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Uruguay: La directora general de Secundaria opinó sobre los cambios en la educación que trae el nuevo gobierno

educacion.ladiaria.com /28-12-2019

Ana Olivera dejará el cargo luego de casi dos años de gestión; habla de lo que quedó por hacer y los logros obtenidos en equipo.

Ana Olivera tomó las riendas del Consejo de Educación Secundaria (CES) el 3 de mayo de 2018, a mitad del período de esta administración. Cuando cambien las autoridades, en marzo, habrá estado casi dos años en la Dirección General, y en diálogo con la diaria repasó lo que fue su liderazgo hasta ahora, lo que pudo hacer y lo quedó en el debe. Destacó el trabajo en equipo con los otros consejeros que gobiernan la educación media y con el resto de los miembros del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La profesora de Historia e inspectora regional en el norte del país habló sobre los conflictos del año, su relación con los gremios y sobre el comienzo de clases 2020.

Llegó con muchas políticas ya encaminadas por su antecesora, Celsa Puente, a la que se le pidió la renuncia. Algunas iniciativas, como el nuevo diseño curricular, ya estaban empezadas, y su dirección terminó de darle el impulso necesario. En su despacho de la calle Rincón, rodeada del equipo de la Secretaría General, habló sobre el cierre de esta etapa y opinó sobre los posibles cambios que traerá a la dirección de Secundaria la nueva administración del gobierno de Luis Lacalle Pou.

¿Qué expectativas tenías para arrancar y cómo las ves ahora que estás cerrando el mandato?

Muy bien. Creo que en educación los cambios siempre son costosos, hay que lograr cambios en la cultura, y en este sentido creo que sí hubo cambios. Mis expectativas están ampliamente satisfechas; no pensé trabajar tan acompañada, lo digo realmente. Se logró un trabajo muy bueno con los equipos docentes en dependencias centrales del CES, inspectores, directores, la ATD [Asamblea Técnico Docente], Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria], los consejeros mismos –con Isabel Jaureguy trabajábamos muy bien, al igual que con Carlos Rivero–. Eso nos hace bien como sistema.

Trabajamos muy bien con el asesor jurídico, con las contadoras y economistas, con el área de informática, también, porque concretamos el sistema de liquidación de sueldos.

¿Qué quedó en el debe?

A nivel personal, uno quisiera que los cambios fueran más rápidos, que hubiera mayores socios, que los cambios en cuanto a los diseños curriculares, a las políticas de evaluación o al rezago sean más fáciles. Tenía algunas expectativas con respecto a la retención en los liceos nocturnos que creo que no se ha dado, pero también se han hecho algunas acciones tendientes a que el derecho a la educación esté garantizado.

Más que cosas que quedan en el debe, son deseos. Me gustaría que la promoción fuera más alta, que de alguna manera los programas de exploración pedagógica que tenemos a nivel de país bajaran a algunos territorios en concreto.

Hay otros programas que me hubiera gustado potenciar más –como el de educación en cárceles, que ha sido muy bueno– pero precisan más recursos, al igual que programa Cer [Centro de recursos para alumnos ciegos y con baja visión], que es muy bueno pero exige una inversión económica importante, porque es uno a uno. Siempre hay mucha demanda de los programas más sensibles; desde siempre lo más barato es tener una sola persona dándoles clase a 300, pero ese no es el panorama que tenemos hoy.

¿Qué resaltarías como logro?

Han sido un poco las líneas generales del Codicen, que se han trabajado muy bien en educación media básica, en conjunto con el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU). Trabajar entre sistemas fue muy bueno, fueron muy buenos el acercamiento y la interrelación permanentes, incluso hablando de recursos humanos más allá del CETP, con los otros consejos descentralizados. También tuvimos un buen relacionamiento con los sindicatos y con los administrativos, porque hicimos una política de concursos y de ascensos, se logró reestructurar la carrera administrativa trabajando con ellos, se efectivizaron adscriptos, ayudantes preparadores, docentes egresados de las más diversas asignaturas. Eso fue muy gratificante.

Por dos años

¿Cómo se proyecta el comienzo de clases 2020?

Nosotros pusimos una fecha y según ese calendario viene todo bien. Esperamos que se sigan llenando las horas, estamos trabajando en espejo con los resultados de los concursos del Consejo de Formación en Educación (CFE), así que esperemos que sea todo normal, que en febrero queden algunos interinos y tal vez algunas apoyaturas o tutorías para bachillerato.

La Sala Nacional de Directores me pidió la primera semana de marzo para hacer salas docentes con los nuevos directores y los distintos profesores que habían elegido allí, por eso planteamos el 9 de marzo como comienzo de ciclo básico y el 16 de marzo de bachillerato, pero si el Codicen decide que sea el 2 de marzo, nos vamos a ajustar.

Este año volvió a hablarse el tema de la elección de horas por dos años, para consolidar a los docentes en los centros con sus proyectos. ¿Eso en qué quedó?

A mí me parece muy buena idea, pero por ahora no hay nada por escrito. Como inspectora siempre estuve en la comisión de elección de horas por más de un año, porque en realidad tengo la experiencia de que 78% de los profesores de los grados más altos siempre eligen lo mismo.

¿Se debería impulsar ese camino?

Hay que trabajarlo con los distintos actores, pero me parece viable. También creo que puede ser optativo; que algunos elijan la radicación y se queden dos años con el mismo paquete de horas, porque les sirve, y otros no, porque prefieren moverse, ya que están en ese liceo coyunturalmente.

¿Por qué creés que eso todavía no pasa?

Porque hay que plantearlo con fuerza, con voluntad política de cambio.

¿Y eso no es voluntad política de tu gestión?

Bueno, es que no podíamos atacar todo a la vez. Nosotros elegimos una línea de consolidar la carrera de los administrativos, de los docentes, la relación con los otros sistemas, y cuando vimos que por este camino ya habían transitado otras directoras generales y habían quedado en la mitad, no insistimos.

Hay que entender, también, que este cambio es bueno si hay un diseño curricular acorde; no nos quedemos en algunas cuestiones que sólo son de organización y no cambian el cerno. A mí me interesa que el docente construya en los centros educativos por medio de una política educativa que tenga definida la intencionalidad de tratar la educación en clave de derechos, atendiendo a esta demanda social de los estudiantes, porque en la enseñanza media son todos los más vulnerables por el tramo etario: el adolescente adolece.

Próximamente

Estás ocupando la Dirección General, que es la única figura que va a quedar en el gobierno de Secundaria, según los planes del próximo gobierno. ¿Cómo te parece que va a funcionar eso?

Hay que ver cómo se instrumenta. No por ser un órgano colegiado significa que los tres hacemos todo, nos repartimos tareas: [el consejero Javier] Landoni es muy eficiente en infraestructura, tiene un relacionamiento con los departamentos de arquitectura muy grande, visita mucho el sur y yo visito más el norte, siempre nos dividimos los trabajos.

¿Creés que la concentración en una sola persona podría generar problemas? Ya no se podría dividir tanto las tareas.

No es la concentración en una persona, hay que ver las competencias que va a tener ese rol. Han dicho que se diluye la toma de responsabilidad, pero no creo que pase porque consejo sea colegiado; al revés, hemos sido muy ejecutivos sin que que se diluya la responsabilidad en el Codicen. Los directores generales vamos todos los miércoles de tarde y es allí donde estamos en contacto con la organización, la implementación de políticas educativas de cada uno de los subsistemas y la discusión que tienen los consejeros del Codicen. De todas formas, supongo que si lo implementan así debe ser porque tienen evidencia de que se ha diluido.

Uno de los cambios será que los directores generales pasen a tener voz y voto en el Codicen.

Nosotros somos interpelados por el Codicen una vez por semana, y tenemos el momento de dar nuestros previos y novedades. Si tuviéramos voz y voto significaría que tendríamos más responsabilidad en un sentido muy amplio, por ejemplo, me cuesta imaginarme involucrada con la totalidad de los problemas del CFE, del CETP o de Primaria. Si me preguntan hoy, sin saber cómo se va a implementar, diría a priori que me parece más engorroso.

¿Creés que un órgano colegiado como el de ahora hace que la toma de decisiones sea más lenta?

No, para nada. Secundaria es muy grande; creo que un colegiado lo ha hecho más ejecutivo, pero es una opinión personal, no sé cómo se plantea la nueva gobernanza. También cuando empezó la descentralización decían que los inspectores regionales éramos como monarcas en el territorio. Yo nunca me consideré monarca y siempre trabajé en colectivo; entonces, no se sabe qué va a pasar.

Laicidad al Parlamento

Ana Olivera y el equipo de dirección del CES fueron citados a la Cámara de Diputados el 9 de diciembre por la Comisión de Educación, que les pidió respuestas sobre la carta firmada por el cuerpo de inspectores del CES en apoyo a la candidatura de Daniel Martínez a la presidencia. La presidenta de la comisión, Graciela Bianchi, mostró su preocupación por la situación, ante lo que Olivera respondió que se inició una investigación administrativa luego de que el consejero del Codicen Óscar Pedrozo presentara formalmente la denuncia, ya que antes “no se podía actuar de oficio por comentarios en las redes sociales”, explicó la directora general. Ahora la investigación para determinar si hubo una conducta que violara la normativa está en las divisiones de jurídica del CES y del Codicen. Según adelantó Olivera, esperarán el resultado de los informes para actuar, y aunque no son vinculantes se tomarán en cuenta para decidir si corresponde o no una sanción.
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CLADE: Repudio ante la reciente declaración de Bolsonaro sobre el educador Paulo Freire

CLADE / 28-12-2019

El pasado lunes 16 de diciembre 2019, Jair Bolsonaro actual presidente de Brasil, insultó públicamente al Patrono de la Educación Brasileña, Paulo Freire, atribuyéndole responsabilidad por mal desempeño de Brasil en evaluaciones educativas internacionales, como el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA).

Las redes nacionales, regionales e internacionales que suscriben esta nota pública, quieren expresar su repudio a las declaraciones de Bolsonaro que muestran un desconocimiento sobre Paulo Freire y su obra, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Durante su vida, Freire recibió 40 títulos de doctorado honoris causa, que le fueron otorgados por universidades de todo el mundo; siendo el tercer pensador más citado en trabajos académicos de lengua inglesa y su libro “Pedagogía del Oprimido” fue traducido a más de 40 lenguas.

Igualmente, reafirmamos nuestra defensa al legado de Paulo Freire y a las banderas de lucha que el educador brasileño siempre apoyó, y nos comprometemos a llevarlas adelante: la libertad de pensamiento, la educación crítica y emancipadora, la autonomía del sujeto, la democracia plena y el respeto a las diversidades.

Firman:

Agencia Pressenza
Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)
Federación Internacional de Fe y Alegría
Portal Otras Voces en Educación
Red Espacio sin Fronteras
Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM)
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Marcha Global contra el Trabajo Infantil de Sudamérica
Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP)

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La vergüenza de no tener escuela

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

«El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.»

Edgar Pérez Ríos

Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV

Miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER)

A partir de los años veinte del siglo pasado, con la escuela rural mexicana se comenzaron a construir escuelas en las localidades rurales del país. Los recintos escolares empezaron a ser parte de la vida diaria de estas localidades y poco a poco se convirtieron en edificios tan importantes como el de la iglesia o el municipio, lo que se reflejaba en la dedicación que los campesinos ponían en la construcción de sus escuelas, en muchas ocasiones. siendo la mejor construcción de todo el poblado (Pérez, 2014, p. 107).

Este cariño hacia las escuelas sigue vigente en diversas comunidades del país, como se muestra en las fotografías y textos compilados por Reyes y Solares (2016) en la Montaña de Guerrero, y como he observado en mi experiencia como exfigura educativa del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en localidades de Oaxaca, Puebla, Querétaro y Guanajuato donde, precisamente, la escuela, junto con la iglesia, son las construcciones mejor conservadas. Incluso existe un orgullo por tener una “buena escuela”, situación que los propios niños matizan cuando comparan la suya con la del poblado vecino. Tener una telesecundaria o una secundaria comunitaria de Conafe es motivo de mucho mayor prestigio; en cambio, no tener escuela es vergonzoso, como argumentaré a continuación, mediante el caso del núcleo rural Las Palmas, localidad zapoteca perteneciente al municipio de San Jerónimo Coatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca.

Hasta la década de los noventa, la población de Las Palmas vivía en, por lo menos, una decena de rancherías dedicadas al cultivo del café. Estas rancherías, conformadas por dos o tres familias, distaban entre una y una hora y media de la comunidad de Las Palmas, lugar en donde se encontraba la escuela primaria rural más próxima. Por esta razón, según comenta la gente del lugar, muchas personas nacidas antes de 1990 no asistieron a la escuela debido a la lejanía. Sin embargo, a partir de dicha década, los padres de familia comenzaron a gestionar los servicios educativos del Conafe para que sus hijos pudieran tener acceso a la escolarización en sus lugares de origen.

Así, durante los años noventa, y aun del 2000, prácticamente todas las rancherías tenían una escuela comunitaria. Aunque no existen datos específicos de estas rancherías, en trabajo de campo he constatado que casi todas las personas nacidas a partir de la década de los noventa saben leer y escribir; además, la mayoría concluyó la primaria. No obstante, también existen casos de niños cuyas rancherías no alcanzaron el mínimo de alumnos y, por tanto, tuvieron que asistir a otra ranchería o a Las Palmas. En estos casos, los niños regularmente asistían uno o máximo dos años y desertaban. Una de las principales razones del abandono no era precisamente la distancia, sino la burla a la que eran sometidos por sus pares por tener que ir a estudiar a otra localidad. Estas burlas dificultaban la socialización, la adaptación y el aprovechamiento escolar, por lo que al final decidían dejar la escuela. Rebolledo (2014) documenta un caso similar sobre las dificultades de una niña chinanteca a la hora de enfrentarse a otro contexto, no sólo escolar, sino también lingüístico.

De hecho, en Las Palmas se habla castellano, pero los niños de ahí suelen burlarse de sus compañeros de las rancherías, quienes también hablan castellano, aunque con cierta variación lingüística. Esta variación hace que se suponga que existe una forma correcta de hablar; por tanto, los niños de las rancherías son agraviados por su forma de expresarse. Evidentemente, esta situación los pone en desventaja porque no se atreven a participar en el salón de clases, situación que muchas veces es interpretada por los profesores como incapacidad del alumno ante las actividades escolares, tal como lo reporta Rebolledo (2014) en otro contexto oaxaqueño.

El problema de no tener una escuela en la localidad de origen va más allá de la sola experiencia escolar de los niños. Se trata, muchas veces, de una experiencia comunitaria, donde el solo hecho de contar con una construcción que ostente el título “Escuela” es, en sí, un logro enorme para dicha comunidad: se vuelve un icono, un punto de encuentro, un lugar de cohesión social, como lo ha señalado Rockwell (2016). A ese lugar se le llama cariñosamente “nuestra escuela” y, aunque muchos ni siquiera han puesto un pie dentro, esperan que sus hijos sí lo hagan.

Volviendo a nuestro caso, cuando en la década de los noventa estudiaba la primaria rural en Las Palmas, cada grado escolar albergaba entre 8 y 10 alumnos, al igual que en Piedra Larga, un pueblo vecino. Si juntamos ambas localidades, estaríamos hablando de cerca de 20 niños que, año tras año, egresaban de la primaria, lo cual invita a pensar que quizá la mejor opción era reunir a todos los niños en una telesecundaria que atendiera a ambas comunidades. Esta perspectiva es la que se ha impulsado en las escuelas primarias mediante la famosa política de concentración de escuelas en los Centros Integrales de Aprendizaje Comunitario (CIAC) promovidos en la presente administración.

Sin embargo, en el caso de Las Palmas y Piedra Larga, esta política de concentración no es pertinente a la luz de las dinámicas locales, pues existe un conflicto intercomunitario entre ambas partes desde la década de los setenta, situación que afecta las distintas aristas de la vida social, entre ellas la educativa. De esta forma, Piedra Larga gestionó la fundación de su escuela telesecundaria en 1996, y la concreta ese mismo año. Pese a la cercanía de esta tele, los niños de Las Palmas continuaron asistiendo a la secundaria de San Gabriel Mixtepec, un municipio cercano y algunas veces incluso dejaron de estudiar, pero de ninguna manera se pasaron a Piedra Larga, pues los conflictos impedían esa situación. Así, la vergüenza de no tener telesecundaria espoleó a los comuneros de Las Palmas a organizarse y a gestionar también su escuela. Dos años después, en 1998, Las Palmas ya tenía su propia telesecundaria.

A simple vista esto parece ser un problema de adultos, pero en realidad existen afectaciones directas a los jóvenes. Por ejemplo, los niños de otras comunidades más pequeñas que estudian en la telesecundaria de Las Palmas o Piedra Larga suelen sufrir burlas por parte de sus compañeros, que aluden al hecho de que en su localidad no hay escuela. En otras ocasiones, a estos jóvenes se les dificulta la socialización entre pares, incluso el cambio de residencia, pese a que la mayoría de las veces se instalan en casa de algún familiar. Así, algunos desertan después de algunos meses.

Aunque en este breve texto expuse la situación particular de una comunidad, en realidad se trata de una invitación a reflexionar en torno a la pertinencia de concentrar alumnos de distintas comunidades en una sola escuela. Desde luego que, en términos económicos, se trata de una estrategia viable, sobre todo por los recursos que se puedan ahorrar en tiempos de austeridad. Sin embargo, ¿cuáles serían los resultados en términos de aprovechamiento escolar y de permanencia? ¿Bajo qué costos en la calidad de vida de los niños? Si nos detenemos a ver la cotidianidad de los alumnos que asisten a la escuela fuera de sus contextos de origen, nos encontraremos con distintos panoramas: lejanía, mala alimentación, problemas de adaptación e incluso depresión ¿Vale la pena realmente ahorrar dinero en detrimento de las infancias? ¿Acaso existe otra forma de garantizar la permanencia de los niños en sus localidades de origen?

Bibliografía

Pérez Ríos, E. (2014). A un siglo de distancia (1911-2011): semejanzas y diferencias de la educación micro-rural en México. México: UPN.

Rebolledo, V. (2014). “Los silencios de niños hablantes de chinanteco en diversas situaciones escolares”, Anthropologica, XXXIII(35), 93-115, Lima: PUCP.

Reyes M. y Solares, D. (2016). Mira mi escuela. Reflexiones sobre espacios escolares. México: Ediciones Axolotl

Rockwell, E. y Rebolledo, V. (coords.) (2016). Yoltocah: Estrategias didácticas multigrado. México: Autores.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-verguenza-de-no-tener-escuela/

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Diversidad cultural en los centros escolares

Diversidad cultural en los centros escolares

Laia Mestres 10.12.2019 | 04:00

Uno de los retos a los que deben hacer frente los profesionales de la educación en la actualidad es, sin duda, la atención a la diversidad cultural en los centros educativos. La heterogeneidad cultural es una característica de nuestra sociedad, vivimos en un entorno multicultural donde tradiciones distintas y los colectivos humanos que las practican coexisten en un mismo ámbito de organización social.

Una correcta atención educativa viene determinada por el clima del centro, la política educativa, la organización curricular, los recursos (presupuesto y organización), etc. Pero, quizás uno de los factores fundamentales es la formación, herramientas y recursos de que disponen los docentes en sus intervenciones.

Uno de los objetivos del sistema educativo es impedir que los jóvenes y los adultos vean mermadas sus oportunidades de progreso a lo largo de la vida por no haber alcanzado el nivel educativo adecuado, es decir, la promoción de la igualdad es un objetivo fundamental en las políticas educativas.

No hay duda de que los resultados educativos condicionan las oportunidades laborales posteriores. Es un hecho constatado por la OCDE que los países con un nivel alto de formación son los que procuran más beneficios laborales en forma de empleo de calidad y presentan un menor riesgo de desempleo. Pero no sólo debemos tener en cuenta la progresión futura, el acceso a la educación es fundamental y debe estar garantizado.

Las diferencias de origen condicionan la trayectoria educativa de los individuos, sus rendimientos y los resultados sociales y económicos que se derivan de su logro educativo. La exclusión y la vulnerabilidad vienen definidas por aquellos factores sociales que ubican a las personas en situaciones de desventaja en la carrera educativa y, como consecuencia de ello, reducen sus oportunidades.

Es por eso que el trabajo de la educación intercultural se está convirtiendo en uno de los temas urgentes que se deben tratar en nuestro sistema educativo. No sólo se trata de incorporar las necesidades educativas de todo el alumnado, sino de garantizar el acceso a la formación para todos, posibilitando la igualdad de oportunidades educativas.

El alumnado inmigrante ha aumentado en los centros escolares en los últimos tiempos. A menudo, el profesorado debe enfrentarse a la dificultad para atender adecuadamente al alumnado inmigrado que, en ocasiones, padece condiciones sociales desfavorables y situaciones de alto riesgo académico.

Los profesionales de la educación tienen el reto de trabajar en clases multiculturales, por eso, no sólo es necesaria la incorporación de nuevos perfiles profesionales, sino también un incremento de las competencias de los docentes. En este sentido, Javier Sánchez Mendías, explica en su artículo que «la escuela intercultural propugna un modelo educativo que para hacerse efectivo requiere un fuerte apoyo social contribuyendo al cambio organizativo. Los profesionales que tienen una implicación directa en este asunto, especialmente los docentes, requieren una adecuada formación y orientación para reconocer y abordar las necesidades específicas de apoyo educativo de este alumnado».

Por otro lado, Encarna Soriano, José Manuel García Argüello y Manuel López, miembros del grupo ‘Investigación y Evaluación en Educación Intercultural’ de la Universidad de Almería, afirman que no se puede descargar toda la responsabilidad sobre el profesorado y el centro educativo. La educación es una responsabilidad que debe ser compartida por toda la sociedad. En concreto, la participación de la familia es fundamental.

Los expertos señalan que la escuela deberá ejercer un papel vertebrador con la familia, medios de comunicación, localidad, barrio, asociaciones, lugares de ocio, etc. Las escuelas deben de abrir sus puertas para que haya una auténtica colaboración y los centros educativos sean verdaderas comunidades de aprendizaje.

Por último, no podemos olvidar la responsabilidad de la administración educativa, que tiene que garantizar una adecuada distribución de las diferentes realidades culturales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, impidiendo cualquier política segregacionista. También es necesaria una mayor coordinación entre centros, la elaboración de programas educativos adecuados y el fomento de dinámicas internas de trabajo colaborativo.

Autor: Laia Mestres

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Políticas Educativas son revisadas por UNESCO

Con el fin de alcanzar la meta planteada en el objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS), el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentaron y entregaron ayer los hallazgos del “Informe de Revisión de Políticas Educativas de Honduras”.

El propósito principal de esta revisión es ayudar a las autoridades a fortalecer el sistema de educación y contribuir a desarrollar las capacidades para alcanzar las metas del Objetivo 4 de los ODS, que manda “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas”.

El evento estuvo presidido por la directora de la Oficina Multipaís de la UNESCO, Esther Kuish Laroche; por el secretario de Educación, Arnaldo Bueso; y la subsecretaria de Cooperación Internacional, Norma Cerrato.

Asimismo participaron la representante del Programa Mundial de Alimentos y Coordinadora Adjunta de las Naciones Unidas, Judith Thimke, además de representantes de las universidades de Honduras, el Consejo Nacional de Educación y funcionarios de la Secretaría de Educación (Seduc), docentes, educandos y Cancillería entre otros.

Fuente de la Información: https://www.latribuna.hn/2019/12/10/politicas-educativas-son-revisadas-por-unesco/

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Chile: Tres de cada 10 planteles de educación superior cerraron el 2018 con pérdidas

La tercera 

Superintendencia del ramo identificó las instituciones con más riesgo para focalizar en ellas las acciones de fiscalización. De las 48 casas de estudios con gratuidad solo siete registran cifras negativas. Las privadas lideran el listado de ganancias.

Más de $ 218 mil millones en excedentes registraron en 2018 las instituciones de educación superior del país, un aumento de $ 41 mil millones (23%) respecto del año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).

Pero el panorama hoy no es el mismo para todas las casas de estudios, porque de las 140 instituciones que entregaron información al Estado, 39 registraron cifras negativas. Es decir, tres de cada 10 planteles tuvieron pérdidas.

El caso más extremo es el de la Universidad de los Andes, que cerró el año con casi $ 11 mil millones en pérdidas. Pero el director de Finanzas, Álvaro Beltrán, dice que eso se explica por la inversión que realizaron hace unos años para construir su clínica universitaria.

“Este déficit está totalmente financiado, por lo que no tiene efectos directos en el resto de la actividad universitaria y es el resultado lógico de un proyecto de la envergadura como es la Clínica Universidad de los Andes”, agrega.

En el listado de los planteles con déficit le siguen el Instituto Profesional La Araucana, que está en proceso de cierre, y la Universidad de Las Américas. En esta última institución explican que los $ 5 mil millones en rojo son un arrastre de la pérdida de la acreditación que sufrieron en 2013, lo que derivó en que la admisión de estudiantes cayera en un 40%.

Sin embargo, afirman que hoy la situación patrimonial es sólida y que han realizado inversiones en la docencia de pregrado, en investigación y en infraestructura.

“Este plan considera llegar a una situación de equilibrio en 2020 y el resultado proyectado del ejercicio 2019 muestra un avance en esta dirección”, dicen. También destacan la recuperación de la acreditación.

Vigilancia del riesgo

Otros planteles que presentan pérdidas son la U. Gabriela Mistral y la Universidad Ucinf, que está en proceso de cierre y siendo “absorbida” por la primera.

La tarea de vigilancia y alerta le corresponde al superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, quien, cuenta, se ha dedicado a definir, junto a la Contraloría, las normas contables que aplicarán a todas las casas de estudio para supervisar sus finanzas.

Paralelamente, agrega Avilés, desarrollaron un modelo de supervisión que les permite “priorizar nuestras acciones fiscalizadoras en aquellas instituciones que se encuentran en situaciones más riesgosas”.

“Luego de aplicar el modelo, hemos identificado los casos de mayor riesgo, concentrando ahí diversas acciones de fiscalización, siempre con el objeto de conocer el real estado financiero de manera actualizada en cada caso y así poder aplicar las medidas que correspondan”, señala.

Avilés plantea que se debe revisar el estado de las instituciones caso a caso, pero reconoce que “hemos sido testigos en los últimos años de situaciones de gestiones deficientes en lo administrativo y financiero que, en los casos más graves, han provocado lamentables daños a sus comunidades educativas”. Por ello, valora la creación de la institución que dirige y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Acreditación.

Efectos de la gratuidad

Este año, varias universidades plantearon que la gratuidad en la educación superior les generaba brechas financieras, pues el Estado no pagaría el valor real de las carreras. Pero eso parece no reflejarse en los resultados.

De las 48 instituciones con gratuidad, siete registraron pérdidas, entre ellas, cuatro universidades estatales. La Universidad Arturo Prat lidera el listado en rojo. En tanto, planteles como Duoc UC, Inacap, U. de Concepción y U. Autónoma encabezan el grupo con más excedentes.

Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la UC, cree que finalmente el estado financiero de las universidades “depende mucho más de las decisiones que se toman al interior de ellas que de los efectos de las políticas públicas, considerando incluso la gratuidad”.

Lo mismo cree Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, quien dice que llama la atención que las universidades con gratuidad, en especial las estatales, pidan más recursos, siendo que estas últimas “reciben 19 veces más que las privadas por distintos fondos que se entregan a la institución, sin considerar becas, gratuidad u otros beneficios estudiantiles”.

El investigador de Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, advierte que se debe hacer una diferencia entre los planteles con gratuidad, porque esta política “ha sido perjudicial en términos financieros para algunas universidades estatales y para el segmento tradicional de la educación superior, pero beneficiosa para las instituciones privadas que se incorporaron a esta política”.

(Para agrandar la imagen, hacer click sobre ella.)

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Chile: Las razones del rechazo de la estrategia nacional de educación pública por parte del CNED

Eldinamo 09-12-2019

Según el Consejo Nacional de Educación, la propuesta “no permite apreciar una estrategia de acción, de carácter nacional, que oriente hacia la mejora y desarrollo de la educación pública”.

or unanimidad, el Consejo Nacional de Educación (CNED) rechazó la propuesta del Mineduc sobre la estrategia nacional de educación pública, la cual se enmarca en el proceso desmunicipalizacón y busca mejorar la calidad de las escuelas municipales.

Pero, ¿cuáles son las razones ante tal categórica decisión? Entre ellas se plantea que la propuesta del Gobierno “no permite apreciar una estrategia de acción, de carácter nacional, que oriente hacia la mejora y desarrollo de la educación pública”consigna BiobioChile.

Asimismo, el presidente del CNED, Pedro Montt planteó al mismo medio que uno de los problemas de la propuesta radica en que se le daría escasa visibilidad al mejoramiento de los aprendizajes.

“Hay que visibilizar mucho más los aprendizajes de los estudiantes, que está en el centro del propósito de la educación pública. La educación pública va a ser de excelencia cuando los estudiantes que concurran a los establecimientos de la educación pública logren los aprendizajes incluso más allá de lo esperado”, señaló Montt.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, declaró que”esperamos que el Ministerio de Educación tenga un poquito más de humildad a la hora de escuchar a los actores de la educación, no sólo a nosotros desde la oposición, sino que al mundo de la educación; a los profesores, a los asistentes de la educación ciertamente, a los académicos, a las organizaciones que llevan muchos años hablando y criticando la segregación de nuestro sistema educativo, la carencia y el abandono de la educación pública”.

Esto último, considerando que se había advertido con anterioridad al Mineduc acerca de las falencias de la propuesta, tras varias sesiones con diferentes actores del sector de la educación.

Finalmente, la senadora Yasna Provoste, quien también integra la Comisión de Educación, señaló que “frente a este rechazo unánime del Consejo Nacional de Educación, queda claro que la estrategia no consideró la participación de las comunidades educativas, que no se incorporan estrategias en materias de avances en calidad de la educación y la propuesta no representa ningún avance para la educación pública”, consigna El Mostrador.

Cabe mencionar que, según el CNED, no existe un plazo determinado para que la Dirección Nacional de Educación Pública corrija las observaciones.

 

Enlace original: https://www.eldinamo.cl/educacion/2019/12/08/las-razones-del-rechazo-de-la-estrategia-nacional-de-educacion-publica-por-parte-del-cned/

 

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