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Diversidad cultural en los centros escolares

Diversidad cultural en los centros escolares

Laia Mestres 10.12.2019 | 04:00

Uno de los retos a los que deben hacer frente los profesionales de la educación en la actualidad es, sin duda, la atención a la diversidad cultural en los centros educativos. La heterogeneidad cultural es una característica de nuestra sociedad, vivimos en un entorno multicultural donde tradiciones distintas y los colectivos humanos que las practican coexisten en un mismo ámbito de organización social.

Una correcta atención educativa viene determinada por el clima del centro, la política educativa, la organización curricular, los recursos (presupuesto y organización), etc. Pero, quizás uno de los factores fundamentales es la formación, herramientas y recursos de que disponen los docentes en sus intervenciones.

Uno de los objetivos del sistema educativo es impedir que los jóvenes y los adultos vean mermadas sus oportunidades de progreso a lo largo de la vida por no haber alcanzado el nivel educativo adecuado, es decir, la promoción de la igualdad es un objetivo fundamental en las políticas educativas.

No hay duda de que los resultados educativos condicionan las oportunidades laborales posteriores. Es un hecho constatado por la OCDE que los países con un nivel alto de formación son los que procuran más beneficios laborales en forma de empleo de calidad y presentan un menor riesgo de desempleo. Pero no sólo debemos tener en cuenta la progresión futura, el acceso a la educación es fundamental y debe estar garantizado.

Las diferencias de origen condicionan la trayectoria educativa de los individuos, sus rendimientos y los resultados sociales y económicos que se derivan de su logro educativo. La exclusión y la vulnerabilidad vienen definidas por aquellos factores sociales que ubican a las personas en situaciones de desventaja en la carrera educativa y, como consecuencia de ello, reducen sus oportunidades.

Es por eso que el trabajo de la educación intercultural se está convirtiendo en uno de los temas urgentes que se deben tratar en nuestro sistema educativo. No sólo se trata de incorporar las necesidades educativas de todo el alumnado, sino de garantizar el acceso a la formación para todos, posibilitando la igualdad de oportunidades educativas.

El alumnado inmigrante ha aumentado en los centros escolares en los últimos tiempos. A menudo, el profesorado debe enfrentarse a la dificultad para atender adecuadamente al alumnado inmigrado que, en ocasiones, padece condiciones sociales desfavorables y situaciones de alto riesgo académico.

Los profesionales de la educación tienen el reto de trabajar en clases multiculturales, por eso, no sólo es necesaria la incorporación de nuevos perfiles profesionales, sino también un incremento de las competencias de los docentes. En este sentido, Javier Sánchez Mendías, explica en su artículo que «la escuela intercultural propugna un modelo educativo que para hacerse efectivo requiere un fuerte apoyo social contribuyendo al cambio organizativo. Los profesionales que tienen una implicación directa en este asunto, especialmente los docentes, requieren una adecuada formación y orientación para reconocer y abordar las necesidades específicas de apoyo educativo de este alumnado».

Por otro lado, Encarna Soriano, José Manuel García Argüello y Manuel López, miembros del grupo ‘Investigación y Evaluación en Educación Intercultural’ de la Universidad de Almería, afirman que no se puede descargar toda la responsabilidad sobre el profesorado y el centro educativo. La educación es una responsabilidad que debe ser compartida por toda la sociedad. En concreto, la participación de la familia es fundamental.

Los expertos señalan que la escuela deberá ejercer un papel vertebrador con la familia, medios de comunicación, localidad, barrio, asociaciones, lugares de ocio, etc. Las escuelas deben de abrir sus puertas para que haya una auténtica colaboración y los centros educativos sean verdaderas comunidades de aprendizaje.

Por último, no podemos olvidar la responsabilidad de la administración educativa, que tiene que garantizar una adecuada distribución de las diferentes realidades culturales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, impidiendo cualquier política segregacionista. También es necesaria una mayor coordinación entre centros, la elaboración de programas educativos adecuados y el fomento de dinámicas internas de trabajo colaborativo.

Autor: Laia Mestres

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Políticas Educativas son revisadas por UNESCO

Con el fin de alcanzar la meta planteada en el objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS), el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentaron y entregaron ayer los hallazgos del “Informe de Revisión de Políticas Educativas de Honduras”.

El propósito principal de esta revisión es ayudar a las autoridades a fortalecer el sistema de educación y contribuir a desarrollar las capacidades para alcanzar las metas del Objetivo 4 de los ODS, que manda “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas”.

El evento estuvo presidido por la directora de la Oficina Multipaís de la UNESCO, Esther Kuish Laroche; por el secretario de Educación, Arnaldo Bueso; y la subsecretaria de Cooperación Internacional, Norma Cerrato.

Asimismo participaron la representante del Programa Mundial de Alimentos y Coordinadora Adjunta de las Naciones Unidas, Judith Thimke, además de representantes de las universidades de Honduras, el Consejo Nacional de Educación y funcionarios de la Secretaría de Educación (Seduc), docentes, educandos y Cancillería entre otros.

Fuente de la Información: https://www.latribuna.hn/2019/12/10/politicas-educativas-son-revisadas-por-unesco/

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Chile: Tres de cada 10 planteles de educación superior cerraron el 2018 con pérdidas

La tercera 

Superintendencia del ramo identificó las instituciones con más riesgo para focalizar en ellas las acciones de fiscalización. De las 48 casas de estudios con gratuidad solo siete registran cifras negativas. Las privadas lideran el listado de ganancias.

Más de $ 218 mil millones en excedentes registraron en 2018 las instituciones de educación superior del país, un aumento de $ 41 mil millones (23%) respecto del año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).

Pero el panorama hoy no es el mismo para todas las casas de estudios, porque de las 140 instituciones que entregaron información al Estado, 39 registraron cifras negativas. Es decir, tres de cada 10 planteles tuvieron pérdidas.

El caso más extremo es el de la Universidad de los Andes, que cerró el año con casi $ 11 mil millones en pérdidas. Pero el director de Finanzas, Álvaro Beltrán, dice que eso se explica por la inversión que realizaron hace unos años para construir su clínica universitaria.

“Este déficit está totalmente financiado, por lo que no tiene efectos directos en el resto de la actividad universitaria y es el resultado lógico de un proyecto de la envergadura como es la Clínica Universidad de los Andes”, agrega.

En el listado de los planteles con déficit le siguen el Instituto Profesional La Araucana, que está en proceso de cierre, y la Universidad de Las Américas. En esta última institución explican que los $ 5 mil millones en rojo son un arrastre de la pérdida de la acreditación que sufrieron en 2013, lo que derivó en que la admisión de estudiantes cayera en un 40%.

Sin embargo, afirman que hoy la situación patrimonial es sólida y que han realizado inversiones en la docencia de pregrado, en investigación y en infraestructura.

“Este plan considera llegar a una situación de equilibrio en 2020 y el resultado proyectado del ejercicio 2019 muestra un avance en esta dirección”, dicen. También destacan la recuperación de la acreditación.

Vigilancia del riesgo

Otros planteles que presentan pérdidas son la U. Gabriela Mistral y la Universidad Ucinf, que está en proceso de cierre y siendo “absorbida” por la primera.

La tarea de vigilancia y alerta le corresponde al superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, quien, cuenta, se ha dedicado a definir, junto a la Contraloría, las normas contables que aplicarán a todas las casas de estudio para supervisar sus finanzas.

Paralelamente, agrega Avilés, desarrollaron un modelo de supervisión que les permite “priorizar nuestras acciones fiscalizadoras en aquellas instituciones que se encuentran en situaciones más riesgosas”.

“Luego de aplicar el modelo, hemos identificado los casos de mayor riesgo, concentrando ahí diversas acciones de fiscalización, siempre con el objeto de conocer el real estado financiero de manera actualizada en cada caso y así poder aplicar las medidas que correspondan”, señala.

Avilés plantea que se debe revisar el estado de las instituciones caso a caso, pero reconoce que “hemos sido testigos en los últimos años de situaciones de gestiones deficientes en lo administrativo y financiero que, en los casos más graves, han provocado lamentables daños a sus comunidades educativas”. Por ello, valora la creación de la institución que dirige y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Acreditación.

Efectos de la gratuidad

Este año, varias universidades plantearon que la gratuidad en la educación superior les generaba brechas financieras, pues el Estado no pagaría el valor real de las carreras. Pero eso parece no reflejarse en los resultados.

De las 48 instituciones con gratuidad, siete registraron pérdidas, entre ellas, cuatro universidades estatales. La Universidad Arturo Prat lidera el listado en rojo. En tanto, planteles como Duoc UC, Inacap, U. de Concepción y U. Autónoma encabezan el grupo con más excedentes.

Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la UC, cree que finalmente el estado financiero de las universidades “depende mucho más de las decisiones que se toman al interior de ellas que de los efectos de las políticas públicas, considerando incluso la gratuidad”.

Lo mismo cree Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, quien dice que llama la atención que las universidades con gratuidad, en especial las estatales, pidan más recursos, siendo que estas últimas “reciben 19 veces más que las privadas por distintos fondos que se entregan a la institución, sin considerar becas, gratuidad u otros beneficios estudiantiles”.

El investigador de Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, advierte que se debe hacer una diferencia entre los planteles con gratuidad, porque esta política “ha sido perjudicial en términos financieros para algunas universidades estatales y para el segmento tradicional de la educación superior, pero beneficiosa para las instituciones privadas que se incorporaron a esta política”.

(Para agrandar la imagen, hacer click sobre ella.)

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Chile: Las razones del rechazo de la estrategia nacional de educación pública por parte del CNED

Eldinamo 09-12-2019

Según el Consejo Nacional de Educación, la propuesta “no permite apreciar una estrategia de acción, de carácter nacional, que oriente hacia la mejora y desarrollo de la educación pública”.

or unanimidad, el Consejo Nacional de Educación (CNED) rechazó la propuesta del Mineduc sobre la estrategia nacional de educación pública, la cual se enmarca en el proceso desmunicipalizacón y busca mejorar la calidad de las escuelas municipales.

Pero, ¿cuáles son las razones ante tal categórica decisión? Entre ellas se plantea que la propuesta del Gobierno “no permite apreciar una estrategia de acción, de carácter nacional, que oriente hacia la mejora y desarrollo de la educación pública”consigna BiobioChile.

Asimismo, el presidente del CNED, Pedro Montt planteó al mismo medio que uno de los problemas de la propuesta radica en que se le daría escasa visibilidad al mejoramiento de los aprendizajes.

“Hay que visibilizar mucho más los aprendizajes de los estudiantes, que está en el centro del propósito de la educación pública. La educación pública va a ser de excelencia cuando los estudiantes que concurran a los establecimientos de la educación pública logren los aprendizajes incluso más allá de lo esperado”, señaló Montt.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, declaró que”esperamos que el Ministerio de Educación tenga un poquito más de humildad a la hora de escuchar a los actores de la educación, no sólo a nosotros desde la oposición, sino que al mundo de la educación; a los profesores, a los asistentes de la educación ciertamente, a los académicos, a las organizaciones que llevan muchos años hablando y criticando la segregación de nuestro sistema educativo, la carencia y el abandono de la educación pública”.

Esto último, considerando que se había advertido con anterioridad al Mineduc acerca de las falencias de la propuesta, tras varias sesiones con diferentes actores del sector de la educación.

Finalmente, la senadora Yasna Provoste, quien también integra la Comisión de Educación, señaló que “frente a este rechazo unánime del Consejo Nacional de Educación, queda claro que la estrategia no consideró la participación de las comunidades educativas, que no se incorporan estrategias en materias de avances en calidad de la educación y la propuesta no representa ningún avance para la educación pública”, consigna El Mostrador.

Cabe mencionar que, según el CNED, no existe un plazo determinado para que la Dirección Nacional de Educación Pública corrija las observaciones.

 

Enlace original: https://www.eldinamo.cl/educacion/2019/12/08/las-razones-del-rechazo-de-la-estrategia-nacional-de-educacion-publica-por-parte-del-cned/

 

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Hugo Yasky – Presidente de la IEAL – cerró el 5º Congreso del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.

IEAL 09-12-2019

Hugo Yasky – Presidente de la IEAL – cerró el 5º Congreso del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.

El cierre del 5º Congreso del Movimiento Pedagógico Latinoamericano estuvo a cargo de Hugo Yasky – Sec. General de la CTA y Presidente de la IEAL, Internacional de la Educación América Latina.
El Congreso que se realizó en Curitiba, Brasil, tuvo profundas exposiciones y debates sobre los que está pasnado en la Región.
Se enfatizó la lucha y resistencia de los sindicatos docentes de América Latina a las políticas neoliberales implementadas en la Región, que imposibilitaron que estas avanzaran destruyendo la Educación Pública.
La nutrida comitiva de CTERA estuvo encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, que junto a otrxs compañerxs, entre ellos Eduardo Pereyra – Sec. de Relaciones Internacionales – y Miguel Duhalde – Sec. de Educación -, dieron un panorama profundo de los cuatro años que se vivieron en Argentina y la lucha que lxs docentes y lxs trabajadorxs dimos en nuestro país para derrotar en las elecciones de octubre al neoliberlismo.

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«Nuestro mandato», por David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación

Internacional de la educación

Ser elegido secretario general de la IE es un gran honor. Es todo un reto estar a la altura de la confianza que me han brindado los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la educación de todas las regiones del mundo. También es alentador incorporarse a este pequeño equipo de dirigentes talentosos y talentosas elegidos el primer día de nuestro Congreso.

Nos reunimos un año después de celebrar el primer cuarto de siglo de la creación de la IE. Aquella fusión originó estructuras mundiales fuertes cimentadas en una base sólida de valores. Esta es la valiosa herencia que compartimos y que hemos de desplegar para hacer frente a los retos del sindicalismo, la profesión docente y la educación en el curso de los próximos años. 

Sin embargo, este período también ha experimentado profundos cambios en las actitudes de los dirigentes políticos hacia el bien común, el papel central del gobierno y de la gobernanza, así como el valor del sector público sus valores. Nuestra época está marcada por una creciente marea de nativismo, desigualdad de ingresos, conflictos políticos, degradación medioambiental y la consolidación del poder y la influencia de un sector corporativo sin límites. La voz colectiva y organizada de los/las docentes y del personal educativo ha sido testigo del daño que esta corriente ha causado a sus estudiantes, compañeros y comunidades, y ha aceptado el llamado a liderar, a resistir y a movilizarse. 

Nos resistimos a la creciente individualización e incluso a la atomización de la sociedad y a su impacto en nuestras aulas. 

Nos resistimos a la presión de entornos que, en nombre de la eficiencia, cada vez son más deshumanizados cada vez son más mecánicos. 

Nos resistimos a la dataficación, a la militarización y a la comercialización de nuestra información, así como a la flexibilización, la desregulación y la precariedad de nuestro trabajo. 

No obstante, lo más importante es que también nos resistimos a la idea de que una mayor desigualdad y menos derechos sean consecuencia ineludible de la cuarta revolución industrial e inevitables para el futuro del trabajo. 

En el informe de situación dirigido al 8º Congreso Mundial, expondré los avances que estamos logrando a pesar de las dificultades y los obstáculos. Mostraré a los 1500 delegados/as y observadores/as de todo el mundo un espejo del compromiso que constato en ellos y en sus organizaciones. Repetiré lo que he escuchado en tantos ámbitos sobre la necesidad imperiosa de los dirigentes de formular un nuevo lenguaje y trazar una nueva vía en medio de las crecientes y turbulentas aguas de la complejidad, la inseguridad y el aislamiento. 

Si tan solo existiera un grupo de personas que defendieran la dignidad y la acción colectiva a medida que las redes de desinformación se desarrollan en las esferas políticas con el fin de “comercializar” tanto a los candidatos como a los problemas de la manera más simplista posible. Si tan solo ese grupo pudiera educar, informar y activar a los ciudadanos y ciudadanas que tienen la visión de percibir la manipulación que contribuye y amplifica la distorsión del debate público y tuviera la valentía de resistir a un sistema que genera odio e intolerancia. 

“Si tan solo” se ha convertido en un instrumento retórico efectivo para que las personas se den cuenta de su poder y de sus posibilidades colectivas. Si tan solo tuviéramos una función respetada en nuestras comunidades y se nos confiara la educación de las generaciones futuras. Si tan solo fuésemos parte de un movimiento mundial, regional y nacional organizado centrado en el respeto de los seres humanos, los niños y los adultos y en la necesidad de dignidad y democracia. 

Los seres humanos son, por naturaleza, entes sociales. No se desarrollan plenamente en un “espléndido aislamiento”. Por el contrario, se estimulan, desarrollan y educan a través de la interacción y de las relaciones con los demás. 

Las personas anhelan la comunidad. El sentido de comunidad puede darse mediante una identidad común en torno a valores compartidos. O bien, la identidad puede utilizarse como arma para excluir y dividir. Es por eso que las escuelas y los planes de estudio se han convertido en el objetivo de tantas campañas negativas y destructivas de los nacionalistas autoritarios y populistas. 

Sin embargo, las soluciones no provendránni a corto ni a largo plazo, de esas esferasLos destellos luminosos que ofrecen ciega a las personas con el miedo y el odio. Si tan solo existiera un colectivo de personas que actuaran y educaran en pos de una luz más perenne de valores y procesos democráticos que iluminen, con esperanza, un camino hacia un futuro mejor y más justo. 

Ni los educadores ni los sindicalistas pueden cambiar solos el mundo. Sin embargo, nunca debemos subestimar nuestra contribución e impacto. Estamos presentes en cada comunidad. Aún contamos con un gran respeto. Y todos los días trabajamos con el futuro: la juventud. 

Los presentes aquí, en Bangkok, me escucharán hacer una llamada a la acción que se pregunta qué pasaría “si tan solo” reconociéramos nuestro poder colectivo, nuestra visión y liderazgo. Como posdata a esta llamadacomprender lo contrario es igualmente esencial. 

Solo si asumimos el liderazgo en nuestra profesión, tendremos la capacidad de velar por que la educación esté centrada en el ser humano y que nuestras aulas sean lugares de reflexiónde análisis y de diversidad. 

Solo si tomamos la iniciativa de buscar una financiación equitativa, predecible y sostenible a largo plazo de la educación pública, podremos proporcionar a nuestros estudiantes, incluso a los más desfavorecidos, recursos y servicios adecuados, así como entornos de trabajo favorables para nuestros compañeros, una combinación que fomenta comunidades escolares sanas. 

Solo si construimos alianzas dentro y más allá de nuestras comunidades desarrollaremos la confianza y la fuerza necesarias para iluminar la vía hacia un futuro mejor y más sostenible.  

Solo si llevamos con nosotros las resoluciones que hemos tomado esta semana cuando salgamos de Bangkok y regresemos a nuestros hogares, nuestras escuelas y nuestros sindicatos, nuestro programa común echará raíces adquirirá forma y sustancia. 

En tanto que Secretario General de la Internacional de la Educación recién elegido, mi visión alberga la esperanza, ya que la solidaridad es la piedra angular de nuestra organización. Sé que somos más que la suma de nuestras partes. Estamos aquí reunidopara reafirmar nuestros principios y trazar un rumbo fijo y común para una época fuera de lo común. 

No puedo imaginar preferir estar en ningún otro lugar. 

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PRIVATISATION AND COMMERCIALISATION OF UNIVERSITIES IN LATIN AMERICA

By Fernanda Saforcada and Yamile Socolovsky

 

Today we are releasing the results of the first stage of an ongoing research project, which aims to explain clearly the main characteristics and patterns of the phenomenon of university privatisation and commercialisation in Latin America. This study is not intended to be neutral; it is designed to aid in the development of strategies. Its conclusions will be reflected in the political action proposed to combat this process, in order to ensure the right to education and promote the democratisation of knowledge.

First and foremost, it is imperative to understand that capitalism, which turns everything it touches into a commodity, is rapidly advancing at this stage, especially in the field of education and knowledge. This is a decisive factor in ensuring private appropriation of wealth through the control of technological development; this dynamic has always been present throughout history, but is now strengthened by the dizzying acceleration of competition for the global market. Furthermore, education and knowledge itself have begun to be conceived, produced and distributed as tradable goods, the trade of which results in exorbitant profits for an increasingly concentrated group of corporate enterprises, even providing lucrative opportunities in financial speculation.

At the university level, the elements that make up this process of privatisation/commercialisation are complex in their own right, and tackling them requires a process of systematisation and conceptualisation. To be able to act, it is essential to be able to understand how this process develops concretely, to identify the characteristics of the privatisation and commercialisation of education and knowledge specifically within the university sector, and to recognise the ways in which this global trend is embedded in our particular Latin American context. Within this framework, it is of the utmost importance to consider not only the dynamics of the expansion of the private sector, but also the gradual incorporation of mercantile logic into public systems increasingly colonised by particular interests, as well as the subtle search for the lack of distinction between the public and private sectors that threatens to erode any possibility of safeguarding common interests, rights and equality.

At present, Latin America is one of two regions in the world with the most privatised universities, along with South Asia. Some 55% of enrolment is in the private sector, compared to 13% in Europe, 36% in Asia-Pacific and 28% in North America (data from UIS-UNESCO and Red ÍndicES for 2015–2016). This implies hyper-privatisation not only in overall comparison, but also in the extent to which the private sector encompasses a larger number of students than the public sector (in some countries, much larger). In the future, this means that an increasing percentage of the better educated sector of the population will have received their higher education in institutions that conduct their activities as a function of private interests. Today, the vast majority of countries in the region have over 30% of student enrolment in the private sector, reaching over 70% in some countries such as Peru, Puerto Rico and El Salvador, and over 85% in Chile.

Behind the expansion of the private sector lie two different issues. On one hand, there are the processes of social distinction and, with them, the search for elite circles within a context of growing ideological privatisation. This is not a massive phenomenon, but a trend that has been appearing for several decades and has intensified in recent years.

However, the main factor in the expansion of privatisation stems from the combination of increased demand and reduced public resources for higher education. Indeed, there has been a substantial increase in demand, caused both by the growth in expectations of enrolment in university and by the increase in enrolment and graduation rates at the secondary level (linked to the expansion of compulsory secondary education in all countries throughout the region during the first decade of the century). This can be observed in the expansion of enrolment in higher education, which has been very significant: between 1990 and 2005, i.e. in 15 years, the gross rate doubled, and between 1990 and today, it tripled.

However, resources for the university public sector have remained the same or have not grown in proportion to this increased demand. The solution to this tension between greater demand and less public resources has been to strengthen the selectivity of public universities, which means that a substantial part of this demand is diverted to the private sector, as is the case in many countries in the region such as Peru, the Dominican Republic, Chile, Costa Rica, Brazil and Paraguay, among others. The often explosive rise of low-cost universities is largely explained by this situation, as they have become the means of escape from this tension and, at the same time, a formidable business due to high demand.

A second aspect, related to commercialisation, is that when faced with shortages of resources, public universities are faced with the situation of having to partially or completely self-finance, either through fees charged to undergraduate and/or postgraduate students, or by seeking other sources of financing such as the sale of services. In some cases, these resources that are obtained through tariffs and the sale of services are not supplementary but instead become essential for the maintenance of the institutions themselves in their most basic aspects, as is the case in Chile and Peru.

A third issue that we have observed as a privatisation trend is the equalisation of the public and the private sectors. This is true of various regulatory bodies and mechanisms. The information gathered for these case studies enabled us to identify how this public–private boundary in the flow of public funds began to become increasingly porous until it was blurred in relation to some issues. The most significant are funds associated with research tracks, research funds, postgraduate or research scholarships and, last but not least, study scholarships or state-guaranteed credits. With apparent neutrality, common systems or bids are established for both sectors, which are presented as egalitarian and therefore fair, but which in practice have provided the means for a significant and growing portion of public resources to be diverted to the private sector without political cost or discomfort in the sector.

On the other hand, private universities have indirectly benefited from public resources by being exempt from paying taxes. This tax exemption implies a substantial, albeit overlapping, transfer of resources that is observed in the cases studied.

Latin America and its university systems are the territory in which a substantive dispute is currently unfolding over the meaning of education and knowledge, and, in short, what kind of societies we want. The processes, actions and actors are heterogeneous, but there are common elements and strategies. This shows that it is necessary to study the issue with this two-fold perspective of the common and the diverse, as trends are regional but the forms they take are local.

The intersection of privatisation and commercialisation, expansion of the private sector and market orientation of the public sector has significant ramifications and requires urgent action. The ways in which these processes are being promoted have become less evident, as the differences between the public and the private sector tend to become diluted and, at the same time, the private sector appropriates and redefines traditional values of public universities such as autonomy and their role in democratising access to higher education.

This poses enormous challenges for university collectives, teacher unions and all organisations committed to equality, justice and social rights. At stake is not only the university system itself, but also its role in the construction of hegemony and its enormous capacity to influence public policy.

The growth in the number of private institutions with explicit or hidden profit-making purposes, the increase in student enrolment in such institutions, the payment of fees for undergraduate studies, the explosive expansion of the “supply” of postgraduate studies, the deregulated growth of virtual modalities in higher education, the development of a cross-border academic market. But also, the implementation of mechanisms for academic evaluation that push institutions and staff into unbridled competition for accreditation of quantifiable results under the bibliometrics empire, and that ultimately feed the profits of a few publishing companies that diversify their businesses at different educational levels and offer institutions training, assistance, management or administrative services. Private funding, which influences research in public institutions, and the transfer of public resources to finance the activities of private institutions. The substitution of co-government for managerial forms of institutional leadership and organisation. The growing presence of corporate representatives within the sector’s public policy-making spheres. The influence of international organisations in the formulation of these guidelines and in the construction of assessments and concepts that legitimise the reforms required to facilitate this business, which is at the same time a device of discipline and ideological domination that seeks to break any possibility of developing a counter-hegemonic culture.

Forms, aspects, dimensions of a process that, while denying the right to education and participation in the collective production of knowledge, threatens to liquidate the democratic dimension of the Latin American public university, depriving us of the possibility of finding in it an environment that enables the development of critical thinking and the training of professionals committed to popular struggles.

Faced with this situation, unions in the university sector have a daunting task ahead of them. First, they must produce knowledge about this process in order to understand it, explain it and denounce it. It is essential to break the hegemony of an academic culture that accepts, reproduces and reinforces mechanisms of privatisation/commercialisation, and there is no other way to do this but through critically assessing the conditions of development of the activity itself. It is also necessary to highlight how this trend is linked to the current proliferation of forms of precarisation of academic work, and to link union demands for adequate working conditions with the political questioning of factors of commercialisation.

However, criticism, rejection and the construction of alternatives cannot be achieved through individual action, but rather through collective mobilisation. It is therefore also up to the unions to find the means to summon workers in higher education and research to take an active part in these debates and this struggle, and, moreover, to join all the organisations in a cause that, like the defence of public education in general, calls into question the democratic sovereignty of our peoples. If every struggle is rooted in the strength of its organisation within a territory, it is also essential to lend this endeavour the strategic perspective of international action, the first step of which is undoubtedly regional: to confront commercial transnationalisation, academic colonisation and technological dependence from the strength of the Latin American context of a university project that, driven by workers, places at the centre of the policy of governments and institutions the principle of the right to attend university and the reclamation of knowledge as a common good.

Download the summary in English here.

Download the full report in Spanish here.

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