Por: Fernando Lazaro, Fernando Santana y Ezequiel Alfieri
Para aquellxs que venimos trabajando desde hace muchos años en la Educación de jóvenes y adultxs (EDJA), no es nuevo que los diferentes gobiernos de turno, o bien la tomen como un espacio marginal dentro del sistema educativo o bien impulsen hacia ella políticas precarizadoras que llevan tanto a la pérdida de derechos de lxs docentes como a una merma en la calidad educativa. Sin embargo, el gobierno actual de Maurcicio Macri y de las diferentes jurisdicciones del mismo tinte político, está llevando adelante una política de vaciamento de la EDJA, lo que implica que pase de una situación marginal a una tentativa de aniquilamiento. Estas políticas no pueden ser pensadas solamente en términos de cierres efectivos de establecimientos, porque de lo que estas medidas nos hablan es de una nueva vulneración de derechos a los sectores de por sí más postergados de la sociedad.
La política económica llevada a cabo por el gobierno actual, que implica la apertura de los mercados, la libre circulación de mercancías, un tipo de cambio devaluado, la quita de retenciones a los grandes exportadores (sojeros y mineros), la ausencia del Estado para el control de la especulación financiera (o cuando no es así, oficia como garante de esta especulación), está generando una destrucción del aparato productivo, un ensanchamiento de la brecha social, una pauperización de los sectores populares y un endeudamiento sin comparación del Estado, que, a su vez, ya no cuenta con los instrumentos mínimos para hacerle frente. Es decir, el Estado se encuentra ante la necesidad de pagar las deudas contraídas sin los mecanismos necesarios para poder hacer frente a estas obligaciones.
El propio gobierno que generó esta crisis, entonces, es el que utiliza a la educación, a lxs docentes, y a las instituciones educativas en todos sus niveles como variable de ajuste. ¿Por qué? Porque indudablemente para la clase dirigente actual no hace falta que nuestrxs jóvenes y adultxs se eduquen, que puedan acceder a la escuela para poder tener un título secundario, que puedan pensar y pensarse desde otro lugar, tener proyectos colectivos, solidarios. En definitiva, pensar en otra realidad. En este modelo económico no cabemos
todxs; en esta Argentina neoliberal no entran los 44 millones de argentinxs.
A diferencia de los años ´90, se combina ahora con este neoliberalismo económico, un conservadurismo político y un fascismo ideológico que impregna en los sectores medios y que, ante la pauperización de sus condiciones de vida, exige más represión y violencia hacia los sectores más vulnerables. Los triunfos de Bolsonaro en Brasil, de la derecha en Colombia y Chile, el resquebrejamiento de los Estados Nacionales en América Central, el asesinato de militantes sociales, populares, feministas, así como los ataques a Evo Morales en Bolivia y a Maduro en Venezuela financiados por el imperialismo norteamericano, generan un nuevo mapa regional.
Hoy el sistema no cierra, estalla por todas partes y la fórmula que se implementa es ajuste-vaciamiento-represión; cerrar escuelas y construir cárceles; obturar sueños e imponer estigmas; romper proyectos colectivos e instaurar el “único camino”.
La campaña presidencial del PRO de caras a este 2019 electoral ha sabido leer esta coyuntura, y no de manera azarosa elige como sus leit motiv reflotar las consignas de la baja de la edad de imputabilidad, esta vez al mínimo de 15 años (tras un fallido intento años anteriores de bajarla a los 14), criminalizando la pobreza; una política persecutoria hacia lxs inmigrantes, a quienes desde el Gobierno y desde los medios se lxs construye como responsables del narcotráfico en las villas y asentamientos del país, además de la acusación que se hace recaer sobre ellxs de venir a perjudicar a lxs argentinxs, impidiendo el acceso a los nativos de este país a fuentes laborales, a una salud de calidad y a mejores condiciones de vida; un fuerte foco en las políticas represivas para ¨combatir¨ la delincuencia, devolviéndole poder a las fuerzas armadas, comprando armamentos utilizados como herramientas de tortura que podrían ser transportados y utilizados en los servicios públicos, así como una política de premios y castigos, que tiene en la llamada Doctrina Chocobar una de sus muestras más cabales. Ante la crisis, es en estos puntos donde se elige poner el acento desde el gobierno. En la política del macrismo, no hay lugar para la educación.
Quiénes acuden a la educación de las personas jóvenes y adultxs
La EDJA está destinada a todas aquellas personas, que no han desarrollado sus estudios dentro de los cánones establecidos por la normativa institucional. En este sentido, la EDJA es el reconocimiento de la imposibilidad del sistema educativo de dar respuestas a las millones de personas que ingresan al sistema educativo y por diferentes motivos, ya sea por dispositivos escolares y/o condicionamientos sociales terminan siendo expulsadas de él.
Sin embargo, también la EDJA es considerada por los rasgos del sujeto que recibe la educación, es decir, las clases subalternas y los sectores sociales que acuden y son destinatarios de ella. Es decir, los sectores vulnerados, subordinados, trabajadores, marginados, el ‘sobrante’ que el sistema no pudo incluir (Rodríguez, 2006; Brusilovsky, 2006), que por sus características han sido y son los sujetos marginados/as del sistema socioeconómico, y que a su vez tienen carencias educativas, lo que refuerza su condición de precariedad y exclusión.
La educación de jóvenes y adultos es donde acude quien fue expulsadx, quien fue puesto en los márgenes, al que el sistema nunca quiso ni pretendió mirar; fue olvidadx; allí concurrieron lxs pibxs chorrxs y la mujer migrante; la puta, el puto y el obrero; la vecina y el falopero; el ‘conflictivo’ y la madre adolescente; el y la piba abandonada; en la EDJA están todxs, juntos, amontonados, apretados, compartiendo sueños y realidades; metas y deseos; ahí están los cuerpos transpirados, sudados, marcados por la vida, la violencia.
De marginalidad y precariedad.
La Educación de las personas jóvenes y adultas nunca tuvo una importancia central en el sistema educativo. Tradicionalmente en Argentina, la EDJA no tuvo una especificidad por parte de las políticas públicas, ni en cuanto a su pedagogía ni a sus contenidos curriculares; era más bien una continuación de las experiencias de la educación infantil y la persona adulta, considerada como un niño o una niña deficitaria.
Al mismo tiempo se sostuvo que la Educación de Adultos no debía ser atendida de manera particular ya que el propio accionar del Estado eliminaría el analfabetismo y reduciría drásticamente la cantidad de personas sin algún tipo de instrucción a lo largo de su vida. Desde esta premisa, la EDJA no tendría sentido de ser a mayor intervención del Estado. Quizás en ello radique una de las posibles explicaciones del lugar marginal que siempre ha ocupado en las políticas públicas. La marca fundante de la EDJA y su persistencia en el tiempo, ocupa un carácter compensatorio y subalterno, lo que constituye su “marca de origen” (Finnegan, 2012).
Ahora bien, esto nunca sucedió y la EDJA continúo presente en el siglo XX con diferentes políticas. En la década del ’90 al imponerse un nuevo paradigma educativo acompañando a las políticas neoliberales que se aplicaron en todo el continente, se produce un doble fenómeno perjudicial que significó un fuerte retroceso para el subsistema. Por un lado, un corrimiento de la especificidad, ya que deja de ser un nivel (con la eliminación de la Dirección Nacional de Educación de Adulto –DINEA-) y pasa a ser una modalidad del nivel medio (ahora denominado ‘Nivel Medio de Adulto’). En ese mismo sentido, en la Ley Federal de Educación (1993) no se hace alusión a la EDJA ni tampoco a las características que debía afrontar el docente ni a la especificidad de sus características. Por otro lado, se desarrolla una educación vinculada al control y disciplinamiento más que a una verdadera estrategia educativa hacia un sector tradicionalmente excluido.
La falta de atención al subsistema de adultos, la apertura de ofertas privadas (que sólo perseguían el lucro económico sin fijar una verdadera renovación educativa), terminaron imponiendo una educación y un diseño curricular ‘pobre para pobres’, que potenció la reproducción de las desigualdades educativas que eran reflejo de las desigualdades sociales; en síntesis: “Las políticas educativas para los sectores populares convirtieron así a la modalidad en un cuasi mercado de educación, vinculado al proyecto económico, social y político exclusor de la nueva Derecha” (Brusilovsky: 2006, p.12).
Si trazamos una línea de continuidad, en la primera década del presente siglo, las políticas públicas no han modificado su carácter compensatorio, no habiendo modificaciones sustanciales en cuanto a la inclusión de los sectores populares.
A partir de la Ley de Educación Nacional de 2006, con la sanción de la obligatoriedad de la enseñanza media, la política kirchnerista se perfiló hacia la implementación de programas y planes de terminalidad. El que sobresalió de ellos fue el Plan FINES 2 (Plan de Finalización de Estudios Secundarios), originalmente pensado para lxs trabajadorxs de cooperativas y del ‘Plan Ellas Hacen’, que terminó aplicando para todxs lxs jóvenes y adultxs que deseaban terminar el secundario.
La flexibilidad en el régimen de cursada (que se redujo a dos o tres veces por semana), la cuatrimestralidad de las materias (que dejaron de ser anuales), el régimen de contratación de lxs docentes (que vulneraba en varias dimensiones al propio Estatuto) y la multiplicidad de establecimientos en donde se implementó dicho plan (organizaciones barriales y territoriales, sindicatos, parroquias, clubes, etc.) fueron algunas de las características de este programa). Las críticas a este plan, a pesar de su masividad y de su extensión, provinieron principalmente por la doble situación de precarización que generó: precarización educativa y precarización laboral.
Vaciamiento y recortes. La EDJA como variable de ajuste.
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri en 2015 asistimos a cierre de Centros de Formación Profesional (CFP) y su traspaso de educación al ámbito de trabajo; cierre de Bachilleratos de Adultos en la Provincia de Buenos Aires; la intransigencia al reconocimiento de los Bachilleratos Populares, amenazas de intervención y de cierres, así como precarización de trabajadorxs cuyos bachilleratos fueron reconocidxs pero no así quienes están frente a las aulas; el cierre de sedes del Plan FinES y por último el cierre de 14 escuelas comerciales nocturnas, la reducción de la cantidad de matrículas en otros nueve liceos y bachilleratos nocturnos, el cierre del Proyecto BLA del Liceo N°3 del Distrito Escolar N°5 y del Proyecto ALAS, del Colegio N°13 del Distrito Escolar N°18, a través de la Resolución 4055/88, deja a más de diez mil estudiantes afuera y sin trabajo a más de dos mil docentes, según expresan en diversos comunicados los sectores de la comunidad educativa que vienen enfrentando esta ofensiva.
Todo esto enmarcado en una serie de ajustes y recortes que está sufriendo la educación en general (cierre de escuelas rurales, la quita de subsidios a los Centros de Educación Complementaria, el intento de cierre de escuelas de Islas, el congelamiento de salarios y no apertura de paritarias, desfinancimiento de los establecimientos, falta de inversión en infreaestructura, la eliminación de los Profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, etc), en un contexto de crisis económica, social y política, que marca un fin de época; y que ubica nuevamente a la educación como variable de ajuste. Amparados en modelos estandarizados de evaluación (como las pruebas PISA y el operativo APRENDER), se encuentra en éstas la ¨justificación¨ para avanzar sobre la educación de adultxs, con el propósito de vaciarla y gradualmente, eliminarla.
El discurso economicista es el que se impone: se cierran porque hay mucha oferta y poca demanda, porque se aplica la ecuación “costo-beneficio”, como si la educación fuera una medición, porque hay que sostener los gastos de una nocturna y su plantel docente; no se reconocen Bachilleratos Populares porque el problema es el presupuesto ya establecido. La ministra de educación porteña se vanagloria con esa ecuación. Son administradorxs, son gerentes de recursos humanos, no son docentes, no son pedagogoxs, no les interesa la vida en las escuelas ni lo que pasa en ellas, ni lxs docentes ni lxs estudiantes.
Necesitan cerrar las escuelas nocturnas, necesitan cerrar los Bachilleratos populares, necesitan eliminar a la EDJA, porque ahí (aquí) están lxs que hacen temer a lxs poderosxs si se organizan; lxs que pueden dar vuelta la página de la historia.
Lo que les molesta es el exceso, lo que sobresale de esa línea imaginaria que, hegemónicamente dice lo que es correcto, lo que es blanco, lo que es limpio; ese excedente entre el afuera y el adentro. Pensar una teoría del excedente tiene que dar cuenta de las grasas de más que sobresale de los cuerpos, de las bocas, de las palabras. Es el número incómodo que está de más en las aulas, es el pibe o la piba joven a quien hay que pegarle un tiro porque exuda su pobreza, su negritud, su olor. Es el que excede de la escuela tradicional y entonces ‘cae’ a la noche; y si hay algo que tiene claro este gobierno es que hay que dejar caer a lxs pobres de la escuela pública, de la escuela de adultxs, de las nocturnas, de los trabajos. La avanzada también es sobre las vidas, sobre lxs que escapan a las lógicas meritocráticas e individualistas que pueblan la educación de las personas adultas.
Por eso cierran las escuelas; por eso vacían la educación de adultos; no porque no cierran los números. El problema no es económico, el problema es político.
*Enviado por el autor a OVE.
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