América del Sur/Perú/03-06-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
De acuerdo al Registro Único de Víctimas, 201 mujeres y niñas tenían hijos de sus agresores.
Organizaciones feministas y de mujeres reclamaron al Estado peruano que cumpla con las recomendaciones que realizara el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) de la Organización de Naciones Unidas (ONU); así como con la garantía de los derechos de las mujeres y la población LGTBIQ+.
La institución feminista Flora Tristán subrayó la necesidad de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres como uno de los parámetros fundamentales reconocidos por la Cedaw.
De acuerdo a la ONU “los grupos desfavorecidos y marginados de mujeres y niñas, las mujeres indígenas y afroperuanas, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como las mujeres refugiadas y migrantes; se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de violencia en todos los ámbitos de sus vidas”.
Por ello, el Comité instó a Perú a utilizar medidas especiales de carácter temporal para proporcionarles una reparación urgente. Entre las visiones fundamentales para la garantía de una vida digna para las mujeres y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos; el organismo resaltó la carencia de educación sexual integral adecuada en correspondencia con la edad en todos los niveles; incluida la educación sobre salud, derechos sexuales e igualdad de género.
“El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para incorporar la igualdad de género y los derechos de la mujer en sus marcos legislativos, regulatorios y normativos. Sin embargo, al Comité le preocupan los altos niveles de violencia de género contra las mujeres, que se han visto exacerbados desde el inicio de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, detalló la institución en su informe.
Otro de los desafíos que reconocen y exigen las organizaciones por los derechos de las mujeres, están acorde con la declaratoria de la Cedaw; la cual refirió que en lo relativo a la justicia falta concientización y sensibilización en materia de igualdad de género.
La persistencia de obstáculos institucionales, estructurales y prácticos para el acceso de las mujeres a la justicia, es puntualizado además de la Cedaw por los colectivos peruanos.
Con relación a la restricción de una interrupción segura del embarazo, Cedaw recomendó que el Perú legalice esta interrupción en casos de violación, incesto, amenazas a la vida o la salud de la mujer embarazada o malformación fetal grave; y despenalice la interrupción del embarazo en otras situaciones.
“El acceso altamente restrictivo al aborto en casos terapéuticos ha provocado la denegación de este procedimiento a mujeres y niñas víctimas de embarazo forzado por violencia sexual; señalando que en 2018 el Registro Único de Víctimas informó de 5.266 casos de abuso sexual y que 201 mujeres y niñas tenían hijos de sus agresores”, denunció el documento.
Otras de las denuncias realizadas por los movimientos de mujeres y feministas y contempladas por la Cedaw, se focalizaron hacia la esterilización forzada de mujeres y niñas, en particular de mujeres y niñas con discapacidades intelectuales y psicosociales, a pesar de la prohibición de la ley.
Por otra parte, la denuncia también abordó el “acceso limitado de las mujeres que viven con el VIH/SIDA a los programas de prevención, tratamiento y atención y apoyo de calidad, así como la estigmatización y discriminación a la que se enfrentan”.
Otra de las problemáticas fundamentales que acontecen en el país es la violencia y el feminicidio como su máxima expresión, sobre la cual la Policía Nacional informó que 12.000 mujeres fueron registradas como desaparecidas en 2020.
Mientras, según las cifras publicadas por el Programa Nacional Aurora, en 2021 se registraron 293 tentativas de feminicidio, y 136 casos de feminicidio consumado, de los cuales en el 13.2 por ciento las víctimas fueron niñas y adolescentes.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/feministas-peruanas-reclaman-cumplimiento-cedaw-estado-20220602-0033.html
América del Sur/Perú/15-04-2022/Autor(a) y Fuente: www.andina.pe
El ministro de Educación, Rosendo Serna, calificó de trascendental la publicación de la autógrafa de la ley que establece el pago del 100 % de la compensación por tiempo de servicios (CTS) a los maestros nombrados e informó que el Ejecutivo trabaja en la calendarización para el incremento anual a los docentes hasta el 2026, así como en la escala salarial de los auxiliares de educación.
Durante el acto de presentación y promulgación de la ley Nº 31451, que modifica los artículos 53 y 63 de la ley N° 29944 sobre la Reforma Magisterial, Serna afirmó que la norma es una muestra de la mejor disposición que tiene el presidente Pedro Castillo para trabajar por la revalorización de la carrera docente y el reconocimiento de sus derechos laborales.
“El gobierno del profesor Pedro Castillo ha señalado, con visión prospectiva estratégica, lo que hay que hacer en la educación y uno de los aspectos fundamentales es la disposición de trabajar fuertemente el tema del reconocimiento de los derechos laborales de los maestros, porque la retribución económica no compensa la situación de la canasta básica familiar”, dijo el ministro.
Según la ley, los docentes tendrán una CTS del 100 % de su remuneración íntegra mensual por año o fracción mayor a seis meses de servicios oficiales laborados de manera efectiva, contados desde su nombramiento hasta la fecha de retiro, y los maestros que cesen en el año 2022 recibirán un 50 % de la CTS este año, un 20 % el 2023 y un 30 % el 2024.
De otro lado, aquellos maestros que pasen al retiro en el 2023, percibirán un 70 % de su CTS ese mismo año y un 30 % al siguiente año, en tanto que los docentes que se jubilen a partir del 2024 en adelante percibirán el 100 % al momento del cese.
La ley modifica el artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial y se refiere a los casos en que se produce el retiro de los profesores de la Carrera Pública Magisterial, como la renuncia voluntaria, destitución, por no haber aprobado la evaluación de desempeño laboral, por límite de edad al 31 de diciembre del año correspondiente en que el servidor cumple 65 años de edad, incapacidad permanente que impida ejercer la función docente o fallecimiento.
Serna también informó que pronto se presentará la norma de la nueva prueba de nombramiento y dijo que espera que los docentes postulantes alcancen el 100 % de las plazas vacantes a nivel nacional.
En otro momento, indicó que este año se ha dispuesto el cese de las consultorías en el ámbito educativo, en donde se detectó gastos del Estado por 400 millones de soles en los últimos años.
Asimismo, señaló que se ha logrado el financiamiento de los maestros contratados y el pago de la gratificación por escolaridad con recursos reorientados del propio Ministerio de Educación. “Tenemos alrededor de 75 millones que nosotros retiramos de varios gastos para reorientarlos de la mejor manera”, anotó.
(FIN) NDP/JCR
JRA
Fuente e Imagen: https://www.andina.pe/agencia/noticia-ministro-serna-nueva-ley-revaloriza-trabajo-docente-y-reconoce-derechos-laborales-889057.aspx
América del Sur/Perú/01-04-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org
Padres de familia protestaron por falta de agua potable en I.E. San Ramón.
Los combativos compañeros del SUTE Regional Ayacucho, liderados por su Secretario General, Pedro Pérez Quispe, se movilizaron por las diferentes calles de Huamanga, junto a diferentes organizaciones sociales y sindicales en contra del encarecimiento del costo de vida.
Nuestro sindicato siempre en las luchas del pueblo.
A una sola voz se hizo sentir el rechazo al aumento de precios en los alimentos de primera necesidad, del costo del gas, el servicio de energía eléctrica y combustibles.
“Los maestros y auxiliares del SUTE Ayacucho hemos protestado exigiendo una nueva nueva constitución, que rompa los monopolios del modelo neoliberal, y para que el gobierno del presidente Castillo cumpla con sus promesas electorales, sobre todo las relacionadas a educación”, afirmó nuestro dirigente.
En la movilización participaron más de 30 organizaciones gremiales, sociales y de base.
Compañero Pedro Pérez, Secretario General del SUTE Regional Ayacucho.
Colegio San Ramón
Del mismo modo, se realizó una jornada de protesta junto a padres de familia de la Institución Educativa Pública Emblemática “San Ramón”, demandando a las autoridades regionales resolver la falta de servicios básicos en el centro de enseñanza, así como las condiciones de infraestructura y equipamiento.
La comunidad educativa del Colegio San Ramón exigieron atención de las autoridades regionales.
“Junto a los padres de familia nos hemos visto en la necesidad de salir a las calles para que se escuche el clamor de la comunidad educativa de San Ramón, que no tiene acceso al agua potable. ¿Cómo pretenden que los estudiantes se laven las manos ahora que han retornado a las aulas”, cuestionó.
El colegio “San Ramón” recibe a mil 500 estudiantes y presenta problemas con el suministro de agua potable debido a una mala conexión, lo que genera el corte del servicio de manera permanente.
Otro colegio con serios problemas es el “Abraham Valdelomar”, que se encuentra inhabitable.
En la provincia de Lucanas, por ejemplo, el colegio Manuel Prado está desarrollando sus actividades lectivas en aulas prefabricadas, debido al deterioro de la infraestructura.
¡SUTEP: 50 años de lucha magisterial junto al pueblo!
Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/sute-ayacucho-se-moviliza-junto-al-pueblo-y-en-defensa-de-la-educacion/
América del Sur/Perú/04-03-2022/Autor(a) y Fuente: rpp.pe
El ministro Rosendo Serna indicó también que los maestros y personal administrativo ya han regresado a las instituciones educativas desde el 1 de marzo para el inicio de las clases presenciales.
El ministro de Educación, Rosendo Serna, anunció este miércoles que ha recibido confirmación por parte de algunas regiones sobre el adelanto del inicio de las clases presenciales antes de la fecha indicada en un inicio por el sector, el 28 de marzo.
“En lo que respecta al sector Educación, está planteado el inicio del año escolar, las clases específicamente, para el 28 de marzo. Pero con agrado hemos recibido la comunicación de las regiones que han adelantado las fechas de inicio de clases para el 14 de marzo y 21 de marzo”, sostuvo el ministro en conferencia de prensa.
A fines de febrero, el ministro indicó que, en Moquegua y Tacna, algunas instituciones educativas iniciarían el año escolar el 14 y 21 de marzo.
Retorno de maestros
El ministro Rosendo Serna aseguró también que las condiciones están dadas para el regreso a las aulas de los estudiantes. Precisó que en vísperas ya se registró el regreso de los docentes y personal directivo a las instituciones educativas.
“Es necesario precisar también que ayer siendo el primer día hábil de marzo, ya los docentes contratados y el personal directivo han estado en las instituciones educativas. Hoy, al haberse cumplido los 30 días de vacaciones que corresponden al personal nombrado, ya se han integrado al trabajo también”, dijo.
“Tenemos la información, que es la primera información que hemos recibido, sobrepasa el 95 % de maestros que se han reincorporado a sus instituciones educativas conjuntamente con el personal directivo”. Añadió.
Postura del Gobierno
Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, aseguró que las clases serán necesariamente presenciales y que es una prioridad para el Gobierno la educación de los niños en el país.
“En cuanto a la vuelta a clases, necesariamente las clases van a ser presenciales. Porque nosotros estamos convencidos, como lo están en los países desarrollados, que no hay mejor riqueza que la cultura impartida a nuestra niñez especialmente y a nuestra juventud”, sostuvo.
Fuente e Imagen: https://rpp.pe/politica/gobierno/minedu-algunas-regiones-adelantaran-el-inicio-de-clases-para-el-14-y-21-de-marzo-noticia-1390205
El presidente de la República, Pedro Castillo, instó hoy a las autoridades, maestros y comunidad educativa a priorizar la educación y el compromiso para garantizar el reinicio de clases presenciales y la alimentación de los escolares.
Durante la inauguración de los nuevos ambientes de la Institución Educativa N° 7070 Dra. María Reiche, en el distrito de San Juan de Miraflores, el mandatario remarcó que la educación del pueblo es una tarea de todos.
“Cuando se suma el ministro, la directora, los profesores, los alcaldes, los congresistas, el Gobierno, la comunidad, todo es posible”, anotó y reiteró que como maestro de escuela rural dará todo su esfuerzo para sacar adelante la educación.
En esa línea, pidió a los alcaldes y gobernadores regionales verificar las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas que albergarán a los escolares, y llamó a los docentes a poner el hombro para hacer realidad los cambios en este sector.
“Invoco a los hermanos congresistas a que hagamos un esfuerzo para que declaremos en emergencia la educación y la salud del pueblo. Así como nos hemos fajado para sacar adelante al pueblo de la pandemia, invirtiendo millones de soles, hoy nos corresponde entrar de lleno al sector Educación”, manifestó.
El jefe del Estado recordó que su gestión determinó que la vida y la salud de los peruanos y peruanas son primero.
Como parte de ese objetivo, indicó que este jueves el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recibirá a alcaldes y gobernadores regionales para priorizar lo relacionado a postas médicas y hospitales a nivel nacional, así como la educación, a fin de garantizar los presupuestos correspondientes.
“Asumamos el compromiso directo para que no solo las escuelas estén abiertas, sino para que también se garantice la alimentación de nuestros hijos. El maestro Rosendo (Serna, ministro de Educación) sabe de la realidad educativa y no permitiremos que a ningún niño le falte su alimentación escolar, de eso estamos convencidos”, enfatizó.
El mandatario también sostuvo que se debe realizar un trabajo conjunto para atender la salud de los escolares, poniendo especial atención a los problemas visuales, auditivos y bucales de los menores que, muchas veces, representan limitaciones en su proceso de aprendizaje.
En otro momento, el presidente Castillo subrayó la importancia de ser respetuosos de la democracia e instó a los partidos políticos que creen en el país a poner en agenda los grandes problemas que no han sido atendidos en 200 años de vida republicana.
“No he venido a robarle al país. El dinero que vamos a recuperar de la corrupción se destinará a tener maestros capacitados, a dar salud a las familias, a más presupuesto para que los alcaldes inviertan en obras. Solo unidos vamos a sacar adelante al país”, puntualizó.
La contaminación generada por Repsol en las costas limeñas pone la atención mediática en los peligros de la industria hidrocarburífera. Organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denuncian que hace años vienen sufriendo el impacto del accionar de las petroleras. Entre 2000 y 2019, hubo 474 derrames en la Amazonía Norte y durante la pandemia se registraron otros 45 en un solo departamento.
Mientras el derrame de petróleo en Perú —en las costas de Lima, frente al distrito norteño de Ventanilla— ha producido la indignación general, cuatro derrames de crudo se han reportado desde fines de diciembre en los departamentos de Loreto y Amazonas, en el este peruano. Entre 2000 y 2019, la cantidad de derrames ocurridos en la Amazonía Norte peruana ascienden a 474, según un relevamiento de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt). En el departamento de Loreto se registraron 45 derrames entre marzo de 2020 y julio de 2021. Las comunidades indígenas de esas zonas cuestionan que «el Estado solo despliegue sus mayores esfuerzos para controlar y remediar un derrame cuando este ocurre en Lima y no cuando pasa en sus territorios».
El 15 de enero ocurrió un derrame de 6 mil barriles de petróleo ocasionado por la Refinería La Pampilla, de Repsol. El derrame recorrió los portales de los medios de comunicación a nivel global por su magnitud; el hecho fue considerado “el peor desastre ecológico en la historia reciente de Perú”. Además, este miércoles 26, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) inició el proceso de supervisión ante el aviso de un segundo derrame de hidrocarburos en la refinería La Pampilla de Repsol.
En junio del 2021, un estudio reveló los altos niveles de plomo en la sangre de grupos indígenas que habitaban en una región del norte de la Amazonía peruana, en las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre. “Se hicieron análisis de peces y otros tipos de alimentos, tanto en la cocina de las personas como en el río, y en esos productos se encontró presencia de metales pesados”, explican los investigadores y sentencian: “El petróleo se queda en el fondo del río”.
No ocurre solo en Lima
Horas después del primer derrame, el Observatorio Petrolero de Amazonía Norte denunció y reconoció el «terrible el daño cometido por la empresa Repsol a nivel ambiental (flora y fauna afectada) y social (impacto en economías locales, principalmente pescadores y esparcimiento y ocio para población afectada de Ventanilla y aledaños)». Además, el organismo añadió que se trata de «una expresión más de las malas prácticas empresariales» y que Repsol «no reportó la real dimensión de la afectación, falta de transparencia, falta de acciones a tiempo y de cobertura». Pero en el Amazonas peruano la situación es cotidiana.
Las organizaciones indígenas de la Amazonía lamentaron que el Estado solo despliegue sus mayores esfuerzos para controlar y remediar un derrame cuando este ocurre en Lima y no cuando pasa en sus territorios. Asimismo, recordaron que la crisis ecológica que hoy vive la capital, ellos la enfrentan desde hace 50 años por la contaminación de hidrocarburos.
En ese sentido, demandan con urgencia la restauración ambiental de las zonas impactadas, además de la imposición de multas ejemplares a las empresas responsables. Estudios científicos han demostrado las graves afectaciones a la salud de los pueblos indígenas del norte y oeste peruano.
El estudio «La sombra del petróleo» (Oxfam) estima que entre 2000 y 2019 la cantidad de derrames ocurridos en la Amazonía Norte asciende a 474. El estudió indicó que el 65 por ciento de los derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de los ductos y el 28 por ciento a la intervención de terceros. Este dato evidencia que la mayoría de estos derrames fueron responsabilidad de las operadoras.
Además, se evidenció que el 94 por ciento de los barriles derramados en ese periodo fueron responsabilidad de la petrolera Pluspetrol, siendo esta la empresa más contaminante del país. El informe señaló la necesidad de cambiar la producción y consumo energético en el país, teniendo en cuenta las consecuencias en el cambio climático y los problemas que representaban los derrames para los pueblos indígenas de la Amazonía.
“Desde la plataforma Puinamudt sabemos lo que estos impactos conllevan y el perjuicio que generan”, indica la organización que representa a 98 comunidades indígenas ubicadas en ámbito petrolero y que agrupa a las federaciones indígenas de los ríos Corrientes, Marañon, Tigres y Pastaza.
Foto: Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP-Cuenca del Pastaza)
La empresa Pluspetrol es una de las principales causantes de esta contaminación. «Los derrames se producen de manera permanente en la Amazonía ante la mirada pasiva y permisiva del gobierno, así como la falta de reacción de la ciudadanía y lo medios de comunicación nacionales», lamentarion desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Desde Aisedep advierten que “el impacto de estos derrames en los territorios, los ríos, la vida y salud de los pueblos amazónicos es enorme”, por lo que no basta con sancionar a las empresas responsables. “En este escenario, la imposición de las multas a las empresas es una medida insuficiente, se necesita mayor contundencia del Estado frente a los crímenes ecológicos para que no queden impunes”, precisaron. La organización exige una restauración ambiental de las zonas impactadas por derrames petroleros, no solo en Lima, sino también en las comunidades indígenas de la Amazonía.
Sobre este tema también se manifestaron las cuatro federaciones de Loreto que integran la plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt). Al respecto, recordaron que desastres como el registrado recientemente en la capital peruana, «también ocurren en el Lote 182, Lote 8, el Oleoducto Norperuano y otros”. En efecto, desde fines de 2021 se reportaron cuatro derrames en dichos lotes.
El último 13 de enero, se reportó un derrame en el centro poblado de Pavayacu del Lote 8 (Loreto) y que se extendió hasta el río Huanganayacu. A este caso se suman otros tres que evidencian el incesante problema que representa la extracción petrolera en la Amazonía. El 27 de diciembre pasado se reportó un derrame en la cuenca del río Tigre, en el Lote 192 (Loreto). El 31 del mismo mes se reportaron otros dos: uno ocurrió en la cuenca del río Corrientes y otro en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, en Santa María de Nieva (Condorcanqui, Amazonas).
Asimismo, como reportó el portal Ojo Público, se registraron 45 derrames de petróleo en Loreto desde el inicio de la pandemia (en marzo del 2020), hasta julio del 2021. Casi la mitad (22) de estos derrames ocurrieron en el Lote 8, administrado por Pluspetrol Norte. Esta petrolera busca abandonar la zona de explotación petrolera sin remediar los daños. A su vez, la empresa Frontera Energy, administradora del Lote 192, registró 15 derrames. Le siguen Petrotal Perú (4), Petroperú (3) y Perenco Perú Petroleum Limited (1).
Las huellas en la salud del derrame de petróleo en Perú
“Cuando hay un derrame de petróleo en los pueblos indígenas ni siquiera toman una decisión”, le dijo el apu de Pucacuro (Loreto), Emerson Mucushua, a la radio local RPP Noticias. Según Mucushua, pese a los pronunciamientos y las exigencias que hacen cuando un derrame impacta sus territorios, “el Estado no toma acciones legales” frente al hecho. “Hasta hoy no hay nada”, expresó el apu tras mostrarse sorprendido por como los ministerios se han movilizado para controlar el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.
En junio del 2021, un estudio reveló los altos niveles de plomo en la sangre de grupos indígenas que habitaban cerca de los lotes 8 y 192, en el norte de la Amazonía peruana. Además, se demostraba que los participantes del estudio que vivían en la cuenca del río Corrientes presentaban un mayor nivel de plomo. El estudio registró también las afectaciones de las cuencas de los ríos Marañón, Pastaza y Tigre.
Como señaló la antropóloga Federica Barclay, quien acompañó el proceso de esta investigación, el precario sistema de salud no permitió detectar que las enfermedades de los pacientes del lugar se debían a la contaminación por metales pesados. “La gente pasa los años teniendo tal vez niveles altos de arsénico, plomo, cadmio, que se manifiestan de diversas maneras. La contaminación por metales es el origen”, resaltó la profesional en su momento.
La investigación científica indicaba que la alimentación y las actividades ocupacionales de los pobladores (como la casa y pesca) eran las vías más probables de contaminación de las comunidades de los pueblos Achuar, Quechua, Kichwa y Kukama.
“Se hicieron análisis de peces y tipos de alimentos, tanto en la cocina de las personas como en el río, y en esos productos se encontró presencia de metales pesados”, explicó Barclay. “El petróleo se queda en el fondo del río. No se puede lavar el fondo del río y los peces siguen alimentándose de estas sustancias tóxicas”, agregó.
Foto: José Romero
Nota elaborada con publicaciones originales de: Servindi
América del Sur/28-01-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org
Nuevo Comité Ejecutivo Regional del SUTE Ucayali afirma que no existe un Plan Estratégico para el retorno seguro a clases.
En la región Ucayali, la situación de la infraestructura educativa es crítica. El 70 % de los locales de enseñanza no está en condiciones para recibir a la comunidad educativa en marzo próximo, conforme lo ha dispuesto el Ministerio de Educación.
“La educación en Ucayali está totalmente en el olvido, no hay norte respecto a la conducción del sector y tampoco se ha dado capacitaciones para los maestros y maestras de cara al inicio del nuevo año escolar. En el Gobierno Regional todo marcha mal, al punto que el gobernador está preso por casos de presunta corrupción”, señala Daniel Ruiz Cometivos, reelecto como Secretario General del SUTE Regional Ucayali.
Menciona que el 80 % de escuelas tiene el mobiliario en pésimas condiciones, y en mismo porcentaje carecen de servicios de agua, desagüe y energía eléctrica.
“No hay un plan estratégico para el año lectivo. Las autoridades y funcionarios del ministerio quieren anunciar el retorno a las aulas con bombos y platillos, pero en el fondo no están poniendo todas las condiciones ni los protocolos para que el inicio del año escolar sea seguro para toda la comunidad educativa”, afirma.
La Contraloría constató la situación ruinosa de los locales educativos en Ucayali. (Foto: Andina)
Maestros bilingües
Ucayali es una de las regiones en las que se aplica la Educación Intercultural Bilingüe – EIB, sobre la cual el SUTEP ha trabajado arduamente en los últimos dos años para fortalecer la capacitación de los maestros y maestras.
Sin embargo, solo existen 200 plazas de contrato para maestros bilingües, cuando se necesitan por más de 300.
“Eso pone en peligro el derecho de nuestros niños y niñas a recibir la educación en su lengua materna y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho”, enfatiza el dirigente del SUTEP Ucayali.
Deuda social
Ruiz Cometivos refiere que otro serio problema de la educación en Ucayali es el del pago de la deuda social por el 30 % por preparación de clases y evaluación.
Según indica, al 31 de diciembre del 2021, el Gobierno Regional tuvo saldos presupuestales ascendentes a 79 millones de soles. Sin embargo, no se pagó a ningún maestro pese a existir sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada a su favor.
Demandas del magisterio
El SUTE Ucayali exige la restructuración del Proyecto Educativo Regional.
El SUTE Regional Ucayali demanda la restructuración del Proyecto Educativo Regional, el pago de las bonificaciones por sepelio y luto y que el Gobierno Regional se allane al pago de la deuda social del 30 % sin judicializar, así como el pago de las compensaciones por 25 y 30 años de servicios.
La implementación y fortalecimiento del Consejo Participativo Regional de Educación – COPARE, y de sus pares a nivel local, la reinstalación de la Mesa Técnica con el Gobierno Regional y la aplicación de auditorías a la Dirección Regional de Educación y las UGEL.
Daniel Ruiz fue reelecto como Secretario General del SUTE Ucayali para el período 2022-2025.
Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/ucayali-el-70-de-escuelas-no-estan-aptas-para-el-retorno-a-la-presencialidad/
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