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Carta en defensa de los presos políticos mapuches

En medio del sopor veraniego y vacacional que suele cubrir las conciencias de muchas personas, se desarrolla un drama que los grandes medios de comunicación han ignorado casi por completo. Desde hace alrededor de un mes y medio, los presos mapuches de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) están en huelga de hambre para exigir el cumplimiento de demandas muy acotadas referidas a derechos consagrados. Ellos no están exigiendo su libertad, sino protestando por el abuso de la prisión preventiva como condena previa por ser mapuches y militantes de la CAM, exigiendo al mismo tiempo, condiciones carcelarias de acuerdo a la normativa internacional para miembros de pueblos originarios, más precisamente que su encarcelamiento sea en recintos cercanos a sus domicilios y familias como dice el propio Reglamento de Gendarmería de Chile, a fin de poder recibir visitas frecuentes de sus familiares. Lo que implica su traslado Inmediato a Temuco en cumplimiento del Fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que lo ordenó.

Cabe recalcar que las demandas de estos presos no suponen la obtención de ningún privilegio, su cumplimiento por parte de la autoridad tampoco implicaría infracción alguna a las leyes, convenios y normativas vigentes. Muy por el contrario, el Estado de Chile está obligado a respetar sus compromisos internacionales respecto de pueblos originarios, puesto que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 9, numeral 2 establece que «las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia», agregando a continuación que «en este sentido, y dado el especial vínculo de los pueblos originarios con sus comunidades, tierras, territorios y recursos naturales, la privación de libertad debe considerarse de manera restrictiva, en atención al impacto diferenciado que genera desarraigar a quien adscribe a un pueblo originario». Y como para que no queden dudas, el artículo 10 del mismo Convenio dispone que «cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas sociales y culturales», precisando que «deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento».

Aunque estas y otras normas y directrices referidas al trato de los presos pertenecientes a pueblos originarios han sido confirmadas por distintas instancias internacionales a las que el Estado Chileno se ha adherido y dice respetar, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la práctica son violadas cotidianamente en nuestro país. Independientemente de la valoración que se tenga de la estrategia, las tácticas y métodos de lucha empleados por los comuneros encarcelados, un deber de conciencia de la ciudadanía democrática apegada a los valores universales de los Derechos Humanos, debería traducirse en exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones legales y compromisos internacionales.

Fuente: https://rebelion.org/carta-en-defensa-de-los-presos-politicos-mapuche/

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Aumenta a 17 la cifra de muertos por represión policial en Juliaca, Perú

América del Sur/Perú/13-01-2023/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

El número acumulado de fallecidos por la represión policial desde el comienzo de las protestas en Perú ascendería a 45.

La Defensoría del Pueblo de Perú informó la noche de este lunes que aumentó a 17 la cifra de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, contra los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

“A las nueve de la noche del 9 de enero de 2023 registramos 17 personas fallecidas en Juliaca y uno por hechos vinculados al bloqueo de vías en Chucuito, Puno”, denunció la entidad humanitaria en su cuenta oficial de Twitter.

Este lunes, en el marco del sexto día de las protestas populares en reclamo de la liberación del detenido expresidente peruano Pedro Castillo, las fuerzas policiales dispararon en contra de los manifestantes en la ciudad de Juliaca, en el sureño departamento de Puno.

Desde el pasado 4 de enero, pobladores han realizado bloqueos y protestas en diferentes partes del país suramericano en rechazo al Gobierno de Boluarte, entre esas regiones están Puno, Arequipa, Cusco y Tacna.

Las protestas comenzaron el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Castillo, quien fue detenido bajo el cargo de presunta rebelión, y designó en su lugar a Boluarte, quien se desempeñaba en la vicepresidencia peruana.

De acuerdo con diversos recuentos, el número acumulado de fallecidos por la represión policial desde el comienzo de las protestas en Perú ascendería a 45.

 

En el marco de esta represión, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, anunció la noche de este lunes más medidas de seguridad y calificó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado.

«Se han producido muertes de compatriotas, que por supuesto que lamentamos, muertes que expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”, enfatizó Otárola, quien estuvo acompañado del resto de ministros peruanos.

«Lo que está sucediendo es una resaca del golpe de Estado en el país, aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y quisieron derribar las instalaciones públicas en la asonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado y que hoy se ha dado un nuevo paso”, aseguró.

Otárola pidió a la Fiscalía “se capturen y se procese a quienes están destruyendo al país financiados por intereses extranjeros, foráneos y por el dinero oscuro del narcotráfico”.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/peru-aumenta-cifra-muertos-represion-juliaca-puno-20230110-0002.html

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Entrevista a Mónica Chuji Gualinga, exasambleísta ecuatoriana “Los derechos de la naturaleza fueron construidos con base en el pensamiento, la lógica y la vivencia de los pueblos indígenas”

Por J. Fernanda Sánchez Jaramillo 

14 años después, la ex asambleísta ecuatoriana reflexiona acerca de su participación en la Asamblea Constituyente, el origen de la declaratoria de la Pachamama como sujeto de derechos y los retos de su implementación.

Mónica es Kichwa amazónica. De padre de ascendencia Achuar. Es directora adjunta para América Latina y el Caribe de la organización indígena global Indigenous Peoples Rights International con la cual desarrolla un trabajo de acompañamiento y asesoría con distintos pueblos.

FSJ: ¿Qué significa ser kichwa y cómo es su relación con su pueblo?

MCH: Los Sarayaku somos oriundos de la provincia de Pastaza (Ecuador). De ahí, hemos viajado desde hace 40-50 años buscando tierras fértiles al norte de Sucumbíos. El término territorio lo propusimos porque para nosotros la tierra, con la noción territorio, engloba las dimensiones de la vida articuladas y dependientes, donde hemos vivido, sentido, construido y deconstruido la vida con nuestras prácticas culturales ancestrales, no todas buenas, y otras que hemos renovado e inventado. El territorio como concepto aglutina todas las dimensiones para los pueblos indígenas, los sueños, la vida, espiritualidad, allí están todas nuestras energías, el agua, la biodiversidad y todos son interdependientes. Una alteración tiene consecuencias. Los seres vivos de todas las especies dependemos del territorio y, por eso, es super sagrado para los pueblos indígenas.

FSJ: ¿Cómo conciben ustedes a la tierra: un sujeto, una persona, ¿etc.?

MCH: en muchos idiomas se le nombra de diversas formas. La concebimos como la madre tierra, la madre naturaleza, como un ser vivo. Es obvio, si una planta da frutos es porque está viva, si se seca es porque murió. El principio fundamental es que todo lo que está en el planeta está vivo. Los bosques están vivos, son bosques muy espirituales que están interconectados profundamente con todas nuestras energías. Una forma de sintetizar eso, en el caso ecuatoriano, fueron los derechos de la naturaleza que significa que está viva.

FSJ: ¿Qué retos enfrento al ser miembro de la Asamblea Constituyente en 2008?

MCH: Yo fui elegida para la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución para Ecuador. Presidí la Mesa de recursos naturales y biodiversidad. La tensión fue muy alta, poniendo de manifiesto el coraje y la contradicción del presidente de la República y de todo su gobierno pese a que yo fui asambleísta de la bancada oficialista; sin embargo, la voz que primaba allí y las bases en las que me sostenía para hacer las demandas históricas eran precisamente las de donde yo vengo: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), trabajo en comunidades y organizaciones regionales, etc.

Fue una mesa tensa donde la gente que participó como asambleísta carecía del mínimo conocimiento sobre la temática que se debatía. No sabían lo que significaba biodiversidad como tal, el territorio, los derechos de los pueblos indígenas. Era un espacio donde, además de presidir, debía educar a la gente para que hubiera un nivel de debate y eso complicaba mucho más llegar a acuerdos porque ellos desconocían qué era el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, qué contemplaba, el derecho a la consulta libre, previa e informada, no podían decidir y dependían del gobierno, del oficialismo, para decidir qué decir. Ese fue un punto de conflicto en la mesa.

Cuando se trataba de revisar la territorialidad indígena y los asentamientos tradicionales, dónde estaban ubicadas las principales concesiones petroleras y mineras hubo tensiones: se debatía, especialmente, la consulta previa que el Estado debe cumplir para extraer los recursos naturales excepto en zonas intangibles donde está prohibida su explotación. Eso generó muchísima tensión porque había también asambleístas vinculados -de una u otra forma- con empresas mineras y petroleras que alguna vez habían pasado por allí o simplemente porque algunos creían, en ese momento, que la opción era extraer todos los recursos naturales para la inversión, que también era la postura del presidente Correa en ese momento.

La tensión también nacía de las grandes diferencias entre la visión moderna, oficial que tiene la sociedad mestiza respecto a los pueblos indígenas, y la visión de los pueblos indígenas que es una concepción diferente desarrollada milenariamente. Hemos sido sociedades que no escribíamos, orales, por eso no hay libros escritos donde se teorice sobre cómo concebimos la relación con la madre naturaleza, con los territorios, como quiera llamarse y con todos los seres vivos. Esa es la concepción que yo defendía.

Había entonces confrontaciones entre dos formas de ver, dos vivencias, eso no solamente se visibilizó en la mesa, sino en el pleno de la Asamblea donde 130 asambleístas teníamos que opinar y había gente políticamente de izquierda que tampoco entendía y se sumaba, a los partidos tradicionales, conservadores, cuando se trataba de derechos indígenas, de nuestras propuestas y reivindicaciones, no hubo diferencia entre la izquierda y la derecha al menos, en ese punto. Ahora, diría yo que hay una apertura mental para incorporar la dimensión ambiental territorial y el tema de derechos indígenas y comprender otras lógicas de vida.

FSJ: En la academia, especialmente, blanca, norteamericana y eurocéntrica se ha negado que el origen de los derechos de la naturaleza esté en los pueblos originarios. ¿Qué piensa al respecto?

MCH: Ciertas ONG se han vanagloriado, han hecho una campaña internacional diciendo que son los inventores de los derechos de la naturaleza, que esos derechos se los venía pensando y repensando desde otras latitudes, en otros momentos de la historia y que nada tienen que ver los pueblos indígenas con su incorporación en la nueva constitución. No obstante, lo cierto es que desde que los pueblos indígenas hemos estado activos en la vida política organizativa una de las posturas históricas -basadas en la vivencia, en la experiencia y en el tiempo- ha sido precisamente cómo nosotros concebimos a los seres vivos con los que convivimos, sabemos quiénes son y la razón de su existencia.

Esa ha sido una enseñanza, que la hemos vivido y aprendido, reaprendiendo y desaprendiendo, pero es mediante la experiencia práctica hemos sabido que todo lo que está a nuestro alrededor tiene vida, tiene derecho a seguir existiendo y no somos nadie para coartar su ciclo de vida. Cuando hemos tenido que hacer nuestras chacras, huertas, hemos prescindido de ciertos espacios, tumbado árboles y montes, son prácticas de la agricultura y somos conscientes que hacemos eso con un bosque está vivo, pero lo hicimos porque necesitamos cultivar, pero no en lugares sagrado, sino donde considerábamos que no hacíamos mucho daño. Para nosotros hasta los seres considerados inertes tienen una energía, tienen vida.

De esa reflexión, parte esa ONG que dice mejor démosle un nombre: digámosle que es el derecho de la naturaleza, parte de la razón, la reflexión propia y profunda de la práctica y la vida misma, de los pueblos indígenas. De allí que, en la asamblea, alguna otra gente, compañeros de otras ONG vinieron a plasmar a escribir, a buena hora, en torno a esa reflexión. Yo más bien asumo la postura de que los derechos de la naturaleza fueron construidos con base en el pensamiento, la lógica y la vivencia de los pueblos indígenas, con el apoyo de ciertas personas de ciertas organizaciones, lo cual me parece super bien. Esto significó que esas instituciones se han sensibilizado y se logró materializar y poner en papel aquello que, teórica y verbalmente, los pueblos indígenas habíamos sostenido, madurado y construido.

De la teoría a la práctica

FSJ: ¿Cómo se vive la plurinacionalidad que dio origen a la Constitución ecuatoriana de 2008?

MCH: es un planteamiento político, jurídico y sistémico, relacionado con una construcción diferente de la arquitectura de nuestros Estados porque era vertical y los pueblos originarios eran vistos como pueblos de segundo, como subcultura, y bajo esa lógica se desarrolló la política pública. La plurinacionalidad ha implicado cuestionar al Estado y plantear uno que reconozca a los pueblos milenarios que han habitado estos territorios desde antes de la Conquista europea. Es una justicia histórica, con un valor político y simbólico profundo que tiene como propósito una redistribución del poder político y de la riqueza para todos. La pluralidad política no es solo un concepto que nace de los indígenas para los indígenas; al contrario, reta todo el sistema y tiene qué ver con la inclusión de todos los sectores sociales: mujeres, jóvenes, hombres, campesinos porque al final de las personas que no hacen parte de la élite capitalista son explotadas y no son tratadas como sujetos de derechos. De eso se trata la plurinacionalidad, como todo proceso se sigue realizando poco a poco. Nos sirve lo que está en la Constitución para exigir, asumirlo y pedir su implementación.

Usted ha dicho que el término Sumak Kawsay ha sido utilizado a conveniencia: ¿Cómo ha ocurrido esto?

MCH: Ese concepto surge en el pensamiento amazónico ecuatoriano. Una de las primeras personas que teoriza este concepto es Carlos Viteri Gualinga, de la provincia de Paztasa. Él profundizó este concepto en su tesis de antropología y, a partir de ahí, se ha ido desarrollando el pensamiento indígena Kichwa particularmente. En el marco del proceso de la Constitución, creo que hubo una apropiación de este concepto, por parte del partido oficial, cuando gobernaba Rafael Correa. Empezó a ponerse de moda, esta palabra, esta frase, que la gente sabía que significaba Buen vivir y nada más, pero no conocían las implicaciones espirituales, lingüísticas, culturales, cosmogónicas y de la dimensión de la vida. Se usa, por un lado, como propaganda política, como gancho para atraer gente con una posición progresista, alternativa y, por otro lado, se le vacía de contenido y es utilizada como un cliché para decir que el gobierno, en ese momento, la revolución ciudadana, caminaba con el pensamiento ancestral de los pueblos indígenas. Fue utilizado como una frase política vacía que sirvió para justificar la violencia en los territorios, el ingreso a zonas intangibles y sin hacer un proceso real de consulta, pues creo que la consulta es un mecanismo democrático y es paso fundamental para obtener el consentimiento.

Con el Sumak Kawsay se pretendió fue decir: vamos a explotar los territorios indígenas para darles un Sumak Kawsay a todos los ecuatorianos. Hubo realmente una manipulación terrible, un desprestigio del concepto que los pueblos indígenas construyeron a partir de la práctica milenaria y creo que eso es lo que vivimos actualmente, esa herencia de vaciamiento que le dio a una práctica milenaria teorizada por los amazónicos.

FSJ: ¿Qué tan eficaz, en la práctica, ha sido la consagración de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana?

MCH: Como todo derecho escrito es una herramienta que sirve para sumar a una resistencia que vienen haciendo los pueblos. Ninguna Constitución ni ningún derecho ha sido, por buena voluntad, implementado desde el Estado ni desde los gobiernos. La Constitución nos da la garantía de poder exigir, eso es lo que pasa con los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en la práctica te puedo decir que no, no es un derecho que se ha respetado por parte del Estado ni de los gobiernos locales ni de las corporaciones, pero ha servido para protestar, defender y dar una batalla jurídica por parte de los pueblos. Hay una batalla desigual, pero al menos ha servido simbólicamente porque la Constitución ecuatoriana reconoce que la Pachamama es un ser viviente, un conjunto de seres vivientes diversos que han existido siempre y a los que no se les puede impedir el curso de su vida y por eso cuando hay un abuso, hay que pararlo. ¿Y quién debe pararlo si no nosotros mismos?

Pero de la teoría a la práctica, si esto ha significado una disminución del abuso a la Pachamama, no podría decir tajantemente ni sí ni no, más bien no que sí. Pero es un instrumento que permite profundizar el debate, sensibilizar y hacer que la gente sepa que vivimos en un planeta vivo y del cual vivimos que, si atentamos contra ella, lo hacemos contra nuestra propia vida. Los derechos de la naturaleza tienen un valor político y ético de vanguardia que sirve para exigir el cumplimiento de lo que se reconoció en la Constitución.

FSJ: ¿Pero la protección es efectiva?

MCH: Hay varias sentencias que no se cumplen. Hace falta la voluntad política de los gobiernos de turno. El problema es que nos gobierna gente capitalista a ultranza, que ve a la Pachamama en términos de dólares, que piensa que todo tiene un valor comercial y solo piensan en su existencia. Hace falta una concientización global y un compromiso de todos los Estados y todos los actores claves que tienen gran incidencia en el mundo. Las sentencias no se cumplen o se cumplen a medias.

FSJ: ¿Qué les hace falta a los movimientos sociales, incluido el movimiento de los pueblos originarios, para consolidar los derechos de la naturaleza?

MCH: Lo primero es desprendernos de la idea de que solamente a ciertos grupos o movimientos les corresponde la defensa del planeta. El Jahua pacha, kay pacha y uku pacha, los mundos diversos. Creo que es injusto que ciertos sectores estén defendiendo la Pachamama, quienes deben asumir la responsabilidad deben ser las grandes corporaciones. Debe masificarse su defensa porque si seguimos creyendo que solo estos grupos deben defenderla, solo ellos hacen el trabajo y además se les estigmatiza. La academia comete ese mismo error colonizador: ver a la gente que está conectada con la naturaleza, considerarla como primitiva, salvaje, no modernos, y que deben ser salvados. Hay que superar esto y plantearlo como una cuestión de vida que nos atañe a todos los ecuatorianos. Hace falta un cambio del sistema, que los Estados y los gobiernos asuman una posición firme y también falta un remezón a nivel planetario que evidencie que estamos en un punto de no retorno del planeta…

Mónica Chuji Gualinga creció en una familia de dirigentes comunitarios y provinciales, durante los años 70 y 80. Ha participado en movilizaciones y defensa del territorio desde siempre, pero en los últimos años se ha dedicado a la reflexión y a otros trabajos. “Reflexionar a partir de la experiencia -y los cambios y la relación con la madre naturaleza- ya que el caos actual amerita aportar con reflexión”, dice Mónica. Esta entrevista es parte de esas reflexiones 14 años después de pertenecer a la Asamblea Constituyente ecuatoriana, que consagró a la Pachamama como sujeto de derechos en la Constitución.

[Imágenes: cortesía de Mónica Chuji]

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De la lucha por la tierra a los caracoles

Por: Luis Hernández Navarro

“Pasen a firmar los que no tengan miedo”, dijo el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, copiando las palabras de Emiliano Zapata, a 268 líderes rurales, entre los que se encontraban familiares del Caudillo del Sur. En Los Pinos, ante un cuadro del jefe del Ejército Libertador, los dirigentes de las centrales nacionales pasaron uno a uno a suscribir el Manifiesto Campesino, que avaló el fin del reparto agrario y la privatización del ejido. La fecha quedó registrada junto a la emboscada de la Hacienda de Chinameca: 1° de diciembre de 1991.

Antes de comenzar la ceremonia, unos cuantos representantes que se olieron de qué iba la encerrona, preguntaron dónde estaba el baño y pusieron pies en polvorosa para no sumarse al documento. Entre ellos estaba Pancho, un líder tseltal que llevaba años luchando por la tierra con sus compañeros de la selva Lacandona. Regresó a su región y no volvió a aparecer en la vida pública hasta mucho tiempo después del levantamiento zapatista.

El compromiso de los líderes de superar el reparto agrario convocando a un gran esfuerzo de conciliación entre los hombres del campo adquirido ese día, fue visto como una gran traición por cientos de miles de campesinos en todo el país, pero especialmente por los chiapanecos, que llevaban décadas luchado por tierra. Esa contrarreforma al artículo 27 constitucional nubló el horizonte indígena y animó a centenares de comunidades a tomar las armas.

En el libro Voces de la historia, los habitantes de Nuevo San Juan Chamula, Nuevo Huixtán y Nuevo Matzan, recuerdan su experiencia y las de sus abuelos en las fincas y pueblos, donde nacieron y se criaron aguantando el hambre, así como las razones que los llevaron a colonizar la Selva, para buscar dónde comer un poco mejor y dejar atrás el dolor de la pobreza y el puro sufrir.

Casi todos los que conocemos salen a la finca. Con nuestro trabajo se hicieron ricos los patrones, aunque nosotros seguimos igual en nuestra pobreza. Además del trabajo pesado tenemos más sufrimiento en la finca. Al patrón no le importa el trabajador. Quedamos con hambre. Maltrataban mucho los caporales: chicoteaban, golpeaban con ramas, con cincho, con la palma del machete, daban patadas; con cualquier cosa venía el castigo, explican. Por eso, en un moderno éxodo, marcharon a buscar una nueva vida en la selva.

La lucha por la tierra se generalizó en todo el estado durante las décadas de 1970 y 80. Los indígenas no sólo buscaban recuperar la que los finqueros se habían apropiado por medio del despojo violento. También la que habían ocupado en la selva para huir de la miseria. Un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, en 1971, otorgó la posesión de 614 mil hectáreas a 66 familias lacandonas, negándosela al resto de pobladores. En palabras de la Unión de Uniones, detrás del decreto estaban los intereses de Nacional Financiera, es decir, de la gran burguesía, que pretendía llevarse toda la madera de caoba y cedro contenida en las miles de hectáreas tituladas a favor del grupo lacandón.

El gobierno quiso reconcentrar a los otros indígenas (tseltales, tsotsiles, choles) y fijar los límites de la Comunidad Lacandona, por medio de la Brecha. Las comunidades resistieron poniendo el cuerpo por delante con la consigna de ¡no a la Brecha! En octubre de 1981, 2 mil campesinos de la selva marcharon y ocuparon la plaza de Tuxtla Gutiérrez. Caminaron días para llegar a un ve­hículo que los trasladara a la capital del estado. Años después, su lucha cosechó frutos. En 1989, Salinas de Gortari entregó la dotación a 26 colonias.

En entrevista con Roberto Garduño en La Jornada, el mayor Sergio, el Representante, rememoró esas faenas y cómo los habitantes de la región se vieron amenazados por las autoridades: “Con el decreto de 1972, el gobierno empezó a decir que nos íbamos a salir por las buenas y por las malas… pero no quisimos salir porque nuestros padres y nuestros abuelos buscaron este lugar para vivir y trabajar”.

En la selva, los rebeldes aprendieron a manejar el fusil para defenderse de las guardias blancas. Luego siguió la educación política e ideológica y el fortalecimiento de la organización comunal. Sergio recordó el caso de la venta del café como síntoma de la injusticia, porque los coyotes engañan y pagan precios de risa por el producto.

Los zapatistas –añadió– “empezamos a trabajar en nuestras comunidades casa por casa y barrio por barrio. Mucho tiempo luchamos de manera pacífica, pero nos ignoraban, por eso empezamos… pero no nos han dejado, nos han reprimido, por eso hemos tomado el fusil”.

A pesar de que se había izado la bandera blanca en el campo, la sublevación de 1994 permitió a campesinos e indígenas, zapatistas y no zapatistas, recuperar miles de hectáreas. En lugar de parcelarlas como hicieron otros, los rebeldes impulsaron en ellas proyectos de asociación colectiva para la producción agrícola y ganadera, que les han permitido controlar su vida y practicar el autogobierno. Estas experiencias son la base material sobre los que se erigen los caracoles, que este 9 de agosto cumplieron 19 años de vida.

El agravio de Carlos Salinas contra los pequeños productores rurales, cuando en Los Pinos llamó a los líderes a que pasaran a firmar sin miedo un acuerdo para cerrar la puerta a la vía campesina de desarrollo, fue respondida años después por el EZLN, descarrilando en los hechos el fin del reparto agrario.

Pero el rechazo fue aún más lejos. Sobre ese ¡no! inicial, los rebeldes pasaron a construir una sociedad que representa todo lo contrario de lo que el salinismo quiso impulsar. Esa sociedad alternativa ha tomado forma en los caracoles. En ellos se sintetiza tanto la historia profunda y subterránea de campesinos e indígenas por la tierra y la autonomía, como su disposición y potencia para construir un otro mundo.

Twitter: @lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/08/09/opinion/016a1pol

Imagen: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/05/delegaciones-del-ezln-viajaran-a-europa-en-2021-4925.html

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Libro (PDF): Feminismo y ambiente: un campo emergente en los estudios feministas de América Latina y el Caribe

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Entidad por la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones unidas (ONU Mujeres) impulsaron la convocatoria de becas para equipos de investigadoras y activistas denominada “Feminismo y ambiente. Un campo emergente en los estudios feministas en América Latina y el Caribe”. Dicha convocatoria es la que da origen a esta publicación. Las propuestas de investigación seleccionadas tuvieron el propósito de: • Elaborar un estado del arte desde una perspectiva analítica crítica que resalte la producción latinoamericana y caribeña en diálogo con la mundial. • Elaborar un estado del arte desde una perspectiva analítica crítica que releve la práctica de las organizaciones feministas de base vinculada a ambiente, uso de recursos, buen vivir, desarrollo sostenible, etc. • Elaborar un mapeo de las organizaciones feministas vinculadas a ambiente, uso de recursos, buen vivir, desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Autoras(es):  Karina Batthyány. Cecilia Alemany. Karen Lorena Romero Leal. Diana María Suaza Correa. Fany Kuiru Castro. Carolina Gonzaga González. Ana Daniela González Muñoz. Amada Inés Rubio Herrera. María de la Luz Delgado Gómez. Lisset Coba. Mónica Maher. Sofía Zaragocín. Ivette Vallejo. Lígia Amoroso Galbiati. Leila da Costa Ferreira. Márcia Maria Tait Lima. Renata Barbosa Reis. Renata Moreno. Johana Trujillo Terán. Tatiana Carolina Gómez Duque. Juan Carlos Guerrero Bernal. Freddy Eduardo Cante Maldonado. María Camilla Méndez. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. ONU Mujeres.

Año de publicación: 2022

País (es): Argentina. Estados Unidos

ISBN: 978-987-813-196-2

Idioma: Español

Descarga: Feminismo y ambiente: un campo emergente en los estudios feministas de América Latina y el Caribe

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2502&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1651

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Las heridas abiertas de la guerra sucia

Por: Luis Hernández Navarro

Apesar de la diferencia de edades y de las ciudades de origen, sus recuerdos concuerdan. Ambos son guerrerenses y luchadores sociales. El profesor Vicente Estrada Vega, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa y compañero en distintos momentos de Lucio Cabañas, nació en Taxco, Guerrero, y creció en Tixtla. Su padre fue minero. Tiene 87 años. El antropólogo Abel Barrera, defensor de derechos humanos, vio la luz en Tlapa, hace 62 años. Su familia se dedicaba al comercio. Forma parte de la Comisión de la Verdad.

Vicente cuenta: “Conozco desde niño la tonada de los soldados que protegen al estado. Viví mi niñez en Tixtla y ahí jalaban a los indios de por Atliaca. Vi cómo los agarraban, los maltrataban, los amarraban con un palo atravesado y los arrastraban; cómo los colgaban y los fusilaban.

“Fui a Los Piloncillos, que es un caso histórico. Está a 60 kilómetros sobre caminos muy adentro de la Sierra. La gente se había ido al campo. Ya no estaban los hombres que trabajan. Ahí llegó el Ejército. Fue como a las 9 de la mañana. Engañó a la gente. Gritaron “¡Viva el Che Guevara!”. En realidad iban a matarlos. Agarraron a los que pudieron, como a siete gentes y los asesinaron ahí en la cancha.

El pueblo agarró y se fue a la comandancia a preguntarles a los militares: ¿por qué? El general, o lo que haya sido, pretextó: nosotros no fuimos. Nunca mandamos tropa. Los campesinos le respondieron: “¡Cómo no! Nosotros vimos que eran los guachos los que mataron a nuestros compañeros”.

“Supe cómo agarraban y les decían a los campesinos: ‘súbete a la palmera y corta cocos’. Y ya arriba, los cazaban, los mataban. Es muy triste.”

Corría la década de 1970. Abel rememora sus tiempos de seminarista. Vio cómo la policía judicial y el Ejército bajaban de la Montaña a indígenas amarrados como si fueran animales. Los traían caminando, salvajemente golpeados, con la ropa raída y los pies desnudos y ensangrentados.

Los uniformados, que se ostentaban como la ley y el orden, con pistola al cinto, los acusaban de haber matado, robado o violado. Los llevaban hasta la comandancia, en pleno zócalo, y después de torturarlos, los dejaban atados en la calle para el escarnio público. No era un hecho casual. Sucedió una y otra vez. Algunos de los detenidos ni siquiera llegaban hasta la ciudad. Simple y sencillamente los colgaban en el camino.

Desde que en 1994 se formó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel ha escuchado, literalmente, cientos de abusos de policías y soldados en toda la geografía guerrerense, contra indígenas, campesinos, maestros, ecologistas y mujeres. Los informes que documentan esas gravísimas violaciones suman miles de páginas.

Zacarías Osorio Cruz es un ex militar mexicano asilado en Canadá. Fue parte del Cuerpo de Paracaidistas del Ejército. Especialista en tiro, recibió, en varias ocasiones, una instrucción tajante por parte de sus superiores: desaparecer a campesinos y luchadores sociales guerrerenses.

Recibía ciertas órdenes y me elegían porque mi especialidad era disparar. La orden era que tenía que desaparecer a esta gente, que tenían que morir porque le traían problemas al alto mando, declaró bajo juramento al solicitar refugio político en aquel país.

Zacarías realizó su primera operación en Atoyac, Guerrero. Los desaparecidos fueron, según él, quienes encabezaban a ciertos grupos que querían manifestar su descontento con el gobierno. Estos eran los que eran arrestados y puestos en nuestras manos.

Los operativos en los que Osorio Cruz participó no fueron obra de un escuadrón de la muerte que actuara al margen de las fuerzas armadas. Fueron acciones de guerra en forma, realizadas por militares en servicio, en cumplimiento de órdenes oficiales.

Una de las piezas más dramáticas del rompecabezas de esta guerra contrainsurgente fueron los vuelos de la muerte, en los que soldados y miembros de la aviación arrojaron al océano Pacífico a opositores y presuntos guerrilleros. Años después del testimonio de Osorio, la Comisión de la Verdad (Comverdad) formada por el Congreso de Guerrero, recuperó de evidencias de estas barbaridades.

Entre las evidencias que la comisión obtuvo hay tres relatos, dos de sobrevivientes y uno más de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, que arrojan luz sobre las tinieblas de estos sobrevuelos. Metían a las víctimas en sacos de ixtle llenos de piedras. Algunos iban aún vivos. Los aviones descendían para tirar los cuerpos mar adentro. En las comunidades costeras empezaron a aparecer restos humanos.

La comisión encontró también un reporte “en el que se señala que, cuando empezaron aparecer cuerpos mutilados, quemados, torturados, se especulaba en la sociedad si pertenecerían al hampa y serían venganzas. Sin embargo, el mismo informe dice que discretamente se llegó a conocer que eran personas relacionadas con Lucio Cabañas. La lista de las atrocidades perpetradas por los militares es interminable.

En la ceremonia de instalación de la Comisión para el Acceso de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, el general secretario Luis Crescencio Sandoval anunció que se autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. La indignación entre los familiares de las víctimas explotó.

“Me quiero equivocar –dice Vicente Estrada cargando sobre sus hombros una larga lista de agravios de militares–, pero este gobierno no va a resolver el asunto de los desaparecidos. Conozco al Ejército. Para que cambien, debe empezar por hacerse una autocrítica profunda de qué es lo que han hecho mal ante el pueblo. Pero hasta ahora no se les ha visto el interés. Nosotros vamos a seguir con el mismo problema”. Más claro, ni el agua. Las heridas siguen abiertas.

Twitter: @lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/opinion/019a2pol

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Chiapas, violencia incesante

Por: Luis Hernández Navarro

Pánico y zozobra. En esas palabras se resume lo que miles de habitantes de San Cristóbal de las Casas vivieron durante horas el pasado 12 de junio, cuando decenas de civiles armados, encapuchados y con chalecos antibalas, dispararon con fusiles Kalashnikov y AR-15, bloquearon con camiones de doble remolque avenidas y calles y pintaron muros, disputando el control del Mercado Norte de la ciudad. Buscaban remover a su eterno administrador, Domingo Pishol, personero de Hugo Pérez, autoproclamado alcalde de Oxchuc.

Con el sonido de las primeras ráfagas, la gente tuvo que guarecerse o tirarse al piso en almacenes, centros escolares, clínicas y negocios, temerosos de que algún proyectil los alcanzara. Los disparos son cosa frecuente en esa parte de la ciudad pero en esta ocasión tuvieron una intensidad inusitada.

La existencia de grupos delincuenciales en Chiapas no es novedosa. Comenzó a crecer a partir de la gubernatura de Juan Sabines (2006-12). Pero en los últimos años, en amplias zonas de la entidad se han intensificado su presencia y sus pleitos por territorios, rutas y mercados. Guatemala es una inmensa bodega al servicio de la industria criminal. Desde allí salen, a través de la porosa frontera chiapaneca, rumbo a Estados Unidos y diversas regiones de México, drogas, armas, piratería, seres humanos, vehículos robados. Controlar la frontera y los caminos es fundamental para trasladar las mercancías. El corredor Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez ha adquirido gran importancia en el trasiego de drogas.

Un par de ejemplos, entre muchos. En julio de 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora en vertiginosa expansión en la entidad, ejecutó en Tuxtla Gutiérrez, a El Junior, hijo del líder del cártel de Sinaloa en Chiapas. La vertiginosa expansión del cártel de Chamula, evidenciada por los permanentes accidentes de vehículos cargados con migrantes centroamericanos y la difusión de sus narcocorridos.

San Cristóbal no es ajena a esta guerra. Al igual que otros puntos turísticos, como Cancún o Acapulco, es un enclave deseado por el crimen organizado. En esa ciudad, impunemente, por lo menos cinco grupos conocidos (hay quien señala que son ocho) como motonetos o motopandilleros, ligados al narcomenudeo, cobran derecho de piso, roban, asesinan y realizan disparos de armas de fuego al aire, sembrando terror e incertidumbre (https://bit.ly/3OaDMs0). Surgieron como grupo de choque durante la administración de Marco Antonio Cancino González (2015-18), del PVEM. Su hermano Sergio Natarén los controlaba. La batalla por el control del Mercado Norte del pasado 12 de junio forma parte de esta trama en la entidad y en la urbe coleta.

Figura clave en este pleito es Martín Pale Santiz, alias El Gemelo, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), con estrechas relaciones con el gobierno estatal, un tiempo detenido por extorsión y luego liberado. Sus gentes son capaces de estrangular San Cristóbal, bloqueando los accesos carreteros, mientras se enfrentan a otros grupos con armas de fuego y palos. También, de desalojar y golpear a familias de Santa Catarina, integradas al Frente Campesino Popular de Chiapas, para despojarlas de cinco hectáreas (https://bit.ly/3n3Fmjm). Con el apoyo de Gerónimo Ruiz Sántiz, el Moshán, cobran unos 800 mil pesos semanales a unos mil 200 vendedores ambulantes (a los que controlan) de la Plaza de la Paz, Andadores, Santo Domingo y Centro Histórico.

En el operativo, fue asesinada una persona: Xalik. Se informó que había sido alcanzada por una bala perdida. Defensoras civiles de San Cristóbal señalan que el difunto era un joven tsotsil que abiertamente se oponía al reclutamiento de niños para formar grupos armados en Chamula. Este hombre era muy joven y se había separado de su clan linaje, haciendo distancia de esas dinámicas que ahora impregnan a muchas familias chamulas. Pero no solo eso. Se dedicaba justamente a organizar a los niños de la calle y especialmente a los que andan en el mercado de esa zona. Una muerte muy conveniente para algunos.

La toma parcial de la ciudad es tan sólo un incidente más en una interminable cadena de violencias que sacuden el estado. El pasado 8 de junio, a 30 kilómetros de San Cristóbal, el alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, fue asesinado en una camioneta afuera de su domicilio.

La lista de agresiones es interminable. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) sólo durante marzo de este año, se registraron 437 ataques con armas de fuego de los narcoparamilitares de Santa Martha, Chenalhó, contra la comunidad de Aldama (https://bit.ly/3n0TVEt).

De la misma manera, se han intensificado las arremetidas contra familias bases de apoyo zapatistas en la comunidad autónoma de Nuevo San Gregorio, que ponen en riesgo su vida, seguridad e integridad (https://bit.ly/39FbA1s).

En este contexto, la diócesis de San Cristóbal de las Casas y otros organismos hicieron un pronunciamiento conjunto ante el imparable aumento de violencia en Chiapas, en el que expresan su preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio.

Manifiestan también su preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio.

Denuncian que, el pasado 29 de mayo, fueron privados arbitrariamente de su libertad, Manuel Santiz Cruz, indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, junto con otras cuatro personas (https://bit.ly/39D6G53).

Miedo e incertidumbre. En Chiapas, la violencia, lejos de cesar, crece y se intensifica. Que nadie se llame a sorpresa cuando suceda lo que va a suceder.

Twitter: @lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/06/21/opinion/018a1pol

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