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“La mitad de la población latinoamericana está quedando por fuera de la protección social”

Por: Karina Batthyány

Recordemos a modo de contexto general que los países de nuestra región tienen un panorama económico más que complejo. Al menor crecimiento económico, se suman en nuestros países las presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación del empleo, las caídas de la inversión y crecientes demandas sociales que vuelven a observarse en las calles de América Latina y el Caribe.

Esta situación se traduce en desafíos muy importantes por supuesto para la política macroeconómica que tiene que conciliar políticas que impulsen la reactivación económica, pero también con políticas dirigidas a controlar la inflación y a dar sostenibilidad a las cuentas y finanzas públicas.

Al escenario complejo desde el punto de vista interno de nuestra región, tenemos que agregar el escenario internacional, donde un elemento central es la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, que ocasiona crecientes tensiones desde el punto de vista geopolítico, pero también un menor dinamismo del crecimiento económico global: una menor disponibilidad en materia de alimentos –nada más ni nada menos– y aumentos en el precio de la energía que incrementan esas presiones inflacionarias que ya venían dándose como resultado de la post pandemia del COVID-19.

Recordemos también que la CEPAL está proyectando para este 2022 que América del Sur crecerá solo un 2.6% (el año pasado creció un 7%), que Centroamérica y México van a crecer un 2.5% (el año pasado lo hicieron en el entorno del 6%) y que el Caribe va a ser la única sub región de nuestra región que va a crecer casi un 5% (en comparación con el 4% que creció en el año anterior).

Además, hay un aumento de la pobreza por sexto año consecutivo y la desigualdad también sigue aumentando, quebrando esa tendencia a la baja que se había iniciado en el entorno de 2002 hasta el 2014 de manera ininterrumpida. También tenemos que sumarle la crisis en la educación en términos de los problemas de continuidad, las brechas de aprendizaje, el aumento del abandono, que son un tema realmente complejo para nuestra región.

En este panorama, la situación laboral de América Latina y el Caribe, dio algunas muestras de recuperación parcial –muy parcial– durante 2021 tras la crisis causada por la pandemia, los distanciamientos y las cuarentenas en 2020. La tasa de participación laboral y el empleo registraron leves mejoras, pero algunos de los grupos más afectados por el impacto de la pandemia, como las mujeres y las personas mayoritariamente mujeres que trabajan en el servicio doméstico, siguen presentando grandes rezagos en comparación con la situación previa a la pandemia.

La recuperación parcial de la demanda local y la influencia del entorno internacional en los costos de producción, inciden en el aumento de la inflación regional, y esto afecta a los salarios mínimos y los salarios reales. Dicho de manera más sencilla: estamos observando una caída en materia salarial y en materia de salarios reales en la región.

Los salarios reales se encuentran más rezagados que la reactivación del empleo, es decir, la recuperación salarial no acompaña a la recuperación del empleo que se observa en la región, siempre comparando con los niveles anteriores a la pandemia. Y allí algunos grupos particularmente afectados como son las mujeres, los y las jóvenes y los y las trabajadoras menos calificadas, donde también observamos además un fuerte conjunto de trabajadores migrantes que están padeciendo esta crisis con mayor intensidad.

Si miramos la primera de estas dimensiones, la de género, que afecta a las mujeres, la pandemia ocasionó una salida muy importante de las mujeres del mercado de trabajo (una salida total o parcial), con una importante pérdida de ingresos y un aumento de la sobrecarga de cuidados durante las situaciones de pandemia. Mientras que la tasa de desocupación masculina pasó del 10% a fines del segundo trimestre de 2020 a 7% a fines del primer trimestre de 2022 (con una reducción mayor a los 3 puntos porcentuales), la tasa de desocupación femenina registró una disminución solamente de 2 puntos porcentuales en el mismo periodo, es decir, pasó de 12% a 10% del segundo trimestre de 2020 al primer trimestre de 2022.

También a fines del primer trimestre de este año, la tasa de participación laboral femenina se ubicaba en 51% frente a la masculina que es del 74%. Allí observamos una brecha de 23 puntos, y esto tiene que ver con el rezago de la reincorporación de las mujeres en el mercado de trabajo que está condicionado por el atraso en la recuperación de los sectores económicos que concentran el empleo femenino y también, una vez más, por el aumento de la necesidad de cuidados que se manifestó con mucha fuerza tras el inicio de la pandemia.

Además, dicho empleo femenino, tomando los datos de un informe de la CEPAL, se habla de un retroceso de más 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, es decir, hemos retrocedido más de 18 años a causa de los efectos de la pandemia.

Esta recuperación que estamos observando en el mercado laboral de América Latina, es desigual, es desigual desde el punto de vista género y es desigual también en relación a los sectores formales o informales y al desempleo. Veamos entonces la región de América Latina y el Caribe, que reanudó su crecimiento económico, pero con una reactivación de los mercados laborales limitados, porque en gran medida se basó en el trabajo informal esa recuperación. Y, por lo tanto, no tuvo una consecuencia directa sobre el desempleo. El desempleo llegó a superar el 10% durante la pandemia, se prevé que va a disminuir al 9% en 2022 y al 8.8% en 2023 de acuerdo a los estudios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Recordemos que antes de la pandemia nuestra región se ubicaba a niveles de desempleo menores al 8% (7.8% para ser más exacta).

Además, en 10 de los 14 países que brindan estos datos, la tasa de ocupación en este primer trimestre de 2022 no había registrado todavía los niveles del 2019. Y solo en 3 de los 14 países que presentaron los datos para el primer trimestre del 2022, la tasa de participación económica había recuperado los niveles del primer trimestre de 2019.

Además, entre 50% y 80% de las ocupaciones generadas en el proceso de recuperación, han sido en condiciones de informalidad, en una región donde ya sabemos que los niveles de informalidad en el empleo rondan el 50%. Y donde ya sabemos también que estos trabajadores y estas trabajadoras en situación informal, no tienen ningún tipo de acceso a protección social y seguridad social, lo que implicó graves niveles de inseguridad durante la pandemia.

Y, por último, el tema de los jóvenes. Sabemos muy bien que la inserción laboral en la juventud siempre es un tema relevante y desafiante. Allí volvemos a encontrar el empleo juvenil como uno de los más afectados como consecuencia de la pandemia y además donde también se producen brechas de género al interior de este sector de la población entre los y las jóvenes. La brecha de género persiste en los indicadores de empleo juvenil. Tanto la tasa de actividad juvenil como la tasa de empleo, tiene una diferencia de 25 puntos porcentuales menor en el caso de las mujeres en comparación con los varones. Y la brecha en la tasa en el desempleo juvenil, alcanza en promedio los 6 puntos porcentuales, siendo el doble de la que se observa para el total de los trabajadores de la economía. Es decir, vemos cómo estos fenómenos de género también se acentúan en un sector difícil desde el punto de vista de la inserción laboral.

Los problemas justamente de inserción laboral son generalizados entre la población juvenil, aunque se manifiestan por supuesto de manera diferencial de acuerdo a los logros educativos y a la zona de residencia de estos jóvenes. Evidentemente los jóvenes con niveles educativos medio o superior tienen menores dificultades que aquellos que no han completado los niveles medios o que tienen niveles muy básicos de ocupación. Las dificultades de inserción entre los jóvenes disminuyen en estos sectores de mayor nivel educativo o de nivel educativo medio. Los problemas también de calidad de empleo afectan a los jóvenes, y es particularmente importante el nivel de informalidad entre la población joven en el momento de la inserción laboral. La informalidad realmente es mayor que en la población en general. La inserción laboral de la población juvenil, en términos de la calidad del empleo, realmente es bastante deficitaria en comparación con los empleos que obtienen los adultos. Y eso se traduce una vez más también en términos de carencias de protección y de seguridad social.

Entonces, frente a esta situación y estos datos que estamos empezando a conocer de lo que es el desempeño de 2022, marcado por los problemas de nuestra región, pero también por esta coyuntura internacional que se prolonga e implica altos niveles de inflación, encarecimiento de los alimentos, de la energía y de servicios básicos, miremos qué está pasando a nivel del mercado de trabajo y cómo volvemos a colocar una vez más esta discusión sobre la necesidad de discutir nuevas bases para el contrato social, en este caso nuevas bases para los contratos en término sociales desde el punto de vista laboral. Y cómo una vez más, necesitamos fortalecer la participación estatal, las distintas instituciones y particularmente las vinculadas a los sistemas de protección social, para que efectivamente sean universales, sostenibles, integrales, porque si no, si lo miramos desde el punto de vista del mercado de trabajo, la mitad de la población latinoamericana nos está quedando por fuera de esta protección social. Entonces, coloquemos una vez más estos nudos estructurales en el centro de la discusión.

-Me quedé con un dato que me llamó mucho la atención que tiene que ver con el efecto después de la pandemia más dura y restrictiva de 2021, con crecimiento del 7% en América del Sur y al día de hoy las previsiones del 2.6%. Es un cambio enorme, se trató de un cierto efecto rebote después de la pandemia en cuanto a la parálisis total de la economía de la subida muy grande y después regulación… ¿Qué pasó ahí?

-Exacto. Es justamente el efecto rebote que estaba previsto que así fuera. Lo que no estaba previsto es que después de esos niveles de crecimiento, que una parte se explicaban por el rebote, la disminución fuera tan grande en este 2022. Por eso comencé explicando el contexto tanto de las dificultades regionales como las dificultades internacionales, particularmente este conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania y el alza en determinadas materias como los alimentos, la energía y la inflación que es la que afecta directamente todo lo expuesto.

https://www.clacso.org/la-mitad-de-la-poblacion-latinoamericana-esta-quedando-por-fuera-de-la-proteccion-social/

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Continúan protestas de estudiantes en Buenos Aires, Argentina

Los estudiantes reclaman la “Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas”.

Estudiantes de la escuela Mariano Acosta de Buenos Aires, capital de Argentina, levantaron este martes su cuarta jornada de protesta iniciada el pasado viernes, mientras seis escuelas continúan en huelga en reclamo de mejores alimentos y contra las prácticas laborales obligatorias que impuso el ministerio de Educación provincial.

“Vamos a seguir con los reclamos, no vamos a sacar los carteles de la puerta de entrada de la escuela y vamos a seguir luchando por las políticas públicas”, anunció una representante estudiantil de la Mariano Acosta, donde los estudiantes continuarán pernoctando.

La decisión se conoció luego de que el Gobierno local denunciara ante la Justicia a los padres de los estudiantes implicados en los reclamos, planteando que los adultos, como responsables de los menores de edad que participan en las tomas, tienen la obligación de responder por los daños causados a los bienes escolares, y retribuir económicamente a los maestros y personal no docente por los días de clases perdidos.

Hasta el momento, al menos ocho adultos han sido demandados por consentir la participación de los menores de edad en la toma de la escuela Mariano Acosta, y se espera que padres de las otras escuelas sean también denunciados.

«Las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí, son responsables, ya hubo 40 familias en el 2018 que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”, destacó la ministra de Educación Soledad Acuña a medios de comunicación locales.

Mientras, los estudiantes continúan reclamando la aprobación del proyecto de “Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas”, impulsado por los legisladores del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña que plantea el acceso universal y gratuito de los estudiantes a una alimentación saludable, segura y soberana.

Por otro lado, solicitan que las prácticas obligatorias que implementó el Ministerio de Educación de Buenos Aires para quienes cursan el último año de la secundaria, sean remuneradas y se acompañen de profesores experimentados, a la vez que rechazan la reciente decisión del ente de que los docentes trabajen los sábados y demandan la existencia de un diálogo equilibrado entre el Gobierno y los profesores y alumnos.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/argentina-protestas-estudiantes-buenos-aires-20220927-0025.html

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La pandemia deja al descubierto todas las formas de desigualdad

Por: Daniel Robles

 

En el contexto del XXXIII Congreso Latinoamericano de Sociología Alas México 2022, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología y la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadores y expertos científico-sociales de América Latina y el Caribe analizan los graves escenarios de precariedad y desigualdad que se presentan en la región, y debaten sobre las diferentes rutas y opciones para recomponer el tejido social en estos tiempos de pandemias y pospandemias.

Angélica Cuéllar Vázquez, presidenta del Congreso Latinoamericano y vicepresidenta de Alas, destacó que la pandemia ha dejado al descubierto todas las formas de desigualdad posibles, mismas que se agudizaron con una crisis económica que sigue a la alza, por lo que ahora toca el turno a las y los expertos de las Ciencias Sociales para presentar alternativas sobre como reconstruir los lazos y las relaciones sociales, siempre con una mirada crítica.

Detalló que en este congreso están programadas más de cuatro mil 500 ponencias y al menos 90 paneles organizados en 30 grupos de trabajo de las más diversas temáticas sociológicas y antropológicas, que buscan presentar opciones viables que permitan abatir las terribles desigualdades. “Esta pandemia ha sido abordada por los biólogos, por los médicos y por los especialistas de la salud pública, pero creo que las ciencias sociales tenemos muchas cosas que analizar y muchas propuestas que hacer; es el turno de las ciencias sociales para analizar esta crisis, desde la visión de los sociólogos, politólogos, antropólogos, internacionalistas y comunicólogos. Desde ciencias sociales tenemos mucho que decir.”

Para comprender la realidad latinoamericana y caribeña en un contexto de pospandemia, el Congreso Alas México 2022 se plantea reflexionar y debatir desde un enfoque y un pensamiento crítico latinoamericano, sobre las otras pandemias que se intensificaron con el encierro obligado por la Covid-19: violencia de género, racismo, pobreza, desempleo, deterioro ambiental, violencia intrafamiliar, migración, entre otras.

De acuerdo con las reflexiones iniciales descritas en la convocatoria del Congreso, en América Latina y el Caribe la pandemia expuso, sin filtros, una realidad social precaria en dimensiones no imaginadas. Intensificó los malestares y con ello la necesidad de buscar formas de transformar la realidad. Mientras aumentaban los niveles de contagio en la región, crecía el descontento social, producto de las medidas de restricción social, el incremento del desempleo, la transición imprevista a la educación virtual, el cierre de los espacios públicos y otras múltiples medidas gubernamentales.

Feria del Libro

El Congreso Latinoamericano de Sociología también se enriquece con el acompañamiento de una Feria del Libro en la que participan 43 casas editoriales, además de la presentación de 180 libros.

Cuéllar Vázquez subrayó que es muy importante la presencia y participación de la UNAM y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en este ejercicio analítico de los sociólogos sobre el periodo que estamos atravesando. Yo creo que es un espacio inmejorable, dijo, para analizar en dónde estamos parados y hacia donde queremos caminar.

Recordó que la Asociación Latinoamericana de Sociología tiene 72 años de vida y todos los grandes pensadores latinoamericanos han participado en esta agrupación contribuyendo al pensamiento crítico latinoamericano, como es el caso del maestro Pablo González Casanova, quien fue presidente de la asociación en dos ocasiones.

Los trabajos del XXXIII Congreso Latinoamericano de Sociología Alas México 2022 se llevan a cabo durante toda esta semana en cuatro sedes: Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México; el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida Yucatán; la Universidad de Guadalajara, en Jalisco; y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El programa y el resumen de las ponencias se pueden consultar en www. alas2022.com.

TEMAS

Dentro de los temas que se consideran en los diferentes paneles y ponencias magistrales del congreso destacan:

  • Pandemia, políticas, alimentación y salud para el buen vivir.
  • Administración de justicia en México: impunidad, inseguridad y violación a los derechos humanos.
  • Cuerpos y emociones, hoy: algunas lecturas críticas.
  • Retos y desafíos de la educación y las ciencias sociales en la pandemia.
  • Cambiar la universidad desde la crítica antipatriarcal: el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México.
  • La transformación de la política, el sistema de salud y la pandemia en México.
  • Feminismos, género y pandemias.
  • Sociedades en movimiento.
  • Colapso ecológico y pandemias.
  • Crisis social y migraciones.

Fuente de la información e imagen:  Gaceta UNAM

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Informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América (pdf)

OVE / CII-OVE / 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han construido un conjunto de recomendaciones relativas a la situación del personal docente de inicial, primaria y secundaria (1966) y sobre la condición del personal docente de la enseñanza superior e investigadores (1997).

Estos instrumentos definen derechos y responsabilidades de los y las educadoras(es), los cuales sirven de marco de referencia para gobiernos, empleadores, sindicatos y gremios docentes e instancias de investigación. Al ser generadas por dos organismos multilaterales, estas recomendaciones se constituyen en una guía para los gobiernos que forman parte del sistema de naciones unidas. Estos multilaterales son las instancias encargadas de su seguimiento y desde el 2015 se informó la conformación de una comisión mixta de actualización de sus contenidos, siendo la Comisión de Expertos OIT/UNESCO sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART), la encargada de coordinar este trabajo.

La pandemia del COVID-19 ha significado un nuevo deterioro en las condiciones de trabajo del personal docente en América, golpeado en las últimas décadas por la ofensiva neoliberal de privatización, mercantilización y estandarización de los sistemas escolares, así como por la precarización laboral.

Uno de los mayores problemas epistemológicos que enfrentan los gremios y sindicatos docentes en cada país, es la falta de información comparada regional y de análisis de tendencias. Esto limita la acción reivindicativa y la unidad de los y las trabajadores(as) de la educación, en medio de una ofensiva corporativa del gran capital.

Este trabajo de Otras Voces en Educación procura contribuir a la construcción de una mirada sistémica, con análisis dialécticos entre lo global y lo local en materia de inversión en educación, salarios y condiciones de trabajo del personal docente, desde una clara perspectiva del mundo del trabajo.

Hemos cruzado datos oficiales de los gobiernos reportadas a UNESCO, con la que facilitaron gremios y sindicatos docentes de América, así como investigadores(as) y académicos(as) plasmada en un instrumento de recolección de información. Posterior a la publicación de este Informe de Coyuntura, comenzaremos a dar a conocer las fichas por país que sirvieron de base para este trabajo, las cuales iremos alimentando de manera periódica. Los aportes de la Red Global/Glocal por la calidad educativa y del Grupo de Contacto Internacional (GCI) han sido fundamentales para poderles presentar este estudio.

Esperamos que este informe aliente a los y las investigadores(as) nacionales, gremios y sindicatos docentes, para fortalecer o iniciar estudios en profundidad sobre cada una de las realidades que abordamos.

Puede acceder al informe completo en el siguiente enlace:

CII-OVE Informe de Coyuntura

 

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¿El ciclo escolar más difícil?

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Educar siempre ha sido una tarea compleja, pero quizá para muchos docentes colimenses el ciclo escolar 2021-2022 pueda ser recordado como uno de los más difíciles, si no el que más. Condiciones económicas, laborales, sociales, sanitarias, organizativas y políticas formaron un coctel que ha indigestado a las escuelas.    

Una primera dificultad tuvo que ver con lo sanitario. Las medidas implementadas en las escuelas trajeron consigo que la asistencia del alumnado se limitara. Los aislamientos de casos sospechosos y confirmados y el temor a la infección se reflejaron en las listas de asistencia de los grupos. La ola de contagios trajo consigo, sobre todo en las fases más agudas de la pandemia, ausencia de personal escolar.

Otra ola, pero de violencia y tragedias, ha tenido efectos negativos en la actividad educativa colimense. El miedo y las amenazas han mermado la asistencia y la matrícula escolar en las zonas de mayor inseguridad. Se han tenido que implementar no sólo simulacros ante balaceras sino protocolos de cierre forzoso. Por si fuera poco, ante la crisis referida, el apoyo que esperarían las escuelas ha sido insuficiente: “que cada director decida”, fue la respuesta de la máxima autoridad educativa. No es un secreto que el miedo es un adversario del aprendizaje.

La situación económica de los planteles también fue desfavorable.  Las arcas escolares se encontraban, en muchos casos, vacías cuando se tuvieron que absorber los gastos que implicaba la preparación del protocolo sanitario y el acondicionamiento de un edificio abandonado por casi dos años.  La asistencia por subgrupos durante buena parte del ciclo escolar implicó que los ingresos se redujeran. El sostenimiento dependió en una amplia proporción de las aportaciones voluntarias de los padres de familia. Aunque no les espanta la austeridad, las escuelas tuvieron que apretarse aún más el cinturón.

Pocas veces la infraestructura educativa colimense había sido víctima de tantos robos y destrozos. La reanudación de la actividad presencial se retardó debido a las malas condiciones físicas de las escuelas. Muchas quedaron sin agua o electricidad. La atención de las autoridades se fue dando a un ritmo incomprensiblemente lento y, en muchos casos, nuevamente fueron los padres de familia y hasta los maestros los que terminaron costeando las reparaciones. Existen centros escolares que siguen reclamando la intervención de las autoridades.

En el aspecto organizativo, el apetito de las autoridades por solicitar a las escuelas datos y documentos parece que se recargó. Se duplican solicitudes de información: registrar la asistencia diaria del alumnado a la autoridad local, pero también a la federal; de igual manera, a las supervisiones escolares los casos de COVID-19, aunque éstos hayan reportados a la plataforma de control escolar. Informes de evaluaciones de aprendizajes, que seguramente están arrumbados en alguna oficina, también han sido requeridos quién sabe para qué, sin generar algún tipo de retroalimentación o seguimiento. Es un enigma, en muchos trámites y solicitudes de información, su justificación: pareciera que se pide por pedir.

En lo pedagógico, la vuelta presencial a las escuelas ha significado el momento de constatar el impacto de la pandemia en los aprendizajes. En muchos casos la pantalla engañó, ofreció una ilusión de éxito que se derrumbó al primer soplido en las aulas. El desfase entre el grado escolar y el logro de aprendizaje se incrementó. Hoy no es raro encontrar a docentes de primaria alta enfocados en la alfabetización inicial. La heterogeneidad de los niveles de aprendizaje de los alumnos de un mismo grupo propició que el reto pedagógico creciera sustancialmente.

Desde el punto de vista de las políticas educativas, las medidas de asistencia voluntaria y no reprobación, aunque en su momento tuvieron justificación, han traído efectos adversos para la escuela. Para algunos padres de familia tales disposiciones han representado la posibilidad de desentenderse de obligaciones elementales. Pareciera, ya con el paso del tiempo, que las medidas referidas debieron contar con una advertencia elemental: nada con exceso, todo con medida.

Por si fuera poco, ante este rosario de adversidades, debe citarse a una mayor: los problemas de pago al magisterio. Aunque ya es una desafortunada y dolorosa tradición que docentes de Inglés o de Telebachilleratos sufran, año con año, intermitencias salariales, en este ciclo escolar se sumaron los profesores del sistema de sostenimiento estatal. Además de malestar, el impago de las quincenas provocó en los docentes distracción sobre su labor pedagógica, así como, en algunos casos, paros aislados en los centros escolares.

Se remó a contracorriente durante el ciclo escolar 2021-2022. El desgaste del magisterio empieza a ser evidente cuando se acercan las últimas semanas de un calendario escolar cuya extensión ha sido ampliamente cuestionada. No obstante la alegría que representó el reencuentro entre la comunidad educativa durante el presente ciclo escolar, quizá la razón del descontento sobre su prolongación sea el desgaste provocado por un viaje tan accidentado como el descrito aquí.  Cada docente, en su estuche de experiencias personales, podrá guardar algún periodo especialmente difícil para él, por condiciones específicas, ¿cuántos seleccionarán el presente ciclo escolar?

 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Fuente de la información e imagen: http://proferogelio.blogspot.com

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Perú: Organizaciones piden a Castillo que observe ley que atenta contra la educación sexual integral

¿Frenará el retroceso o actuará a conveniencia de los sectores ultraconservadores que se oponen a la Educación Sexual Integral? El presidente Pedro Castillo debe observar el proyecto de ley 904/2021-CR aprobado por el Congreso de la República el pasado 5 de mayo, señalan organizaciones y colectivos que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes.

A través de una carta dirigida al mandatario, la Alianza Sí Podemos, conformada por colectivos, grupos feministas, activistas y ciudadanos de la sociedad civil, le advirtieron a Castillo que el proyecto aprobado por el Congreso se hace llamar “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos del Perú”, pero en realidad representa un claro retroceso en materia educativa, pues no reconoce la importancia y disposición normativa de la implementación del enfoque de género, ni tampoco a los organismos internacionales que recomiendan implementar la Educación Sexual Integral (ESI).

“La autógrafa establece un mecanismo de participación de los padres de familia en la formulación de los materiales educativos que no garantiza la participación de la mayoría, sino que instaura un “derecho de veto” de unos pocos grupos con intereses particulares, respecto a la definición del contenido educativo para las escuelas de educación básica y abre la posibilidad de eliminar contenidos relacionados con la educación sexual integral y el enfoque de género”, señala la carta.

Si Castillo no observa este proyecto del Congreso, advierten las organizaciones, se atentaría contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dejándolos en total desprotección, ya que elimina información para prevenir la violencia de género, los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

Además, las organizaciones señalan que la ley desconoce el rol del Ministerio de Educación (Minedu) como ente rector en las políticas educativas y su papel como garante de una educación laica, científica y con igualdad.

Por otro lado, resaltan que organismos internacionales e instituciones nacionales respaldan la ESI, como el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), que recomendó al Estado peruano que incorpore programas integrales de salud y derechos sexuales y reproductivos en los planes de estudios escolares y a capacitar adecuadamente a los profesores para abordar los contenidos con sensibilidad y profesionalismo en las escuelas.

En el mismo sentido, se ha pronuciado el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que propuso que se efectúe la implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos.

En Perú, la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional (TC) se pronunciaron sobre la importancia y pertinencia de la ESI para erradicar la desigualdad de género, contrarrestar la violencia contra las mujeres, la violencia familiar y sexual, así como la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género, los embarazos adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

También destacaron que el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica busca erradicar los estereotipos de género que perpetúan la situación de desigualdad de las mujeres en la sociedad.

De acuerdo con la información del MIMP, en el 2021 se registraron 10 251 casos de violación sexual, de los cuales el 67.6% tuvieron como víctima a un niño, niña o adolescente de 0 a 17 años. Además, el 70% de estas violaciones ocurrieron dentro de los hogares, lo que demuestra la desprotección y vulnerabilidad de esta población y que el hogar y el entorno familiar no siempre constituyen lugares seguros para las niñas y adolescentes.

“Esta situación hace que sea imprescindible el fortalecimiento del rol protector de la escuela y el desarrollo de estrategias de prevención de la violencia de género, que tiene como una de sus manifestaciones la violencia sexual”, señala Irma Ramos, directora ejecutiva de INPPARES, organización que integra la Alianza Sí Podemos.

La Alianza Por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos! está conformada por organizaciones como: Apropo, Movimiento Manuela Ramos, CEPESJU, CMP Flora Tristán, Instituto de Educación y Salud (IES), Asociación Kallpa, INPPARES, Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, Asociación Calandria, Amnistía Internacional, Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, Convención de Derechos Sexuales y Reproductivos – Perú, Lesbianas Feministas Socialistas LiFS, Red Imterquorum, entre otras.

Redacción La Mula

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Marco Antonio Ávila, ministro de Chile: «Los rankings estresan al sistema educativo»

Entrevista con el titular de Educación del gobierno de Boric

Critica la cultura de la auditoría, de las mediciones estandarizadas, en espejo con EE.UU. «Después de tres mediciones la escuela puede ser cerrada. Y no puede derivar en que el Estado cierre las escuelas, sino todo lo contrario».

Marco Antonio Ávila es un profesor de castellano que conduce el Ministerio de Educación chileno desde el 11 de marzo pasado. En su lenguaje se detecta al docente que hay en él. Tiene una larga trayectoria pedagógica que lo respalda pese a su juventud. Con 44 años, nació en la primera etapa de la dictadura de Augusto Pinochet, obtuvo un Magíster en Innovación y Educación y se desempeñó en aulas de escuelas con serios problemas de vulnerabilidad. Pasó por Buenos Aires para asistir a la III Reunión de ministros de su área en la CELAC. De una entrevista que le concedió a PáginaI12 en el hotel donde estuvo alojado, se desprende el rumbo educativo que le dará a su cartera.

– ¿Cuál era el estado de la educación pública en su país cuando llegaron al gobierno con el presidente Gabriel Boric?

– Quisiera señalar que la educación pública en Chile es alrededor del 35 por ciento y el resto una educación particular subvencionada, financiada por el Estado también. El escenario con que nos encontramos hoy es bastante similar en todo el sistema por la cantidad de tiempo que los alumnos estuvieron afuera de las aulas a propósito del confinamiento por la Covid. Los profesores volvieron muy agotados, con mucho cansancio y probablemente porque en los dos años anteriores trabajaron intensamente de forma telemática. Eso hizo que repensáramos las formas en que se hace pedagogía a través de la pantalla y yo diría que además – y en eso hay una responsabilidad del gobierno anterior – porque no se preparó el aterrizaje de estos estudiantes y no se pensó un ingreso gradual, un número de horas acotado como se hace con el jardín de infantes, con la orientación de trabajar cuestiones de carácter socio-emocional o preguntarles a los chicos cómo habían vuelto, que les pasó en su experiencia durante la pandemia, si perdieron un familiar, elementos que no fueron considerados. Las clases volvieron el 2 de marzo y nosotros asumimos el gobierno el 11. Por lo tanto era muy difícil poder revertir cualquier medida.

– Por ejemplo, ¿cuál?

– Nos encontramos con un sistema que está de alguna manera altamente estresado. Y el segundo componente importante y que no es solo responsabilidad del gobierno anterior, sino una cuestión histórica: el deterioro de la infraestructura escolar en Chile. Que debe haberse agudizado por la falta de mantenimiento de los colegios durante estos dos años. Eso en algunos estudiantes es una causal de reivindicación y molestia, de paralización.

– ¿Y su gobierno qué empezó a hacer para revertir lo que describió?

– Nosotros creemos que hoy se deben entregar apoyos al sistema educativo. Hemos hecho una asignación de recursos para reparar infraestructura en cuestiones menores de habitabilidad. Diseñamos una política de apoyo a los profesoras y profesoras para trabajar temas de carácter socio-emocional y algunas herramientas para la recuperación de la lectoescritura, especialmente en niveles de la educación básica o primaria.

-¿Se apunta a modificar esa matriz de mayor oferta educativa que pasa por el sector privado y no por el público?

– Chile tiene una larga tradición mixta en donde probablemente algunas de las situaciones de privilegio podrían haberse dado antes de la ley de Inclusión, que es una ley muy importante de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Eso cambió radicalmente, por lo tanto toda esta provisión que recibe recursos del Estado tiene prohibición de discriminar o de hacer procesos selectivos. Hoy día, ese 35 por ciento esperamos que siga creciendo y en ningún caso pensando en el deterioro de la educación privada, sino convirtiéndola en una oferta atractiva, valorada por las familias y que nos permita ir incorporándola por todo el país.

– ¿Hacia dónde va conceptualmente en materia educativa este gobierno que apenas lleva tres meses?

– Es parte central del programa del presidente Boric y de las tareas que a mí me tocan, impulsar el desarrollo de la educación pública y eso tiene un proceso de traspaso. La dictadura lo que hizo fue retirarle la educación al estado nacional y colocarla en los municipios que son gobiernos locales. Y lo que se está haciendo con la educación actual es sacársela a los municipios. Un ejercicio gradual porque hoy solo tenemos once servicios locales que es un modelo que se usa en muchos lugares, el de los distritos escolares, muy parecido a lo que hay en Canadá y otros países. Hoy tenemos solo 11 distritos escolares y de acá a 2027 vamos a instalar 70 distritos escolares.

– Usted mencionó en alguna entrevista que hay mucha presión sobre el sistema educativo y que había que descomprimirlo. ¿A qué se refería?

– El sistema educativo chileno tiene muchas cosas positivas que nosotros valoramos enormemente pero una de las más negativas y que está relacionada con un tipo de paradigma específico, se transformó en un sistema, como una cultura de la auditoría… digamos. Se está permanentemente demandando a la escuela y por ende al docente, y eso está muy en la línea de los enfoques de efectividad escolar que hay muchas veces en Estados Unidos donde existen mediciones estandarizadas, categorización de escuelas…

– ¿Qué sería una medición estandarizada, para que se entienda?

– La medición estandarizada para nosotros se llama SIMCE, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Esto provoca un frenesí por sacar buenos resultados porque permite después una categorización. Durante muchos años la prensa hacia rankings y cuando se publicaba esto en el diario de la tarde, salían los mejores y los peores colegios. Las escuelas públicas tenían peores resultados porque no seleccionan y atienden a toda la población, las escuelas subvencionadas muchas veces mejores resultados porque no solo cobraban y además tienen la posibilidad de seleccionar y obviamente las escuelas privadas los resultados superiores. Se daban rendiciones que estresaban al sistema educativo, se estrechaba el currículum donde parece que no hay arte, música ni deporte y solo hay lenguaje y matemática. Después de tres mediciones la escuela puede ser cerrada y eso claramente es muy extraño. Y no puede derivar en que el Estado cierre las escuelas, sino todo lo contrario.

-¿Cómo van a lograr ir hacia la aprobación de una ESI que su país hoy no tiene?

– Chile no tiene una educación sexual integral, lo que tiene es una política de afectividad sexual y género que es antigua y que lo que hizo fue orientar en términos muy generales qué es lo que pueden hacer los establecimientos.

– Hay un tema complejo en Chile que es la situación de los pueblos originarios. ¿Cómo es el acceso a la educación de ese sector de la sociedad?

– Chile tiene una importante tradición de valoración, al menos en el tema educativo, de los pueblos. Siempre ha existido. Y eso se ha ido formalizando en los últimos veinte años, y ha permitido que hoy tengamos diez pueblos reconocidos con toda su cultura. Nosotros en el sistema educativo hemos incorporado educadores tradicionales que tienen una validación desde el Estado para poder impartir clases de lengua y cultura en cada una de esas comunidades.

– El presidente Boric, la ministra Camila Vallejo y usted son emergentes de las luchas estudiantiles y ahora llegaron al gobierno. ¿Qué mensaje tiene para las generaciones que hoy ocupan su lugar en las movilizaciones?

– Nosotros como universitarios teníamos ya molestias de cómo se estaba llevando adelante la vuelta a la democracia y el poco cambio al modelo. Valoro muchísimo lo que hicimos pero creo que se podría haber hecho muchísimo más y desinstalar algunos cimientos del modelo instalado por la dictadura. Hasta que apareció este grupo de jóvenes en 2011, más jóvenes que nosotros y que nos devolvieron la esperanza. Por eso, yo siendo miembro de uno de los partidos del Frente Amplio, Revolución Democrática, creo que la principal enseñanza y el liderazgo del presidente Boric es la capacidad de entender que los momentos de la historia son únicos y que hay que disputar el poder y ganar la capacidad de influir en la vida de las personas. No ganábamos nada si nos quedábamos en la reivindicación callejera y en las marchas, porque debíamos organizarnos, constituir partidos, disputar el poder local para precisamente llegar a disputar el gobierno en algún momento y eso fue lo que hicimos. Por eso hoy la responsabilidad que tenemos es muy grande.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/427000-marco-antonio-avila-ministro-de-chile-los-rankings-estresan-

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