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Miles de inmigrantes podrán homologar su título universitario en seis meses para ejercer en España

El ministerio prepara un mecanismo de evaluación más operativo para terminar con las demoras de más de dos años. Habrá, además, un “plan de choque” para los 15.000 extranjeros que ya aguardan turno.

Homologar un título universitario en España es una odisea por la pesada burocracia. Las esperas suelen ir de los nueve meses ―para un título expedido en Europa― a más de dos años, y si la licenciatura o el grado es de Medicina, aún más tiempo si es un título extracomunitario. Ahora el Ministerio de Universidades prepara un decreto de procedimiento de homologación (para las profesiones reguladas) y de equivalencia de los títulos extranjeros que será aprobado próximamente en el Consejo de Ministros y que acorta los plazos hasta un máximo de seis meses porque agiliza la burocracia y exime en muchos casos de un informe complementario.

Las 15.000 tramitaciones en lista de espera ―aún hay 9.000 de 2019― se regirán por el decreto de 2014, pero el ministerio asegura que habrá “un plan de choque” para resolverlos de forma “inminente” digitalizando sus expedientes ―muchos están en papel― y contactando con los demandantes telemáticamente. Actualmente, el método es el correo certificado, que eterniza el procedimiento. El pasado año se aprobaron 9.000 homologaciones y se falló en contra de apenas 350, por lo que el ministerio cree que no tiene sentido ser tan puntilloso.

“Es de vital importancia para nuestro mercado laboral atraer el talento que necesitamos para recualificar nuestro país. No se puede pensar en hacerlo sin la inmigración de profesionales de alta cualificación”, ha afirmado el ministro de Universidades este miércoles en rueda de prensa. Manuel Castells estudió y dio clase en París y ha ejercido durante tres décadas en la Universidad de Berkeley (California), por lo que es muy sensible al asunto. “La espera es un drama humano que se hace insoportable. Muchos de los mejores abandonan y optan por países más acogedores en su burocracia aunque hayan optado por España”, ha añadido. El ministro confía en que haya un “efecto llamada” entre los inmigrantes muy cualificados porque lo considera “fundamental” para construir una sociedad del conocimiento al estilo de Silicon Valley. Un 25% de los ciudadanos extracomunitarios, según un estudio de la Universidad de Comillas, posee un título universitario.

Cuando el licenciado fuera de España presente la solicitud telemáticamente al Ministerio de Universidades, se generará un número de seguimiento, como el de los paquetes de correo urgente. Ya no se podrá solicitar presencialmente. En los siguientes 15 días ―según los planes del ministerio― se revisará la petición y se demandará la subsanación de errores (ocurre en la mayoría de los casos). El demandante contará con 15 días para corregirlos.

Una comisión de homologaciones ―formada por técnicos del ministerio y profesores universitarios, en total 12 personas― contará después con hasta dos meses para emitir un informe que habrán redactado expertos en la materia y el resultado se comunicará al interesado. Para las profesiones reguladas ―médico, veterinario, abogado o juez― se pedirá un informe al colegio correspondiente que deberá de concluirse en 10 días (ahora se demora meses).

Si la resolución es afirmativa, se expedirá el título en 10 días y, si es negativa, el afectado contará con 15 días para presentar alegaciones y el ministerio con otros 15 para contestarle. La novedad es que los títulos expedidos en Estados del Espacio Europeo de Educación Superior o en países con los que hay reconocimiento de los estudios no tendrán que someterse al veredicto de la comisión de homologaciones. En estos momentos hay equivalencias automáticas con determinadas universidades de prestigio en Argentina, Colombia y Chile y países como Ecuador están muy interesados en la reciprocidad.

Estarán eximidos también del informe los expedientes “cuando se corrobore que la mayoría de solicitudes ―100 como mínimo― de homologación o equivalencia de un determinado título universitario extranjero proveniente de la misma universidad de un determinado país, se ha saldado con la obtención de una resolución definitiva favorable”, se afirma en el decreto. “Así que el porcentaje de informes que se hagan va a ser mucho menor”, subrayó José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades.

La pandemia ha puesto de manifiesto la gravedad del problema. En los momentos más duros, las autonomías quisieron contratar a sanitarios muy experimentados en sus países de origen ―en su mayoría sudamericanos―, pero no podían ejercer por faltarles la homologación. El ministerio les facilitó entonces un permiso especial para ejercer durante un año. Universidades valida el título de Medicina y el Ministerio de Sanidad, por su parte, tiene que reconocer la especialidad. Castells ha tenido un recuerdo para los funcionarios que durante el confinamiento regularizaron a 4.100 sanitarios acudiendo al ministerio, semivacío, porque muchos de los expedientes estaban en papel. “No es posible que el sistema funcione a partir del heroísmo cotidiano de los funcionarios”, ha sostenido el ministro.

Este diario dio durante el confinamiento voz a sanitarios frustrados por no poder trabajar cuando más se necesitaba. Yasmine Chacón, que era radióloga en El Salvador, limpiaba casas en un pueblo de Valencia a falta de la equivalencia. El uruguayo Lucas Ferraz, que trató decenas de casos de malaria en el Congo como auxiliar de enfermería, hacía reformas al no tener los papeles.

CONVALIDACIÓN DE PERIODOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

El decreto aborda también la convalidación de parte de los estudios de un ciudadano español ―quedan excluidos los trabajos de fin de máster o de grado― en una universidad extranjera. Serán los campus nacionales los encargados de la tramitación y contarán con un plazo de hasta dos meses. Regirán las normas de ese centro, pero en función de unas directrices generales del Consejo de Universidades ―conformado por representantes del ministerio y los campus―. Estas también serán responsables de la equivalencia del título de doctor.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2021-03-24/miles-de-inmigrantes-podran-homologar-su-titulo-universitario-en-seis-meses-para-ejercer-en-espana.html

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Chile: Colmed, universidades y ex ministro presionan para postergar elecciones y Gobierno sigue resistiéndose a esa posibilidad

Dada la compleja situación sanitaria que enfrenta el país producto de la pandemia, varios expertos en medicina han sugerido postergar los comicios del 10 y 11 de abril, entre ellos el ex ministro de Salud Jaime Mañalich y el rector de la Universidad de Chile Ennio Vivaldi. Sin embargo, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, insistió esta mañana en que «es parte de nuestra ocupación diaria dedicarnos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se puedan realizar las elecciones el 10 y 11 de abril, en eso estamos». Ayer, el Ministerio de Salud reportó la segunda cifra más alta de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, y 14 comunas de la Región Metropolitana retrocedieron a cuarentena. Con esto, la capital del país en su totalidad entrará en confinamiento a partir del sábado.

La crisis sanitaria en Chile producto de la segunda ola de covid-19 está en un punto crítico. En el reporte de ayer, el Ministerio de Salud reportó la segunda cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia con 7.023 casos, lo que obligó a decretar cuarentena total en la Región Metropolitana y otras comunas del país, provocando que alrededor de 13 millones de personas estén confinadas.

Esta situación ha puesto sobre la mesa la posibilidad de postergar las elecciones del 10 y 11 de abril. Expertos médicos consideran que se deben postergar. Por ejemplo, El jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, dijo a T13 que «de acá a una semana vamos a tener nuevas cifras que indiquen el resultado de las medidas», En ese sentido, sostuvo que si las cifras siguen al alza, «sería prudente postergar este proceso eleccionario».

«Idealmente la cifra de camas críticas deberían estar muy por debajo de las cifras actuales, por debajo del 85%», sostuvo el experto.

En la misma línea, el jefe de Urgencias del mismo recinto hospitalario, Leonardo Ristori, comentó a CNN Chile que «la situación actual es tremendamente preocupante», argumentando que es incluso más complicada que el panorama de mayo del año pasado. «Este es el momento más crítico de la pandemia», aseguró.

«La ocupación de camas con gente joven es mucho más larga que la que teníamos con gente de mayor edad y eso hace que tengamos menos posibilidad de hospitalizar», agregó el experto, y advirtió que «si no se toman medidas y sobre todo, si la población no las acata, podríamos llegar al dilema de la última cama».

Bajo ese contexto es que Ristori se mostró a favor de postergar las elecciones , argumentando que «ya hay suficientes antecedentes para posponer las elecciones y diría que hace una semana atrás ya había suficientes antecedentes para hacerlo. La curva de progresión de los contagios y lo que se veía venir eran razones más que suficientes para haber postergado las elecciones en una decisión tomada hace por lo menos una semana atrás».

Mañalich: Hay «factores suficientes» para postergar la elección

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich también manifestó su postura a favor de postergar los comicios de abril, argumentando que hay «factores suficientes» para tomar esa decisión. «Cantidad de camas críticas, casos positivos, positividad del test, casos activos, tendencia, etcétera. Los factores son suficientes para tomar una decisión, en el sentido de modificarlas», dijo a El Mercurio.

«Pensemos muy en serio, con responsabilidad social y política, si es prudente o no mantener este acto eleccionario», agregó la ex autoridad del Ministerio de Salud.

El ex secretario de Estado consideró que «se ha dicho que el lunes se tomaría una decisión y es tarde. Estamos en una situación sanitaria donde es poco probable que el escenario cambie radicalmente, a pesar de las medidas tomadas ayer».

El ex secretario de Estado también dijo que «si va el 50 por ciento del padrón, como en el Plebiscito, bien, pero si va el 30 por ciento, que es posible, dadas las medidas de confinamiento y temor de las personas, la validez de los resultados, sobre todo de la Convención, puede entrar fácilmente en discusión».

«Lo que corresponde es que se haga una reunión entre los distintos poderes del Estado y se tome una decisión. Puede ser postergar las elecciones o mantener una de ellas, como la de constituyentes, y dejar las otras para después», propuso Mañalich.

Por otra parte, el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, también manifestó que la situación por el covid-19 en el país «es compleja» y señaló que «hay indicadores que llaman poderosamente a suspenderlas».

Rector Vivaldi: «Es más prudente postergar»

En conversación con Radio ADN, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dijo que muchos votantes podrían abstenerse de participar en las elecciones de abril producto de la segunda ola de covid-19, y en esa línea, dijo que «la evidencia dice hoy día que es más prudente postergar».

«Yo aconsejaría prudencia y postergarlas», agregó el médico cirujano.

Gobierno insiste en mantener la fecha de las elecciones

Pese a las advertencias de expertos que sugieren que lo mejor es postergar las elecciones, el Gobierno se ha mantenido firme respecto a que se realicen el próximo 10 y 11 de abril. Es así como entrevista con T13, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo que «es parte de nuestra ocupación diaria dedicarnos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se puedan realizar las elecciones el 10 y 11 de abril, en eso estamos. Si los datos cambian, será en su momento».

«Necesitamos cuanto antes bajar la cantidad de contagios, continuar con la campaña de vacunación y bajar la movilidad, especialmente en las ciudades más grandes», agregó.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/03/26/colmed-universidades-y-ex-ministro-presionan-para-postergar-elecciones-y-gobierno-sigue-resistiendose-a-esa-posibilidad/

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Mundo: 34 millones de personas a un paso de la hambruna

La guerra, el coronavirus o los fenómenos climáticos extremos son tres elementos que agravan la inseguridad alimentaria de millones de personas en todo el planeta. Un informe de la FAO alerta del inminente paso a situación crítica de 34 millones de personas.

La crisis alimentaria amenaza ya a 20 países y a 34 millones de personas en todo el mundo. La situación es crítica, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “Algunos sectores de la población atraviesan una situación crítica de hambre, con un agotamiento extremo de los medios de subsistencia, un consumo insuficiente de alimentos y una elevada desnutrición aguda”, explica el informe Los puntos críticos del hambre, presentado ayer 24 de marzo en Roma.

El mapa de la inseguridad alimentaria marca África, especialmente los países del centro continental como el eje del hambre en el mundo. Por cantidad de población, la República Democrática del Congo acumula la mayor bolsa de personas, 4,4 millones, en fase 4, la fase de emergencia, el último paso hasta la declaración de hambruna.

Se trata de aquellas personas que tienen grandes carencias en el consumo de alimentos que se reflejan en una desnutrición aguda muy alta y exceso de mortalidad, también quienes son capaces de mitigar las grandes brechas en el consumo de alimentos, “pero solo empleando estrategias de subsistencia y liquidación de activos”.

Tras la RD del Congo, el mayor contingente de personas al borde de la más grave situación de hambruna se encuentra en Oriente Medio, en los países de Afganistán y Yemen, ambos con conflictos bélicos abiertos. Tanto en determinados territorios de Yemen como en la zona de Jonglei, en Sudán del Sur, ya se ha pasado a la fase 5, de hambruna.

Nigeria, Etiopía, Sudán del Sur y Sudán son otros de los puntos críticos de la crisis alimentaria que atraviesa el planeta. En Centroamérica, la situación se reproduce en El Salvador, Honduras y Haití.

“Estamos viendo cómo se desarrolla una catástrofe ante nuestros propios ojos. La hambruna, impulsada por el conflicto y alimentada por los impactos climáticos y la pandemia covidD-19, está llamando a la puerta de millones de familias”, ha declarado el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, coautor del informe junto a la FAO.

“Se necesita una acción humanitaria selectiva urgente y a gran escala para prevenir el hambre o la muerte en estas situaciones de mayor riesgo y para proteger a las comunidades más vulnerables”, denuncia la FAO. A lo largo del mes de abril, la FAO publicará su anual Informe mundial sobre crisis alimentarias, en el que se detallará cuál ha sido el impacto global de la pandemia y se incluirá información adicional sobre estos “puntos críticos” del hambre.

Fuente: https://rebelion.org/34-millones-de-personas-a-un-paso-de-la-hambruna/

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Familias monomarentales: el año del cansancio para las madres solas

Por: Sarah Babiker

Sin apoyos al cuidado e ingresos reducidos, muchas familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, han pasado de la precariedad al colapso.

Cuando todo cerró, hace algo más de un año, Anna, madre sola de un hijo de cuatro años, llevaba tiempo preparando unas oposiciones. Había decidido que esa era la mejor forma de tener un trabajo estable y que le posibilitase conciliar, algo fundamental cuando tienes un hijo a tu cargo. Al principio se tomó las cosas con filosofía, después de todo no serían más de dos semanas, “llevaba un ritmo de vida tan ajetreado que me vino muy bien la fase cero, pude finalmente afrontar un montón de cosas que tenía pendientes de hacer en casa, dormir más, o estar más pendiente de la alimentación. Las primeras tres semanas las viví como unas vacaciones con mi hijo”.

Pero el tiempo pasaba y Anna tenía que estudiar, y el niño, de cuatro años, encerrado en casa, demandaba toda la atención. En pleno momento de rabietas la relación se tensaba. Y si bien Anna en algún momento concluyó que la adulta era ella, que tenía que hacer todo lo posible por tirar para adelante, un año después el cansancio sigue ahí. “Me siento absolutamente agotada, harta, fatigada, no digo desesperanzada, pero un poco hastiada necesitando que empiecen a verse frutos de esta nueva era”.

Dice Anna, que si bien lo que cuenta es bastante íntimo, también es bastante universal: amigas que se levantan a horas inverosímiles para tener un par de horas para trabajar antes, mujeres solas pobres de tiempo y empobrecidas económicamente que llevan un año (o en realidad mucho más tiempo) haciendo malabarismos. Existencias que transcurren entre el cansancio por intentar llegar a todo, y la culpa por no conseguirlo.

El estudio Familias monoparentales en España: una retrospectiva, presentado recientemente por la organización FAMS (Federación de asociaciones de madres solteras) y realizado con el apoyo del Instituto de la Mujer, propone un recorrido histórico sobre cómo han sido percibidas las madres solas históricamente. También mapea el marco legal, hace balance de la desigualdad que afecta a estas familias, y describe la situación actual.  Los tiempos de la vergüenza y el deshonor, la marginación social y legal de estas mujeres, parecen quedar lejos. “Ya no hay una discriminación explícita ni se les prohibe legalmente su acceso a derechos, pero sí hay una invisibilización que impide que se las tenga en cuenta”, explica la socióloga Violeta Assiego, una de las responsables del estudio.

 “A la hora de legislar en políticas públicas no se tiene presente a las familias monomarentales, el ejemplo más evidente son los permisos, en los que hay un olvido total hacia cuáles son los derechos de sus hijos, en comparación con las familias biparentales”

Para Assiego la invisibilización deja a estas familias “expuestas a los vaivenes de prejuicios erróneos que pueden existir sobre ellas”. La experta traza un continuum: cuando el contexto es de normalidad, la falta de reconocimiento se traduce en no ser tenidas en cuenta al pensar en políticas públicas y ayudas algo que “las deja en peor situación material que las familias biparentales”, cuando el contexto es de crisis, como lo está siendo desde que hace más de un año irrumpiera la pandemia, “nos encontramos que son objeto de rechazo, de juicio, de culpabilización cuando actúan en función de sus circunstancias: ahí es cuando se pone en evidencia toda la carga de prejuicios que existe hacia las madres que cuidan en solitario”.

M. es una madre sola sobrevenida. Hubo un padre que también era un maltratador. Cuando consiguió poner punto final a su relación y pensaba que podía reconstruir sus lazos sociales, lo social se puso en suspenso para todos: pasó el confinamiento sola con su hijo de tres años, sin ayuda. Sus padres, de alto riesgo, no son una opción para apoyar. Tuvo que dejar de trabajar seis meses para ocuparse del niño.

Con sus recursos recortados y sin tiempo, en las primeras semanas de pandemia, la gente no se lo puso fácil. Arrancaba el estado de alarma, y salir con su pequeño a la calle era un momento de tensión: M. recuerda salir a algún recado, o simplemente a sacar la basura “y sentir las miradas de diferentes personas, como si fuera una irresponsable, ¿cómo salía con el niño?”.

Para Assiego esta realidad que debieron —y deben— enfrentar estas familias está relacionada con un imaginario que aún opera. Subyace la “creencia respecto a que estamos ante una familia incompleta, que ni siquiera es familia, que luego a la hora de legislar en políticas públicas no se las tiene presentes, y en este sentido el tema de los permisos es el ejemplo más claro y más evidente de que hay un olvido total hacia cuáles son los derechos de los hijos de las familias monomarentales en comparación con las biparentales”.

El cuestionamiento de una ley de permisos de nacimiento que posilitaba hasta ocho meses de cuidados familiares (por parte de los dos progenitores en las familias biparentales) mientras apenas aumentaba los tiempos de cuidados para las y los hijos de familias monomarentales ha sido central desde que se anunciara la ley, denunciado como un caso paradigmático de invisibilización de su realidad.

“Hay que tener una mirada monoparental en todas las políticas que se pongan en marcha, en todas las políticas de apoyo a la familia desde el nivel fiscal pasando por los permisos. Reconocen que es una desigualdad y dicen que están en ello para cambiarlo, y es una prioridad”, reflexiona Carmen Flores, presidenta de la FAMS. Desde que se implementaran los permisos son varias las sentencias que han reconocido a familias monomarentales el derecho a disfrutar de los mismos permisos que las familias formadas por dos personas adultas.

Pero la necesidad de cuidados y conciliación desborda ampliamente los primeros meses de crianza, y los tiempos en los que los centros educativos y los abuelos y abuelas, junto a otras redes de apoyo desaparecieron del mapa sirvieron para hacer esto más evidente que nunca. A este evidencia le acompañó otra: “No hay inversión pública en familia y no hay inversión pública en infancia. Las familias monoparentales se encuentran con que ellas son las únicas en solitario que deben sostener este cuidado, entonces la falta de previsión pública, de previsión política, en ellas se amplifica, y esto tiene consecuencias de carácter material pero también de carácter psicológico y emocional”, señala Assiego.

“En familias monoparentales se hace prácticamente inviable poder tener un trabajo que aporte la cantidad necesaria para vivir bien y compaginarlo con la crianza, sin que ello conlleve unos gastos que de tener un buen sueldo para vivir bien, pasemos a malvivir aún trabajando a destajo”

“Harta y agotada, estresada y con el corazón en un puño constantemente. Culpable de no poder dedicar todo el tiempo que se merece mi hijo”, resume Elisa por su parte. Identifica fácilmente de dónde proviene todo este malestar: la conciliación no es real. E imagina cómo la conciliación podría serlo: con ayudas económicas o directamente con personas subvencionadas por el Estado que apoyen en los cuidados. “En familias monoparentales este tipo de ayudas son necesarias, porque se hace prácticamente inviable poder tener un trabajo que aporte la cantidad necesaria para vivir bien y compaginarlo con la crianza, sin que ello conlleve unos gastos que de tener un buen sueldo para vivir bien, pasemos a malvivir aún trabajando a destajo”.

Assiego relaciona esta sensación de no llegar, esta inviabilidad con “toda una percepción que no es de soledad objetiva —porque ellas están con sus hijas— pero sí de soledad subjetiva”, un cierto aislamiento social convive con una cierta sensación de fracaso, “cuando en realidad lo que hay es una ausencia de protección o apoyo por parte del Estado a ese modelo familiar que es tan legítimo como el biparental”.

La falta de protección ha tenido sus efectos. Si ya las estadísticas alertaban desde hace tiempo que tener hijos a cargo es un factor de riesgo de pobreza que afecta particularmente a las familias monoparentales, el hecho de que hasta ahora toda medida de conciliación haya pasado por disminuir las horas laborables, con su consiguiente disminución salarial, no ha hecho sino agravar la situación de familias que ya vivían con lo justo.

En FAMS, que aglutina a asociaciones de madres solteras de todo el estado han podido comprobarlo: “Te puedo decir que cerca del 80% está en peores condiciones que antes de la pandemia, incluso mujeres que están trabajando. También hay muchas que han perdido el empleo porque han tenido que elegir entre cuidar y trabajar, porque no tenían con quién dejar a los hijos”. El escudo social ha dejado a muchas afuera, pendientes de cobrar un Ingreso Mínimo Vital que no llega, habiéndose extinguido la prestación por hijo a cargo, o ante la dificultad en la transición de rentas mínimas autonómicas al IMV, “hay familias que se van a quedar en el limbo, eso es algo a corregir”, apunta Flores.

El balance, un año después, mezcla algo de optimismo y temor. Optimismo por parte de Flores, quien después de muchos años de lucha por una legislación que reconozca a las familias monomarentales, piensa estar más cerca que nunca con la Ley de diversidad familiar que prepara el gobierno: “Dicen que va a haber capítulos específicos y están agradecidas con nuestra investigación. Creo que eso es bastante positivo de entrada”. También cuentan con el compromiso del Gobierno de darles prioridad en el Plan Corresponsable, que prevé finalmente ayudas para los cuidados, y que administrarán las comunidades autónomas.

Para FAMS era perentorio que el estado asumiese este tipo de apoyo, pues las familias monoparentales no pueden cubrir en solitario los cuidados y el trabajo remunerado: “Muchas mujeres tienen que contratar a otras mujeres todavía más vulnerables, por muy poco dinero, entramos en una cadena de vulnerabilidad y de pobreza que genera más pobreza todavía”. Si bien Flores apunta que el Plan Corresponsables es un avance, matiza que les hubiese gustado poder dar su visión mientras se formulaba y conocer mejor el texto.

Por su parte, las investigadoras temen que, en un momento de crisis, con la extrema derecha y los discursos reaccionarios tomando fuerza, vuelvan determinados estigmas e imaginarios que han captado en su estudio, y que se pueden traducirse tanto en políticas públicas —la dificultad para acceder a tratamientos de fertilidad para mujeres solas, por ejemplo— como en la culpabilización de este modelo de familia.

Recuerdan un informe de la organización ultracatólica Family Watch en el que se hacía énfasis en la importancia de la figura paterna. Lo tuvieron que retirar, pero la idea de que en familias monomarentales los niños son “más problemáticos, todo eso sigue permeando y se sigue observando en estudios que se publican y que asocian monoparentalidad con tener hijos adictivos y problemáticos”, advierte Assiego.

“Hemos sido de los colectivos más discriminados y hemos tenido que soportar muchos juicios morales. Llevamos muchos años reclamando una ley de familias monoparentales, que reconozca y normalice este modelo familiar”

Además, señala la investigadora, es importante recordar que hay familias más vulnerables a la culpabilización: “hay que analizarlas desde un enfoque interseccional para que al final ese estigma no se desplace hacia las mujeres más pobres, las mujeres racializadas, las mujeres migrantes que no responden al modelo de madre que de alguna forma es el que normaliza la familia biparental”.

Flores insiste en la necesidad de un marco jurídico que proteja estas familias: “Es una cuestión de justicia social, las administraciones públicas nos lo deben a nivel histórico. Hemos sido de los colectivos más discriminados y hemos tenido que soportar muchos juicios morales. Llevamos muchos años reclamando una ley de familias monoparentales, que reconozca y normalice este modelo familiar. Que genere esa empatía en la sociedad”, concluye.

Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/cuidados/el-ano-del-cansancio-para-las-madres-solas

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Brote de Covid-19 en Uruguay: suspenden la educación presencial hasta el 4 de abril

Por: La Voz

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha anunciado la suspensión de la educación presencial hasta el próximo 4 de abril para hacer frente al importante aumento de casos y decesos por el coronavirus.

Lacalle Pou ha anunciado tras el Consejo de Ministros de este martes nuevas medidas para frenar la propagación de la enfermedad y ha recordado que hace un año el Gobierno «decidió no confinar al pueblo uruguayo, si bien la presión desde muchos ámbitos políticos fue muy fuerte, nosotros optamos por la libertad, que venimos a defender».

Así, el mandatario uruguayo ha avanzado que las oficinas públicas permanecerán cerradas hasta el 12 de abril, hasta cuando se suspenden también los espectáculos públicos y se cierran los ‘free shop’ en la frontera «dada la gravedad de la penetración de la variante P.1».

Se ordena también el cierre de complejos termales, mientras bares podrán atender solo hasta medianoche y se suspenden los eventos sociales y se prohíbe el funcionamiento de gimnasios y clubes de deporte amateur hasta la fecha antes mencionada, informa ‘El Observador’.

También se han tomado medidas no relacionadas con restricciones como la aplicación del subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años en el sector privado, la reinstalación del tributo COVID-19 a los sueldos públicos por dos meses, cuya recaudación se destinarán a las actividades perjudicas por la reducción de movilidad.

Igualmente, el presidente ha indicado que se duplica la cantidad de la asignación familiar y las canastas familiares y se agregarán 129 camas en Centros de Tratamiento Intensivo (CTI), dotadas de respiradores para paliar la situación, en el sector público y privado.

«Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad, una vez más tiene la acción del Gobierno pero tiene necesariamente que estas acompañada por las conductas individuales», ha recordado Lacalle Pou, quien también ha incidido en que se disolverán las aglomeraciones.

El Consejo de Ministros ha optado por nuevas medidas ante el aumento de casos y la confirmación de la «circulación comunitaria» de la variante brasileña.

Mientras tanto, el país acumula 86.007 positivos por coronavirus y 827 fallecidos desde que estalló la pandemia.

*https://www.lavoz.com.ar/mundo/brote-de-covid-19-en-uruguay-suspenden-educacion-presencial-hasta-4-de-abril

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Claudia Uribe: «La pandemia nos enseñó que la educación presencial no es sustituible» Video

Por: France 24

Claudia Uribe es directora de la Oficina de Educación para América Latina de la Unesco. Durante la conversación con France 24, señaló que la “región avanza lenta y gradualmente hacia la apertura de escuelas para clases presenciales” y agrega que solamente 10 países mantienen los centros educativos cerrados. La pandemia destacó la importancia de la educación presencial, que calificó como “no sustituible”, y alertó sobre los cambios que deben producirse en materia educativa en América Latina en medio de un aumento en la brecha de aprendizaje y acceso a la educación

https://www.france24.com/es/programas/5-minutos-con/20210309-claudia-uribe-pandemia-educación-presencial-virtualidad

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Venezuela: ¿Pa’ dónde va la educación?

Por: Freddy Marcano/El Nacional

En décadas  anteriores, en nuestro país, la sociedad civil tenía un papel preponderante. La sociedad de padres y representantes tanto en escuelas públicas como privadas representaban un conector esencial entre la comunidad y el sistema educativo. Lentamente, este rol ha sido reemplazado por unas supuestas organizaciones comunales, conformadas por activistas políticos pertenecientes al régimen, llevando a un desarrollo anormal la relación educación y sociedad. Esta relación anormal ha destruido una de las principales aristas de este proceso, impidiendo que la comunidad reciba información veraz sobre el diseño de toda la estructura educativa.

En estos momentos, el paso del aula presencial al aula virtual, precisamente, ha revelado la ineficacia de la conexión entre gobierno y sociedad civil, entendiendo este último como la olvidada sociedad de padres y representantes. Quizá en décadas anteriores, los involucrados se hubiesen sentado con los empresarios del mundo tecnológico y los funcionarios del Ministerio de Educación para intentar hacer viable la educación telemática. En nuestro país, por consabidas razones, ni siquiera las tarifas relacionadas pueden discutirse con un Estado que promueve la inflación salvaje, por ejemplo.

Inevitablemente, los gremios educativos independientes tiene por vocación fundamental la de defenderse contra ese Estado depredador. El Ministerio del Poder Popular para la Educación ha metido en el llamado sistema Patria a todo el personal docente, administrativo y obrero de los centros educativos afiliados a la Asociación Venezolana de Educación Católica (incluyendo al personal docente de las universidades aunque no es punto de este artículo), no solo faltando a la debida autonomía de las instituciones educativas, sino al propio convenio suscrito por las partes en enero próximo pasado sobre la remisión de los recursos que no son de Maduro ni de Aristóbulo, sino de todos los venezolanos y para el cumplimiento de los altos fines pautados en la  mismísima Constitución de la República. Se lleva el régimen por el medio más de 31 años consecutivos de acuerdos en la materia.

El Estado se convierte en el patrono directo desde el punto de vista económico, porque es el pagador; sin embargo, aparentemente,  no ejercerá ningún control inmediato de las estrictas relaciones educativas y laborales. Paradójicamente el pagador no es responsable directamente de su relación laboral, en cada escuela y colegio a lo largo y ancho del país, y sus empleados se convertirían, realmente, en un intermediario del ministerio, cuales funcionarios.

Con el sistema Patria, ¿dónde quedan las contrataciones colectivas y otros derechos laborales? Acá hay un inadvertido cambio en el propio marco del Derecho del Trabajo en Venezuela: jamás el instrumento ha sido discutido y  mucho menos aprobado por parlamento alguno. Por cierto, sin que sepamos todavía, cuál decreto ejecutivo o resolución ministerial le sirve de soporte, puesto que viola la propia Constitución. El tal sistema “patriótico” le concede a los ministros de Educación y de Educación Superior competencias realmente constituyentes. Pero, en última instancia, el problema no es jurídico, sino político. Y nuestros hijos y el futuro de las generaciones de relevo en el país va día a día hacia un foso sin salida. Nuestro lema: insistir, resistir y persistir, resalta su importancia en estos momentos cuando el régimen intenta arrollar la Constitución venezolana demostrando una vez más su talante antidemocrático.

https://www.elnacional.com/opinion/pa-donde-va-la-educacion/

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