Por: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO
La contienda política que se lleva a cabo este año para ocupar puestos de elección popular en los congresos federal y locales, así como en los gobiernos federal, estatales y municipales, abre la oportunidad de debatir y realizar un primer análisis breve sobre los aspectos positivos y negativos de la Reforma Educativa emprendida durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los puntos positivos de la Reforma Educativa:
Considero que esta reforma logró el consenso de la clase política dominante (PRI, PAN, PRD) para ubicarla y posicionarla como una reforma estructural, necesaria para el país; estableció un marco jurídico renovado, a nivel constitucional y en leyes secundarias para crear el Servicio Profesional Docente (SPD) y dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Además, se integraron equipos de trabajo de niveles académicos aceptables para diseñar los nuevos Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica y Media Superior. Se definió, al final del sexenio, un modelo pedagógico, una ruta de aplicación y un código sobre los fines de la educación. Se identificaron miles de plazas docentes no ejercidas en actividades educativas, sino de índole administrativo o político sindicales, que posteriormente se reorientaron.
Los puntos negativos de la Reforma Educativa:
Para “imponer” la Reforma, primero se lograron acuerdos con las cúpulas políticas y empresariales, y después se dio a conocer esta iniciativa a los maestros; en consecuencia, no se logró el consenso con los profesionales de la educación de todo el país. Durante los primeros tres años, la SEP optó por la confrontación y el menor diálogo posible con los sectores magisteriales que se opusieron a “los hechos consumados”.
La Reforma parte de una lógica basada en el “mérito” sólo aplicable para los trabajadores de base, pero no para los funcionarios, federales ni estatales, del ramo educativo. En su etapa inicial, se establecieron los aspectos jurídicos, legales y administrativos de la Reforma, y después se diseñaron los dispositivos de orden pedagógico. Aunque hubo consultas públicas en 2014 y 2016, en esas condiciones de “imposición”, muchos maestros “sintieron” que les dieron “atole con el dedo”. Hubo, y hoy todavía hay, sectores magisteriales y de académicos que se resistieron o se resisten a aceptar la Reforma. También hubo inconsistencias graves en los sistemas de evaluación de ingreso, promoción y permanencia de los docentes al SPD.
Por otra parte, considero que la Reforma, desde 2015, opera con una fórmula contradictoria: Centraliza la nómina magisterial, pero deja en la indefensión a las entidades federativas, al violentar los términos pactados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, en 1992, acerca de la descentralización administrativa. Finalmente, los resultados positivos de la Reforma, en términos de aprendizajes escolares, podrán evaluarse y reflejarse no antes de diez años.
Una vez planteado lo anterior, cabe preguntar: ¿Qué implicaciones tiene el derrotero de la Reforma Educativa en términos de la estabilidad política y la gobernabilidad del país? Sobre todo este año en que tenemos en puerta elecciones constitucionales.
El politólogo italiano Giovanni Sartori consideraba, inspirado en los clásicos griegos, que la Política (Politics) es un «campo de equilibrios«; y planteaba de manera más precisa que «los sistemas políticos se configuran en su totalidad como sistemas de equilibrios«, pero dicho campo (o modelo) no es análogo a lo que se observa en una simple balanza, sino que es un complejo sistema de relaciones donde se tensan diferentes tipos de fuerzas para conservar, transformar o incluso destruir a los sistemas políticos. (1)
Los problemas de la política se traducen, por lo tanto, en campos específicos de conflicto y, en consecuencia, de tensión-distensión, en los cuales las adhesiones de las distintas fuerzas se relacionan de manera dinámica «merced a un variado y cambiable juego de «pesos» y «contrapesos», de presiones y contrapresiones…», (G. Sartori, obra citada).
Los temas específicos y la puesta en operación de la política, se refieren a los asuntos del accionar del gobierno y de la sociedad en subcampos que se concretan en áreas como la salud pública, la educación, el empleo, la vivienda, la productividad, las políticas fiscales, de los medios de comunicación, la cultura, los derechos humanos, la seguridad, etc. (2)
Lo anterior sirve como marco de interpretación para comprender, en parte, los mecanismos políticos puestos en práctica durante la actual Reforma Educativa, ya que, aparte de entender por qué se podrían producir cambios educativos relevantes (razón de ser de cualquier reforma en este ámbito), el esquema de Sartori proporciona una idea clara sobre los subcampos de tensión y distensión que se presentan en el contexto de la política, por parte de los distintos sectores, instituciones, grupos o representaciones sociales que juegan papeles protagónicos (especialmente, en este caso, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), en torno esta Reforma.
Sin duda, esta reflexión relativa a la Reforma Educativa (2012-2018), no podría comprenderse sin considerar la lucha por el poder público y por el dominio hegemónico de las instituciones del Estado en que se encuentra México, dentro de la cual se incluye la lucha por la titularidad en los tres niveles de gobierno, así como en las posiciones clave de los poderes de la Unión.
Ahora bien, si además de lo planteado por Sartori, se incorpora la idea de que la política comprende la praxis del pensar y del quehacer públicos en beneficio de la sociedad, con acciones realizadas en el presente, pero con visión de futuro, (basados en un código de valores éticos, históricos, ideológicos, jurídicos, etc.), podemos decir que aquí entran al escenario los partidos políticos, sus programas o proyectos de gobierno, y sus candidatos, (o los ciudadanos que ejercen sus derechos políticos como participantes independientes, sin partido), debido a que toda actividad política, como sistema de equilibrios, es necesidad y sustancia de la vida pública de la sociedad.
Cuando uno de los candidatos a la presidencia del país, específicamente Andrés Manuel López Obrador, lanza en precampaña el compromiso de derogar o eliminar la Reforma Educativa de la actual administración federal, seguramente parte de una base o de una evaluación acerca de los puntos positivos y negativos que ofrece a la sociedad dicha “reforma estructural” del gobierno de Enrique Peña Nieto. Podemos o no estar de acuerdo, por lo tanto, con el planteamiento de la derogación, (o si se quiere, en un lenguaje más moderado, de la adaptación de los términos de la Reforma), sin embargo, lo cierto es que detrás de las palabras y las acciones, el discurso opositor de AMLO se da en un contexto de lucha por el poder político, en el cual es imposible no pensar en el sistema de equilibrios al que hace alusión Sartori.
Pienso, en conclusión, que es difícil que haya un esquema del tipo “todo o nada” en el ejercicio del gobierno y menos aún en el marco jurídico en el cual opera la función pública. Lo que hay o debe darse en el futuro cercano, en todo caso, con respecto a la Reforma, son nuevos consensos y tomas de posiciones que incorporen al magisterio (dirigencias nacionales y estatales, así como la base de trabajadores de la educación), y buscar acuerdos renovados con sectores amplios de la sociedad, incluyendo a la clase política y empresarial, a los medios de comunicación, las iglesias, los intelectuales, a los padres y madres de familia, a los diferentes sectores académicos y demás grupos implicados en esta Reforma Educativa.
Eso significa que para modificar los términos de la Reforma Educativa actual, cualquier oposición deberá convocar y tejer, finamente, las negociaciones políticas pertinentes para alcanzar nuevos consensos y acuerdos acerca de lo que la sociedad mexicana necesita y requiere a efecto de ejercer plenamente el derecho a la educación.
Notas:
(1) Sartori, G. (2002) La Política. Lógica y método en las ciencias sociales. F.C.E. (p. 162-163)
(2) Por eso en inglés, a diferencia del español, la “Política como ciencia o teoría del Estado” es nombrada como “Politics”; mientras que la “política de aplicación”, como subcampo del concepto anterior, se denomina “Policy”, que en español se denomina como “políticas públicas”.
jcmqro3@yahoo.com
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