Orientación sexual

Europa/España/03 Octubre 2019/El país

Murcia permite a las familias excluir a sus hijos de talleres sobre el colectivo LGTBI. CC OO lleva a la Fiscalía a Hazte Oír por pedir a 20.000 centros que secunden el pin parental

La censura sobrevuela las escuelas en España. Desde que arrancó el curso hace unas semanas, más de 20.000 centros educativos públicos y concertados de las diferentes autonomías —en total existen unos 28.000— han sido los destinatarios de la última campaña del colectivo de ultraderecha Hazte Oír, que ha hecho un envío masivo de un kit titulado Mis hijos, mi decisión, en el que alerta a las familias de un supuesto “adoctrinamiento de género”, por el que los escolares estarían recibiendo instrucciones sobre “conductas lésbicas”, “aborto” o qué hacer en el día del Orgullo Gay.

Comisiones Obreras cree que esa acción podría ser constitutiva de un delito de odio y este lunes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación. “La legislación educativa vigente promueve la educación en valores, igualdad y diversidad afectivo-sexual y ese envío masivo de documentos es una intromisión ilegítima en el sistema educativo”, señala Carmen Perona, responsable del departamento jurídico de la Federación de Enseñanza del sindicato.

La campaña llega después de que en mayo Murcia —con el anterior Gobierno en solitario del PP— se convirtiera en la primera autonomía en activar el llamado pin parental, una de las propuestas estrella de Vox en las últimas elecciones, que obliga a los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, y el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres. La autonomía de los centros no les permite poner en marcha el pin parental porque excede sus competencias. En el caso de Murcia, CC OO ha recurrido la instrucción ante la consejería y está a la espera de una resolución.

El pin parental sería, en teoría, inviable. Las normativas autonómicas establecen que estas actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo—, son obligatorias para todos los alumnos y evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares. “Esos talleres, que pueden ser de temática diversa, son aprobados por el claustro, presentados en el consejo escolar —con representación de las familias— y, finalmente, supervisados por la inspección educativa”, apunta Raimundo Benzal, inspector de Educación recientemente jubilado.

Entre los materiales enviados ahora por Hazte Oír a los colegios e institutos, hay un libro de 100 páginas en cuya portada aparecen dos mujeres paseando; una lleva un carrito de bebé. “¿Es niño o niña?”, pregunta una a la otra. “Pues no lo sabemos porque todavía no habla”, le contesta. Bajo la viñeta y con el título Dejad a los niños en paz, se puede leer “una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género”. “Es una provocación, quieren que sus ideales religiosos dominen la escuela y eso supondría un retroceso, la vuelta a la censura”, critica Esperanza, una profesora de un colegio rural de Castilla y León con 49 alumnos. “Recibimos el paquete como un catálogo publicitario más, pero no es una empresa, y nos preguntamos de dónde han sacado el dinero para sufragar la campaña”, lanza la docente.

Entre los documentos enviados, el colectivo insta a directores de centro, docentes y familias a solicitar por escrito a los consejeros de Educación de las diferentes autonomías la puesta en marcha del pin parental, e incluyen una carta tipo con los huecos para introducir los datos personales. La Agencia Española de Protección de Datos también ha tomado cartas en el asunto y anunció en su cuenta de Twitter que ha iniciado una investigación.

En su página web, animan a las familias a secundar un documento que enviarán a los líderes de PP, Ciudadanos y Vox a nivel nacional para pedirles que incluyan el pin parental en la próxima ley educativa. Ya suman más de 42.200 firmas. “No hace falta cambiar una ley entera, tampoco estamos pidiendo cambios en las asignaturas troncales ni en las optativas, sino mayor protagonismo de los padres en la educación y valores que reciben sus hijos”, indica Teresa García, portavoz de Hazte Oír.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, CC OO argumenta que la campaña de Hazte Oír contraviene las leyes LGTBI aprobadas por todas las autonomías —excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, La Rioja, y Cantabria—, en las que el sistema educativo juega un papel clave en la promoción de esas políticas y donde se establecen los objetivos y las actividades que los centros deben desarrollar. Además, el sindicato expone que Hazte Oír está incitando a los colegios a “cometer una ilegalidad”, ya que la actual ley educativa (Lomce) contempla que los estudiantes deben desarrollar “una actitud contraria a los estereotipos sexistas”.

La raíz del problema, explican varios profesores consultados, fue el descontento de algunos colectivos como el Foro de la Familia —una organización civil ultraconservadora— con la participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en actividades sobre diversidad afectivo-sexual. “Estos talleres se organizan en comunidades como la madrileña desde hace años y es la forma de dar voz a personas de diferente orientación sexual, para que no todo quede sobre un papel”, explica Belén de la Rosa, secretaria de igualdad de CC OO.

María Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, asegura que si su partido consigue alzarse con el poder en las próximas elecciones tendrán que plantear la fórmula para frenar a autonomías como Murcia. “Muchos directores de centro se están sintiendo coaccionados porque se está cuestionando su libertad de cátedra y su profesionalidad”, señala. “Además, desde el punto de vista constitucional es inadmisible: va en contra del derecho del alumno a la educación y su formación en valores cívicos”, zanja.