, bono deportivo, expediente médico, aportación al fondo de becas, matrícula. Frente a esta tupida maleza, las y los jóvenes en realidad sólo tendrán derecho a intentar ejercer el derecho a la educación. Y todo esto tiene que ver con la SEP, pues la actual ha impulsado denodadamente que se mantenga la redacción que pide que, además del certificado de bachillerato, quien aspira cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior (artículo 4). Requisitos como los arriba descritos y los que vengan, sin límite o acotamiento alguno. ¿Asumirá la nueva SEP este lineamiento o se deslindará de su antecesor y se pronunciará de palabra y en los hechos en favor de las y los jóvenes quienes durante más de un siglo han visto negado o severamente condicionado su derecho a la educación superior? ¿Se seguirá privilegiando (LGES, artículo 52) la co-conducción con los privados a expensas de la subordi-nación y exclusión de maestros y estudiantes? Y no es un dilema sólo personal de quien ocupe el puesto, es de fondo, el dilema de todo el proyecto educativo. Y el silencio también habla.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/opinion/021a2pol
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a las autoridades de los estados de Campeche y Chiapas reabrir las escuelas; esto, debido a que por varias semanas estas entidades se han mantenido en color verde del semáforo epidemiológico de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).
En la conferencia de prensa que el Gobierno federal ofreció la mañana de este martes, tanto AMLO como el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionaron que han identificado un nuevo grupo prioritario para recibir la vacuna contra el COVID-19; se trata de los maestros y el personal de las escuelas.
De acuerdo con la explicación de López-Gatell, el inmunizar a los profesores permitirá a los estados con semáforo en verde avanzar en la normalización de las actividades, como la impartición de clases presenciales.
“Hago un llamado respetuoso, sobre todo a las autoridades, a que empecemos a abrir las escuelas, y que si van preparándose, en el caso de Campeche y de Chiapas, serían los primeros maestros en ser vacunados”.
AMLO
De acuerdo con el presidente de México, los docentes de Campeche y Chiapas recibirían la vacuna contra la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 de Pfizer; sin embargo, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud señaló durante su intervención ante los medios de comunicación que la aplicación será posible si regresan a clases y si el semáforo en estas entidades se mantiene en verde.
AMLO explicó que los profesores de Campeche y Chiapas podrían recibir la vacuna de Pfizer debido a que las dosis requeridas pueden ser transportadas fácilmente a los centros de vacunación.
Esta estrategia sería ejecutada con la ayuda logística de los aeropuertos de Campeche, Ciudad del Carmen y, posiblemente, el de Mérida, Yucatán.
Fuente: https://www.unotv.com/nacional/amlo-pide-reabrir-escuelas-en-estos-estados-maestros-serian-vacunados/
El secretario general del Sindicato de Maestros anunció que el sistema educativo se cerrará en caso de que la primera ronda de vacunación para maestros en Israel no se complete para el 12 de enero.
Yaffa Ben-David, secretario general del Sindicato de Maestros de Israel, dijo en una entrevista con el Canal 12 que si todos los maestros no reciben en la primera ronda de vacunas COVID-19 antes del 12 de enero, todo el sistema educativo se cerrará, publicó The Jerusalem Post.
El secretario general anunció que la posible disputa laboral ocurrirá en caso de que la primera ronda de vacunación para maestros en Israel no se complete ese día. En este caso, los maestros se embarcarán en una huelga a nivel nacional.
“Si pudiera darle una directiva al personal educativo diciendo ‘No vengas’ hoy, lo haría”, dijo Ben-David al Canal 12.
“No entiendo por qué el Sindicato de Maestros necesitaba declarar un conflicto sobre este tema por algo que es obvio”, continuó el secretario general.
“Si nos hubieran escuchado al inicio del cierre cuando sugerimos hacer clases pequeñas, créanos, ningún cierre tendría efecto y habría sido posible continuar manteniendo abierto el sistema educativo hasta el final [del año escolar]”, dijo.
“El coronavirus de hoy coloca al personal educativo en una posición diferente.
Hay muchos profesores que vienen porque no tienen otra opción y también porque quieren a los alumnos y quieren darles clase, pero están muy preocupados por su salud y bienestar y eso no debería ser. [Si] no habrá vacunas, no hay necesidad de abrir el sistema educativo”.
A partir del jueves, el sistema educativo permanece abierto a pesar de la vigencia de un cierre nacional.
Fuente: https://www.enlacejudio.com/2021/01/02/israel-si-los-maestros-no-se-vacunan-en-11-dias-se-detendran-las-clases-sindicato/
“Unicef pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación contra la Covid-19, una vez que se haya vacunado al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto riesgo. Esto contribuirá a proteger a los maestros contra el virus, les permitirá enseñar en persona y, en última instancia, servirá para mantener las escuelas abiertas», insta Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef.
En su punto álgido, a finales de abril de 2020, el cierre de las escuelas a nivel nacional interrumpió el aprendizaje de casi el 90% de los estudiantes de todo el mundo.
«Si bien la cifra ha disminuido desde entonces, algunos siguen suponiendo sin fundamento que el cierre de las escuelas puede frenar la propagación de la enfermedad, a pesar de que cada vez hay más pruebas que indican que las escuelas no son el principal foco de transmisión en la comunidad. Debido a esta suposición, a medida que los casos se están disparando en muchos países del mundo, las comunidades están cerrando de nuevo las escuelas», indicó.
Hasta el 1 de diciembre, las escuelas de 1 de cada 5 alumnos en el mundo estaban cerradas, lo que constituye 320 millones de niños, reporta Unicef.
“Aunque las decisiones sobre la distribución de las vacunas recaen en último término en los gobiernos, las consecuencias de una falta prolongada de aprendizaje, o su deterioro, son abrumadoras, especialmente para los más marginados. Cuanto más tiempo permanezcan los niños fuera de la escuela, menos probable es que regresen a ella, y más difícil será para sus progenitores reanudar su trabajo», argumentó la directora ejecutiva.
En Costa Rica los docentes tanto de centros públicos como privados serán vacunados. Están en el grupo cuatro de cinco prioritarios por vacunar.
El retorno a clases presenciales está previsto para el 8 de febrero, y el curso lectivo 2021 será híbrido (modalidad presencial coexistirá con la virtual).
En los protocolos para el retorno se aclara que las lecciones presenciales pueden ser suspendidas por el Ministerio de Salud y el de Educación Pública en caso de que existan brotes de Covid-19.
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/unicef-proteger-a-los-maestros-contra-el-covid-19-servira-para-mantener-las-escuelas-abiertas
Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para quienes luchan por defender sus derechos. En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales. Desde 2018 al menos 30 maestros sindicalistas han sido asesinados. Organizaciones internacionales alertan sobre la incapacidad del Gobierno colombiano para contener la crisis.
El fin de semana del 21 de noviembre dos maestros sindicados fueron asesinados en Colombia: Douglas Cortés Mosquera y Byron Revelo Insuasty. Desde 2018, al menos 30 maestros sindicalizados han sido asesinados, y muchos más amenazados y obligados a desplazarse de su territorio.
Justice For Colombia (JFC), organización birtánico-irlandesa que aboga por los derechos humanos, pide al presidente del país, Iván Duque, que garantice la seguridad de todos los sindicalistas.
Las muertes y amenazas son «particularmente alarmantes dada la incapacidad del Gobierno para contener la espiral de crisis de derechos humanos que envuelve a Colombia, en la que los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios y los exguerrilleros de las FARC-EP se enfrentan a terribles niveles de violencia», advierten en un comunicado.
Los asesinatos de Cortés Mosquera y Revelo Insuasty sucedieron días después de que docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizaran huelgas nacionales por mejoras en la financiación y las condiciones del sistema educativo público, así como la protección de los derechos humanos.
Además, ambos fueron muertos casi un mes después de que Diógenes Orjuela, presidente de la mayor confederación sindical del país (la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), y varios miembros del Comité Ejecutivo de la Fecode fueran amenazados a muerte.El cuerpo del docente Byron Revelo Insuasty fue encontrado en una morgue en Tumaco, departamento de Nariño (al suroeste de Bogotá), el domingo 22 de noviembre. Según información de JFC, nueve días antes, había sido secuestrado mientras se dirigía a las elecciones sindicales. Byron era miembro del Sindicato de Magisterio de Nariño y del partido político Colombia Humana.
These are the two teacher trade unionists killed at the weekend, Douglas Cortés Mosquera and Byron Revelo Insuasty.
Teacher union @fecode says at least 30 teachers have been killed since 2018, with many more threatened.@IvanDuque must ensure the safety of all trade unionists. pic.twitter.com/2USUr1Ri5n
— Justice for Colombia (@JFColombia) November 25, 2020
Ese mismo día, el sindicalista docente Douglas Cortés Mosquera, que pertenecía al Sindicato de Maestros de Risaralda, fue asesinado en La Virginia, al oeste de Bogotá. Según JFC, también era conocido localmente como artista.
Romelio Ramos Cuetia
30/11/2020
Suárez, Cauca.Con Romelio van 261 líderes y defensores de DDHH asesinados en el 2020.
Esto viene siendo advertido, no sólo por las organizaciones sociales del Cauca, sino tambien por la Defensoría del Pueblo en las AT 033-19 y AT 026-18. pic.twitter.com/H1774FiLF1
— 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 🇿 (@Indepaz) December 1, 2020
En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia. El país sudamericano sigue siendo el más peligroso del mundo para los sindicalistas y líderes sociales.
Fuente: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093692493-la-peligrosa-vocacion-de-educar-en-colombia-al-menos-30-maestros-asesinados-desde-2018/