Uruguay/12 de Diciembre de 2016/ TERRA
La ONU lamentó hoy que Uruguay no haya adoptado aún un plan nacional contra el racismo y la discriminación y expresó su preocupación por que el Estado no cuente con una política integral de lucha contra la discriminación racial.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial publicó hoy sus observaciones finales sobre Uruguay.
En el documento, los expertos de Naciones Unidas expresan su preocupación por la «persistente discriminación estructural» en contra de la población afrodescendiente, lo cual se ve reflejado en la brecha de desigualdad en términos de pobreza y exclusión social que afecta de manera desproporcionada a esa parte de la población.
También destaca la falta de medidas efectivas para promover la participación política de estas personas en todos los niveles de la administración pública e iniciativas para impulsar su participación en cargos directivos en el sector privado.
En el plano educativo, el Comité recomienda al Estado uruguayo que redoble sus esfuerzos para garantizar el disfrute del derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación a la población afrodescendiente.
En particular aconseja adoptar medidas dirigidas a los adolescentes, a fin de corregir las disparidades en los logros educativos, reducir los altos índices de deserción escolar y promover el acceso a la educación terciaria.
En cuanto a los indígenas, los expertos siguen preocupados por la persistencia de estereotipos y prejuicios en su contra y que personas de ese origen continúen siendo objeto de actos de discriminación racial.
Recomiendan al Estado uruguayo que adopte un plan para reconocer y dar mayor visibilidad a estas personas, y que realice un estudio que permita determinar con mayor claridad cuáles son los pueblos indígenas que han existido y que aún se encuentran en el país.
Por otra parte, los expertos de la ONU hacen referencia a la necesidad de que Uruguay adopte las medidas necesarias para combatir las discriminaciones que enfrentan las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.
A su vez, solicitan al Estado que promueva la integración social de los refugiados y solicitantes de asilo, y combata la discriminación racial y los estereotipos que enfrenta la población migrante.
Por todo ello el Comité recomienda a Uruguay que elabore una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación.
Tanto el proceso de elaboración como el de implementación debe llevarse a cabo con la participación efectiva de la población afrodescendiente, así como de personas de origen indígena y aquellas pertenecientes a otros grupos minoritarios que continúan enfrentándose a la discriminación y a la exclusión social.
Otra de las medidas que proponen los expertos de la ONU se refiere a la necesidad de incluir en la legislación uruguaya una prohibición «clara y explícita» de discriminación racial y que contemple los actos de discriminación directa e indirecta en todas las esferas del derecho y de la vida pública.
También conferencista, Nilma Lino Gomes, pedagoga brasileña y ex-ministra del gobierno de Dilma Rousseff, comentó el golpe de Estado y los retrocesos en marcha en Brasil, celebrando, por otra parte, las ocupaciones de escuelas y universidades como un importante movimiento de resistencia. “Las ocupaciones nos muestran una nueva forma de lucha y organización horizontal, solidaria y creativa. Estos estudiantes perciben que el golpe y los retrocesos que impulsa van más allá de intereses políticos y económicos, dicen respecto a un proyecto de poder de la derecha, de grupos conservadores que deprecian a la diversidad y quieren poner un fin a las políticas sociales» .
Durante toda la jornada, se impulsaron debates sobra la coyuntura de las democracias y los derechos humanos en la región, así como los retos para la implementación de la Agenda de Educación 2030. Entre los desafíos encontrados, se destacan los recientes golpes de Estado, la ascensión política de grupos conservadores, la homogenización e instrumentalización de los sistemas educativos, la privatización de la educación, la criminalización y represión de la protesta social, las distintas formas de discriminación y violencia en las escuelas, la desvalorización del debate sobre género en los centros educativos en base al falso concepto de “ideología de género”, el recorte de recursos para la educación y otros derechos sociales, así como la aplicación de pruebas estandarizadas internacionales y nacionales para medir la calidad educativa en los distintos países, generando segregación, competencia y desigualdad en los sistemas educativos.
En la ocasión, además, se presentaron mociones en defensa del proceso de paz en Colombia y en contra los retrocesos para la educación que se impulsan en Brasil, luego del golpe.
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