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Hacia una nueva narrativa de la reforma educativa

Por: Miguel Ángel Pérez

Uno de las grandes elementos que demostró el pasado Congreso Nacional de Investigación Educativa (SLP, 2017), es que el discurso de la reforma educativa y su pieza central el modelo educativo, son discursos gastados, sin congruencia ni pertinencia para la realidad del país, que no tiene nada de estructural y que no cumple con los fines que anunciaba desde su origen (mejorar la calidad educativa) y cuyos ejes de desarrollo están centrados en la evaluación (como obsesión), en la reconfiguración del tratamiento de los docentes al ser profesionales de la educación y convertirlos ahora en empleados o trabajadores de segunda sin derecho a la voz y restringidos de sus derechos laborales y al alineamiento de las políticas educativas con las sugerencias e imposiciones emanadas de los llamados organismos internacionales con la OCDE a la cabeza.

De esta manera la reforma educativa mexicana (2013-2017) no sólo es fácilmente predecible en su fracaso, sino también ausente de creatividad e innovación para llevar a nuestro país a un mejor estadio educativo.

Es por ello que requerimos de una nueva narrativa pedagógica que nos lleve a mirar la puesta en marcha de una reforma educativa (en construcción), llena de frescura y de ideas surgidas desde abajo o desde el corazón mismo de la experiencia de los y las educadores y que recupere lo valioso del pasado de la educación en nuestro país.

Se criticaba en San Luis Potosí que los artífices (los brillantes autores del modelo educativo), habían recurrido mayoritariamente a autores y referencias extranjeras y en otros idiomas con la supuesta intención de prestigiar el modelo, los autores mexicanos aun los especialistas y los que realmente saben del campo quedaron fuera de las referencias, de esta manera no sólo se ningunea la intelectualidad nacional, (pobre o rica pero producto de nuestras prácticas y tradiciones académicas locales) y se cree (erróneamente) que el prestigio y la solidez tienen que venir forzosamente desde afuera.

La nueva narrativa que de origen y curso de trabajo al diseño de un nueva reforma educativa, inicia con darle la voz a todos los actores que hasta ahora han sido silenciados, (docentes, intelectuales, investigadores, políticos, amas de casa, profesionistas de otros campos), el asunto de la educación pública en México es asunto del público en general, es decir la sociedad en su conjunto tiene algo que decir al respecto, ahí se teje el presente y el futuro de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.

La nueva narrativa deberá pensarse a partir de reglas inéditas que hasta hoy no hayan sido prácticas en nuestro entorno, por ejemplo, permitiendo que las escuelas experimenten el tipo de modelo que quisieran practicar, respetando la autoridad profesional y académica de los y las docentes, teniendo a la evaluación como un componente periférico y no (como sucede ahora) que viene siendo la columna vertebral de la reforma. El punto central de la nuera narrativa de la reforma educativa por diseñarse pasa por responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el perfil, la identidad, los rasgos sociales bajo los cuales deseamos formar a los niños, niñas y jóvenes que actualmente asisten a las escuelas públicas y privadas de nuestro país, con la intención de formarlos como ciudadanos y ciudadanas que respondan positivamente a partir del fomento del pensamiento crítico a los retos de un sociedad en movimiento y que sean capaces de vivir armónicamente en la sociedad del siglo XXI?

Me parece que las respuestas a dicha pregunta servirán para darle cuerpo a un modelo educativo que hoy en día no tenemos pero que demanda la sociedad y el sistema educativo nacional.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/hacia-una-nueva-narrativa-de-la-reforma-educativa/

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El cuidado del derecho a la educación

Por: Bonifacio Barba

La Constitución de la República y los derechos humanos que ella reconoce son entidades socialmente dinámicas, están vinculadas de modo esencial a la vida de la comunidad política en la que son construidas y promulgadas. En tal dinámica, no todo está garantizado; quienes detentan el poder público tienen la obligación de cumplir la Constitución, de hacerla cumplir, lo que implica proteger los derechos humanos y castigar sus violaciones, pues tanto al interior del aparato de gobierno como de la sociedad existen intereses contrarios a ellos.

El derecho a la educación (DEd) es uno de los que requieren cuidado específico ya que representa y resguarda la formación de los ciudadanos y, por ello, es una entrada al conocimiento, aprecio y vivencia del conjunto de los derechos. La protección y realización del DEd es, entonces, una expresión de lo que les ocurre a los otros, de ahí que sea muy importante conocer el estado en que se encuentran la educación y sus instituciones.

Del 20 al 24 de noviembre pasado se llevó a cabo el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa en la ciudad de San Luis Potosí. En la conferencia inaugural, el Dr. Pablo Gentili ofreció una perspectiva fructífera de análisis de la educación en América Latina que ayuda a comprender las amenazas que vive el DEd. El punto de partida de su visión es el señalamiento de que existe una paradoja entre el desarrollo y la expansión de la educación pública orientada a lograr la educación universal, a realizar el DEd, por un lado, y por el otro, la presencia de una amenaza a la escuela pública y al mencionado derecho por parte del conservadurismo social. La amenaza se expresa en cinco tensiones u ofensivas que son enunciadas brevemente a continuación.

La primera de ellas es que la expansión y la diferenciación institucional de la educación se han realizado con un tipo de crecimiento que no fortalece en su totalidad a los sistemas nacionales de educación sino que los segmenta beneficiando desigualmente a las clases sociales. La segunda ofensiva conservadora consiste en que la escuela pública no es vista o valorada como un bien común, como institución emancipadora, ya que la derecha pone resistencias a ese rol emancipador; lucha contra la escuela social, contra la república democrática.

La tercera ofensiva, en realidad una consecuencia de las anteriores, consiste en la despolitización de la escuela, en una lucha contra su sentido liberador para reducirla a una mera función de escolarización, con lo cual no se cubre todo el DEd, reduciéndolo a que sea sólo derecho al aprendizaje, lo cual cosifica los saberes despojándolos de su potencial humanista y liberador y estandarizándolos como si todos los seres humanos necesitaran los mismos saberes; se ataca la diversidad de sociedades y culturas.

La cuarta ofensiva consiste en que el esfuerzo político y social por llevar la escuela a todo el territorio nacional, no estuvo acompañado de lo que Gentili llama la territorialidad de la escuela, es decir, de su aprecio y respeto como institución social en cada lugar donde está asentada; la escuela ha ido perdiendo la confianza de la sociedad. Finalmente, la quinta amenaza se da en la tensión entre escuela y futuro: la escuela, en el proyecto de universalización, se vinculó a un futuro –y hoy estamos en ese futuro previsto-, justo, libre, democrático, pero no se logró. Hoy es necesario sostener la lucha por la igualdad de derechos. Hasta aquí las tensiones o amenazas.

Desde luego, en cada sociedad nacional de la América Latina las cosas se presentan de manera específica, con mayor o menor énfasis en la fuerza y efecto de cada una de las amenazas.

En México estamos viviendo un proceso de reforma de la educación que no ocurre en un solo escenario: en uno de ellos, algunos grupos sociales se opusieron y se oponen a la reforma porque consideran que es la continuidad de la amenaza a la educación pública que viene de decenios atrás, de las políticas calificadas de neoliberales. En otro escenario, existen grupos que consideran necesaria la reforma al tiempo que señalan sus limitaciones de concepción y de operación. En un tercer escenario –que no es el último de los que se han formado-, el gobierno federal defiende la reforma y la ha hecho avanzar con los medios de que dispone, pero sin cuidar de manera suficiente todas las garantías necesarias para realizar el DEd, entre las que se encuentran la reforma oportuna de las escuelas Normales y el apoyo suficiente y eficaz para que se desarrolle en todo su potencial la profesionalidad de los docentes. Esto implica salir del círculo de la culpabilización de éstos y fortalecer su imagen social y laboral y los apoyos para la realización de su tarea, exigiéndose simultáneamente el gobierno a sí mismo todo lo que a él corresponde en diversos ámbitos para atender el DEd.

Es preciso recordar que la reforma de la educación surgió de los compromisos del Pacto por México. Ahí se puso el énfasis en la recuperación de la rectoría del Estado sobre el sistema educativo. La situación de México exige que tal rectoría se manifieste en la capacidad gubernamental de contrarrestar las amenazas u ofensivas contra la educación pública que identificó Gentili. Ese es el mayor compromiso, la mayor exigencia que hace la sociedad para progresar en la vida democrática.

El DEd reconocido en el artículo tercero de la Constitución es muy claro en los principios y valores que deben guiar el trabajo de la escuela: respeto a los derechos humanos, justicia, democracia, “aprecio y respeto por la diversidad cultural”, dignidad de la persona, integridad de la familia, entre otros. Es momento de hacer una nueva lectura del artículo y acompañarla de otros artículos constitucionales, iniciando por el primero y sin olvidar el 25, que establece lo siguiente respecto al desarrollo nacional: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución” (cursivas del autor).

Es tiempo también, desde luego, de estar observando a los partidos políticos, pues se preparan para competir por la conducción del gobierno. Es fundamental saber qué conocimiento y aprecio tienen de la Constitución, pues el derecho a la educación, como todos los derechos, deben ser cuidados.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-cuidado-del-derecho-a-la-educacion/

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Informe de la Ocde: Nivel socioeconómico explica el 17% del desempeño de los estudiantes chilenos

Chile/04 de Diciembre de 2017/Pluviometro

Apoyar más a los estudiantes, mejorar el acceso a Educación de calidad y disminuir la brecha entre los resultados de los estudiantes que vienen de diferentes contextos socioeconómicos son algunos de los desafíos que Chile debería adoptar en materia educativa.

El Ministerio de Educación encargó a la Ocde en 2014 la realización del estudio “Revisión de políticas nacionales de educación” (Review of National Policies for Education), cuyo propósito es ofrecer recomendaciones en el marco de las reformas educativas que actualmente se están desarrollando en el país, identificando los cambios clave en el sistema educativo chileno principalmente entre 2004 y 2016.

Respecto a los cambios, el director de la Ocde, Andreas Schleicher, manifestó su apoyo a la Reforma Educacional que impulsa el gobierno de la Presidenta Bachelet y precisó que es necesaria para avanzar en calidad y en mayor equidad social. Mientras que en educación escolar destacó la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Escolar y la reforma del proyecto de desmunicipalización. 

Además, el director de la organización afirmó que «que las reformas aprobadas son pasos importantes para mejorar la calidad y equidad del sistema educativo y que, como extranjero, cuesta comprender por qué en Chile ha habido resistencia a la eliminación del copago en la educación». 

Educación de mejor calidad y accesible

Sin embargo, no todo es color de rosas. Tal como señala el informe, entre los países Ocde, Chile fue el tercer país con desempeño más bajo en ciencias. Además, una mayor proporción de estudiantes del país, en comparación con el promedio, no alcanzó el nivel mínimo de competencia requerido en ciencias según las medidas de la prueba Pisa.

Por otro lado, Chile fue también uno de los países participantes en PISA 2015 donde el contexto socioeconómico de los estudiantes tuvo más influencia en su desempeño. El nivel socioeconómico explicó el 17% del desempeño de los estudiantes chilenos en PISA 2015, lo que fue superior al promedio de la OCDE de 13%. Tendencia que habría marcado todo el período de análisis del estudio.

Respecto a estos puntos, la organización propone que el país debe entregar oportunidades para que los chilenos de todos los orígenes socioeconómicos. La directora de política educativa de Educación 2020, Nicole Cisternas, afirma que estos planteamientos se vienen proponiendo desde hace tiempo por diversas organizaciones en el interior del país.

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Mientras que para el sistema escolar, la Ocde recomienda unificar y fortalecer el sistema de educación pública y promover el rol del profesor y de la profesión docente, otorgando oportunidades para el desarrollo profesional de alta calidad.

Finalmente para la Educación Superior, se recomienda fortalecer la equidad en el acceso a la educación superior de mejor calidad y aumentar la calidad en la formación técnico profesional.

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Una Reforma Educativa en tres diapositivas de Power Point

Argentina /2  de diciembre de 2017 / Autor: La Mar en Coche

El Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó ayer el Plan de Transformación Educativa de la Ciudad.

Se anunció la creación de una Universidad de Maestros, que concentraría a los 29 institutos de formación docente. El plan comprende además la construcción de escuelas, la resistida Secundaria del Futuro y la incorporación de tecnología en las aulas.

Charlamos sobre los anuncios con Alejandra Birgin, Licenciada en Ciencias de la Educación, Master en Ciencias Sociales, docente e investigadora.

 

 

Fuente de la Entrevista:

UNA REFORMA EDUCATIVA EN TRES DIAPOSITIVAS DE POWER POINT

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Rectoría del Estado en Educación

México / 2 de diciembre de 2017 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En estos tiempos en que se definen las candidaturas a la presidencia de la República y junto con ello se afinan las propuestas de programas de gobierno, en el contexto electoral nacional del 2018, conviene retomar algunas reflexiones críticas en torno a las complejas relaciones entre la política y la educación.

¿Qué significa “recuperar la rectoría del Estado” en materia de Educación? ¿Cuáles son los argumentos que ofrecen las autoridades educativas, algunos miembros de la comunidad académica y los tomadores de decisión que han promovido tan sui generis“reivindicación”?

Desde que se diseñó la estructura jurídica y una vez aprobadas las modificaciones constitucionales, de la actual “Reforma Educativa” (2012-2013), al iniciar el presente sexenio se dijo que: “La reforma educativa permitió al Estado mexicano recuperar su rectoría en la materia, indispensable para dirigir y lograr los cambios necesarios a favor de la niñez y la juventud, pese a que existen intereses de todo género e inercias de todo origen, sostuvo el titular de la SEP, Emilio Chuayffet.” (Excélsior, 29 enero, 2014, con base en información de Notimex)  Ese mismo discurso oficial se ha mantenido hasta la fecha y ha sido reiteradamente esgrimido por el secretario de Educación Pública en funciones, Aurelio Nuño, durante sus comparecencias y entrevistas ante los medios entre 2015 y 2017. ¿Por qué?

Como se puede notar, desde el principio y en su momento tanto Emilio Chuayffet como Enrique Peña Nieto, y ahora Aurelio Nuño, han incluido en el núcleo de sus discursos la necesidad política de “recuperar” la rectoría del Estado en materia educativa. Pero ¿acaso la Constitución Política y la Ley General de Educación no establecían u otorgaban al Estado, antes de 2013, las facultades jurídicas para ejercer dicha rectoría? ¿Qué había de recuperarse, aparte, si las facultades del Estado en la conducción y dirección de la educación nacional ya estaban conferidas?

Al respecto, la Maestra Lucrecia Santibáñez ofrece un interesante análisis: “Se habla mucho en los medios de que esta iniciativa de reforma es una estocada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como si esto fuera su principal objetivo. Aquí habría que recordar, que muchos países con buen desempeño educativo (Canadá, Singapur e incluso Finlandia), tienen sindicatos docentes fuertes. Sin argumentar ningún tipo de causalidad, tener un sindicato fuerte, por sí mismo, no excluye el tener buenos resultados. Hay de sindicatos a sindicatos, por supuesto. En el caso de México el SNTE tiene injerencia en todos los principales programas educativos y goza de poder monopólico sobre las relaciones laborales entre autoridad y maestros. Si le añadimos que juega directamente en la cancha gremial y en la cancha electoral la cosa se complica. Por lo tanto, si cambiar las formas significa ampliar el rango de acción de la autoridad educativa y su posibilidad de mejorar la educación en México, el enfoque estaría justificado.” (Nexos, blog de la redacción, 13 dic., 2012)

Por su parte, Gilberto Guevara Niebla, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ha expuesto sus ideas y argumentos sobre este tema: “El objetivo de la reforma educativa es devolver el valor a la enseñanza. Lo que ocurrió con la educación en los últimos 70 años fue que se generó una relación perversa entre el Estado y el SNTE, de  tal manera que el primero hizo concesiones desmesuradas en dinero, plazas, direcciones de escuelas… Entonces, señala, el sindicato comenzó a colonizar, como dice Carlos Ornelas, la esfera directiva del Sistema Educativo Nacional hasta llegar  al punto extremo del 2008, cuando se firma la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y el sindicato participa directamente en la dirección nacional. “El 50% de la comisión mixta nacional estaba formada por miembros del sindicato”.

“Por esto, con la reforma se busca desterrar, como lo dijeron el gobierno y las tres fuerzas políticas de México, el PAN, PRD y PRI, los antiguos poderes que se generaron en el país durante esas siete décadas, además de que el Estado recupere la rectoría de la educación…”, (Guevara Niebla, en entrevista con Adrián Figueroa, Crónica, 5 ago., 2016).

¿Qué es lo lleva a los políticos y funcionarios del sector educativo a hablar de la supuesta “recuperación” de la rectoría del Estado en materia de Educación en México? Para algunos observadores independientes, como es mi caso, queda claro que el discurso oficial sobre la “recuperación” de la rectoría del Estado en la Educación, ha sido “sobre dimensionado” o de plano “exagerado”, puesto que dichas facultades ya se encontraban establecidas en la Constitución y en las leyes secundarias en la materia: Tres elementos, por mencionar sólo algunos, dan cuenta del aseguramiento de la llamada rectoría del Estado en este ámbito: 1) El control de la nómina y de las plazas de trabajo federales del Sistema Educativo Nacional (que desde 2015 se volvió a centralizar en la CDMX por parte de la SEP); 2) La decisión y facultades absolutas sobre los cambios a los Planes y los Programas de la Educación Básica (que impacta e involucra a la mayoría de los mexicanos) y, desde 2013, de la Educación Media Superior; y 3)  La conducción (con financiamiento incluido) de la formación inicial y continua de las maestras y los maestros del país.

Pienso que la supuesta “pérdida” de rectoría del Estado en materia Educativa, tiene otro sentido más específico: Se refiere, más bien, al conjunto de prácticas corporativas y clientelares que impusieron los gobiernos federales, encabezados por priístas y panistas durante los últimos 40 años, con el beneplácito de las cúpulas sindicales dominantes o hegemónicas, de origen priísta, sobre todo desde el periodo 1989-1992, tiempo en el cual Carlos Salinas pactó esa relación con la maestra Elba Esther Gordillo, mediante el llamado “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (firmado por cierto por Ernesto Zedillo, como titular de la SEP y por todos los gobernadores de la entidades federativas).

Entonces no fue “pérdida” de rectoría, sino más bien “cooptación”, “negociación”, “alianza” o “pacto” político que convenía a ambas partes, sobre todo con fines de control y manejo corporativo de los miles de miembros del SNTE. Así era (¿o es?) la ecuación para ejercer el poder político sobre el magisterio.

Justo sobre este controversial núcleo discursivo (“la necesidad política de recuperar la rectoría del Estado en Educación”), la Mtra. Tatiana Coll, de la Universidad Pedagógica Nacional, se refiere a este asunto como: “El fetiche de la rectoría del Estado y la calidad educativa”.

“Los argumentos más visibilizados que sustentan esta reforma son: la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa y la tan llevada y traída calidad de la educación. La llamada “rectoría del Estado” parece haberse convertido en los nuevos tiempos priístas en la palabra clave que permite explicar, justificar, alabar y llevar a cabo un conjunto de políticas reformadoras. Se “recupera la rectoría del Estado” en educación al encarcelar a la señora Gordillo a pesar de que los charros sigan controlando el sindicato; sin embargo, “no se pierde la rectoría del Estado” al abrir el petróleo a la inversión privada nacional y extranjera cuando sólo se podrán cobrar menguados impuestos; y se “consolida la rectoría del Estado” en telecomunicaciones al aceptar el ingreso del monopolio Slim en televisión y, viceversa, del monopolio Azcárraga en telefonía. Una rectoría del Estado cuyos principios se acomodan fácilmente a los intereses dominantes.”

Así continúa su análisis la Mtra. Coll: “La pregunta evidente sería: ¿qué entienden por Estado y por rectoría del Estado cuando se utilizan para caracterizar procesos tan aparentemente disimiles? Seguramente el meollo radica en que “la injerencia dañina” del SNTE vulnera al Estado, mientras que la “benéfica injerencia” del capital privado lo fortalece. En realidad me parece que es exactamente al revés: en el caso de la educación nunca se perdió la famosa rectoría, es un pretexto para controlar a los maestros, mientras que con relación al petróleo y su apertura al capital privado el Estado está muy dispuesto a cederla; así,  aunque se trasnacionalice, como los bancos, “seguirá siendo de la nación”, maniobras verbales en las que se especializa el priísmo.” (Coll Lebedeff, Tatiana. La reforma educativa, el poder del Estado y la evaluaciónEl Cotidiano, núm. 179, 2013, pp. 43-54. UAM, Unidad Azcapotzalco. México)

La guerra sobre la idea de “colonización” en el vínculo política-educación

El debate sobre la llamada “Colonización” derivada de la difícil relación entre el SNTE y el Estado mexicano, a la que se ha referido Carlos Ornelas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha generado un explosivo debate, específicamente con Manuel Gil Antón, del Colegio de México, quien ha señalado, palabras más palabras menos, que “no se puede colonizar a alguien con quien se ha sido cómplice o sujeto de una invitación.” Aquí algunos fragmentos del debate conceptual:

“De vez en cuando, Manuel Gil Antón me critica por cosas que él dice que digo, no por lo que escribo… Hoy repite la dosis, reitera lo que ha argumentado en ponencias y otros artículos. En su pieza del 4 de noviembre, en El Universal, Manuel apunta: “Javier Tello, al coordinar una sesión del seminario que organizó el INEE en torno a la reforma educativa, escuchó a Ornelas y al subsecretario (Otto) Granados hablar de la colonización y, con inteligencia, preguntó: ‘¿No habrá sido una colonización por invitación?’. Ornelas respondió que sí, que la colonización ha sido a petición de parte, o bien por contrato o convenio”.

“Una parte de esa cita es correcta, pero corta. En mi respuesta a la pregunta de Javier expresé de manera sintética lo que he expuesto con fundamento en bibliografía y documentado con investigación empírica en varios textos. Recurro a la taxonomía que estructuró Martin Carnoy (“La educación como imperialismo cultural”. México, Siglo XXI, 1977). Los casos típicos de colonización son: 1) por invitación (que fue como comenzó la cosa entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde 1946), 2) por convenio (que es como ha sido la mayor parte de los arreglos entre la SEP y el SNTE) y, 3) por conquista, que fue lo que hicieron Carlos Jonguitud Barrios —contra Fernando Solana y Jesús Reyes Heroles— y Elba Esther Gordillo, cuando algún secretario —o secretaria— de Educación Pública no quería ceder.”

“Además, señalo que la colonización que ejerce el SNTE sobre el gobierno de la educación básica siempre estuvo sujeta a los intereses institucionales del Estado. Cuando Jesús Robles Martínez, Carlos Jonguitud Barrios o Elba Esther Gordillo rebasaron los límites, el jefe del Estado en turno los defenestró.” (Carlos Ornelas Navarro, Educación Futura, 8 nov., 2017. Ornelas Navarro es autor del libro: “Educación colonización y rebeldía: la herencia del pacto Calderón-Gordillo. Siglo XXI Editores, 2012).

La respuesta de Manuel Gil Antón:

“En mi texto, critico un concepto que ha empleado con frecuencia (para caracterizar la relación entre la SEP y el SNTE) pues me parece equívoco. No hago, como creo que debe ser, ningún juicio a su persona. Más allá de los desacuerdos, vale la pena, siempre, debatir. Le agradezco la lectura de mi artículo y, con base en las dos contribuciones, los lectores podrán reflexionar sobre el tema.  Lo saluda con aprecio, Manuel Gil Antón.”

Como podemos observar, el debate sobre la necesidad política, estratégica y operativa de “recuperar la rectoría del Estado sobre la Educación, así como sobre la llamada “colonización”, está y estará vivo durante las campañas políticas que se avecinan. Por ello, considero conveniente identificar los hilos finos del tejido que forman parte de esta tela, de la cual por cierto hay mucho qué tejer y destejer desde diversos puntos de vista. ¿Por dónde le quisieran entrar: por lo ideológico, lo político o lo conceptual?

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/11/30/rectoria-del-estado-en-educacion

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La Suprema Corte, de nuevo

México / 3 de diciembre de 2017 / Autor: Carlos Ornelas / Fuente: Educación Futura

Ya no es histórico, es parte de la costumbre. La Suprema Corte de Justicia ratificó la tesis de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe ser autónomo de toda influencia política para garantizar su imparcialidad.

Aunque el INEE es un órgano del Estado mexicano, hay la tendencia a pensar que es independiente. No lo es; surge del orden jurídico nacional. Otros observan que la relación de autonomía y dependencia es con respecto a las autoridades. No obstante, el INEE también debe mantener autonomía de organizaciones de la sociedad civil —mas no de la sociedad en su conjunto— y, lo más importante para esta nota, de los sindicatos.

Quizá con ánimo de tantear las posibilidades de entrar por la puerta falsa y debilitar al órgano evaluador antes de que se consolide por completo, la Federación Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior impugnó varios artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La Suprema Corte les cerró esa posibilidad.

El 22 de noviembre, la Corte dejó firme tres preceptos que se derivan de la enmienda constitucional de 2013: 1) excluye a los sindicatos de formar parte de la Junta de Gobierno del INEE; 2) descarta que se autoricen comisiones con goce de sueldo para desarrollar actividades sindicales; y 3) ratifica que la Constitución y la Ley del SPD no violan la libertad sindical ni el principio de negociación colectiva (Reforma, 23/11/2017).

No obstante, deja en claro que exdirigentes de cualquier organización sindical pueden ser miembros de la Junta, pero sólo después de tres años de haber concluido su encargo. Además, tendría que ser por los métodos normales, es decir, que lo proponga el Ejecutivo y lo apruebe el Senado.

Más trascendente, me parece, es que la Corte dejó en claro que usos y costumbres no deben estar por encima de la ley. Es impresionante la cantidad de recursos que los comisionados, aviadores y hasta difuntos (que continuaban en la nómina) le mermaban al gasto en educación. Sobreviven esas formas perversas en algunas secciones estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero cada vez en menor cuantía. La Corte fue contundente: “No existe disposición alguna que otorgue el derecho a una persona a percibir, de ordinario, un salario por una actividad no desempeñada”.

El otro argumento falaz que desmontó la Corte a los demandantes es que si los sindicatos no participan en los procesos de ingreso, promoción y permanencia del personal se violaba el principio de negociación colectiva. Hoy es el mérito de las personas lo que determina su relación con su puesto de trabajo.

Innegable, la Suprema Corte apuntala ciertos atributos del Estado evaluador, pero también corrobora que el derecho a la educación, tal y como se configuró en el andamiaje constitucional, tiene prioridad por sobre las reglas informales con las que se gobernaba el ingreso y la trayectoria profesional de los maestros.

Los diferentes veredictos de la Corte, unos a favor de Mexicanos Primero, otros en contra de las facciones sindicales, implican que las relaciones de autonomía y dependencia del INEE se perfilan con mayor claridad. Sin embargo, no implica que disfrute de independencia total ni que esté por encima de otros órganos del Estado. Por ejemplo, la Junta de Gobierno debe rendir cuentas al Congreso y participar con la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades en diferentes aspectos de la evaluación de la educación.

Con este veredicto, la Suprema Corte contribuye a fortalecer las aristas de la Reforma Educativa; no la blinda por completo, pero afianza elementos para que superviva más allá del sexenio que se encamina a su final.

Fuente del Artículo:

La Suprema Corte, de nuevo

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Firman ley de nuevo sistema de educación pública en Chile

América del sur/Chile/02 Diciembre 2017/Fuente: Prensa Latina

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó hoy una ley que marca el hito inicial de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Educación Pública, pilar de las reformas prometidas por su Gobierno.
Casi cuatro décadas tuvieron que pasar para poder levantar la educación pública sobre nuevos pilares, porque sus bases históricas fueron socavadas por quienes no creían en el papel del Estado en una sociedad más justa y más equitativa, destacó Bachelet.

‘Y hoy podemos vislumbrar un nuevo presente y, sobre todo, un nuevo futuro para la educación en Chile’, subrayó la mandataria.

El Sistema de Educación Pública estará integrado por los más de cinco 200 liceos, escuelas y jardines municipales y cerca de mil 500 jardines y salas cuna administrados hoy por los municipios y que pasarán a estar a cargo del Estado.

Según la Presidencia de la República, el proceso de implementación del sistema es progresivo y está previsto que durante este año comiencen a funcionar los dos primeros Servicios Locales, el Puerto Cordillera en Coquimbo y Barrancas en Santiago.

Durante el 2018 los Servicios de Huasco y Costa Araucanía, para posteriormente y de manera gradual, en un plazo de ocho años, vaya instalándose el total de 70 servicios a lo largo del país.

En la ceremonia efectuada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, se firmaron tres decretos con Fuerza de Ley en un complejo entramado que de forma paulatina pasa la responsabilidad de la educación pública al Estado.

‘Hoy no sólo estamos dando curso a una formalidad legal o técnica; estamos marcando un nuevo horizonte de equidad y de calidad para la educación en Chile. La arquitectura de esta nueva educación pública ya está definida’, argumentó Bachelet.

Se sostiene sobre los pilares de la Ley de Inclusión, la nueva Carrera Docente y la ley que crea el Sistema de Educación Pública (…) es un camino en el que hemos perseverado en todo momento (…), concluyó.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135493&SEO=firman-ley-de-nuevo-sistema-de-educacion-publica-en-chile
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