América del Sur/Uruguay/24 Junio 2017/Fuente: El observador
América del Sur/Uruguay/24 Junio 2017/Fuente: El observador
14 autores publican una propuesta de “transformación social” que cubra las necesidades vitales
Por: Enric Llopis
Tras ocho meses de empantanamiento, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona alcanzaron el 15 de junio, en Luxemburgo, un acuerdo para el desembolso a Grecia de 8.500 millones de euros, dentro del sistema de “ayudas” para el rescate del país. Uno de los economistas que clamó desde primera hora contra las propuestas de la Troika y denunció el fracaso del Euro fue Costas Lapavitsas, profesor de la Universidad de Londres SOAS (School of Oriental and African Studies) y autor de libros como “Crisis en la Eurozona” y “Contra la Troika”. En marzo de 2017 Lapavitsas lamentaba que la izquierda, “que históricamente ha sido una voz crítica con la UE, parezca perdida en las palabras”. Constataba además que buena parte del movimiento progresista se halla comprometido con el “europeísmo” y la defensa de la UE, aunque sea para reivindicar una “Europa social”. “Se trata de una elección políticamente desastrosa”, concluía el economista heleno.
La reflexión de Lapavitsas (“Por una perspectiva radical en Europa”) introduce el libro colectivo de 200 páginas “Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme”, publicado recientemente por Espai Fàbrica. El libro se presenta como una propuesta de discusión para la transformación social, en el contexto del capitalismo del siglo XXI. A los 14 autores les une la participación en el Seminari d’Economia Crítica Taifa, la militancia en la izquierda independentista o en diferentes movimientos sociales. Se trata de Isabel Benítez, Josep Manel Busqueta, Iván Gordillo, Clara Griera, Elena Idoate, Pau Llonch, Carles Muntaner, Helena Ojeda, Jordi Oliveras, Roc Padró, Alfons Pérez, Oleguer Presas, Xavi Urbano e Isabel Vallet.
“La socialdemocracia ha muerto, fagocitada por la lógica implacable del neoliberalismo”, defienden los autores entre las ideas centrales del texto. Se basan en que el capitalismo, en su estadio actual, no admite ningún tipo de redistribución; y para ello, ponen la vista en la experiencia de Syriza, de la que han de aprender los pueblos de la periferia europea. “Hay que superar la etapa reformista respecto a la UE”, concluyen. Otro eje del libro es la apuesta por la Soberanía Reproductiva, con el fin de cubrir las necesidades humanas básicas. Actualmente, los procesos de reproducción de la vida se hallan relegados al ámbito doméstico, y los desempeñan básicamente las mujeres. La Encuesta de Empleo del Tiempo publicada por el INE en 2010 señala que las mujeres dedican diariamente dos horas y cuarto más que los hombres a las tareas del hogar. El estudio añade que el 92,2% de las mujeres realizan labores domésticas y se ocupan de los niños, ancianos y personas dependientes, frente al 74,4% de los hombres. El texto define la Soberanía Reproductiva como un “proceso de transformación social”, en el que se despliegan las diferentes soberanías (energética, alimentaria, cultural, residencial y sanitaria) y las relaciona entre sí.
La primera parte del libro realiza un diagnóstico de la situación actual. Se impugna el capitalismo neoliberal por múltiples razones. Por ejemplo, entre los años 80 del siglo pasado y los primeros años 2000 el crecimiento de la economía global se situó en torno al 3%, “una ratio que está poniendo en peligro el ecosistema mundial” y que, sin embargo, no resulta suficiente para las élites. La obra publicada en 2017 por Espai Fàbrica también señala las paradojas del sistema. Una entre tantas, en 2007, cuando comenzó una oleada de intervención de los poderes públicos para reflotar a la banca y paliar la contracción del crédito. “Una intervención del Estado de la mano de quienes lo habían demonizado”, apuntan los autores. En agosto de 2017 el BCE acudió en socorro de los bancos europeos con créditos por valor de 95.000 millones de euros, y la Reserva Federal estadounidense actuó de modo similar, con una inyección de 38.000 millones de dólares en el sistema. La autoridad monetaria no había actuado de manera tan significativa desde el atentado contra las “torres gemelas”, en 2001.
Tal vez la propuesta de “soberanías” que plantea el libro se justifique por el impacto de la crisis y la llamada “recuperación”. En septiembre de 2016, el 56,4% de las personas desempleadas en Cataluña llevaban más de un año sin trabajo; además, el 24,3% no percibían subsidio ni prestación alguna. El índice de Gini (medidor de las desigualdades) pasó en el estado español del 31,9 en 2007 al 34,6, mientras que en la UE-27 se mantuvo prácticamente estable, resalta el libro “Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme”. El índice S80/20 aplicado a Cataluña constata la misma tendencia a los desequilibrios sociales. En 2015, el 20% de la población catalana con rentas más altas, sextuplicaba los ingresos del 20% con menores recursos.
¿Y en cuanto al porvenir? La obra colectiva se hace eco de un artículo, titulado “La turbulencia global que viene”, publicado por el economista británico Michael Roberts en la revista Sin Permiso (octubre de 2016). Roberts señala que, desde 2012, según el Banco Mundial, el crecimiento del volumen del comercio mundial fue menos de la mitad que en las tres décadas anteriores. UNCTAD (organización de Naciones Unidas que sigue la economía de los países del Sur) sostenía en 2016 que el mundo “está a punto de entrar en una tercera fase de la crisis financiera”. Agrega que muchos países del Sur han visto aumentar los desequilibrios respecto a las economías más ricas, si se compara con los años 80 del siglo XX. Y ello, destaca UNCTAD, pese a la apertura de los países llamados en vías de desarrollo a los capitales transnacionales. Por otro lado, un informe de la consultora estratégica global McKinsey destaca que, tras la caída del PIB mundial provocado por la crisis de 2008, “la resaca se ha mantenido y muchos países luchan con recuperaciones inesperadamente débiles”.
Ante tales perspectivas, los 14 autores proponen un avance hacia modos de propiedad comunal, cooperativa, municipal y estatal; que no sean explotadoras, patriarcales ni depredadoras de la naturaleza; fórmulas redistributivas fundamentadas en el derecho a una vida plena; y la toma de decisiones democráticas, no jerárquicas ni despóticas, que pueden resumirse en el “mandar obedeciendo”, del movimiento zapatista. El texto defiende una sociedad solidaria, en la que tal como subraya el economista estadounidense Michael Lebowitz, autor de “Más allá del capital” y “La alternativa socialista. El verdadero desarrollo humano”, la producción priorice no las necesidades propias sino las del prójimo. Este autor marxista, uno de los referentes del libro, considera la producción cooperativa “una gran victoria”; y apuesta por un nuevo sentido común en el que la condición para el desarrollo libre de cada persona, sea el libre desarrollo de la comunidad. El razonamiento se completa con el viejo ideal proclamado por Marx en el Programa de Gotha (1875): cada persona recibe según su necesidad y aporta según sus posibilidades.
El libro ve la luz en un contexto muy concreto: la sociedad catalana, “inmersa en la reclamación de la independencia política como propuesta de mejora de las condiciones de vida de la población”. Donde la comarca de El Barcelonés concentra más de un tercio del PIB catalán, y si se agregan las comarcas de El Baix Llobregat y el Vallés (oriental y occidental), el porcentaje del PIB se eleva al 60%. Donde la capital Barcelona ha pasado de proyectarse como “la millor botiga del món” a convertirse en una “marca” global. Y donde el macroproyecto Barcelona World, basado en casinos y el turismo de negocios, se transmuta en el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou, junto a Port Aventura World y con una inversión anunciada de más de 2.000 millones de euros. Ante ese estado de cosas, el libro plantea la recuperación de la soberanía energética (en Cataluña Iberdrola y Endesa concentran el 76% de la potencia instalada para la generación de electricidad), incluida una auditoría ciudadana del actual sistema. La idea capital apunta a una transición desde las energías “sucias” a las renovables, “proceso que ya está en marcha”, sostienen los autores. La cooperativa Som Energia, comercializadora con fuerte participación de los socios, constituye uno de los ejemplos de consumo eficiente.
La reflexión publicada por Espai Fàbrica desciende a la propuesta concreta. El capítulo sobre la soberanía alimentaria recuerda que en el ámbito de Països Catalans existen cerca de 210.000 hectáreas de superficie agraria útil (10% del total) en manos de las administraciones públicas, lo que ofrece diferentes posibilidades. Por ejemplo, liberar tierras para el uso de los labradores agroecológicos y la población con menos recursos. En el caso de las fincas agrarias en desuso durante un largo periodo, el texto plantea la opción de que los municipios impongan gravámenes. Numerosas iniciativas trabajan día a día en la recuperación de la soberanía, como la Xarxa de Graners, que lleva más de una década en el empeño de crear una red local y autogestionada de graneros, y para el intercambio de información y semillas; o la Associació de Menjadors Ecològics, que funciona en Cataluña desde 2013.
En cuanto a la soberanía residencial, se plantean iniciativas como la expropiación de solares o viviendas vacías para fomentar su ocupación; y, con el fin de que el derecho a la vivienda deje de estar en manos de bancos privados, se apuesta por crear una banca pública complementada con cooperativas solidarias, uno de cuyos ejemplos es Coop57. El libro se apoya en los datos de la Taula del Tercer Sector: en Cataluña existen 450.000 viviendas vacías (100.000 en manos de las entidades financieras). En el ámbito de la soberanía cultural se pone como ejemplo la sustitución de patrocinios empresariales (BBVA, Damm, Airbnb y otros) por la gestión comunitaria. La formación en los espacios no académicos y la relación “vertical” entre educadores y alumnos ya se planteó en los proyectos de animación sociocultural en Barcelona, en el final de los años 70 y el inicio de los 80; y en los centros sociales y difusión de la cultura crítica.
Por: Manuel Gil Antón
La vida social es un aula sin muros. Hay coyunturas en que lo que acontece fuera de la escuela tiene un impacto tal en el aprendizaje que, aunque contradictorio con lo que se estipula como proyecto educativo, arrasa con lo programado y genera un sedimento duro y duradero en la comprensión del país: sobre todo, en las normas acordadas para las relaciones entre los ciudadanos y con las instituciones. Lo que se dice en la escuela, entonces, es materia necesaria para aprobar los exámenes, y a ese horizonte se reduce. Luego de la prueba se diluye.
La experiencia vivida, o conocida, fuera de sus linderos, tiene mayor fuerza en lo que se aprende para la vida, para aprender a aprehender lo que sucede e, incluso, como convicción que tiende a lo inmutable: así es, y será así, sin remedio.
Las elecciones del 4 de junio, los hechos de meses previos y los días siguientes, fueron parte de la información cotidiana que recibieron muchos estudiantes de todos los grados, y la población en general. Si los que vivimos en el país, casi todos, pasamos al menos unos años, o están hoy, inscritos en alguna escuela, recibimos una educación que, según el artículo 3º constitucional, entre otras características (laica, gratuita, obligatoria), ha de estar orientada por el criterio de impulsar la democracia: “considerando a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
En el “Modelo Educativo para la educación obligatoria: educar para la libertad y la creatividad” que impulsa la actual administración, uno de los nes propuestos señala que el egresado: “Se oriente y actúe a partir de valores, se comporte éticamente y conviva de manera armónica; conozca y respete la ley; deenda el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos…”. El contraste entre lo dicho y los hechos es enorme: las palabras, los libros de texto, lo expuesto por los docentes se estrella contra miles de anuncios espectaculares huecos (la mayoría, además, esperpénticos), “spots” a mansalva, anodinos, la distribución de tarjetas para depositar, luego de contar los votos en la casilla, un dinero en caso que ganase El candidato.
La compra de credenciales de elector, el inmenso caudal de dinero público, extra al autorizado, para “operar” el voto en el terreno, oculto a los registros, invisible a las facturas, en efectivo y efectivo para no dejar rastro con el cual probar su abundante presencia e indudable inuencia. Los que propusieron la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo, supuestos garantes comprometidos con la democracia y la libertad, echaron “su resto” para ganar las elecciones, sobre todo en el Estado de México. Y ese resto es, más allá de lo material, muy cuantioso, el escasísimo capital moral que, quizá, les quedaba: qué penoso verlos —imaginarlos— en la esta de Los Pinos esa noche, celebrando un triunfo inmerecido, comprado
La autoridad pide que el que acusa aporte pruebas, para que jurídicamente proceda el análisis. Son corruptos, no tontos: aprovechan resquicios de la ley, simulan, y jamás expedirán un recibo, con membrete, para que lo rme quien recibe los centavos. El consejero pide que se aporte lo imposible. Algún caso menor en las actas, ciertos errores que no cambian las tendencias si habrá, pero la ingeniería de una elección de Estado o, mejor dicho, de una imposición antidemocrática del gobierno, el peor fraude, no puede demostrarse, aunque haya sido palmario.
El daño educativo es grave: no orienta a los que mandan ni la ley ni el modelo educativo: sí su ambición, esa que se asoma en la sonrisa socarrona, repleta de cinismo. ¿Qué autoridad educativa puede tener quien carece de ética? Ninguna. Es vana su gloria.
*Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-leccion-electoral/
Canadá/Junio de 2017/Fuente: Now
Resumen: El miércoles, 14 de junio, el jefe hereditario de los Pies Negros Davyn Calfchild deja que el fuego ceremonial en frente de su campamento se consuma, poniendo fin a su ayuno de 13 días. Durante casi dos semanas, Calfchild ha acampado a la sombra de la Legislatura de Ontario para llamar la atención sobre las condiciones devastadoras que enfrentan las comunidades indígenas. Apoyado bajo las banderas, junto a la senda, hay una señal hecha a mano que enumera los problemas que el ayuno de Calfchild busca destacar: mujeres y hombres asesinados y desaparecidos, suicidios juveniles en las reservas, víctimas indígenas de la violencia en Thunder Bay y genocidio. Enmarcado en las grietas en la parte superior de una mesa de picnic cerca, uno de los signos de la pizarra dice: «20.000 años en la ‘capilla.»
Under the nose of Edward VII’s horse at Queen’s Park, an array of colourful First Nations flags ripple in the morning breeze.
Swaying among the banners is an upside-down Canada 150 flag and trademark Hudson’s Bay sweater. Neatly printed in thick marker between the trademark horizontal stripes: #Shame150.
On Wednesday, June 14, hereditary Blackfoot Chief Davyn Calfchild lets the ceremonial fire in front of his encampment burn out, ending his 13-day fast. For nearly two weeks, Calfchild has camped in the shadow of the Ontario Legislature to draw attention to the devastating conditions facing Indigenous communities.
Propped up under the flags, next to the footpath, is a handmade sign listing the issues Calfchild’s fast seeks to highlight: murdered and missing women (and men), youth suicides on reserves, Indigenous victims of violence in Thunder Bay and #genocide150. Wedged into the cracks on top of a nearby picnic table, one of the whiteboard signs reads: “20,000 years in the ’hood.”
Peter Biesterfeld
Calfchild wants it known that the cultural genocide continues in Canada. “Children’s Aid Society has replaced residential schools in taking away Native children and assimilating them,” he says.
Calfchild’s wife, Anishinabe song keeper Cathy Tsong Deh Kwe, has been by her husband’s side throughout the fast.
“In order for us to become more visible, people have to learn more about us. One of the things we have been doing here is educating the public.”
A helmeted cyclist arrives on his bike and empties a bag of firewood onto the pile donated by supporters. He’s told that the fire is burning down but the wood won’t go to waste – one of the fire keepers will take it home. Miigwetch.
John Scully has cycled past Calfchild’s camp every day on his way to work.
Scully, who has worked with Indigenous artists and students, says, “We need to support Indigenous people in their autonomy. They’ve been making decisions for 20,000 years, and we need to stop being the colonizers. We need to stop telling them what to do.
“As Canadians, we are so ignorant of Indigenous issues,” says Scully. “Events like this will help make people aware. I’ve learned a little bit about the process of colonization and about the Two-Row Wampum treaty Davyn was talking about.”
The Two-Row Wampum is a belt made from white and purple beads, the preferred way for First Nations to mark treaties and covenants at the time of first contact.
The treaty, made in 1613 between Dutch settlers and the five nations of the Haudenosaunee (Iroquois), was later extended to include American, British and French settlers and other First Nations. The white beads represent truth, and the two rows of purple beads represent two vessels travelling in parallel: a canoe for the Onkweh:onwhe (original people) and a sailboat for the settlers.
Onondaga Nation Chief Irving Powless Jr. puts the significance of the Two-Row Wampum in context in his 1994 essay:
“As we travel down the road of life together not only with each other, but with the whole circle of life – the animals, the birds, the fish, the water, the plants, the grass, the trees, the stars, the moon and the thunder – we shall live together in peace and harmony, respecting all those elements.
“We shall not pass laws telling you what to do. You shall not pass a law telling me and my people what to do. The Haudenosaunee have never violated this treaty. We have never passed a law telling you how to live. You and your ancestors, on the other hand, have passed laws that continually try to change who I am, what I am and how I shall conduct my spiritual, political and everyday life.”
Calfchild promotes the Two-Row to campsite visitors every chance he gets.
“It’s the key to the future,” he says. “The two nations have to work together side by side, not one dictating to the other.”
Peter Biesterfeld
John Croutch is an Anishinabe educator who specializes in cultural identity and culinary practices. He’s come down to the park to check in on Calfchild’s fast. He points to the symbols of colonialism all around us.
“This is the original territory of the Wendat and later the Haudenosaunee people,” says Croutch. “What’s been happening here for the last 13 days speaks to the fact that laws were passed to prevent us from living on our land.”
A tour group from the Ministry of Education makes its way to the campsite and stops in front of the flags. Calfchild, surrounded by supporters, welcomes the visitors before he launches into a lecture.
“When it comes to the education in this country – what happened in the residential schools, the 60s scoop, the colonization of our territories, the dishonouring of the treaties, things that need to be renegotiated – it’s the responsibility of Canadian citizens to understand what truly happened to our people and not cover it up.”
The visitors listen quietly, some with their heads bowed.
“We’re not here as enemies; we’re here as your friends. We’re here to help you if you want that help,” Calfchild finishes up. “We have to think about the children and the world we want to leave them. If you can’t be honest in the education system, how can they trust you? How can they trust us? So it’s time for our people and your people to start educating the people properly and start being honest.”
Calfchild thanks the group, and Tsong Deh Kwe announces the protocol for the potlatch celebration that will break the fast. Three community members have joined the fast in solidarity over the last few days.
Before the feasting begins, 81-year-old urban elder and Cree spiritual leader Vern Harper has a few encouraging words for the gathering.
Peter Biesterfeld
Davyn Calfchild (in red) with native elder Vern Harper (seated centre) and supporters.
Harper, who experienced a cycle of residential schools and foster homes as a boy, remembers having his mouth washed out with soap as a five-year-old for speaking Cree.
“When we say we’re going to do something, sometimes people will say, ‘I’ll be there in spirit.’ My uncle used to say, ‘Get your ass over there.’ Here I am.” Laughter all around what’s left of the fire.
Harper is the sixth-generation grandson of Big Bear, who fought the last battle between the Cree and the Canadian government in 1885.
“We need to take care of our families and take care of Mother Earth. When we have food, be thankful. I love all of you, and we got to keep struggling, never give up. Don’t be a worrier – be a warrior. Miigwetch.”
Cheers and whoops ring across the park.
Nicaragua/22 junio 2017/Fuente: El Nuevo Diario
Investigación. Esta inversión social garantiza mayor cobertura y montos de transferencia más altos, revela estudio de Funides. El acceso a salud y educación gratuitas ayuda a reducir los índices de desigualdad y la probabilidad de volver a caer en la pobreza.
La pobreza se reduce en 8.1% en los hogares que viven con menos de US$1.8 al día por persona, cuando reciben los beneficios del servicio gratuito de salud y educación, revela el estudio “Incidencia del gasto público en la reducción de la pobreza y la desigualdad”, elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Los programas sociales como Bono Solidario, Patio Saludable, Plan Techo, Merienda Escolar o Paquete Alimentario Solidario, en su conjunto, reducen la pobreza en 2.6% en los hogares con esa misma brecha de pobreza.
El efecto del gasto social en salud y educación es predominante en la reducción de la pobreza tanto por el monto que se destina por persona para estos servicios como por su cobertura, explicó la economista Lylliam Huelva, una de las autoras del estudio.
El gasto público social aumentó 35.2% en el periodo 2009–2014. El gasto mensual por persona que se transfiere por los servicios de salud y educación es de C$315 en promedio al mes, mientras que por los distintos programas sociales la transferencia promedio es de C$130 aproximadamente.
Los programas sociales benefician alrededor de 736,000 hogares, lo que representa una cobertura del 52% del total de hogares a nivel nacional. En cambio, el gasto social en educación y salud beneficia alrededor de 1.2 millones de hogares, lo que equivale a casi el 83% de los hogares a nivel nacional.
El estudio concluye que “los programas sociales tienen una mejor focalización que los servicios de salud y educación, sin embargo, el gasto social en salud y educación tiene un mayor impacto en la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad porque tienen mayor cobertura y montos de transferencia más altos”.
El estudio muestra ejercicios hipotéticos sobre cómo varían los ingresos por hogar, dependiendo de las intervenciones públicas a las que tienen acceso, partiendo de la información disponible en la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV) del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) de 2014.
“Vamos construyendo cada uno de los ingresos, ya sea deduciendo o sumando intervenciones públicas como impuestos, beneficios de salud, pensiones, subsidios. Tratamos de contabilizar el valor monetario de todas estas intervenciones. Allí es donde se van modificando los porcentajes de pobreza o desigualdad”, explicó el economista Carlos Toruño, coautor del estudio.
Tomando como referencia una línea de pobreza de US$1.8 al día por persona, determinaron que el 27.3% de la población vive con esa cantidad de dinero diario, en promedio. Esto lo definieron como ingreso de mercado e incluye pagos por dividendos o remesas.
A ese primer ingreso sumaron las pensiones recibidas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y restaron el impuesto sobre la renta (IR) y las cotizaciones del INSS, denominándole ingreso de mercado neto. Con esto, la pobreza disminuía a 26.5%.
“Allí vemos que el aporte de las pensiones compensa el pago que hacen los hogares por IR y por cotizaciones, porque en los hogares más pobres es donde menos pagan impuestos sobre la renta”, expuso Huelva.
Al ingreso anterior le sumaron los programas sociales, de los cuales consideraron 14, incluyendo el Bono Solidario, Patio Saludable, titulación de la propiedad, Plan Techo, materiales didácticos escolares, Merienda Escolar, zapatos escolares, mochila escolar y Paquete Alimentario Solidario. Con este ingreso la pobreza disminuye a 23.9% y sería el ingreso disponible.
Luego estimaron el ingreso posfiscal, es decir, la deducción del pago del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto selectivo de consumo (ISC) y la adición del beneficio del subsidio al servicio de electricidad. Con esto, la pobreza aumentaba a 25%.
“Este aumento de la pobreza es porque todos los hogares, por más pobres que sean, tienen que pagar impuestos indirectos, pero no todos se ven beneficiados por el subsidio de la energía eléctrica, porque no todos los hogares están conectados a la red eléctrica”, aseveró Huelva.
En última instancia consideraron el ingreso final, aquel en que se suma el beneficio que recibe el hogar de los servicios de salud y educación. Aquí la pobreza se reduce a 16.9%, lo que sitúa a este beneficio como la intervención social predominante para reducir la pobreza.
El estudio del Funides detalla también que el beneficio de la salud y la educación no solo disminuye los niveles de pobreza, sino que ayuda a reducir los índices de desigualdad y la probabilidad de caer nuevamente en la pobreza.
El gasto social en salud y educación reduce el coeficiente de Gini en tres puntos porcentuales (mide desigualdad, siendo cero el índice en que el ingreso está distribuido de la misma forma para todos), mientras los programas sociales lo reducen en solo un punto porcentual, y estos son, en su mayoría, los programas escolares ejecutados por el Ministerio de Educación (Mined).
Tratamos de contabilizar el valor monetario de todas las inter-venciones públicas. Allí es donde se van modificando los porcentajes de pobreza o desigualdad”. Carlos Toruño, coautor del estudio.
Toruño explicó que la desigualdad no disminuye necesariamente si la pobreza lo hace. “Según datos oficiales, desde 2009 hasta 2014 los niveles de pobreza disminuyeron, pero en el mismo periodo de tiempo aumentó la desigualdad”.
La vulnerabilidad, es decir, las probabilidades de un hogar de permanecer por arriba de la línea de pobreza, es menor por la influencia del gasto público en salud y educación.
“Un hogar que cuenta con estos servicios disminuye sus probabilidades de caer bajo la línea de pobreza. Los recursos liberados permiten satisfacer necesidades que de otra manera no podrían sin afectar su consumo”, detalla el estudio.
Los programas sociales contribuyen muy poco a la reducción de la vulnerabilidad, solo 0.4%. Es decir, que hay mayores posibilidades de que un hogar caiga en situación de pobreza si deja de recibir los beneficios de los programas sociales, que si dejara de recibir salud y educación de forma gratuita.
Una mejor focalización de los programas sociales podría lograr que la desigualdad se reduzca el doble, afirmó Huelva. Es decir que la distribución igualitaria de los ingresos podría ser mejor si los programas sociales llegaran en mayor medida al 27.3% de personas que viven con US$1.8 al día.
Con esa misma focalización, la pobreza se reduciría casi el triple, pasaría de 2.6% (reducción por programas sociales) a 7%.
“Sería útil tener un sistema de registro único de los beneficiarios de los programas sociales”, detalla la economista, pues esto permitiría conocer qué programas recibe qué persona y con qué frecuencia, así como su situación económica.
“También sería oportuno reestructurar aquellos programas sociales que tienen más incidencia en la reducción de la pobreza y desigualdad”, recomienda el estudio, que también propone establecer metas claras y medibles para cada programa, para el monitoreo y la evaluación.
Indicó que los programas que están mejor focalizados son el Paquete Alimentario Solidario y los programas escolares ejecutados por el Mined. En cambio, los programas donde hay más fugas son Patio Saludable, Bono Solidario y educación universitaria.
Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/431439-gasto-publico-salud-educacion-reduce-mas-pobreza/
Por:
El matrimonio infantil sigue siendo legal en los 50 estados que integran Estados Unidos, donde se casan miles de menores de 18 años por año, aunque la práctica suele vincularse más a países del Sur en desarrollo que a la mayor economía del mundo.
“Son leyes antiguas que nunca se modificaron porque la gente no se daba cuenta de lo que sucedía”, aseguró Fraidy Reiss, directora de Al Fin Sin Cadenas, una organización que lucha por erradicar el matrimonio de niñas y niños menores de 18 años en Estados Unidos.
Basándose en los datos existentes, la organización calcula que más de 250 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en Estados Unidos entre 2000 y 2010, incluso niñas de 12 años en los estados de Alaska, Carolina del Sur y Luisiana.
El Centro de Justicia Tahirih, que protege a mujeres y niñas de situaciones de violencia de género, concluyó que el sudoccidental estado de Texas tiene la segunda mayor tasa de matrimonios infantiles en el país, con unos 40.000 menores de 18 años que se casaron entre 2000 y 2014.
La mayoría de los contrayentes son niñas, y aproximadamente 77 por ciento del total se casaron con hombres adultos, a menudo mucho mayores que ellas.
Esos casos abarcan diversas religiones, orígenes étnicos y circunstancias, desde una joven de 15 años cuya familia musulmana la obligó a casarse con un hombre de 23 años porque la encontraron citándose con alguien de diferente origen en Nevada, a una joven cuya comunidad cristiana en Colorado la presionó para que se casara porque estaba embarazada.
“Creo que es absolutamente escandaloso”, opinó Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch. El matrimonio infantil es un problema que sucede en todos los continentes y con consecuencias similares, aseguró.
“El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que le sucede a una niña en República Centroafricana”, observó.
El matrimonio infantil está estrechamente ligado a las altas tasas de abandono escolar y a la pobreza. Quienes se casan antes de los 18 años tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia de género que aquellas que lo hacen después de cumplir los 21 años.
Las mujeres y niñas que contraen matrimonio a una edad temprana también suelen experimentar problemas de salud física y mental, lo que incluye mayores tasas de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.
Reiss señaló a IPS cómo el matrimonio forzado repercute en la salud mental de las niñas, ya que muchas recurren al suicidio como salida. Otras simplemente se rinden y continúan con el matrimonio porque no tienen otra opción.
“Saben que al continuar con el matrimonio eso significa que las van a violar en su noche de bodas y a partir de entonces, que las retirarán de escuela, que todos sus sueños para el futuro habrán desaparecido”, sostuvo.
Aunque la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, la mayoría de los estados permiten que las y los menores se casen con el consentimiento de los padres o de un tribunal. Sin embargo, tanto Reiss como Barr consideran que eso es problemático y “ridículo”.
“Los matrimonios infantiles a menudo son arreglados o forzados por los padres, por lo que en una situación en la que en realidad son los progenitores quienes obligan a una niña a casarse, el consentimiento… no tienen ningún sentido”, razonó Barr.
En cuanto al consentimiento judicial, la ley no especifica ningún criterio que un juez debe considerar antes de aprobar el matrimonio. En 27 estados las leyes no especifican ninguna edad por debajo de la cual una niña o niño no pueda casarse.
“La edad mínima para el matrimonio se reduce efectivamente a cero”, según Reiss.
En los últimos años hubo varias iniciativas para erradicar el matrimonio infantil en Estados Unidos.
En mayo, el congreso legislativo de Texas aprobó un proyecto de ley que fija en 18 años la edad legal para contraer matrimonio. Aunque permite el casamiento a menores de 18 años, solo podrán hacerlo si un juez concluye que viven por su cuenta y ya no dependen de tutores para mantenerse. La iniciativa entrará en vigor una vez que tenga la firma del gobernador Greg Abbott.
El senado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Se espera que la asamblea legislativa del estado también lo apruebe.
No obstante, Reiss criticó el proyecto de ley porque, en su opinión, los menores de 17 años siguen siendo niños.
“Esta idea de permitir que las jóvenes de 17 años se casen porque los legisladores suponen que es de alguna manera menos reprobable que el casamiento de una niña de siete años…, (pues) no lo es”, aseguró en diálogo con IPS.
En marzo, el estado de Nuevo Hampshire rechazó un proyecto de ley que elevaba a 18 la edad mínima para contraer matrimonio con el argumento de que perjudicaría a las adolescentes embarazadas y a los militares menores de edad, por lo que el límite se dejó en 13 años.
En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie vetó condicionalmente un proyecto de ley que prohibía el matrimonio a menores de 18 años porque “no concuerda con las sensibilidades y, en algunos casos, las costumbres religiosas, de la población de este estado”.
Tanto Reiss como Barr condenaron la medida y subrayaron que el matrimonio infantil no tiene nada que ver con la religión.
“No se trata de un asunto de tradición, sino de derechos humanos”, destacó Barr.
La actitud de Estados Unidos como país donante resulta hipócrita cuando critica a otros países por su escasa protección contra el matrimonio infantil, comentó.
“Realmente socava su credibilidad… creemos que la reforma en este tema en Estados Unidos y otros países occidentales que son países donantes también puede ayudar a apoyar el esfuerzo mundial” contra la práctica, dijo Barr.
En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el matrimonio infantil de “abuso de derechos humanos” que “genera repercusiones devastadoras para la vida de una niña, terminando efectivamente con su infancia”.
“Es una batalla cuesta arriba”, añadió Reiss.
Según Niñas, No Novias, cada año 1,5 millones de niñas se casan antes de los 18 años. Si la tendencia continúa, para 2050 habrá 1.200 mujeres que contrajeron matrimonio cuando eran niñas.
Entre las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, relativo a la igualdad de género, se encuentra eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/06/miles-de-ninas-contraen-matrimonio-cada-ano-en-eeuu/
Eréndira Derbez e Israel Espinosa publicaron, en abril de 2017, el artículo “Bocafloja: El privilegio del marcho progre”, en el que analizaron la respuesta misógina del rapero Bocafloja a una colaboradora durante un acto público. La publicación desató una polémica en el círculo del hip hop latinoamericano sobre machismo, racismo y clasismo, pero también una serie de comentarios en redes sociales de quienes defendieron al rapero y atacaron a uno de los autores del artículo.
Lo curioso, dice Eréndira, fue que los mensajes de desprestigio, violentos, iban dirigidos solo a ella. “Fueron insultos en donde las ideas del texto fueron desestimadas por el hecho de que era mujer. Utilizaron el argumento de que yo no entendía nada del tema porque era una mujer blanca. Usaron el discurso del racismo para validar el machismo”, comenta.
Días después de la publicación, Eréndira se desconectó de redes sociales, cansada de bloquear a usuarios que a diario le enviaban insultos y mensajes violentos.
“Yo nunca aparecí en ningún tipo de reclamo, a mí no me nombraron nunca, todo era hacia Eréndira. Y creo que se volvió más violento porque ella se identifica abiertamente como feminista. Se vuelve más violento cuando se trata de una mujer con postura política”, opina Israel, coautor del artículo.
“Menstruadora” fue el nombre que Luisa Velazquez dio a la cuenta en Twitter con la que, en 2011, utilizó internet para ampliar su activismo lesbofeminista. Pero desde que emitió sus primeros mensajes comenzó la ola de hostigamiento de ciberusuarios que se decían “agredidos” por sus publicaciones.
Las amenazas contra ella y sus compañeras del colectivo “Lesboterroristas” aumentaron en mayo de 2015, y obligaron a Luisa a cerrar sus cuentas de redes sociales.
“En los comentarios hablaban de violarme, matarme y colgarme, o primero matarme y luego violarme y luego colgarme, o violarme colgada y al final matarme”, cuenta Luisa quien toleró mensajes de odio y amenazas mientras pensó que se trataban de comentarios de usuarios anónimos en Internet.
Sin embargo, cuando conocidos suyos la amenazaron con publicar su domicilio si no paraba el activismo, decidió alejarse del espacio virtual para cuidarse física y emocionalmente.
Luisa y el colectivo “Lesboterroristas” señalaron el hostigamiento como un acto de lesbofobia y la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 calificó la huida de Luisa del ciberespacio como un “debilitamiento del libre debate y difusión de información de los derechos de las mujeres”.
“Lo normalizamos. Es una de esas violencias que toleramos y no deberíamos”, dice Luisa sobre las agresiones virtuales que la llevaron a abandonar Internet.
Las amenazas virtuales llevaron a Luisa a cerrar las cuentas de “Menstruadora”, abandonando su activismo en redes sociales. Crédito: Redes sociales
Los efectos
Hay una mujer en el piso, acostada sobre un trozo de papel, y otras tres mujeres pintan con plumones su silueta. “En el estómago, yo siempre siento todo en el estómago”, comienza diciendo una de ellas y dibuja una espiral a la altura del vientre del cuerpo delineado sobre el papel. “A mí me dan calambres en los pies”, añade otra y pinta un rayo en una de las extremidades del dibujo. “¿No les sudan las manos?”, pregunta alguien más. “Sí, a veces. Y el dolor de cabeza y de espalda, bueno, ese es permanente”.
Es una de las actividades del encuentro “Construyamos una Internet Feminista”, en el que activistas de diferentes estados de México, que han enfrentado agresiones virtuales, realizan el ejercicio de plasmar en un dibujo los impactos de esa violencia sobre sus cuerpos.
Una de las organizadoras explica por qué es necesario el feminismo en el espacio virtual. “Pensamos que la violencia en Internet no es violencia. ‘Como es virtual no es real’, nos dicen. Pero todas sabemos que no es así, todas sabemos cuáles son sus efectos”.
En 2006 la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) inició la campaña “¡Dominemos la Tecnología!” para visibilizar la relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la violencia contra las mujeres.
“Dentro de los círculos feministas, cuando comenzamos a investigar sobre violencia en línea, nos dijeron: no es importante, son unas excesivas, no tiene nada que ver con la violencia real, no entienden que están matando mujeres, de verdad cállense, las feministas tenemos trabajo más importante que hacer”, cuenta Erika Smith, miembro de la APC en México.
“Y nosotras dijimos: es todo parte de la misma estructura, conforme vamos apropiándonos más de internet, e internet va ganando más espacio en nuestras vidas, esto va a crecer y ser más y más relevante, tenemos que prestar atención”.
En 2012, la APC comenzó a documentar en un mapa en línea hechos de violencia contra mujeres relacionados con la tecnología. Su objetivo era demostrar que este se trata de un problema sistemático y serio.
Lo primero que descubrieron fue que —al contrario de lo que se planteaba en algunos espacios— no se trata de un “problema de primer mundo”. Los abusos se cometen contra mujeres de cualquier nivel socioeconómico, en Serbia, Colombia, República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia, Filipinas y México.
Otros hallazgos fueron: las mujeres de 18 a 30 años son las más vulneradas en espacios digitales, y en 41 por ciento de los casos el abuso es cometido por una persona conocida. “La violencia en Internet refleja totalmente la violencia que conocemos. Es parte de una estructura y, por supuesto, es ejercida por gente cercana a nosotras”, explica Smith.
Según el diagnóstico de la APC, Facebook y los teléfonos celulares son las plataformas más denunciadas.
La mitad de los casos documentados fueron denunciados ante alguna autoridad, sin embargo, seis de cada 10 denuncias no fueron registradas formalmente porque consideraron que no existió violencia o delito.
“Las mujeres van y buscan sus medios tradicionales de justicia y les están fallando de manera tremenda. Lo interesante es por qué”, opina Smith. Luego menciona algunas de las respuestas de las autoridades: “No es violencia real. Regresa cuando te violen. Regresa cuando de verdad te hagan algo. ¿Cómo puedes tomarlo en serio? Es una amenaza en Twitter o ¿Qué es Twitter? No entiendo”.
Quizás la evidencia más contundente que arrojó el trabajo de la APC fue que, de un universo de más de 1.000 denuncias entre 2012 y 2014, 11 por ciento de los casos de violencia virtual escalaron a violencia física.
“A nivel estadística a lo mejor no es tan alto, pero en América Latina esa violencia física es feminicidio”, alerta Smith.
El daño emocional que la violencia en línea ocasiona a las mujeres es el más notorio y el que tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana. Lo que la APC determinó con el análisis fue que “las sobrevivientes sufren de depresión, miedo y ansiedad, casi en todos los casos”, impidiendo la participación amplia de las mujeres dentro y fuera del espacio virtual.
En el encuentro “Construyamos una Internet Feminista” activistas feministas discutieron sobre los efectos emocionales y físicos de la violencia virtual. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página
El cuerpo: la delgada línea
Un torbellino de mujeres se abalanza sobre el muro que sirve de pizarra. Sobre la pared enlistan violencias que han enfrentado, relacionadas con la tecnología: difamación; censura de contenido (como imágenes con pezones femeninos); vigilancia; difusión de contenido íntimo sin consentimiento; robo de identidad y “hackeo” de cuentas de redes sociales, correos electrónicos y sitios web.
La lista incluye acoso; “doxeo” (documentación y publicación de todo tipo de información que exista en Internet sobre una persona); violencia sexual, y amenazas de violación y muerte.
“Hay violencias que son delito y hay violencias que no lo son. Lo importante es considerar que todas tienen su impacto”, dice Erika de la APC.
Aunque en este momento se enfocan en los tipos de violencia en línea, también consideran que no se trata de una nueva clase de violencia ni de un abuso que esté separado de los que suceden en el “mundo real”. En realidad, opinan, hay una delgada línea que no separa, sino une la realidad a lo que sucede en el mundo virtual.
“La violencia se está ejerciendo a través de nuestros cuerpos en todos los espacios y el sistema patriarcal está en todos lados, no perdona ni un espacio”, opina Liliana Zaragoza (Lili_Anaz), cofundadora del Laboratorio de Interconectividades, una iniciativa que promueve la autodefensa hackfeminista.
De igual forma, la APC considera en que la violencia en línea contra las mujeres está conectada a la violencia “offline” o del “mundo real”. “Las mismas formas de discriminación de género que configuran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas se reproducen en línea y en diferentes plataformas digitales”, explican en Cultivando la violencia a través de la tecnología.
En Internet y dominación. Hacia una sociología de la nueva espacialidad, Mariana Celorio, académica e investigadora sobre los espacios virtuales y la dominación en internet, también habla de una dinámica en el ciberespacio semejante a la del espacio público.
En ambos “se propicia la interacción, la exclusión y la segregación social entre quienes pertenecen y no a él, entre quienes lo usan, lo viven, lo administran y gestionan; es sede de formas plurales de expresión ciudadana y de maneras distintas de apropiación colectiva que muchas veces pueden ser antagónicas, contradictorias, hasta llegar a la violencia”, señala Celorio.
“¿Sabemos que implica Internet? ¿Qué es territorio? o ¿De dónde a dónde abarca cuando hablamos de cuerpo? Esas son las preguntas, pero lo que sí sabemos todas es cómo se siente un cuerpo violentado todos los días” , dice Liliana Zaragoza para explicar las planteamientos que abordan en los talleres de autodefensa hackfeminista.
La violencia relacionada con la tecnología va desde la vigilancia, el acoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hasta las amenazas de muerte. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página
Un arma de doble filo
En un tendedero cada participante del evento “Construyamos una Internet Feminista” cuelga una hoja en donde relata una experiencia positiva vivida gracias a Internet, y en otra exponen una vivencia negativa y cómo las hizo sentir cada una.
La mayoría coinciden con que Internet —y en general el uso de las TIC— las ha ayudado a difundir y crecer su activismo, aunque también les ha traído consecuencias violentas.
Un miembro de un colectivo feminista de la ciudad de Guadalajara comenta que les permitió llevar a cabo proyectos sin recursos. Otras activistas de los estados de Michoacán, Guerrero, Yucatán, parecen estar de acuerdo con que las redes sociales potenciaron la difusión de sus causas. Sin embargo, también consideran su actividad en el ciberespacio como un arma de doble filo.
“A nosotras, en general, el ciberactivismo nos ha traído muchas experiencias terroríficas. No podemos obviar que en México existe una violencia de Estado contra quienes se organizan para exigir sus derechos”, comenta una activista de Ciudad de México.
Un ejemplo reciente es la historia de acoso callejero y en línea a Tamara de Anda, columnista del periódico El Universal. La periodista publicó en redes sociales que realizó una denuncia en contra de un chofer de taxi de Ciudad de México que le gritó guapa en la vía pública.
El resultado fue una sanción administrativa para el taxista y una cascada de agresiones por parte de usuarios de internet que comenzaron a acosar a la denunciante. Los mensajes de odio que recibió De Anda iban desde la desacreditación de su denuncia, hasta amenazas de muerte y violación.
“Hoy (la violencia en línea contra las mujeres) es más visible por los recientes ataques a periodistas. Pero, desde antes, muchas ya la vivían”, comenta Lulú Barrera, integrante de Luchadoras, un colectivo feminista.
A pesar de que Luchadoras nació y creció en redes sociales, Lulú cuenta que son cada vez más las activistas feministas que prefieren salir de plataformas como Facebook que, por ejemplo, no permiten imágenes de pezones femeninos, pero sí hordas de usuarios que promueven la misoginia y discursos de odio. “Para mí, estar en Facebook es como vivir en la casa del agresor”, dice.
La plataforma más denunciada por activistas, por ser en la que más agresiones en contra de mujeres suceden, fue Facebook. Esto, en parte, porque es la red social que más usuarios tiene en México, reflexiona Erika Smith de la APC.
Para activistas feministas, Internet se ha convertido en un arma de doble filo. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página
Autoridades y plataformas
Para el segundo trimestre de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) contabilizó 62,4 millones de usuarios de Internet en México (57 por ciento de la población), y de cada 100 usuarios, 49 son mujeres.
Por su parte, en 2016 Facebook reportó 61 millones de usuarios en el país, de los cuales 41 millones utilizan la plataforma diariamente, convirtiéndola en la red social de mayor penetración en México, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet.
Concientizar a autoridades y dueños de plataformas sobre la violencia contra de mujeres relacionada con la tecnología es un trabajo que la APC ha realizado desde que comenzaron la campaña “¡Dominemos la tecnología!”.
A nivel internacional, este también ha sido tema de debate. Recientemente, la policía de Chicago comenzó la búsqueda de cinco hombres que violaron en grupo a una adolescente de 15 años y transmitieron la agresión en Facebook Live.
La violación fue visualizada en vivo por al menos 40 personas y ninguna de ellas lo denunció ni a la policía ni a Facebook, dado que un día después de la transmisión la red social no había retirado el contenido y el video seguía público.
“Una de las exigencias a Facebook ha sido que sean específicos en sus condiciones en caso de violencia de género, cosa que no han querido hacer”, dice Smith.
Para este reportaje se buscó a la oficina de Facebook México para conocer su postura sobre el tema, pero no hubo respuesta.
En el caso de iniciativas de sociedad civil e instituciones en México, en agosto de 2014 inició una campaña contra el “cyberbullying (ciberacoso”, promovida por legisladores, académicos y empresarios. La iniciativa, dirigida a adolescentes y niños, buscaba concientizar sobre “conductas perniciosas” en Internet.
En julio de 2016 comenzó otra campaña contra el llamado “sexting”, el intercambio consensuado de textos, audios, imágenes o videos eróticos. Sin embargo, la primera campaña considera el ciberacoso un problema de “adolecentes con poca supervisión”, mientras que la otra fue criticada por activistas y organizaciones por estigmatizar la práctica e intentar combatirla desde una postura moralista.
Para la comunicóloga Lisseth Pérez Manríquez el problema radica en que no se piensa en internet como un espacio, sino más como un medio de comunicación y expresión o una herramienta de trabajo.
Erika Smith cree que lo que se requiere es sensibilización y no la coacción o sobrevigilancia. Pero las estrategias apuntan hacia el lado contrario. “Lo que quieren controlar internet, no la práctica y el comportamiento negativo o violento”, opina.
De acuerdo con el análisis de la APC, en México la violencia relacionada con el uso de las TIC no es considerada en la legislación.
Al respecto, las comunicólogas Florencia Goldsman y Graciela Natansohn señalan que es un error creer que la violencia contra mujeres en ambientes digitales es una nueva forma de violencia y por tanto se necesitan nuevas leyes específicas al tema.
“Se trata de la misma violencia histórica patriarcal traducida a nuevos formatos y espacios”, argumentan en el documento Violencia contra las mujeres en red, vigilancia y el derecho a la privacidad.
La APC coincide con ellas pues ya existen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Lo que es necesario, apuntan, es que estas leyes contemplen la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología.
Los casos de amenazas virtuales y mensajes intimatorios virtuales incrementan todos los días, pero el sistema de justicia mexicano no está preparado para atenderlos. Crédito: Redes Sociales
Internet feminista
Ante un panorama violento y complejo, la APC reunió en 2014 a activistas feministas, defensoras de los derechos en internet y la tecnología y redactaron los “Principios feministas para internet”, vaciados en un documento que está en permanente construcción.
“Para mí son provocaciones. Aprovechar Facebook para nuestro beneficio es hermoso, aunque haya vulnerabilidades asociadas. No necesariamente el foco del feminismo —cuando hablamos de Internet— debe ser la violencia. Rechazamos esto, porque no podemos reducir género a violencia”, dice Erika Smith.
“Por eso hablamos de internet feminista, porque nuestro espacio no puede ser solo de denuncia e indignación. Lo que queremos es apertura, tenemos que asegurarla”.
Es lo que también promueven iniciativas como el Laboratorio de Interconectividades: una visión amplia del espacio virtual, más allá de las redes sociales en donde se desarrolla la violencia.
“Cuando hablamos de violencia en línea contra las mujeres y hablamos de Twitter y Facebook, lo que queremos mostrar es que internet va más allá de estas plataformas. Si no toda nuestra energía se nos va a ir en buscar respuestas para cuidarnos en plataformas que de por sí nunca se preocuparon por nosotras, que más bien nos ven como potenciales clientes”, advierte Liliana Zaragoza.
Cuando Luisa comenzó a recibir amenazas de muerte y violación a través de sus redes sociales y decidió suspender las cuentas de Menstruadora, desde donde practicaba su activismo, algunas organizaciones sociales se acercaron a ella para apoyarla, pero ninguna tenía claridad de qué hacer. Mientras, lo máximo que las autoridades podían lograr era identificar a sus agresores, pero ella ya los conocía.
Ahora, dos años después de la experiencia, Luisa dice que tuvo que “despersonalizarse en Internet”. Sigue practicando su activismo y ha reactivado sus redes sociales poco a poco.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/06/machismo-en-linea-la-violencia-real-en-el-mundo-virtual/