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CLACSO: Pacto Ecosocial del Sur

Por: CLACSO.

 

La presentación estuvo cargo de:
Maristella Svampa (Argentina) Socióloga, investigadora, escritora
Mario Rodríguez Ibáñez (Bolivia) Red de la diversidad, Wayna Tambo
Arturo Escobar (Colombia) Antropólogo

Moderó:
Breno Bringel (Brasil) Asociación Latinoamericana  de Sociología

Comentaron:
Francia Márquez (Colombia) Activista socioambiental afrocolombiana
Karina Batthyány (Uruguay) Secretaria Ejecutiva de CLACSO
Edgar Mojica (Colombia) Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores
Rudrigo Rafael de Souza e Silva (Brasil) Mesa Nacional Movimiento de Trabajadores sin Techo
Patricia Gualinga (Ecuador) Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku
Mina Lorena Navarro (México) Socióloga e investigadora
Vandana Shiva (India) Ecofeminista, filósofa y escritora
Nnimmo Bassey (Nigeria) Activista socioambiental

Apoyaron: CLACSO y ALAS


Adherir al Pacto Ecosocial del Sur


Esta iniciativa nace de un grupo de personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos. Nos motiva la urgencia de construir dinámicas sociales capaces de responder a y contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en medio de la crisis del COVID-19, y de configurar, conjuntamente con quienes deseen juntarse, un horizonte colectivo de transformación para Nuestra América que garantice un futuro digno.

Durante mucho tiempo, las élites nos contaron que no se podía parar los mercados ni la gran máquina de acumulación capitalista, pero resulta que sí, que es posible activar el freno de emergencia cuando se decide que la vida está en peligro.

La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en juego. Una parte de la población está encerrada, otra parte enfrenta contagio, represión y hambre. Los pueblos indígenas y afroamericanos están expuestos a una nueva ola de exterminio; la violencia patriarcal y racista y los feminicidios han aumentado. Mientras, viejos y nuevos grupos de poder aprovechan la emergencia para asegurar que el “retorno a la normalidad” o “la nueva normalidad” no les deje sin beneficios.

La pandemia es una tragedia para muchas personas, cuyo dolor compartimos. Pero la pausa impuesta al capitalismo mundial por el COVID-19 representa también una enorme oportunidad de cambio: la de construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida.

Aun cuando se mantienen profundas heridas a la naturaleza, este freno forzado también significó desacelerar la destrucción de ecosistemas, sobre todo por la disminución de las emisiones de CO2. Las clases medias mundiales experimentan colectivamente que es posible vivir sin ese consumo exacerbado que provoca destrucción ambiental y que amenaza la vida misma en el planeta; que la felicidad y la calidad de vida tienen dimensiones más relevantes que el poseer y acumular cosas, como es vivir en un tejido de relaciones afectivas confiables.

Se ha puesto en evidencia que la vida campesina, los sentidos de comunidad, el cuidado y la reciprocidad son centrales en el sostenimiento de la vida; que, a pesar de vivir en el capitalismo, no vivimos por y para el capital. Tomamos conciencia de que la comercialización directa, los intercambios sin dinero, las redes por fuera de los mercados capitalistas hoy resuelven muchas de nuestras necesidades básicas; y experimentamos que tienen espacio y potencial para el futuro.

Incluso en escenarios formales, ideas antes inconcebibles o consideradas inviables, ocupan un lugar central en la agenda a nivel mundial. Aun agencias económicas como la CEPAL proponen una renta básica universal, y el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos introducir un impuesto a la riqueza, para contrarrestar la escandalosa desigualdad y reducir los déficits fiscales. En el norte global, movimientos sociales y políticos pugnan por un nuevo pacto ecosocial global para salvar el planeta, que articule justicia social y justicia ambiental.

Retomando propuestas elaboradas colectivamente en distintos contextos, proponemos un Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina. Este Pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.

En este sentido, los puntos que siguen buscan articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Algunos de ellos prevén un papel más protagónico de las instituciones públicas y otros se refieren más a las prácticas y cambios de facto que se tejen desde abajo y se van expandiendo horizontalmente.

-Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas tributarias según el principio: “Quién tiene más, paga más – quién tiene menos, paga menos”. Deben incluir el impuesto a la herencia, a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental. En lugar de que todxs paguen impuestos universales, y solo algunxs tengan protección social, proponemos que solo los que más tienen tributen, pero en cambio todxs estén protegidos.

-Anulación de las Deudas Externas de los Estados, y construcción de una nueva arquitectura financiera global. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda externa como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. La cancelación de la deuda externa de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia.

-Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho y, como tal, debe incluir un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades. Esto permitirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado, en términos de clases sociales y de género, pues el mismo recae de modo desigual sobre las familias y en ellas, sobre las mujeres. Debemos promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.

-Una Renta Básica Universal que unifique la política social a través de la introducción de una renta básica para todxs, y que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, para poder salir de la trampa de la pobreza. Tal como acaba de recomendar la CEPAL a los gobiernos latinoamericanos. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal como las tareas de cuidado.

-Priorizar la Soberanía Alimentaria. En un momento en el cual la región latinoamericana presenta el mayor grado de concentración de la tierra a nivel mundial, es prioritario desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Se trata de priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. Fortalecer los mercados campesinos y locales. Crear redes de distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad intelectual. Reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan, y protegiéndoles de la especulación.

-Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es necesario transitar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, desmercantilizadas y democráticas y modelos de movilidad colectivos, seguros y de calidad. Se debe reducir el riesgo frente al colapso climático, una amenaza más grave que la pandemia como nos muestran inundaciones, sequías, deslaves e incendios.

-Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales.

-Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. La pandemia ha mostrado la fragilidad de las cadenas globales de producción, y la riqueza de los esfuerzos locales, y nacionales. La enorme creatividad de los pueblos latinoamericanos debe ser la base para los cambios políticos, que promuevan la autonomía y sostenibilidad de los territorios y sociedades locales. Corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afro-americanos y experiencias comunitarias urbanas populares en términos económicos, políticos y culturales; desmilitarizar los territorios y el conjunto de la sociedad; apoyar los mercados locales; democratizar el crédito, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, la soberanía energética local comunitaria basada en modelos sustentables y renovables.

-Por una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano, con autonomía del mercado mundial globalizado que abran alternativas al monopolio corporativo. Introducir monedas paralelas al dólar en diferentes escalas permitiendo una desconexión relativa de las peligrosas dinámicas del mercado mundial, fortaleciendo los intercambios entre países de la región y su diversificación económica complementaria.

 


Fuente de la reseña: https://www.clacso.org/pacto-ecosocial-del-sur/

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Construyamos un sistema educativo

Por: Jorge Yzusqui.

 

La crisis sanitaria ha tenido un impacto negativo en muchos sectores y la educación privada no ha sido ajena a esta difícil coyuntura. Miles de alumnos de colegios, universidades e institutos privados se han retirado de las aulas y ello ha originado una baja considerable en la recaudación y un incremento en la morosidad, generando un impacto negativo en sus finanzas que las ha obligado a tomar medidas extraordinarias para evitar cerrar sus puertas de manera definitiva. Esto al margen del gran perjuicio para los estudiantes y para el país por el tiempo perdido de miles de niños y jóvenes.

Muchas de estas instituciones han reducido sus pensiones, han otorgado planes de financiamiento, programas de becas y se han adaptado a esta nueva coyuntura, enfocados en garantizar los aprendizajes y la formación de estudiantes, pues cada acción a realizar debe tenerlos a ellos como protagonistas.

Esta crisis no debe pasar por alto los esfuerzos que vienen realizando las instituciones educativas privadas, que se han consolidado como una alternativa atractiva para miles de familias. En el sistema educativo escolar peruano, 27% de los estudiantes a nivel nacional y 50% en Lima, asisten a una escuela privada y en la educación superior, el 60% estudian en centros privados.

Por lo tanto, el sistema educativo del país se sostiene en los ámbitos públicos y privados, y tiene que trabajar en conjunto con nuestras autoridades, padres de familia y el Congreso con un solo objetivo: no destruir, sino construir un sistema educativo que nos permita formar a los futuros líderes del país para que no se repitan historias de corrupción ni de falta de ciudadanía y liderazgo.

Fuente del artículo: https://peru21.pe/opinion/construyamos-un-sistema-educativo-noticia/?ref=p21r

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Abandono antes de empezar la educación media

Por: Carlos Onelas.

 

• ¡Qué bueno que la SEP lance una alerta temprana y motive a los maestros a ir a buscar en sus casas a los niños que no asistan a clases y traten de que no abandonen la escuela!

«Ninguna niña, niño, adolescente o joven abandonará del Sistema Educativo Nacional sin que la autoridad haga lo posible por apoyarlos y por atender las causas» 

Esteban Moctezuma Barragán

El jueves 25, el equipo que dirige la Secretaría de Educación Pública tuvo una sesión virtual para evaluar las secuelas de un ciclo irregular (pandemia obliga) en la educación básica y prepararse para el futuro inmediato. Observé dos mensajes encontrados.

El primero, de preocupación por lo que viene, por las dificultades que enfrentarán niños, padres de familia y maestros y cierto tipo de prevenciones para aminorar el daño que causó la suspensión del calendario por el c ovid-19. El epígrafe de este artículo resume esa postura. El segundo mensaje ratifica el tono triunfalista que caracteriza a este gobierno.

¡Qué bueno que la SEP lance una alerta temprana y motive a los maestros a ir a buscar en sus casas a los niños que no asistan a clases y traten de que no abandonen la escuela! Una señal importante y oportuna que, es casi seguro, respaldará la dirigencia formal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Aún no es posible medir las secuelas de la pandemia en la educación nacional, ni siquiera sabemos cuándo terminará. Por eso, varios sectores aplaudieron la declaración de la semana pasada del secretario Moctezuma de que no habrá clases hasta que todos los semáforos estén en verde.

Me pareció sincero el reconocimiento que el secretario Moctezuma y el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, hicieron los maestros por su labor en tiempos arduos.

No obstante, en el otro plato de la balanza se dispuso una exageración. El secretario afirmó que, gracias al programa Aprende en Casa, los alumnos alcanzaron los aprendizajes esperados y se cubrieron los planes y programas de estudio. Este tipo de aserciones que no tienen fundamento en la realidad, deprecia los esfuerzos que hizo la Secretaría en plazo breve y con recursos escasos.

La reserva del subsecretario Bucio, sin embargo, pone un aviso infausto, calcula que alrededor de 800 mil alumnos que acreditaron la secundaria no transitarán a la educación media. No se necesita ser adivino para prever que la mayoría de ellos proviene de las clases pobres. Tampoco para augurar que habrá migración de la educación privada a la pública debido a la crisis económica. Vienen tiempos difíciles.

El discurso de alabanza propia, al no tener refrendo en la mente de la mayoría, conduce a disminuir la credibilidad en la expresión de la autoridad. Y, con todo y que las intenciones de trabajar duro sean genuinas, no siembran confianza.

Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/abandono-antes-de-empezar-la-educacion-media/1390782

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El abandono de la escuela pública

Por: Guadalupe Jover.

Hemos necesitado una pandemia para reconocer las insoportables desigualdades en el derecho a la educación. Dispositivos móviles y conexión a Internet se han erigido en dolorosas metáforas de las condiciones de pobreza material que impiden la educabilidad de muchos niños y niñas. Maestras y maestros hemos tratado de llegar a cada rincón, a cada hogar, y nos hemos asomado a entornos de cuya existencia algo sabíamos y en los que es imposible reclamar concentración, trabajo y esfuerzo. Niños que burlaban la vigilancia de la policía para poder acudir al hogar de un familiar que sí contara con un ordenador. Niñas que debían aguardar a que todos en casa durmieran para poder disponer del silencio que reclama el estudio.

Para paliar esto no basta con la provisión de una tableta. No basta tampoco con la aprobación del ingreso mínimo vital ―pese a ser una buenísima noticia―. Porque las desigualdades de capital cultural de las familias son tales que niñas y niños parecen tener marcado a fuego en su código postal cuál habrá de ser su futuro académico y profesional. El determinismo se agrava en un sistema escolar tan segregador como el nuestro sin que nada apunte ―¡ni siquiera ahora!― a un golpe de timón en las políticas educativas. Veremos en qué acaban los 2.000 millones de euros cuyo destino debiera ser, según el presidente Sánchez, la educación pública.

Maestras y maestros, con mayor o menos acierto, nos hemos dejado la piel en esto. Claro que hemos cometido errores, y mucho habremos de trabajar para enmendarlos. Pero hemos estado solos. Nuestras Administraciones educativas se han lavado las manos. No sabían qué hacer y han optado por la dejación de funciones. Primero fue el silencio. Luego, el frenesí de instrucciones contradictorias. Ahora, pretenden la vuelta a las aulas como si nada hubiera ocurrido, imaginando una escuela en que sea posible respetar las distancias a que la pandemia obliga sin reducir ratios, aumentar las plantillas o dotar de infraestructuras.

Al abandono institucional hemos sumado el maltrato en los medios. Se ha llegado a responsabilizar al profesorado del cierre de las escuelas, cuando ni el estado de alarma permitía su apertura ni las condiciones de los centros ―de los centros públicos que yo conozco y en los que llevo 30 años trabajando― lo hacen posible. Tampoco los diagnósticos de los expertos parecían apuntar a la raíz del problema, al menos desde la percepción de quienes estamos a pie de aula.

Nuestro malestar y nuestro estupor son ya insoportables cuando escuchamos a los responsables políticos hablar del curso próximo. Su propuesta es ―y ahí la propia ministra― “optimizar espacios”, ignorando al parecer que, en el escuela pública, hace años que bibliotecas, laboratorios y aulas de usos múltiples se utilizan como aulas convencionales. Que centros construidos para 600 estudiantes pasan ya de los 1.000. Que no cabe un alfiler ni en aulas ni en pasillos ni en patios, y que estos nada tienen que ver con los fastuosos polideportivos que nos enseñan en los telediarios. De eso hablamos cuando hablamos de los recortes que llevan asfixiándonos curso tras curso.

Durante estos meses maestras y maestros hemos tratado de acompañar a nuestros estudiantes supliendo la falta de educadores sociales ―en muchos casos fulminantemente despedidos al comienzo de esta pandemia allí donde los había― sin escatimar ni medios ni tiempos ni energías. El desmantelamiento de los departamentos de Orientación y el menosprecio por las labores de tutoría amenazaban con dejar a niñas, niños y adolescentes abandonados a su suerte. Hemos dedicado mañanas, tardes y noches, días laborables y festivos, periodo escolar y vacacional a acompañar educativamente a nuestros 100, 200 o 300 estudiantes tratando de atender, en primer lugar, a su situación personal: “Esta noche murió mi papá”. Que en esta ocasión ―como en tantas otras― hayamos tenido que suplir a psicólogos o trabajadores sociales no puede enmascarar la apremiante urgencia de que unos y otros pasen a formar parte, en número suficiente, de las plantillas de los centros. Y que la tutoría reciba al fin en la jornada laboral docente el reconocimiento que merece. Ojalá sea ya ineludible con la Ley Integral de la Infancia.

Hemos hecho todo lo posible por proponer escenarios de aprendizaje pese a la desaparición de la clase como espacio y tiempo compartido, como grupo humano. Y lo hemos hecho con nuestros propios equipos y pese a la ausencia de plataformas institucionales ágiles y seguras. Cuando las “autoridades” discutían acerca de cómo evaluar, lo que a nosotros nos agobiaba era qué hacer para que el alumnado aprendiera. Claro que nos hemos equivocado en muchos momentos. Y por ello estos dos meses que restan para el comienzo del próximo curso debieran ser un tiempo ganado y no perdido, en que toda la comunidad educativa trabajara codo con codo. En que nos escucháramos.

Pero es también la hora de la política. Autoridades ministeriales y autonómicas no pueden seguir jugando a esconderse. Cuando debieran estar también ellos preparando el próximo curso ―construcción de nuevos centros, mejora de infraestructuras, reducción de ratios, ampliación de plantillas, dotación de recursos, reestructuración de la jornada laboral docente, replanteamiento curricular, provisión de entornos virtuales que aseguren la privacidad de los datos allí alojados―, los vemos dando todo por perdido, desplazando la responsabilidad al que está “por debajo”. En esto ha venido a parar “la autonomía de los centros”. En un sálvese quien pueda.

Necesitamos sumar voces y el concurso de toda la comunidad educativa, de economistas y sociólogos, de politólogos y periodistas, de cuantos están opinando de educación en los medios para exigir una escuela pública a la altura de la de los países en que pretendemos mirarnos. Una escuela que vele por la equidad educativa y la justicia social, por los derechos de los más vulnerables y por la mejora del bienestar y la calidad de los aprendizajes de todo nuestro alumnado.

No hay tiempo que perder. En septiembre será tarde.

Fuente del artículo: https://elpais.com/educacion/2020-06-23/el-abandono-de-la-escuela-publica.html

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Chad reabrirá el 25 de junio universidades y lugares de culto por la «clara mejora» de la situación ante el coronavirus

Redacción: Notimérica

El presidente de Chad, Idriss Déby, ha anunciado este miércoles que las universidades y los lugares de culto del país podrán reabrir sus puertas el 25 de junio, tras cerca de tres meses de cierre a causa de la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha apuntado a la posibilidad de reiniciar los vuelos comerciales.

Déby ha recalcado que la reapertura de universidades y lugares de culto deberá tener lugar «con un respeto estricto a las medidas de prevención», entre ellas el distanciamiento social, según ha informado el portal chadiano de noticias Alwihda.

Asimismo, ha indicado que «la opción del reinicio de los vuelos comerciales será estudiada» ante «la clara mejora de la situación epidemiológica» en el país, si bien ha recalcado que es un asunto sobre el que hay que «reflexionar» antes de tomar una decisión.

Déby aprobó el 9 de junio prorrogar otras dos semanas el toque de queda impuesto en varias zonas del país, incluida la capital, Yamena, y extenderlo a otras dos provincias a causa del coronavirus.

El Gobierno hizo además obligatorio el uso de la mascarilla y ha lanzado una campaña en la que participan cerca de 80 trovadores para concienciar a la población en zonas remotas del país acerca de los riesgos de la pandemia y las medidas que deben adoptar para protegerse y evitar la propagación del virus.

Las autoridades chadianas han confirmado hasta el momento 853 casos de coronavirus, con 74 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

Fuente: https://www.notimerica.com/politica/noticia-chad-reabrira-25-junio-universidades-lugares-culto-clara-mejora-situacion-coronavirus-20200617205054.html

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Educación, racismo y aceite barato

Por: Cinthia Wanschelbaum

En el campo de la educación, uno de los problemas que comenzó a aflorar con mayor fuerza, a partir de la forzosa virtualización que se produjo con la pandemia, es el de la desigualdad educativa.

La desigualdad educativa no es un fenómeno nuevo, ni resultado específico de las diferenciales posibilidades de acceso a la educación a distancia. Es una relación social históricamente configurada que excede a las condiciones de estudio actuales, pero que la virtualización hizo profundizar.

Hace unos días escribí un artículo en el cual relataba las historias de Felipe y Maite. Maite vive en un barrio popular de Rosario. Hasta que llegó el coronavirus, estaba estudiando en una escuela de adultos. Tiene un hijo y trabaja en un supermercado. Tanto a ella como a su hijo se les complica la posibilidad de la continuidad pedagógica. En el barrio en el que viven no hay conexión y el gasto que genera la utilización de datos con el celular es mucha plata que, con su salario, no puede pagar. Felipe vive en la ciudad de Santa Fe, estudia en la universidad, su papá es profesor y su mamá maestra. Comparten la computadora que hay en la casa o, en su defecto, utilizan el celular. Felipe está pudiendo cursar sin ningún tipo de problema sus clases, amén de las tensiones pedagógicas que genera lo virtual.

Esta es la historia de dos jóvenes, que viven en la misma provincia, en el mismo momento, pero de muy distintas formas. Si bien sus desiguales condiciones de existencia no son una novedad, la crisis sanitaria y la virtualizacion de la educación las profundizaron, a la vez que las hicieron más visibles para el conjunto de la sociedad.

Lxs personajes ficcionales de mi artículo viven en la provincia de Santa Fe. Hace unos días, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la intervención y expropiación de Vicentín, que es una de las empresas cerealeras más importantes del país y que justamente tiene su planta de producción en esa provincia. Seguramente, para muchxs de nosotrxs, antes del día en el que se dio a conocer la diversificada producción de esta corporación, el vínculo más directo, por así decirlo, con la empresa era a través de sus aceites. O por lo menos, así lo era para mí porque era el aceite que usaba mi abuela. Quizás mi abuela, como miles de consumidores de ese alimento, no advertían que cocinar con ese aceite constituye un acto social y mucho menos que esa práctica cotidiana podía tener vínculo con las desiguales condiciones de acceso al derecho de la educación. A comienzos de los años 2000, Michael Apple, uno de los pedagogos críticos más importantes de Estados Unidos, escribió un texto a partir de una anécdota personal ocurrida en un local de comidas rápidas. En esa obra reconstruye lo que ocurrió con la educación de las niñas y los niños en un país asiático donde se plantan las papas que luego, por toda una cadena de producción, devienen en las papas fritas baratas de ese local de fast food, el más conocido a nivel mundial. En ese texto, nos enseñó que comer una papa frita barata es una acción social que contiene atrás todo un conjunto de relaciones sociales desiguales en términos de clase, género y raza, que produjeron que miles de niños y niñas de ese país en Asia se quedaran sin escuela.

Como se está denunciando y demostrando actualmente, durante el gobierno de Macri, Vicentín -como tantas otras empresas- fue beneficiada por el Estado de diferentes formas. Y si de capitalismo/neoliberalismo estamos hablando, y si al capitalismo estamos analizando, siempre que se beneficia un sector, a una clase, en este caso al empresariado, se lo hace en detrimento de otra. El proyecto político-económico-cultural del macrismo se sustentó en el extractivismo en todos sus sentidos y dimensiones. De la naturaleza, sí, pero sobre todo de una clase para satisfacer a otra. Vicentín sobrevivió durante muchos años a costa de un Estado que lo financió a la par que desfinanció y desmanteló programas educativos, como, por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad que garantizaba que lxs estudiantes de todos los niveles del país y sus docentes tuvieran computadoras y formación en el uso de las mismas, de modo de generar mayores niveles de igualdad. Con Apple, podríamos decir entonces que detrás de las imposibilidades de conexión de Maite y detrás de cada bocado de los fideos Don Vicente existe un conjunto de relaciones sociales que privilegiaron el salvataje de empresarios millonarios y la ganancia empresarial, por sobre el financiamiento de la educación.

¿Qué estoy queriendo decir? Que el problema de la imposibilidad de conexión no es ni técnico, ni estrictamente educativo. Es un problema político. Y que las diferentes posibilidades de acceso a la educación en las condiciones actuales que impuso la pandemia no son una novedad, sino que expresan relaciones sociales históricamente construidas en una violenta y arrolladora desigualdad.

Y eso es lo que el asesinato de George Floyd en Estados Unidos vino también a denunciar.

Hace unos días, en una de las tantas movilizaciones que se están produciendo en todo el imperio –que nos está mostrando su fase de decadencia–, una maestra sostenía una pancarta que decía “Debería estar en casa enseñando a mis estudiantes ciencia. Sin embargo, estoy acá enseñando a la policía de Nueva York que mis estudiantes son personas”. En ese pizarrón del pueblo, sintetizó la historia de violencia y racismo hacia los afroamericanos que existe desde el origen mismo de los Estados Unidos.

Las calles y movilizaciones se han convertido en la nueva escuela de resistencia popular. Miles de jóvenes, a costa de arriesgar su vida contagiándose de covid-19, todos los días salen a las calles a combatir a un sistema que, como la pandemia ha demostrado, no da para más.

Expropiar para educar y movilizar para enseñar pueden convertirse en las prácticas educativas más necesarias de este momento histórico, para que la opresión por raza, género y/o clase no existan nunca más.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/274423-educacion-racismo-y-aceite-barato

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América Latina y el Caribe: La recesión podría llevar a miles de niños a trabajar

Redacción: La Prensa Gráfica

La profundización del desempleo y de la pobreza en los hogares podría llevar hasta 326,000 niños y adolescentes a trabajar, según estimaciones de la OIT y la CEPAL.

El deterioro de las condiciones económicas de las familias en América Latina podrían provocar un incremento de entre 1 % y 3 % en el trabajo infantil, lo que significaría que entre 109,000 y 326,000 niños y adolescentes podrían ingresar al mercado laboral sumándose a los 10.5 millones que ya trabajo actualmente.

Una nota técnica publicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que «la desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de la protección social, la falta de acceso a seguridad social y los mayores niveles de pobreza son condiciones que favorecen el aumento del trabajo infantil».

En El Salvador, habían 101,921 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajando, según la Encuesta de Hogares de 2018, de estos 31,310 estaban por debajo de la edad mínima autorizada para trabajar y 70,611 eran considerados como trabajo peligroso. La nota señala que cuando la fuente de empleo son micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) hay mayor riesgo.

Este tipo de empresas son más vulnerables a la crisis sanitaria y económica, lo que se traduce en mayor riesgo de pérdida de empleo. El niño puede verse en la situación de tener que trabajar para buscar un ingreso complementario o incluso para sustituir parte del ingreso perdido.

En el caso de las familias que son propietarias de algún negocio, como microempresas, puede haber presión para que el niño realice el trabajo que antes hacía una persona asalariada a quien ya no alcanza para pagarle.

Por otra parte, donde ya existían condiciones de riesgo, como ingresos insuficientes y altos niveles de informalidad, existe la probabilidad que los niños y adolescentes se incorporen al trabajo en modalidades peligrosas.

«Las zonas rurales, donde existen mayores riesgos de trabajo infantil, se verán posteriormente afectadas por la crisis debido a las características de una menor interacción entre las personas y un menor dinamismo económico», dice la nota.

La OIT también publicó un informe junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la relación entre el covid-19 y el trabajo infantil que consigna un aumento de un punto porcentual del nivel de pobreza puede implicar un aumento del 0.7 %, o más, del trabajo infantil.

«A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar. Cuando imaginamos el mundo después de la covid-19, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias disponen de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro. Una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas», dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

El informe propone medidas como ampliar la protección social, facilitar la concesión de créditos, promover el trabajo decente para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la escuela sin costos y disponer de más recursos para realizar inspecciones laborales.

«La protección social es fundamental en épocas de crisis, puesto que permite brindar asistencia a los más vulnerables», dijo Guy Ryder, director general de OIT.

https://www.laprensagrafica.com/economia/La-recesion-podria-llevar-a-miles-de-ninos-a-trabajar-20200620-0044.html

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