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Nuevo revés para las restricciones al aborto legal en Estados Unidos

América del Norte/ Estados Unidos/ 30.06.2020/ Por: Celeste Murillo/ Fuente: www.laizquierdadiario.com.ve.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de las restricciones al aborto legal que instalaba una ley del del estado de Louisiana. Nuevo revés para Donald Trump y la agenda contra las mujeres y personas LGBT.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de una ley de Louisiana que restringía el acceso al aborto legal en el estado. Este fallo es el primero desde el nombramiento de dos jueces conservadores, herramienta clave para la agenda ultra conservadora que apoya el gobierno de Donald Trump en materia de derechos. La Casa Blanca reaccionó al fallo con un comunicado en el que se refirió a la medida como «desafortunada» y que «devalúa» el valor de la vida del “niño por nacer”.

En Estados Unidos, el aborto legal está garantizado desde 1973 por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade. Pero desde esa misma fecha, las iglesias cristianas y la derecha conservadora han intentado recortarlo. Durante las últimas décadas se impulsaron más de 1200 restricciones al derecho a decidir de las mujeres, y casi el 30 % fueron promulgadas de 2010 en adelante (es decir durante las administraciones de Barack Obama y la actual de Donald Trump).

Este fallo se da en un contexto en el que el acceso al aborto legal está en la mira. A los recortes provocados por las restricciones estatales se le sumaron los obstáculos que resultan de la crisis sanitarias provocada por el Covid-19. Esa combinación resulta un escenario muy complicado para la mayoría de las mujeres que deben interrumpir un embarazo durante la pandemia. El Guttmacher Institute, que sigue de cerca la situación del aborto legal en Estados Unidos, estima que la mitad de todas las mujeres del país vive en estados que son hostiles al derecho al aborto legal.

Nadie quiere salir en la foto con Donald Trump

La decisión de la Corte es un revés para Donald Trump que atraviesa un momento crítico de su administración, signado por las protestas contra el racismo y la crisis económica. No es la primera, a mediados de junio, se conoció el fallo que impedía la discriminación por identidad de género y orientación sexual en el lugar de trabajo y el que apoya el programa de los llamados dreamers, hijos e hijas menores migrantes.

La Corte Suprema cuenta hoy con mayoría conservadora pero eso no significa luz verde para la agenda de la ultraderecha. El fallo contra la ley de Louisiana, que buscaba restringir el acceso al aborto legal obligando a las clínicas que realizan abortos a tener acuerdos derivación automática a hospitales de mayor complejidad. De haber sido aprobada hubiera significado el cierre completo de dos tercios de ese tipo de clínicas en el estado.

La ley que votó la legislatura estatal de Louisiana en 2014 obligaba a clínicas y profesionales que realizan interrupciones legales del embarazo a tener un permiso de derivación a hospitales de alta complejidad en un radio de 50 kilómetros. Esto complicaba a los centros de salud alejados de los grandes centros urbanos. Con la excusa de garantizar la atención médica se buscó reducir la cantidad de clínicas y así restringir el acceso a un derecho.

Política oficial

El gobierno de Donald Trump se involucró de forma directa en la campaña contra el acceso al aborto legal desde su asunción. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó como presidente fue la que prohíbe el uso de fondos públicos para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto legal en el extranjero, una política republicana que data de la década de 1980 y que Barack Obama había cancelado.

En 2017, por primera vez, un miembro del poder Ejecutivo en funciones participó de la llamada “Marcha por la vida”. El vicepresidente Mike Pence, ultraconservador y conocido por su perfil homofóbico y opositor al derecho de las mujeres a decidir, fue el primer vicepresidente de EE. UU. en funciones en encabezar la marcha en Washington contra el derecho al aborto.

El intento de restringir el aborto legal en Louisiana no es el primero. En 2016, una prohibición en el estado de Texas había llegado a la Corte Suprema con un objetivo similar: revertir el fallo Roe vs. Wade que legalizó el derecho al aborto en Estados Unidos. El argumento para fallar contra esas restricciones es similar: no existen beneficios para la salud de las pacientes y representa un obstáculo al acceso a un derecho.

Louisiana es uno de los estados con más prohibiciones relacionadas con la salud reproductiva. La ley de derivación automática es una de las 89 restricciones estatales promulgadas desde 1973. Estas medidas impactan sobre todo en la mujeres pobres, que no pueden pagar prácticas privadas, viajar a otros estados y otras formas de sortear los obstáculos al aborto legal.

El otro debate sobre el que deberá pronunciarse la Corte Suprema es la cobertura de métodos anticonceptivos. Bajo el plan de salud impulsado por el expresidente Barack Obama, las iglesias e instituciones educativas religiosas estaban exentas de proveer cobertura médica que fuera en contra de sus creencias. Esa concesión permitía a los empleadores religiosos no garantizar acceso a los métodos anticonceptivos, pero no prohibía que los agentes de salud los proveyeran.

La administración de Trump y la ONG católica Little Sisters of the Poor llevaron el caso al Tribunal Supremo. Buscan extender las exenciones para todos los empleadores que no quieran brindar cobertura de anticonceptivos por motivos religiosos. Si la Corte fallara a favor de Trump, se estima que entre 70 mil y 126 mil mujeres podrían perder acceso a anticonceptivos mediante su cobertura médica.

Advertencia

Las organizaciones feministas y que defienden los derechos reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar recibieron el fallo como una victoria. Sin embargo, alertaron sobre nuevos avances contra el aborto legal.

Es una advertencia adecuada: desde que se reconoció el derecho de las mujeres a decidir en 1973, muchos estados avanzaron en restricciones y prohibiciones. Se estima que en Estados Unidos, 29 estados tienen legislaciones hostiles al derecho al aborto y 6 de cada 10 mujeres en edad reproductiva viven en estos estados.

El aborto legal es la única garantía para el acceso igualitario a un derecho elemental. Cualquier retroceso no significará menos interrupciones voluntarias sino más desigualdad: solo aquellas mujeres que puedan pagarlos accederán a abortos seguros. El resto será arrojado a la clandestinidad y los riesgos para la salud.

Fuente de la noticia: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Nuevo-reves-para-las-restricciones-al-aborto-legal-en-Estados-Unidos

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¿Cómo perciben los docentes la preparación digital de la Educación Superior en América Latina?

Por:

Tres de cuatro docentes en Latinoamérica no se sienten preparados para incorporar nuevas tecnologías en el aula ante la emergencia del COVID-19, revela un estudio del Tec de Monterrey y el BID.

La pandemia por el COVID-19 ha acelerado la integración tecnológica en la enseñanza universitaria. Sin embargo, tres de cuatro docentes en la región no se sienten preparados para incorporar nuevas tecnologías digitales en el aula. Esto de acuerdo con un estudio regional realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tecnológico de Monterrey entre febrero y marzo 2020, en el cual se consultó a más de 800 docentes universitarios sobre la penetración de las tecnologías digitales en las universidades.

El estudio encontró que la falta de recursos tecnológicos y financieros, planeación estratégica y capacitación son considerados los principales retos para su integración. Además, incrementar los espacios de colaboración, el diagnóstico de habilidades digitales y las oportunidades de capacitación docente, son esenciales para afrontar los desafíos educativos que impone la pandemia.

A continuación presentamos algunos de los hallazgos clave de este estudio.

El COVID 19 ha situado a las tecnologías digitales como protagonistas en los procesos de enseñanza y aprendizaje

  • En la educación superior, la pandemia ha afectado a más de 26 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes que pasaron súbitamente a un ambiente de enseñanza remota de emergencia para dar continuidad a los procesos educativos.

  • Pre-COVID-19, solo el 19 % de los programas se centraba en educación a distancia y 16 % utilizaban modalidades híbridas (blended) en las universidades con enfoque virtual.

Falta de capacitación efectiva, acceso a internet y financiamiento, se perciben como los principales retos para la incorporación de tecnologías digitales en las universidades

  • El 90 % de los docentes considera útiles las tecnologías digitales para mejorar los procesos de aprendizaje. Sin embargo, existen importantes retos para su adopción.

  • En Argentina y Perú, 40 % y 30 % de los docentes, respectivamente, consideran que la falta de acceso a internet es el principal obstáculo.

  • El 27 % de los docentes en Colombia y 22 % en México considera la falta de financiamiento y acceso a nuevas tecnologías como los principales retos.

  • En todos los países participantes, la falta de capacitación docente presenta una de las principales dificultades para la implementación de tecnologías digitales para el aprendizaje.

¿Cuáles son los obstáculos o retos para usar tecnologías digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje?

Obstáculos y retos docentes.png

Preparación docente para la inclusión de tecnologías digitales en el aula

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Disponibilidad y efectividad de programas de capacitación digital docente en las universidades

Disponibilidad y efectividad de programas de capacitación digital docente en las universidades.png

Uno de cada cuatro docentes se siente totalmente preparado para incorporar nuevas herramientas digitales en sus cursos

  • El 74 % de los docentes reporta conocer nuevas tecnologías aplicables a los cursos y disciplinas que enseñan.

  • El 30 % de los docentes con entre 6 y 20 años de experiencia se sienten totalmente preparados para incorporar nuevas tecnologías. Solo 20 % y 22 % de los docentes con experiencia entre 0 y 5 o más de 20 años de experiencia lo hace.

  • Mientras que el 19 % de los docentes en instituciones privadas se siente poco o nada preparado, el 26 % de los docentes en universidades públicas tiene esta percepción (no existiendo diferencias significativas entre las edades ni años de experiencia entre los dos grupos).

Siete de cada diez docentes consideran el costo o la falta de recursos para el licenciamiento de la tecnología digital, un factor que dificulta su adopción

  • La brecha entre la disponibilidad de programas de capacitación digital reportados por docentes de universidades públicas y privadas es de 23 puntos porcentuales.

  • Seis de cada diez docentes que reportan contar con programas de capacitación, los encuentran efectivos.

  • Un 59 % de los docentes reporta que su universidad no ha desarrollado ningún sistema de incentivos para promover el desarrollo de proyectos utilizando tecnologías digitales.

  • Del total de docentes de universidades públicas, 64 % no considera que existan sistemas de incentivos. Esta proporción es de 54 % en universidades privadas.

Cuatro de cada diez docentes reportan no tener o que la velocidad de acceso a internet en su institución no es óptima

  • En Argentina, el 60 % de los docentes encuestados reporta tener una baja o ninguna conexión a internet dentro de sus IES, en México o Colombia esta proporción es inferior al 35 %.

  • Mientras 19 % de los docentes de universidades privadas reportan no tener acceso a internet o su velocidad es baja, esta proporción asciende al 55 % en universidades públicas.

  • El 75 % de los docentes encuestados reportó que su Institución contaba con alguna plataforma tecnológica para la gestión de los aprendizajes.

  • Esta proporción es el 86 % de los docentes de universidades privadas y sólo el 68 % de universidades públicas.

El costo de licenciamiento es uno de los obstáculos más importantes para la apropiación de tecnología digital

  • Siete de cada diez docentes consideran el costo o la falta de recursos para el licenciamiento de la tecnología digital un factor que dificulta su adopción.

  • Esta percepción es mayor entre docentes en universidades públicas (76 %) que entre docentes de universidades privadas (67 %).

  • Entre los países del estudio, esta proporción va desde el 69 % de los docentes en Argentina, hasta el 77 % de los docentes en Colombia.

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Uno de cada cuatro docentes considera que su institución no tiene una visión de cómo utilizar las tecnologías digitales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje

  •  Esta relación es de uno de cada cinco (17 %) para docentes de universidades privadas y de uno de cada tres en universidades públicas (32 %).

  • Tres de cada siete docentes considera que no existen espacios colegiados de discusión para promover y planificar el uso de tecnología para la mejorar los aprendizajes.

  • Esta proporción es de 38 % entre los docentes de universidades privadas frente al 50 % en universidades públicas.

  • Seis de cada diez docentes que reportan contar con programas de capacitación digital los encuentran efectivos.

Las herramientas digitales son ahora centrales para la educación superior, es esencial aprovechar las oportunidades disponibles para acelerar su adopción

  •  Facilitar espacios para el intercambio de experiencias entre universidades públicas, privadas o entidades no universitarias puede facilitar el aprendizaje horizontal entre docentes.

  • Países como Colombia y México han abierto amplios espacios para la discusión e intercambio de experiencias digitales como programas de apadrinamiento entre docentes dentro y fuera de las universidades.

  • Estrategias para la digitalización docente como DigCompEdu en la UE y herramientas de autoevaluación digital docente como Check-In pueden mejorar su preparación digital y los aprendizajes durante y después de la emergencia.

Para más información visita:

Web: publications.iadb.org/es/nota-cima-21-covid-19-tecnologias-digitales-y-educacion-superior-que-opinan-los-docentes
Twitter: @BIDEducacion
Contacto: education@iadb.org

Referencias:
UNESCO, 2020.
OECD (2015, p. 68) “E-Learning in Higher Education in Latin America”.

Fuente de la reseña: https://observatorio.tec.mx/edu-news/encuesta-preparacion-digital-docentes-universitarios-america-latina

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80% de los estudiantes venezolanos no contó con plataforma tecnológica para recibir educación a distancia

América del Sur/ Venezuela/ 30.06.2020/ Fuente: www.elnacional.com.

Al finalizar junio, cuando en condiciones de normalidad debería estar culminando el año escolar, 80% de los estudiantes venezolanos no pudo cumplir los requisitos académicos por falta de dispositivos tecnológicos para recibir clases a distancia.

«Más del 80% del estudiantado venezolano no tenía los recursos tecnológicos: Internet, teléfonos inteligentes, etcétera, para recibir el mensaje educativo vía online. Eso fue un total y rotundo fracaso. Eso de la educación remota fue pura retórica», dijo a TVV Noticias.

Educación en tiempos de pandemia

A raíz de la llegada del coronavirus en Venezuela, en marzo, el régimen de Nicolás Maduro ordenó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles de instrucción.

En reiteradas ocasiones, voceros del régimen, como Aristóbulo Istúriz, aseguraron que con el fin de evitar la pérdida del año escolar se implementarían mecanismos para educación remota.

Sin embargo, profesores y estudiantes han denunciado que parte del alumnado carece de equipos como computadoras y teléfonos inteligentes.

Además, a ello se suman las dificultades en lo que respecta al ancho de banda de Internet y a los cortes de energía eléctrica.

Fuente de la noticia: https://www.elnacional.com/venezuela/80-de-los-estudiantes-venezolanos-no-conto-con-plataforma-tecnologica-para-recibir-educacion-a-distancia/

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A un año de gobierno, promesas incumplidas

Por: Nelva Reyes. 

 

Tenemos retos monumentales, grandes tareas nacionales, el combate contra la pobreza y la desigualdad, acabar con la corrupción y cerrar la brecha social. La corrupción nos roba a todas y todos y amenaza nuestro futuro. No habrá intocables ni, aunque sean ministros, diputados grandes empresarios, empezando por el propio presidente…”.

Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario.

Fuera del plan “Colmena”, no hemos visto otro programa que busque no un asistencialismo, sino garantizar la participación de las comunidades a quienes se apoye en la producción, se les garantice fuentes de trabajo en la propia comunidad que dignifique a la persona y cerrar la brecha social.

Durante este año se han dado escenarios como la compra de ventiladores con altos sobrecostos en medio de la pandemia de la COVID-19. Sentimos vergüenza cuando escuchamos los medios internacionales referirse a este hecho como inaudito, a nadie se le ocurre hacer negocio en medio de una crisis como la que vivimos. Las redes sociales y los medios de comunicación han señalado la supuesta participación de ministros de Estado. De igual manera, se ha dado información confusa y contradictoria del hospital modular.

La COVID-19 nos ha permitido corroborar la situación en la que se encuentran los centros educativos del país. Situación que los gremios docentes tenemos años demandando el 6 % del producto interno bruto, para educación, tal como lo establece el Artículo 266 de la Ley47 Orgánica de Educación de 1946. Solo el 20 % de las escuelas primarias del país tiene acceso a internet, y el 33 % de las escuelas no tiene luz eléctrica, limitaciones objetivas para garantizar las herramientas tecnológicas. Esta situación incrementará la brecha educativa en el sector oficial. Desde luego que se dificultará que la educación sea la Estrella del Gobierno.

“Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases […]”

Las ministras de Desarrollo Social, Vivienda y Salud fueron desplazadas de sus posiciones. El presidente en su campaña prometió la equidad de género y la creación del Ministerio de la Mujer, el cual se concretaría el 8 de marzo de 2020, lo que tampoco se hizo. El trabajo realizado por las ministras Markova Concepción y Rosario Turner desde el día uno demostraron capacidad, compromiso y responsabilidad por el país. Lo que no fue “aparentemente” del agrado de algún sector del Gobierno que considera que las mujeres solo servimos para acatar órdenes en silencio y estar en las cuatro paredes de la cocina. Mi respeto, gratitud y solidaridad con ellas.

El Gobierno del presidente Cortizo ha mantenido una política a favor del sector empresarial y la continuidad de las políticas neoliberales, sin contemplar a la clase trabajadora del país que es la mayoría. Han aprobado leyes como la de la Asociaciones Públicas-Privadas, donde fondos del sector público contribuirán con las inversiones del sector privado. Además, se han emitido decretos para favorecer a empresas, bancos y sectores de alto riesgo. Está el Decreto Ejecutivo N° 251 de 2020, se le hace una deducción del 30 % del ISR para 2020. El Decreto 298 de 2020, donde se extiende el plazo para el pago de impuestos de inmuebles. La Resolución N° 283 de 2020, permite que la Caja de Seguro Social suspendiera las multas y recargos y/o pago tardío de los pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 y así los medios informaron, el 7 de mayo, que el Gobierno trabajó un paquete de incentivos a las empresas, comprendido en 23 Leyes que serán remitidas a la Asamblea.

El Gobierno le ha garantizado a la banca, para su estabilización, millones de balboas, sin embargo, a las y los trabajadores les ha impuesto una serie de decretos que van desde la suspensión de contratos hasta la rebaja de la jornada laboral. Los trabajadores y trabajadoras hemos puesto nuestra cuota de sacrificio, comprensión y solidaridad ante la crisis producto de la pandemia sin una correspondencia, como sí la ha habido con el sector privado.

En el Diálogo Tripartido por la Economía y el Desarrollo Laboral, las y los trabajadores hemos demandado un decreto que le garantice a las y los trabajadores un subsidio de 500 balboas mensuales hasta diciembre, lo que contribuiría a que las personas no tuvieran que salir de sus casas y garantizar lo que dice el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Panamá: “… asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa”. Esperemos que las demandas del sector trabajador y la disposición constitucional no sigan cayendo en oídos sordos.

Fuente del artículo: https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/200630/ano-gobierno-promesas-incumplidas

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Bolivia: Maestros Rurales cumplen siete días en huelga de hambre

América del Sur/ Bolivia/ 30.06.2020/ Fuente: www.elperiodico-digital.com.

La Federación de Maestros Rurales de Tarija, cumple su séptimo día en huelga de hambre, en contra el Ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas, argumentando que las decisiones que ha tomado, no son las mejores y que hoy en día es necesario buscar otros mecanismos para la formación.
El ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales de Tarija, Efraín Sánchez, argumentó que no es conveniente aplicar la educación virtual, puesto que en las comunidades más lejanas no tienen acceso a internet y no podrán encontrar computadoras o celulares de última generación para aprender.
«Para mí lo que se debe hacer es analizar cada una de las situaciones, puesto que no podemos comparar al campo con la ciudad, pues en Tarija si tienen computadoras y teléfonos inteligentes, pero en las áreas más alejadas no», dijo Sánchez.
Por otro lado, refirió que la pandemia a raíz del coronavirus, detonó en que las familias se vean sumergidas en una crisis económica, ya que no hay la posibilidad de generar recursos.
Entre tanto, el secretario de Técnica Docente de los Maestros Rurales, Nestor Condori, que estuvo desde el principio de la medida de presión, aseguró que seguirán con esta acción hasta las últimas consecuencias.

Fuente de la noticia: https://www.elperiodico-digital.com/2020/06/30/maestros-rurales-cumplen-siete-dias-en-huelga-de-hambre/

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África existe y el coronavirus se suma a otras tragedias: hambre, falta de agua, difícil acceso a educación y sanidad, conflictos…

Por: Mariano Tomás.

 

África existe, aunque es el continente más olvidado, y la pandemia del coronavirus también le afecta, pues se suma a otras muchas tragedias, pero ocupa poco espacio en los medios de comunicación, donde se trata mucho más el virus en el Primer Mundo. Allí, hay millones de personas que pasan hambre, no tienen agua potable, el acceso a la educación y a la sanidad sigue siendo un desafío en el siglo XXI, también hay millones de desplazados y refugiados, demasiados conflictos y hasta terrorismo yihadista.

Hace unas semanas, se ha celebrado el Día Mundial de África, 57 años después de que los líderes de 32 estados del continente se reunieran en Addis Abeba (Etiopía) para la formar la Organización de la Unidad Africana (OUA) -hoy llamada Unión Africana (UA)-. Un continente de 54 países que tiene más de 1.300 millones de habitantes, representando el 17% de la población mundial: el 60% depende de la agricultura, y ya se superan los 350.000 casos confirmados y los 9.100 muertos por Covid-19.

áfrica hambre

En 2019, más de la mitad de los 135 millones de personas que padecieron hambre severa en el mundo, es decir, unos 73 millones, eran de África (sobre todo de países como República Democrática del Congo, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán y Nigeria). La crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus está intensificando las crisis alimentarias que ya existían.

En 2019, más de la mitad de los 135 millones de personas que padecieron hambre severa, es decir, unos 73 millones, eran de África… y el coronavirus está intensificando las crisis alimentarias

Varias ONG estiman que otros 5,5 millones de personas tendrán problemas para garantizar su comida en la zona del Sahel central durante la estación de escasez, una cifra 2,5 veces superior a la medida de los últimos cinco años. Asimismo, en la región oriental hay unos 20 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, pero podrían aumentar hasta los 34 millones por una triple amenaza: el brote de langostas del desierto, el coronavirus y las inundaciones. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que la segunda fase sea peor que la primera (la cual destruyó miles de hectáreas de cultivo y pasto en varios países) y la ONU ha advertido que las restricciones impuestas para contener la pandemia han dificultado el suministro de pesticidas, bioinsecticidas y equipos para el control de dicha plaga.

En África, 358 millones de personas viven sin acceso a agua potable, más de la mitad de los 748 millones que hay en todo el mundo sin este derecho humano. En dicho continente, la gente camina 40.000 millones de horas todos los años para abastecerse de agua, según Unicef. Además, alberga a dos de los tres países del mundo donde más de la mitad de la población sufre falta de agua potable: Mozambique y República Democrática del Congo. Todo esto supone una dificultad extra ante el coronavirus, donde las medidas de higiene tienen gran importancia a la hora de la prevención y de frenar el contagio.

En África, 358 millones de personas viven sin acceso a agua potable, pese a que es un derecho humano

áfrica

El acceso a la educación y a la sanidad sigue siendo una asignatura pendiente en el siglo XXI. Precisamente, Misiones Salesianas los incluyó entre los grandes desafíos de este continente “lleno de esperanza y de futuro”, que recordó con motivo del Día de África. Esta organización sin ánimo de lucro trabaja en 44 países dando educación a miles de niños y jóvenes para que los pueblos avancen y las personas salgan de la pobreza, pero ante la pandemia del coronavirus también se dedica a llevar ayuda de emergencia. Entre el resto de desafíos, está la paz y la seguridad (por los conflictos que hay en varios países y el terrorismo yihadista), potenciar el papel de la mujer y de los jóvenes, y el cambio climático.

En África también hay millones de desplazados y refugiados, debido en gran parte a los conflictos y al terrorismo yihadista. En concreto, en las regiones de África Occidental y Central hay cerca de 5,6 millones de desplazados internos, 1,3 millones de refugiados, 1,4 millones de retornados que siguen necesitando asistencia y 1,6 millones de personas apátridas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Y en toda la región del Sahel, los conflictos armados y los ataques de grupos terroristas yihadistas (filiales de Al Qaeda y Estado Islámico) han desplazado a casi 3 millones de personas, de los que cerca de un millón se han producido desde 2019. El 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y recientemente, Acnur ha dado a conocer que el año pasado había 79,5 millones en todo el mundo en dicha situación, frente a los 70,8 millones de 2018, de los que 45,7 millones había huido a otras zonas de su país y el resto estaban refugiados en otros países.

En África Occidental y Central hay cerca de 5,6 millones de desplazados internos, 1,3 millones de refugiados, 1,4 millones de retornados que siguen necesitando asistencia y 1,6 millones de personas apátridas

áfrica mascarilla

Por si todo esto no fuera suficiente, el coronavirus también ha provocado que se hayan cancelado vacunaciones rutinarias de niños, como señala Anne Jung, consultora de la ONG Médico International, debido a los cierres por cuarentena. De hecho, estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablan de que 117 millones de niños de 24 países (la mayoría africanos) no pudieron recibir sus vacunas contra el sarampión. Algo que podría contribuir al resurgimiento de enfermedades infecciosas como el sarampión y la polio, y también está habiendo problemas en la lucha contra la tuberculosis. Asimismo, la malaria sigue siendo la mayor causa de muerte en África y la OMS ha estimado 769.000 muertes por esta enfermedad en el peor de los escenarios en el África subsahariana este año, el doble que en 2018.

En una cumbre virtual organizada por Naciones Unidas para discutir la financiación de las políticas de desarrollo ante la pandemia, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido dar atención especial a África. Considera que si no se ofrece la solidaridad que se debe a este continente, toda la estrategia de desarrollo a nivel mundial fracasará. Asimismo, ha subrayado que “nunca hemos necesitado tanto la acción colectiva y la cooperación”, y que en su gobierno hay tres grandes prioridades para combatir la desigualdad: garantizar la salud para todos, apoyar a los países más vulnerables, y la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

África siempre necesita la ayuda del resto del mundo y en este contexto de la crisis del coronavirus, no se puede olvidar a sus 1.300 millones de habitantes. Es más, la ayuda aún debe ser mayor.

Fuente del artículo: https://www.hispanidad.com/publirreportaje/africa-existe-coronavirus-se-suma-otras-tragedias-hambre-falta-agua-dificil-acceso-educacion-sanidad-conflictos_12019518_102.html

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CLACSO: Pacto Ecosocial del Sur

Por: CLACSO.

 

La presentación estuvo cargo de:
Maristella Svampa (Argentina) Socióloga, investigadora, escritora
Mario Rodríguez Ibáñez (Bolivia) Red de la diversidad, Wayna Tambo
Arturo Escobar (Colombia) Antropólogo

Moderó:
Breno Bringel (Brasil) Asociación Latinoamericana  de Sociología

Comentaron:
Francia Márquez (Colombia) Activista socioambiental afrocolombiana
Karina Batthyány (Uruguay) Secretaria Ejecutiva de CLACSO
Edgar Mojica (Colombia) Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores
Rudrigo Rafael de Souza e Silva (Brasil) Mesa Nacional Movimiento de Trabajadores sin Techo
Patricia Gualinga (Ecuador) Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku
Mina Lorena Navarro (México) Socióloga e investigadora
Vandana Shiva (India) Ecofeminista, filósofa y escritora
Nnimmo Bassey (Nigeria) Activista socioambiental

Apoyaron: CLACSO y ALAS


Adherir al Pacto Ecosocial del Sur


Esta iniciativa nace de un grupo de personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos. Nos motiva la urgencia de construir dinámicas sociales capaces de responder a y contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en medio de la crisis del COVID-19, y de configurar, conjuntamente con quienes deseen juntarse, un horizonte colectivo de transformación para Nuestra América que garantice un futuro digno.

Durante mucho tiempo, las élites nos contaron que no se podía parar los mercados ni la gran máquina de acumulación capitalista, pero resulta que sí, que es posible activar el freno de emergencia cuando se decide que la vida está en peligro.

La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en juego. Una parte de la población está encerrada, otra parte enfrenta contagio, represión y hambre. Los pueblos indígenas y afroamericanos están expuestos a una nueva ola de exterminio; la violencia patriarcal y racista y los feminicidios han aumentado. Mientras, viejos y nuevos grupos de poder aprovechan la emergencia para asegurar que el “retorno a la normalidad” o “la nueva normalidad” no les deje sin beneficios.

La pandemia es una tragedia para muchas personas, cuyo dolor compartimos. Pero la pausa impuesta al capitalismo mundial por el COVID-19 representa también una enorme oportunidad de cambio: la de construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida.

Aun cuando se mantienen profundas heridas a la naturaleza, este freno forzado también significó desacelerar la destrucción de ecosistemas, sobre todo por la disminución de las emisiones de CO2. Las clases medias mundiales experimentan colectivamente que es posible vivir sin ese consumo exacerbado que provoca destrucción ambiental y que amenaza la vida misma en el planeta; que la felicidad y la calidad de vida tienen dimensiones más relevantes que el poseer y acumular cosas, como es vivir en un tejido de relaciones afectivas confiables.

Se ha puesto en evidencia que la vida campesina, los sentidos de comunidad, el cuidado y la reciprocidad son centrales en el sostenimiento de la vida; que, a pesar de vivir en el capitalismo, no vivimos por y para el capital. Tomamos conciencia de que la comercialización directa, los intercambios sin dinero, las redes por fuera de los mercados capitalistas hoy resuelven muchas de nuestras necesidades básicas; y experimentamos que tienen espacio y potencial para el futuro.

Incluso en escenarios formales, ideas antes inconcebibles o consideradas inviables, ocupan un lugar central en la agenda a nivel mundial. Aun agencias económicas como la CEPAL proponen una renta básica universal, y el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos introducir un impuesto a la riqueza, para contrarrestar la escandalosa desigualdad y reducir los déficits fiscales. En el norte global, movimientos sociales y políticos pugnan por un nuevo pacto ecosocial global para salvar el planeta, que articule justicia social y justicia ambiental.

Retomando propuestas elaboradas colectivamente en distintos contextos, proponemos un Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina. Este Pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.

En este sentido, los puntos que siguen buscan articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Algunos de ellos prevén un papel más protagónico de las instituciones públicas y otros se refieren más a las prácticas y cambios de facto que se tejen desde abajo y se van expandiendo horizontalmente.

-Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas tributarias según el principio: “Quién tiene más, paga más – quién tiene menos, paga menos”. Deben incluir el impuesto a la herencia, a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental. En lugar de que todxs paguen impuestos universales, y solo algunxs tengan protección social, proponemos que solo los que más tienen tributen, pero en cambio todxs estén protegidos.

-Anulación de las Deudas Externas de los Estados, y construcción de una nueva arquitectura financiera global. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda externa como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. La cancelación de la deuda externa de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia.

-Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho y, como tal, debe incluir un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades. Esto permitirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado, en términos de clases sociales y de género, pues el mismo recae de modo desigual sobre las familias y en ellas, sobre las mujeres. Debemos promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.

-Una Renta Básica Universal que unifique la política social a través de la introducción de una renta básica para todxs, y que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, para poder salir de la trampa de la pobreza. Tal como acaba de recomendar la CEPAL a los gobiernos latinoamericanos. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal como las tareas de cuidado.

-Priorizar la Soberanía Alimentaria. En un momento en el cual la región latinoamericana presenta el mayor grado de concentración de la tierra a nivel mundial, es prioritario desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Se trata de priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. Fortalecer los mercados campesinos y locales. Crear redes de distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad intelectual. Reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan, y protegiéndoles de la especulación.

-Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es necesario transitar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, desmercantilizadas y democráticas y modelos de movilidad colectivos, seguros y de calidad. Se debe reducir el riesgo frente al colapso climático, una amenaza más grave que la pandemia como nos muestran inundaciones, sequías, deslaves e incendios.

-Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales.

-Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. La pandemia ha mostrado la fragilidad de las cadenas globales de producción, y la riqueza de los esfuerzos locales, y nacionales. La enorme creatividad de los pueblos latinoamericanos debe ser la base para los cambios políticos, que promuevan la autonomía y sostenibilidad de los territorios y sociedades locales. Corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afro-americanos y experiencias comunitarias urbanas populares en términos económicos, políticos y culturales; desmilitarizar los territorios y el conjunto de la sociedad; apoyar los mercados locales; democratizar el crédito, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, la soberanía energética local comunitaria basada en modelos sustentables y renovables.

-Por una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano, con autonomía del mercado mundial globalizado que abran alternativas al monopolio corporativo. Introducir monedas paralelas al dólar en diferentes escalas permitiendo una desconexión relativa de las peligrosas dinámicas del mercado mundial, fortaleciendo los intercambios entre países de la región y su diversificación económica complementaria.

 


Fuente de la reseña: https://www.clacso.org/pacto-ecosocial-del-sur/

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