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Guatemala. Q1 mil 500 millones pide Mineduc al Congreso para maestros

Guatemala / 11 de febrero de 2018 / Autor: Javier Lainfiesta / Fuente: Kaos en la red

La cartera de Educación solicitará al Congreso una ampliación presupuestaria para poder hacer efectivos los bonos y el aumento salarial acordado con Joviel Acevedo.

El Ministerio de Educación (Mineduc) firmará el pacto colectivo de condiciones de trabajo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), el próximo jueves, con lo cual oficializaría la necesidad de Q1 mil 500 millones que, según el ministro Óscar Hugo López, deberán ser autorizado por el Congreso a través de una ampliación presupuestaria, contrario a las recomendaciones del Ministerio de Finanzas.

La readecuación presupuestaria significaría un incremento del 10.7 por ciento sobre el plan de compras del Mineduc para este año, para financiar el incremento en el sueldo de los maestros, los bonos adicionales ofrecidos por el presidente Jimmy Morales y cumplir con el incremento de la refacción escolar.

El ministro López, contrario a una norma del presupuesto vigente que obliga a que la Dirección Técnica del Presupuesto emita una opinión sobre la viabilidad del compromiso financiero, dice que se firmará el pacto y después el Ministerio de Finanzas deberá realizar los dictámenes técnicos, junto con la Oficina de Servicio Civil y la Procuraduría General de la Nación.

“Nosotros estamos claros de que las condiciones financieras del país nos requieren hacer una solicitud de ampliación al honorable Congreso”, dijo López, que recordó que este año se trabaja con un presupuesto reducido porque no se aprobó el proyecto de presupuesto para el 2018, y solo cumplir con la Ley de Refacción Escolar ya genera un déficit de Q563 millones.

López aseguró que, previo a que se anunciaran los acuerdos del pacto colectivo, sostuvo varias reuniones con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien le ofreció el respaldo financiero.

“Él estuvo de acuerdo con un incremento de acuerdo a la inflación y el bono por profesionalización de docentes”, aseguró López.

El nuevo pacto colectivo contempla un incremento del 15 por ciento para los maestros y personal administrativo, de manera escalonada durante los próximos tres años. Además, otorga un bono de Q2 mil 500 al año y un incremento de Q500 para los docentes que posean título universitario.

Oficialismo se aferra a la voluntad

El segundo vicepresidente del Congreso y miembro de la bancada oficialista, Javier Hernández Ovalle, indicó que todo es posible y que espera “que exista en los diputados un gesto de buena voluntad”.

Agregó que es importante que se envíe “un mensaje de fortalecimiento a la institución educativa”, y recordó que los
diputados deben legislar “en favor de la población”.

No se puede acomodar

Contrario a la versión de López, el ministro de Finanzas aseguró que no hay condiciones para comprometer el presupuesto estatal ni certeza de que el Congreso respalde una ampliación del gasto.

“En la situación presupuestaria en la que está el país, acomodar un pacto con esas condiciones sería imposible. Para aprobarlo, tendríamos que recurrir a una ampliación presupuestaria. Este escenario es el que planteamos desde la semana pasada”, dijo Estrada.

De acuerdo con el titular de la cartera del Tesoro, el principal problema es que el techo presupuestario de Educación sería insuficiente para cumplir con los acuerdos del pacto colectivo y otros compromisos adquiridos, como la alimentación escolar.

“Lo que más me preocupa son las expectativas, porque es muy difícil acomodar un pacto con esas condiciones en el presupuesto sin una ampliación, y eso no solo depende de mí. Además, es un proceso, y eso toma tiempo (…) Por lo que hemos visto en años anteriores, podemos saber que uno no puede anticipar qué es lo que va a suceder en el Congreso”, manifestó Estrada.

Según Estrada, de conseguirse una ampliación del gasto en el Congreso, esta sería financiada, en parte, por ingresos tributarios, así como una reducción en otras asignaciones.

Inviable

Orlando Blanco, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que no aprobarán ninguna ampliación presupuestaria, al considerar que incrementar los compromisos de Educación son una decisión “irresponsable por parte del presidente”.

Agregó: “Cuando se habla de incremento salarial a una parte del sector público, debe abordarse de una manera seria. El presidente no se puede comprometer ante un grupo, sea quien sea, para incrementar un aumento salarial sin un dictamen técnico del Ministerio de Finanzas”, expresó Blanco.

El diputado indicó que consideran que esa propuesta lo único que muestra es que “el ministro de Finanzas lo que quiere es lavarse las manos con el Congreso ante el error cometido por el presidente”.

Para el diputado Ovidio Monzón, de la bancada Todos, la situación es “compleja”, por la situación que afronta el Organismo Ejecutivo en este momento.

“Primero, por el tema de la alimentación escolar. Y al no haber aprobado el presupuesto los pone en una situación complicada. Considero que los ministros de Finanzas, el de Educación y el presidente tienen que darle prioridad a su agenda”, comentó Monzón.

El diputado de Todos reconoció que la aprobación de una ampliación presupuestaria en el Congreso es “complicada”, e insistió que el Ejecutivo tiene que hacer una readecuación en sus fondos, y en último caso, posponer el proyecto hasta cuando el presupuesto contemple de dónde obtener los recursos.

Delia Bac, jefa de la bancada Alianza Ciudadana, ofreció el voto solo después de un análisis de la necesidad del gasto, aunque resaltó que lo urgente sería cumplir con la alimentación escolar.

“Tengo entendido que solo se tienen fondos para 55 días de la refacción escolar. Estaría de acuerdo en aprobar una ampliación para la refacción, pero para el pacto colectivo hay que analizarlo”, dijo Bac.

Fuente de la Noticia:

Guatemala. Q1 mil 500 millones pide Mineduc al Congreso para maestros

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Chile: Las universidades con mayor deserción al primer año de estudios

Chile/10 de Febrero de 2018/El Dinamo

El Ministerio de Educación dio a conocer la tasa de deserción de distintas universidades y sus carreras, la que en caso de estos planteles se ubica por sobre el 20%.

De acuerdo al informe,  la Retención del 1er año de pregrado para 2016, fue de 72,4% considerado al total de instituciones de educación superior. En el caso específico de las universidades, esta cifra llega al 76,9% .

El número que más destaca es la cantidad de alumnos que salen de la Universidad UCINF, que en 2016 alcanzó el 93,8%. Más abajo, con menor porcentaje pero más que la mitad, está la Universidad Arcis (61,8%) y la Universidad SEK (55,4%).

En cuanto a las carreras, aquellas con y sin licenciatura tienen tasas de deserción de 1er año menores que las carreras técnicas, con un 23,4%. Sin embargo, este número se duplica cuando se habla de programas específicos.

Ese es el caso de Bachillerato y/0 Licenciatura en Salud, la que tiene una deserción del 49,9%. Esto significa que casi la mitad de los alumnos deja la carrera al 1er año. Le sigue Técnico en Mecánica Industrial (42,9%) y Bachillerato y/o Licenciatura en Humanidades (40%).

Fuente: http://www.eldinamo.cl/educacion/2018/02/07/las-universidades-con-mayor-desercion-al-primer-ano-de-estudios/
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Chile: Mineduc anuncia becas de reubicación por cierre de Universidad Iberoamericana

Chile / 2 de enero de 2018 / Autor: Gustavo Assad / Fuente: Radio Agricultura

Luego de anunciar el cierre de la Universidad Iberoamericana, el Ministerio de Educación anunció una serie de medidas que irán en beneficio directo de los estudiantes de la mencionada casa de estudios que sufre una difícil situación económica. Dentro de las acciones a tomar, se indicó que se les darán becas a estos universitarios, las que están contempladas en el presupuesto nacional.

En dicho contexto, el Mineduc indicó que el Consejo Nacional de Educación recibirá la próxima semana la solicitud de cierre y nombrará a un administrador de cierre para el plantel universitario.

Ante este escenario, los estudiantes tendrán tres opciones:

La primera será alternativa es que los estudiantes se mantengan en la Iberoamericana, sobre todo para aquellos que finalizan su carrera. Para estos efectos, el administrador de cierre contará con las facultades legales para tomar las medidas que aseguren la titulación de los alumnos. Todos quienes cuenten con becas o beneficios estudiantiles, podrán renovarlos, si cumplen los requisitos académicos.

La segunda opción es la Reubicación en otra institución con el apoyo del Ministerio de Educación, a través de los acuerdos de convalidación de estudios que tome al administrador de cierre con casas de estudio acreditadas por al menos tres años, tal como establece la Ley N° 20.800.

Y finalmente, los universitarios, podrán cambiarse libremente a otra institución acreditada, que convalide sus estudios y le permita continuar como alumno regular en ese plantel.

Para estos últimas dos caminos, el Ministerio de Educación ya dispone en su presupuesto 2018 de la beca de reubicación para instituciones en proceso de cierre, que podrá financiar el 100% del arancel de referencia de la carrera en que se reubiquen los jóvenes, en la medida en que se matriculen en una institución acreditada por al menos 3 años.

A través de la propia institución, se informarán las fechas de postulación, una vez que se conozca la resolución del CNED. Podrán acceder a esta beca los jóvenes matriculados en la universidad en 2016 y 2017.

Mientras se espera el análisis y resolución del CNED, la institución puede seguir desarrollando sus clases y entrega de títulos sin inconvenientes. Una vez que el CNED tome acuerdo de la solicitud de cierre programado, la institución no podrá matricular nuevos alumnos.

Fuente de la Noticia:

https://www.radioagricultura.cl/nacional/2017/12/29/mineduc-anuncia-becas-de-reubicacion-por-cierre-de-universidad-iberoamericana.html

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Chile: Mineduc cuestiona cambio de opinión de Sebastián Piñera sobre gratuidad universitaria

Chile / 26 de noviembre de 2017 / Autor: Sebastián Cáceres / Fuente: Biobiochile

Hace exactamente un mes, la senadora de la UDI Ena von Baer, rechazó en el Congreso el aumento de la gratuidad universitaria al sexto decil, asegurando que la glosa era discriminatoria y que por tal motivo recurrirían, nuevamente, al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, y producto del fragor electoral de segunda vuelta, las posiciones que durante años mantuvo la oposición respecto de la gratuidad comenzaron a cambiar drásticamente.

Ello, luego que el presidenciable de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se comprometiera a aumentar el beneficio como una forma de ganar el respaldo y eventuales votos del senador de RN, Manuel José Ossandón.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, si bien evitó calificar las intenciones que habrían detrás de este cambió de opinión del exmandatario, dijo sentirse sorprendida por ello y recordó que cada vez que el Gobierno quiso aumentar la gratuidad, se encontró con la amenaza del Tribunal Constitucional.

Para el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, no existe razón para no creer o dudar de las intenciones de Sebastián Piñera, ironizando que, al menos esta vez, no recurrirán al Tribunal Constitucional.

Para este año, el Gobierno espera aumentar la gratuidad al sexto decil, con lo cual el número de estudiantes beneficiados aumentaría en cerca de 100 mil, llegando a un total de 340 mil.

Sin embargo, más allá de las cifras, la ministra Adriana Delpiano descartó hacer un mea culpa por no tener aprobado aún el proyecto de Educación Superior, el que busca garantizar por ley la gratuidad.

La autoridad agregó que la próxima semana se colocarán las urgencias necesarias, para que la iniciativa logre ser aprobada en esta administración.

Fuente de la Noticia:

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/11/24/mineduc-cuestiona-cambio-de-opinion-de-sebastian-pinera-sobre-gratuidad-universitaria.shtml

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Presupuesto, educación y el desafío de Guatemala

Guatemala / 26 de noviembre de 2017 / Autor: Isabel Soto Mayedo / Fuente: Siglo 21

Guatemala transpira juventud: cerca del 70% de su población tiene menos de 30 años y la mayor parte de sus habitantes estará por debajo de los 24 en 2032. Pero en estos momentos, de 800 mil a un millón de jóvenes están excluidos del sistema educacional o del mercado laboral, incluso de ambos.

Un repaso a las estadísticas y la alarma es mayor. Planes presupuestarios y estrategias estatales poco o nada consideran esos datos, mientras continúa la controversia en torno a la urgencia de revertir lo que para algunos especialistas cobra rango de tragedia en el terreno educacional.

Según el Programa Estado de la Región, en Centroamérica existen alrededor de 98,000 centros educativos y la mayoría de estos están en Guatemala. Sin embargo, el país de mayores niveles de exclusión social de la región también posee el más bajo nivel de inclusión educativa plena. Asimismo, es considerado el territorio donde existen los peores índices de escolaridad en esta zona geográfica y donde la calidad de la enseñanza es muy cuestionada.

Paralelo a esto, los niveles de deserción continúan siendo sumamente elevados, por la falta de recursos económicos, los elevados índices de violencia, los embarazos prematuros y otras causas que provocan el desinterés de los más jóvenes en proseguir estudios.

En 2015 cerca de la mitad de la población estudiantil guatemalteca estaba alejada de las aulas, es decir, unos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes, y los especialistas concuerdan en que ello está emparentado con que este es el país centroamericano en el cual el Estado invierte menos en educación.

La investigación Más y mejor educación en Guatemala (2008-2021) ¿Cuánto nos cuesta?, desarrollada por especialistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), mostró que en 2014 la inversión del Estado en la educación pública fue de apenas 3% del Producto Interno Bruto (PIB), para un promedio de 600 dólares anuales por persona en edad escolar. Mientras, Costa Rica invirtió 7.4, Honduras 7, y El Salvador 3.8, por sólo citar algunos ejemplos.

La transición demográfica y el período de bono demográfico, durante el cual los países tienen cantidades crecientes de población en edad laboral, constituye una oportunidad irrepetible para impulsar el desarrollo y frente a la necesidad de ampliar con rapidez la cobertura educativa, se hace imperativo elevar la inversión.

EDUCACIÓN EN EL PRESUPUESTO

A pesar de eso el plan de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 sugiere la escasa comprensión de los impactos de tan compleja realidad. De los Q14 mil 612 millones contemplados para el Ministerio de Educación (MINEDUC) 75 % irá al pago de salarios (Q11 mil millones), 3.2% a infraestructura, y 10% a programas de apoyo. Los Q897 millones aumentados, con relación al año anterior, apenas alcanzarían para financiar la Ley de alimentación escolar.

Además, hay que considerar que, si bien esa cartera de Gobierno es la que recibe mayor cantidad de recursos, igual es la que mayor cantidad de personas emplea y muchas de ellas son beneficiadas por salarios elevados, a tono con la vigencia de acuerdos o pactos colectivos de trabajo que sobreviven sujetos a la polémica. Por otra parte, de las 134 mil personas inscritas como trabajadores de la entidad, nueve mil cumplen funciones administrativas.

Mientras, las autoridades del MINEDUC insisten en su interés de mejorar la calidad y la cobertura educativa, mas investigadores del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) advierten que los fondos con que cuentan para esos esfuerzos están muy por debajo de lo requerido, debido al deterioro acumulado.

Esto impide resolver problemas añejos en esa rama elemental para el desarrollo de la nación y contribuye a alimentar el círculo vicioso en el cual se reproduce el flagelo de la pobreza, que pende sobre casi el 60 por ciento de la población cual espada de Damocles.

171123 PRESUPUESTO EDUCACIÓN
RUMBO INCIERTO

La brecha en la cobertura educativa del Estado, unido a la proclividad de algunas familias de empujar a sus hijas e hijos a trabajar desde edades tempranas para garantizar el sustento en medio de la miseria reinante, redunda cada año en la expulsión del sistema educativo de cientos de infantes, adolescentes y jóvenes.

En Guatemala las escuelas públicas para los niveles primario y secundario son escasas, y buena parte de las existentes presentan techos, puertas o paredes rotas; carecen de mobiliario y de útiles necesarios para la impartición de las clases, así como de suficiente cantidad de maestros. Peor ocurre en los locales que sirven como tales en zonas rurales, sin cumplir con los requerimientos pedagógicos elementales, sin sanitarios apropiados y hasta con pedazos de tablas en las rodillas de los educandos por mesas, o de piedras o bloques por pupitres.

“Aproximadamente, de 20 mil edificios, el 25 por ciento está en condición de bastante daño, y de ese 25 por ciento, unas mil 700 escuelas tienen problemas serios en techos, pisos, sanitarios y ventanales”, reconoció el titular del Mineduc, Oscar Hugo López, al inaugurar el curso lectivo en enero de 2017.

A su vez admitió la ausencia de un censo de infraestructura escolar y la falta de capacidad del Estado para atender toda la educación en el país, ya que el 80 por ciento del básico y diversificado está en manos privadas y solo el 20 por ciento lo maneja esa cartera.

En medio de este panorama, las limitadas inversiones en infraestructura, maestros y materiales, así como las políticas educativas implementadas hasta la fecha sólo centraron su atención en contener la crisis, sin alternativas claras, en desmedro de la atención a la calidad de la enseñanza.

Pensum y programas desactualizados surten el efecto de una nube que ensombrece lo poco que en materia educativa pueden alcanzar los empeñados en vencer los primeros años escolares, quienes suelen salir con conocimientos insuficientes para enfrentar el desafío de cualquier carrera profesional.

OPINIONES

Al intervenir en un conversatorio sobre el tema, auspiciado por el Programa Estado de la Región, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), el viceministro técnico de la rama, Héctor Canto, destacó las acciones realizadas por el MINEDUC, en las diferentes áreas, con tal de avanzar hacia el cambio soñado en materia educativa. Sin embargo, reconoció que no se adelantó lo suficiente en las metas de cobertura previstas.

“El tema presupuestario es la principal limitante”

“El tema presupuestario es la principal limitante”, declaró el funcionario y recordó que en torno a la educación existe una corresponsabilidad. Esta debe importar a toda la población, pero “no todos ven la educación como un problema”, enfatizó.

En tanto, la vicepresidenta de la junta directiva de Empresarios por la Educación, Inés Torrebiarte, aseveró que en este país todos tienen interés en la transformación del sistema de enseñanza, sólo que “diferimos en el camino, en el cómo lograrlo”.

“Las competencias que necesitamos para el futuro, no las está dando el sistema educativo y nos están sobrepasando los países vecinos”, lamentó y reconoció la necesidad de que la empresa privada aporte más con vistas a resolver la problemática, porque “con el modelo actual, nunca tendremos los resultados que esperamos”.

Torrebiarte aseguró que los “empresarios queremos un modelo distinto, que responda más a los intereses de las niñas y los niños, y de todos los sectores en Guatemala”.

Estamos en un punto en el cual requerimos reformar la educación a partir de una política de Estado y no desde la visión de un ministro o de un determinado grupo social, concordaron participantes en la cita. Pero para que estas iniciativas destinadas a solucionar rezagos educativos tengan los resultados deseados, son necesarias dos condiciones: diálogo productivo, y hablar de impuestos, opinó el co-director de PRODESSA, Federico Roncal, quien cree imprescindible “hacer una reforma profunda del sistema tributario, porque Guatemala no puede seguir siendo el paraíso fiscal ni el país de América Latina con menor carga tributaria dedicada a educación”.

“La sociedad tiene que ponerse de acuerdo en un plan concreto de metas de ampliación de cobertura establecidas, porque no se puede ampliar de forma tan violenta y repentina, pero sí tiene que haber un plan muy claro con recursos asignados y con evaluaciones periódicas para ampliar cobertura y dotar de recursos a los centros educativos. Creo que la reforma financiera y luego llegar a consenso nacional sobre los planes para implementar la reforma es lo que nadie se ha atrevido a hacer después de la firma de la paz”, subrayó.

Roncal calificó a la educación en Guatemala como tragedia, “porque la sociedad en conjunto sabe que está pasando y que son dos cosas: un gran sector de la población no está yendo a estudiar porque no tiene oportunidad, que son casi todos los jóvenes que son el 60 por ciento y no hacemos nada. Otro problema es que los que sí van a estudiar, los niños, no están aprendiendo, están saliendo de sexto primaria sin saber leer ni escribir correctamente, sin manejar conocimientos o competencias de cálculo básicas”.

La existencia de muchas universidades privadas es otra cuestión sujeta a la polémica. De acuerdo con Roncal, ello responde a la existencia de “un grupo que lucra muchísimo, y que tiene bastante influencia sobre el sector educación, porque encontró que la educación superior es un buen negocio”.

Por su parte, el director del ICEFI, Jonathan Menkos, defendió que “la gran mayoría de los ciudadanos, funcionarios, académicos y empresarios guatemaltecos estamos conscientes de que la educación es uno de los pilares más importantes para la construcción de un desarrollo sostenible”.

Empero, recordó los múltiples retos por enfrentar e instó a “responder con acciones, compromisos y recursos a preguntas sobre cómo vamos a llevar a todas las niñas, niños y adolescentes a las escuelas, honrando sus culturas particulares; qué valores y competencias queremos que estudien y desarrollen para que la sociedad no tenga únicamente buenos trabajadores, sino también buenos inventores, grandes artistas y filósofos, buenos deportistas e, incluso, qué valores y competencias debemos promover para contar con políticos que estén a la altura de nuestros tiempos”.

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Presupuesto, educación y el desafío de Guatemala

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La deuda del sistema educativo chileno con los inmigrantes

Chile / 19 de noviembre de 2017 / Autor:  Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia / Fuente: Educación Futura

Seminario de Historia y Políticas de la Educación(1)

Universidad Iberoamericana

Ciudad de México

En la actualidad la mayoría de los países en Latinoamérica posee numerosos inmigrantes, entendiéndose como el desplazamiento de los sujetos a través de una frontera internacional o dentro de su país, es decir, fuera del lugar de residencia, teniendo esto implicaciones frente al status económico, identitario, cultural, social e incluso familiar, que en muchos contextos los pondrá en desventaja. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define migración como “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006).

Los inmigrantes conforman la diversidad lingüística, cultural y social que hacen de los países a los que llegan, escenarios con un enorme potencial en riqueza cultural. Frente al fenómeno de la globalización, la cultura y el idioma son un soporte a la construcción de identidades locales que promueven una imagen diferente al interior y exterior de una nación.

Las naciones no se pueden observar como entidades cerradas, en tanto se observa una alta coexistencia de diversidad cultural y social en la región latinoamericana, lo cual constituye un aporte significativo no sólo en la conformación de una identidad, sino también como contribución a la riqueza de la humanidad. Una nación rica en diversidad, es rica en vida.

En este contexto latinoamericano, Chile se inscribe como un lugar significativo de llegada de inmigrantes. Hacia 2015, según datos arrojados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2015), del Ministerio de Educación (Mineduc) y de la Superintendencia de Educación, la población migrante en Chile ha aumentado de manera progresiva y alcanzó en 2015 las 465.319 personas, lo que corresponde a un 2,7% de la población total del país. El 69% de esta población habita en la Región Metropolitana; el 13,2% en las regiones de Tarapacá y Antofagasta; el 7,8% en Coquimbo y Valparaíso; y el resto se distribuye en las demás regiones del país. Respecto del origen de la población inmigrante, el 33,3% proviene de Perú; el 13,8% de Colombia; el 15% de Argentina; el 7,4% de Bolivia; el 4,8% de Ecuador; el 10,1% del resto de América Latina y El Caribe más México; y el 15,6% de otros continentes. El 12,9% de la población total de inmigrantes corresponde a niñas y niños de 0 a 14 años.

Desde hace años, la procedencia de estos sujetos tal y como se menciona en el párrafo anterior es de: Perú, Haití, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, España, Venezuela entre otros. La mayoría de ellos, migran, esperando obtener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Lo anterior sugiere una necesidad latente en relación al sistema educativo, pues este contexto no puede ser ajeno a una realidad que circunda a Chile y que, necesariamente lleva a un replanteamiento de la educación con miras a responder a las características y necesidades culturales de cada uno de los sujetos que llegan a las aulas.

El director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca señala que, en general, el sistema educacional en Chile no respeta los derechos humanos de los niños, “puesto que hasta hoy tenemos un sistema segregado por cuestiones socioeconómicas” (La tercera, 2017), asunto que necesariamente, toca a la población inmigrante y que se agrava, teniendo en cuenta que en sus características socioeconómicas hay un predominio de pobreza de tipo multidimensional es decir, “que incluye variables de educación, salud, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social” (Informe DD.HH. UDP, 2017: p. 8).

Es importante señalar que Chile no cuenta con un cuerpo legal consistente con los estándares de derechos humanos relativos a la educación de estudiantes migrantes. Además, si bien Chile plantea la obligatoriedad de la educación, la constitución política no concibe la educación como derecho para ningún niño o joven sea el caso o no de un migrante, como tampoco contempla el respeto por la identidad cultural en el marco del sistema educativo (Informe DD.HH. UDP, 2017).

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017 de la Universidad Diego Portales, aborda un tema relevante, el de “la migración y la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar”. El documento propone iniciar una reformulación de las bases curriculares, principalmente en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, esto con el fin de obtener un currículum actualizado, pertinente y alineado con un enfoque de derechos humanos y que responda a una visión intercultural, distinto a los programas educativos actuales, los cuales no están adaptados a la multiculturalidad. Y, para ser inclusiva, la educación tendría que reconocer las diferencias de los estudiantes que, por ejemplo, hablan otro idioma, lo cual tampoco se encuentra contemplado en los planteles educativos.

“Si bien hay obligatoriedad de la educación básica y media en Chile, en el grupo de extranjeros residentes latinoamericanos, según la Casen 2015, hay un alto porcentaje de niños y adolescentes en edad escolar que no asisten a un establecimiento educacional” (CASEN, 2015). Y, para quienes logran acceder, las dificultades considerables emergen a la hora de la permanencia, puesto que las barreras se presentan al momento de subsidiar sus estudios, lo que podría hacerse efectivo, si fueran beneficiarios de la ley de Subvención Escolar Preferencial. En este sentido, se observa una desventaja para esta población, dando cuenta de una dificultad frente al acceso integral por falta de documentación que regularice su situación migratoria.

Según información entregada por la Superintendencia de Educación por la Ley de Transparencia, entre 2013-2016, se interpusieron 73 denuncias por discriminación racial vinculada a la migración, asuntos que se incrementan año tras año.

Una de las propuestas que se ha generado a partir de las problemáticas expuestas, es la creación de centros destinados a la inserción lingüística de estudiantes y familias migrantes, en las regiones y comunas donde existe mayor concentración de ellos (CASEN, 2015), como es el caso de la región metropolitana, donde habita el 69% de esta población.

Unido a la propuesta anterior, la sociedad civil en cabeza de organizaciones y movimientos sociales ha pedido al Ministerio de Educación que se generen políticas orientadas a formar asistentes de la educación con enfoque intercultural. En este marco, se entiende que la educación intercultural debe ser para todos y todas, indígenas y de otras tradiciones culturales, para las zonas rurales y las zonas urbanas (Tubino, 2004) y con fines diferentes según el contexto. Lo que nos lleva a replantear la importancia de una educación intercultural abierta, flexible e integradora de la diversidad para la incorporación de las prácticas culturales que coexisten en los salones de clases.

En este proceso, el programa “Escuela somos todos”, nace en 2014, a partir de los acuerdos de la Subsecretaría del Interior y la Municipalidad de Santiago. Este programa busca promover la integración y regularización de estudiantes migrantes, además de apoyar a las familias a realizar sus trámites migratorios con el fin de solucionar en un corto periodo de tiempo su situación ante el Departamento de Extranjería y Migración. Sin embargo, es importante aclarar que este programa siempre ha estado supeditado a la voluntad política de los gobernantes de turno, lo que se considera en sí mismo, un riesgo para la estabilidad frente a las políticas educativas de este país.

Ante este panorama, se advierte necesario puntualizar en las políticas educativas, pues en este caso, permitirían viabilizar las formas de trabajo y los elementos a tener en cuenta en estos contextos que deben abogar por una mirada que contemple la diversidad y que mire en ello una posibilidad para el enriquecimiento del escenario escolar y que, a su vez, propenda por un diálogo de saberes entre lo que los estudiantes traen y lo que la escuela tiene para ofrecerles (Informe DD.HH. UDP, 2017).

(1) Marcela Gómez Álvarez y Anggie Hidalgo Silva

Referencias

CASEN (2015) Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Santiago, Chile.

Informe Anual sobre Derechos Humanos (2017) Centro de Derechos Humanos UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, Santiago,  Chile.  Fecha de acceso: 25 de octubre.http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2017/7Inclusio%CC%81n%20de%20estudiantes%20migrantes%20en%20el%20sistema%20educacional%20chileno.pdf

Migraciones, O. I. (2006). Recuperado el 10 de noviembre de 2017, de http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf

Sepúlveda, P. (2017) Sistema escolar no se ha adaptado a llegada de inmigrantes. La tercera. Fecha de acceso: 19 de octubre. http://www.latercera.com/noticia/sistema-escolar-no-se-ha-adaptado-llegada-inmigrantes/

Tubino, F. (2004) “Las prácticas discursivas sobre la interculturalidad en el Perú de hoy. Propuesta de lineamientos para su tratamiento en el sistema educativo peruano”. Consultoría encargada por la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Lima, 2004.

Fuente del Artículo:

http://www.educacionfutura.org/la-deuda-del-sistema-educativo-chileno-con-los-inmigrantes/

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Escuelas saludables, ¡un gran paso!

Por: Rita María Roesch.

Sabemos que un niño con hambre no rendirá en la escuela.  Guatemala ocupa el vergonzoso quinto lugar de desnutrición en el mundo. ¿Qué podemos esperar de nuestro futuro? Una  de las mejores noticias que he tenido  en estos últimos meses es el  Programa de  Escuelas Saludables Sostenibles que implementa  la FAO,   con el apoyo técnico y financiero  de Brasil y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexcid. El modelo  incorpora  la alimentación  en la escuela.  José Ramírez y Byron González, asesores de la FAO, me comentaron  que tenían un modelo probado y que funciona ya en 400 escuelas en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Chiquimula.   El programa  involucra a los padres de familia. Incorpora huertos escolares pedagógicos.  Genera convenios con las alcaldías para apoyar la construcción de  comedores escolares y cocinas básicas en las escuelas.  Se planifican  menús saludables.

El Intecap ha apoyado   con capacitación a las  madres de familia.  Se coordinan funciones entre instituciones, como el   Mineduc, Maga, MSPAS y Sesán.  Al día de hoy, se cuenta con estos resultados que son muy positivos: se atiende a 50 mil estudiantes. Se capacitó a más de tres mil madres de familia en cocina básica, con énfasis en alimentación escolar. Han participado más de dos mil maestros. Se han creado 421 huertos escolares, que sirven para que los alumnos también aprendan sobre tareas productivas. Otro de los avances es que existe acuerdo en que los menús deben incorporar a la producción local, de manera que se formalicen  empresas familiares que proveen a las escuelas de estos alimentos. Este modelo educativo de alimentación escolar  sana  ha logrado que el Mineduc, Maga Y MSPAS, trabajen  junto con los alcaldes de las comunidades.

A finales de septiembre, el Congreso aprobó la Ley de Alimentación Escolar. Los gastos diarios en alimentación, por niño, se aumentaron de Q1.11 a Q3 a partir del 2018. Pero la gran la noticia es que el Mineduc, a partir de ese año, se propone llevar este programa de alimentación escolar ¡a las 33 mil escuelas que en Guatemala atienden a niños en preprimaria y primaria! “Tenemos que hacer todos los esfuerzos para apoyarlo!”, cantó el Clarinero. Se espera que el presupuesto nacional para alimentación escolar, el próximo año, sea de mil cuatrocientos millones de quetzales. De esta cifra, el 50 por ciento estará destinado para la compra de productos agrícolas de las pequeñas empresas familiares comunitarias. Esto, sin duda, será un incentivo grande para la reactivación de la economía local. Se espera que para el año 2022, ya con una cuota de cuatro quetzales diarios por niño, las compras locales de alimentos deben ser equivalentes al 70 por ciento. Siempre he tenido la ilusión de que las escuelas se conviertan en los centros de desarrollo de sus comunidades. Las Escuelas Saludables Sostenibles son la vía para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo nacional, porque su objetivo es crear la riqueza más importante de un país, que es su gente.

Por supuesto que todo esto tendrá que manejarse con total transparencia. Las juntas de padres de familia serán legalizadas y preparadas para la administración adecuada de estos recursos. Los pequeños productores locales serán formalizados. Yo creo que este es el camino adecuado para pensar que, una vez contemos con toda una nueva generación de jóvenes preparados, las inversiones y la generación de empleo e ingresos vendrán después. Pero este paso, el que se está dando a través de las Escuelas Saludables Sostenibles, ¡es un gran paso que marcará, para bien, la vida de nuestra niñez! Es el principio del verdadero cambio que necesita Guatemala.

Fuente: http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/escuelas-saludables-un-gran-paso

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