Racismo en Educación Superior

Por Daniel Mato |

El asesinato de George Floyd, asfixiado por un oficial de policía en Estados Unidos, ha vuelto a hacer visible el grave problema de racismo y violencia policial en ese país. Pero esta manera de verlo es demasiado simplista. Es necesario no perder de vista que ese policía es un graduado universitario, como también que su crimen, que se suma a muchos otros semejantes, es solo una de las formas en que el racismo se expresa en esa sociedad. No puede omitirse que ese racismo es históricamente constitutivo de esa sociedad, que es estructural, que impregna todas sus instituciones y se reproduce a través de ellas.

Pero, ¿acaso el racismo no es también constitutivo de todas las sociedades latinoamericanas?  ¿Acaso en las sociedades latinoamericanas no tiene también carácter estructural, impregna todas sus instituciones y se reproduce a través de ellas?  ¿Acaso en estas no se expresa también en acciones violentas, incluso homicidas, de policías y otras fuerzas de seguridad especialmente contra personas y comunidades indígenas y afrodescendientes?  ¿Acaso en muchas de estas sociedades, cuanto menos parte de los oficiales de las fuerzas de seguridad no son también egresados de universidades u otros tipos de instituciones de educación superior? ¿Acaso ellos y los componentes subalternos de esas fuerzas no han recibido cursos de derechos humanos? ¿Acaso en el dictado de los mismos no han participado graduados e instituciones de educación superior?

¿Acaso en las sociedades latinoamericanas el racismo no se expresa también en otras formas de violencia institucional, frecuentemente menos evidentes, como las que se ejercen en los sistemas e instituciones de salud, educación y justicia? ¿Acaso en estas no participan graduados de instituciones de educación superior?

¿Acaso el racismo no se expresa también, de variadas formas, en la formación que las universidades y otras instituciones de educación superior proveen, por ejemplo, a quienes se convertirán en técnicos superiores y profesionales en campos como derecho, salud, arquitectura, ingenierías, economía y en las más diversas disciplinas sociales y humanísticas? ¿No se expresa también en la que proveen a quienes se desempeñarán como docentes en todos los niveles educativos, donde continuarán contando a sus estudiantes la respectiva “historia oficial” y propugnando valores que – a juzgar por los resultados a la vista- no han conducido a construir sociedades satisfactoriamente democráticas, social y ambientalmente sostenibles?

Lamentablemente todas estas preguntas debemos responderlas afirmativamente. Sin embargo, numerosos miembros de nuestras sociedades viven sin darse cuenta de la existencia del racismo. Esto se debe a que en estas sociedades el racismo ha sido “naturalizado”. Por ejemplo, los mismos medios de comunicación masiva de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, y México, entre otros países, que dieron amplia cobertura al asesinato de George Floyd, y que lo hicieron destacando el racismo de aquella sociedad, en la mayoría de los casos, omitieron dársela a crímenes semejantes cometidos en sus respectivos países, o bien soslayaron el carácter racista de los mismos.

Los autores de muchas de esas notas de prensa, como los respectivos jefes de redacción, así como la mayoría de los columnistas de esos medios, que analizaron ese crimen como si fuera un problema exclusivamente Made in USA, también son graduados universitarios, igual que el policía que asesinó a George Floyd. Hubo otros medios que sí vincularon ese asesinato racista con otros semejantes en nuestras tierras, pero generalmente se trató de medios con menor incidencia en la opinión pública. Pese a la existencia de esas otras “miradas”,  mucha gente reprodujo las interpretaciones de los medios de mayor alcance.

¿Por qué sucedió y continúa sucediendo esto?  Porque el racismo es constitutivo de nuestras sociedades y de manera más abarcadora del mundo en que vivimos; y porque a través de diversas instituciones, prácticas y discursos continúa reproduciéndose.

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas de las cuales serían superiores a otras que serían moral e intelectualmente inferiores. Esta ideología sirvió de sustento al despliegue colonial protagonizado por coaliciones compuestas por algunas monarquías europeas, sus ejércitos y funcionariados, grupos de poder económico y dirigentes de religiones institucionalizadas, que subyugaron no solo a pueblos de otros continentes, sino también europeos. En esta parte del mundo significativamente nombrada América Latina (denominación que afirma su “herencia” europea), los nuevos estados republicanos lejos de acabar con esta ideología se constituyeron a partir de ella y la reprodujeron a través de políticas y prácticas racistas. Por ejemplo, para acabar con “la barbarie” y asegurar el avance de “la civilización”, sucesivos gobiernos (administraciones de esos estados) continuaron el avance sobre los territorios de pueblos indígenas, distribuyeron sus tierras entre los grupos de poder político y económico de los que formaban parte, y encargaron a la Iglesia Católica la “salvación de las almas” de los sobrevivientes de esos pueblos despojados de territorios; a los que también se les prohibió hablar sus lenguas, practicar sus formas de espiritualidad y sostener sus sistema de alimentación y salud.

Si bien las prácticas de despojo territorial continúan, desde hace tiempo los estados emplean otros medios para continuar con su misión “civilizatoria”. Por ejemplo, emplean políticas económicas y sociales orientadas a asegurar “el progreso” y “sacar del atraso” a las aún numerosas comunidades indígenas y afrodescendientes que -pese a las pérdidas territoriales- continúan tratando de vivir en armonía con lo que los estados nombran “medio ambiente” y por cuya “preservación” apenas en la década de 1970 han comenzado a preocuparse, hasta ahora sin resultados. Adicionalmente, diversas políticas culturales han sido y continúan siendo instrumentos clave en la reproducción de esta ideología y de su “naturalización”, por ejemplo, a través de la castellanización forzada de pueblos indígenas y los gloticidios asociados. Los sistemas e instituciones educativas  (incluyendo los de educación superior) también han contribuido a la reproducción y naturalización del racismo, y continúan haciéndolo, seguramente de maneras no conscientes para la mayor parte de sus integrantes.

Las múltiples formas del racismo y su naturalización

En la actualidad el racismo está tan naturalizado en nuestras sociedades que es mayormente inconsciente, al punto que la aplicación de este concepto suele limitarse a hechos que ocurren en Estados Unidos o Europa, y en nuestro medio a acciones explícitas de “discriminación racial”, y entre estas frecuentemente solo a aquellas muy visibles, o violentas.

Por ejemplo, no suele percibirse la presencia del racismo en algunas expresiones verbales tan arraigadas en nuestra lengua que han sido registradas como formas de lenguaje figurado en el diccionario de la Real Academia Española. Tal es el caso, por ejemplo, de la expresión “merienda de negros» utilizada para hacer referencia a situaciones de “desorden y confusión”, y el de la expresión “se le subió el indio” como equivalente de “montó en cólera”. La referencia a estas dos expresiones en particular obedece a que su empleo puede observarse tanto en España como en prácticamente todos los países latinoamericanos y a que incluso aparecen en el referido diccionario, pero existen muchas otras que se utilizan en algunos países en particular.

La naturalización del racismo hace que, por lo general, este no sea asociado con hechos tales como que en nuestros países las personas y comunidades indígenas y afrodescendientes generalmente no tienen acceso equitativo a los servicios de salud, como se desprende de los datos de los censos nacionales de nuestros países, que por esto mueran niños y adultos, y que esto no sea motivo de alarma para la mayor parte de la población.

La naturalización del racismo explica que este no suela ser asociado con hechos tales como que la mayoría de la población no se indigne, sino que incluso lo encuentre “necesario” para el “bien común”, cuando comunidades de pueblos indígenas son desplazadas de sus territorios ancestrales para hacer posibles los negocios de corporaciones agrícolas y mineras, o de empresas promotoras de desarrollos turísticos y “barrios cerrados”. De manera análoga, esa naturalización explica que la mayoría de la población tampoco se indigne al ver que estas comunidades no logran que sus reclamos al respecto sean debidamente tratados por “la Justicia”, y que tampoco lo haga cuando, ante las protestas de estas comunidades en busca de justicia, los poderes públicos envíen a las “fuerzas de seguridad” a “poner orden”, lo cual frecuentemente conduce a abusos, torturas, e incluso a asesinatos.  Esta naturalización opera de modo tal que, si acaso el encadenamiento de injusticias reseñado no constituyera ya una dosis suficiente de racismo, los mismos medios dominantes que se rasgaron las vestiduras por el asesinato de George Floyd, presenten esas circunstancias de modo tal que acaban criminalizando a las mismísimas víctimas de tantos abusos racistas. Entonces, la “opinión pública” de buena parte de las clases medias educadas (incluyendo graduados de universidades y otras instituciones de educación superior) repite a coro: ¡Qué barbaridad! Esta gente no entiende. Son atrasados, son violentos.

Los graves problemas que aquí señalo, y muchos otros, están documentados en informes de relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas y en documentos de la CEPAL- Comisión Económica para América Latina- disponibles en Internet. [1]

Si bien en algunos países de la región los comportamientos abiertamente discriminatorios hacia estas personas y comunidades son cada vez menos habituales, existen desventajas históricamente acumuladas, mecanismos institucionales y algunas formas dominantes de sentido común, que continúan reproduciendo inequidades. Estas inequidades frecuentemente resultan imperceptibles para otros sectores sociales, que en algunos casos minimizan su importancia pensando que otros grupos sociales también sufren discriminación.

En América Latina, los problemas de discriminación no afectan solo a las personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. Diversas formas de discriminación racial y xenofobia afectan también a personas y comunidades de pueblos gitanos, judíos y musulmanes, así como a inmigrantes de algunas nacionalidades en particular, con especificidades que varían entre países. La discriminación también suele dirigirse a personas y  colectivos que deben vivir en situaciones socio-económicas muy desventajosas, y que son representados como “pobres” por los medios de comunicación hegemónicos, buena parte de las llamadas “clases medias” y ciertas orientaciones de la investigación y las políticas económicas y sociales. Otras graves formas de discriminación y violencia institucional e interpersonal afectan especialmente a las mujeres, y a las personas con discapacidad, o con identidades de género u orientación sexual diversas. La discriminación suele multiplicarse cuando las personas foco de la misma reúnen más de un atributo “negativo” a juicio de quienes las discriminan, como por ejemplo mujer, lesbiana y “negra”.  Los problemas de discriminación no se limitan a actos violentos evidentes, también afectan las oportunidades de estudio, empleo y acceso a vivienda. Todos estos son problemas graves en todas nuestras sociedades. No obstante, los que perjudican a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes tienen siglos de historia y –aunque transformados- continúan vigentes. Además, y pese a ello, suelen recibir escasa atención por parte de buena parte de la población de las respectivas sociedades, las instituciones públicas, los medios de comunicación, y las universidades y otros tipos de instituciones de educación superior.

La naturalización del racismo en los sistemas e instituciones de Educación Superior

El racismo es un problema profundo y naturalizado en las sociedades latinoamericanas, y los sistemas educativos tienen buena parte de la responsabilidad en que así sea. Muy especialmente la tienen las universidades y otras instituciones de educación superior en las que se forman tanto los docentes de los otros niveles educativos, como profesionales y técnicos que consciente o inconscientemente continúan reproduciendo diversas modalidades de racismo. La responsabilidad por estos hechos no se limita a las instituciones de educación superior, sino que se abarca al conjunto de instancias y actores que de manera conjunta podemos denominar sistemas: las leyes y políticas que regulan su funcionamiento, los organismos de aplicación de las mismas y los de evaluación y acreditación de las instituciones y carreras. Pero, el problema del racismo es grave y está ampliamente extendido en nuestras sociedades, y en su reproducción y naturalización participan graduados de educación superior, como suelen ser quienes legislan y quienes formulan y aplican políticas, entre otras ocupaciones desde las cuales podrían como mínimo procurar no continuar reproduciéndolo.

Un ejemplo significativo de la naturalización del racismo en la educación superior lo constituye el hecho de que si bien un buen número de universidades latinoamericanas ha adoptado protocolos para la prevención y atención de casos de discriminación y violencia de género, así como hacia personas con discapacidad o con identidades de género u orientación sexual no ajustadas a “la moral” hegemónica, pero que sin embargo aún no tengamos noticia de la existencia de instrumentos de este tipo que se ocupen específicamente de las diversas formas en que el racismo afecta a pueblos indígenas y afrodescendientes en y desde esas instituciones. Es decir, protocolos orientados a asegurar la prevención y atención a casos de discriminación hacia personas, como también de las exclusiones y descalificaciones que en los sistemas e instituciones de educación superior se ejercen respecto de las lenguas, historias, visiones de mundo, saberes y sistemas de conocimiento, valores y formas de espiritualidad de pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos protocolos también deberían responder a los desafíos del racismo implícito en la inexistencia o insuficiencia de programas que favorezcan el ingreso de estudiantes, docentes y otros trabajadores de esos pueblos, así como de políticas que financien experiencias sostenidas de investigación y vinculación con sus comunidades, como los hay para desarrollarlos con otros actores sociales y económicos. En algunas universidades ya se ha comenzado a deliberar sobre la necesidad de contar con protocolos de este tipo, pero hasta el momento no tenemos noticia de que en alguna ya se haya adoptado uno.

Las inequidades que entraña el contraste entre la atención a esas otras formas de discriminación y la desatención de las que afectan a estos pueblos constituyen modalidades de racismo menos visibles que la discriminación personal, pero no por ello menos graves. Además, la omisión de las oportunidades de aprendizaje ético, profesional y académico asociadas al conocimiento de los aportes de estos pueblos, como la ausencia o deficiencia de oportunidades de vinculación y conocimiento mutuo con personas y comunidades de esos pueblos, afectan la calidad de la educación que estos sistemas e instituciones proveen.

Son muchos los egresados de universidades y otras instituciones de educación superior que -consciente o inconscientemente- juegan papeles protagónicos en la violación de los derechos humanos de personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo: profesionales del derecho con deficiente formación ética e histórica que se encargan de urdir artificios para vulnerar los derechos territoriales y ambientales de comunidades de estos pueblos en beneficio de terratenientes, corporaciones agrícolas, petroleras, mineras y de desarrollos turísticos. Profesionales de la salud que carecen de formación y experiencia intercultural para tratar con comunidades de estos pueblos, valorar sus conocimientos preventivos y terapéuticos. Profesionales de la economía, la sociología y otras disciplinas, con responsabilidades en el diseño y ejecución de políticas públicas que no han sido capacitados para valorar sus modalidades de organización social y productiva, y/o que deciden sobre la construcción de represas que inundan sus territorios sin prever consecuencias. Profesionales en diversos campos que han sido educados en el desprecio por la historia de estos pueblos, sus lenguas, valores y sistemas de conocimiento, y que en el ejercicio de cargos públicos menoscaban el acceso de personas de estos pueblos a servicios de salud, justicia y educación. Empresarios y autoridades corporativas que pese a en muchos casos ser graduados universitarios carecen de formación ética e información respecto de estos pueblos, tal que por mero afán de lucro violan sus derechos. Oficiales y autoridades de las fuerzas de seguridad, que en muchos países de la región son graduados universitarios o de instituciones de educación superior propias de esas fuerzas, que han recibido tan mala formación respecto de los valores y derechos de esos pueblos y de sus integrantes, que recurrentemente incurren en prácticas racistas. Titulares de los órganos públicos de los que dependen los efectivos de seguridad, quienes también suelen ser graduados universitarios, que dan órdenes racistas a esas fuerzas.

Los problemas mencionados deben llamarnos la atención acerca de la deficiente calidad de la educación que están brindando nuestros sistemas e instituciones de educación superior. Es necesario que reflexionemos sobre ellos. No es posible aceptar acríticamente que las universidades y otras instituciones de educación superior continúen reproduciendo y naturalizando el racismo. Tampoco lo es que, en pleno siglo veintiuno, no estén proactivamente trabajando para acabar con ello.

El racismo no solo crea problemas de acceso, exitosa trayectoria y graduación de personas de pueblos indígenas y afrodescendientes en instituciones de educación superior, sino que incide en la calidad de la educación que estas brindan, en su papel como formadoras de opinión pública y ciudadanía, y en la calidad de los técnicos y profesionales que forman y de la investigación que realizan.

Erradicación del racismo y educación antirracista

Pienso que los problemas expuestos ilustran por qué no es suficiente con que los sistemas e instituciones de educación superior no sean racistas. Deben ser antirracistas, deben educar contra el racismo, deben comprometerse a erradicar el racismo en su interior y en las sociedades de las que forman parte.

Afortunadamente, la necesidad de actuar al respecto ya es parte de la agenda de un número creciente de instituciones y personas, como resultó evidente en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018).

La CRES 2018 contó con la participación de más de cinco mil representantes de los sistemas e instituciones de educación superior de toda la región, incluyendo autoridades de agencias gubernamentales con competencia en la materia, rectoras/es y otras autoridades de universidades y otras instituciones, redes de autoridades y de universidades, especialistas en el tema, estudiantes y sus federaciones, docentes y otras/os trabajadoras/es y sus sindicatos. Esta significativa reunión emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones respecto del racismo, entre otras las siguientes:

«Las políticas y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de intolerancia y discriminación. Resulta imperativo que se garanticen los derechos de todos los grupos de población discriminados por raza, etnicidad, género, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad y desplazamiento forzado».

«Estos cambios deben asegurar la incorporación en las instituciones de educación superior de las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales».

«Es ineludible reconocer y valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas».

«La educación no es solo un derecho humano sino también un derecho de los pueblos. Existe una importante deuda histórica de los Estados y sociedades latinoamericanas y caribeñas con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Si bien sus derechos son reconocidos en numerosos instrumentos internacionales y en la mayoría de las constituciones nacionales, existe un alarmante déficit en el disfrute efectivo de los mismos, incluso en la educación superior Las instituciones de educación superior deben garantizar el disfrute efectivo de sus derechos y educar a la población en general, y particularmente a sus comunidades, contra el racismo y todas las formas de discriminación y formas conexas de intolerancia».[2]

Esta declaración marca un hito en la historia de la educación superior en la región en tanto expresa un avance en la desnaturalización del racismo en su ámbito e incluso traza algunos objetivos clave. El reto es hacerlos realidad.

Para alcanzar estos objetivos convendría tener cuidado con ciertos usos de la categoría “racismo estructural”. Porque si bien ella enfatiza la importancia y profundidad del problema, ciertos usos de la misma parecen visualizarlo como si fuera un fenómeno omnipresente, que está en “todos lados”, y así en ninguno en particular. Para lograr avances concretos en la erradicación del racismo en los sistemas e instituciones de educación superior es necesario desagregar la categoría “racismo estructural” y afinar el análisis respecto de las múltiples formas en que se expresa y reproduce en este campo. Con este propósito es necesario evaluar marcos institucionales, normas, procedimientos, actores, subjetividades, prácticas institucionales y personales concretas, y esto tanto en docencia, como en gestión, investigación, extensión y experiencias de vinculación con personas y comunidades de esos pueblos.

Es necesario impulsar investigaciones y actividades participativas dedicadas a promover reflexiones y debates que conduzcan a consensuar protocolos orientados a asegurar la prevención de todas las modalidades de racismo en los sistemas e instituciones de educación superior. [3]

Es necesario identificar y erradicar todas ellas, porque además de la negatividad propia de cada una, sucede que se refuerzan mutuamente. Para erradicar el racismo en este ámbito no es suficiente, ni eficaz, contar con protocolos enfocados solo en las formas de discriminación racial personal. Es necesario realizar estudios y promover debates y reflexiones que permitan erradicar otras modalidades de racismo, como por ejemplo, la ausencia o insuficiencia de programas que favorezcan el ingreso de estudiantes, docentes y otros trabajadores de pueblos indígenas y afrodescendientes; así como las exclusiones y descalificaciones de sus lenguas, historias, saberes y sistemas de conocimiento; y también la ausencia o insuficiencia de apoyo a investigación y vinculación con sus comunidades.

Todos y todas quienes formamos parte de los sistemas e instituciones de educación superior somos responsables de la persistencia de estos problemas en nuestro campo, sea por acción o por omisión. Es nuestra responsabilidad transformar estos sistemas e instituciones para -desde ellos- contribuir a construir sociedades libres de racismo, democráticas, equitativas e inclusivas, capaces de nutrirse de la diversidad cultural que las caracteriza. Solo así, podremos evitar que continúen ocurriendo asesinatos como el de George Floyd y otros análogos, que tanto en Estados Unidos como en toda América Latina continúan ocurriendo, y acabar también con otras injusticias que son consecuencia de diversas modalidades de racismo. Las preguntas clave son: ¿De qué formas podrían los sistemas e instituciones de educación superior contribuir a acabar con el racismo? ¿Cómo podemos aportar a esto cada una/o de nosotras/os?

NOTAS

– El artículo El caso George Floyd y el racismo en los sistemas e instituciones de educación superior fue publicado simultáneamente en el portal del IESALC y como Nro. 21 de la Colección Apuntes de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNTREF.

– El autor Daniel Mato es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET y director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNTREF, Buenos Aires, Argentina.

[1] Ver, por ejemplo:

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) (2020), Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/47). Disponible: http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/Los-Pueblos-Indigenas-de-Am%C3%A9rica-lLatina-y-la-Agenda-2030-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf)
• ONU (2005) Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Rodolfo Stavenhagen (E/CN.4/2005/88). Disponible:  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/169/40/PDF/G0416940.pdf?OpenElement
• ONU (2010) Report of the Working Group of experts on people of African Descent. Visit to Ecuador (A/HRC/13/59). Disponible: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/102/07/PDF/G1010207.pdf?OpenElement
• ONU (2013) Report of the Working Group of Experts on People of African Descent on its twelfth session. Mission to Panama (A/HRC/24/52/Add.2). Disponible: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/164/35/PDF/G1316435.pdf?OpenElement
• ONU (2014) Report of the Working Group of Experts on People of African Descent on its fourteenth session. Mission to Brazil (A/HRC/27/68/Add). Disponible: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/168/64/PDF/G1416864.pdf?OpenElement
• ONU (2019) Report of the Working Group of Experts on People of African Descent. Visit to Argentina (A/HRC/42/59/Add.2). Disponible: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/242/57/PDF/G1924257.pdf?OpenElement

[2] La Declaración Final de la CRES 2018 está disponible en: http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018/

[3] En 2018, la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, en colaboración con más de veinte universidades de diez países de América Latina, puso en marcha la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, cuyo sitio en Internet, entre otros recursos útiles para promover reflexiones y debates sobre el racismo en la educación superior, ofrece setenta micro-videos, veinte textos breves y de fácil lectura, y numerosas publicaciones sobre experiencias en este campo (http://unesco.untref.edu.ar/).

Fuente: http://www.iesalc.unesco.org/2020/06/24/el-caso-george-floyd-y-el-racismo-en-los-sistemas-e-instituciones-de-educacion-superior/