Grupo de sociedad civil que acompaña el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 en la región organizó diálogo virtual para recoger insumos sobre la temática, los cuales se presentarán al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible
Se realizó el 6 de octubre, el diálogo virtual “Brecha digital, acceso a la información y educación”. La sesión de trabajo fue organizada por el Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Este Foro es la instancia oficial de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4 – referido a la educación, en ámbito regional.
La sesión forma parte en una serie de reuniones que tiene el objetivo de desarrollar los temas de trabajo definidos por GEACT, proponiendo políticas públicas para la solución de los problemas identificados. Se busca además incidir positivamente en los procesos de toma de decisiones sobre los ODS en la región, de manera que los resultados del trabajo del GEACT serán presentados en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para los primeros meses del año 2022.
En el diálogo de ayer, se identificaron problemas relacionados a los temas educación, academia, ciencia y tecnología, y a la vez se plantearon soluciones viables en época de pandemia y postpandemia.
Participaron: Pablo Cavataio, Asesor de la Vicepresidencia de ARSAT Argentina; Maximiliano Estigarribia, Director de ETIS, Argentina; Javier Tolcachier, de la Agencia Pressenza en Argentina; Ana Gabriela Castro Fuentes, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Luis Bonilla Molina, de Otras Voces en Educación Venezuela; y Mauro Jarquín, del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Cooperaciones Tecnológicas y Filantropía de México, bajo la moderación de Nora González Chacón, de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica (ACED).
Según Javier Tolcachier, la Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social, ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeada por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.
“Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice. De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir”, destacó.
El GEACT mensualmente implementa una reunión de trabajo de una hora y media a dos horas, en la que cada uno de sus grupos temáticos presenta datos relevantes sobre los desafíos existentes e identifica o propone soluciones. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) forma parte en el GEACT, representada por Nora González Chacón, de la ACED, y Marcela Browne, de Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
En estos encuentros, se propone reunir insumos para la elaboración de un pequeño documento base, que se discutirá nuevamente con los grupos de trabajo previo a su envío al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible el 2022.
Los próximos encuentros de la serie, discutirán: Migrantes y derecho a la educación (17 noviembre de 2021), Derecho a la Educación e inclusión a lo largo de la vida (26 de enero de 2022); Presentación de documento final (28 de febrero de 2022).
En un evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020, representantes de Estados, organizaciones y redes de sociedad civil de la región analizaron las respuestas a los impactos socioeconómicos del COVID-19.
44 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.
Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Laura Giannecchini: «Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas»
Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.
“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.
En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración «América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030, lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.
“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.
Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.
Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:
Fuente de la reseña:https://redclade.org/noticias/especialistas-reclaman-un-nuevo-pacto-de-justicia-socioambiental-y-economica-para-los-pueblos-de-latinoamerica-y-el-caribe/
Informe de la OMEP analiza las consecuencias que tiene la pandemia en la vida y el desarrollo de niños y niñas, y destaca cuestiones fundamentales para garantizar sus derechos en el contexto de crisis sanitaria.
La enorme crisis humanitaria causada e intensificada por la pandemia COVID-19 ha tenido consecuencias directas e indirectas que afectan profundamente la vida y el desarrollo de los niños y niñas, como las muertes de familiares, el miedo, el confinamiento, el hambre, el distanciamiento físico, el aumento de la violencia y el abuso, la falta de momentos para el juego y el movimiento, y la exposición excesiva a las pantallas.
Frente a este contexto, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) destaca, en un informe divulgado la semana pasada, algunos puntos cruciales para proteger el interés superior de todos los niños y niñas, y su bienestar en todo el mundo.
El documento presenta 10 puntos claves sobre el rol del Estado en garantizar los derechos en la primera infancia. Remarca que los Estados Parte deben considerar las necesidades específicas de niños y niñas en materia de educación, cuidados, salud, economía y apoyo social, además de adoptar medidas específicas en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
“Los Estados Parte son garantes del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y tienen el deber de aplicar las políticas necesarias para proteger y apoyar a los niños, las niñas y las familias, en colaboración con las autoridades y organizaciones locales. La Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) desempeña un papel fundamental en este apoyo”, afirmó la OMEP en el documento.
Mercedes Mayol Lassalle: «Pensando en el futuro horizonte post-covid, tenemos que disponer nuestra energía y nuestros saberes para construir un mundo mejor, una nueva realidad, priorizando a la infancia en las políticas públicas, priorizando la inversión en educación y cuidado, el fortalecimiento a los servicios y los mecanismos de protección de derechos, apoyando a las familias»
La organización también demanda a los Estados realizar una serie de acciones para garantizar el cuidado, la educación y el bienestar en la primera infancia. Una de ellas es asumir que la apertura y funcionamiento de los centros de AEPI para niñas y niños no puede depender únicamente de una visión centrada en aspectos sanitarios o en respuesta a intereses económicos. “Las decisiones deben considerar la experiencia y saberes de los educadores y las familias, así como de otros sectores relacionados”, explicó la OMEP.
Otra demanda es “proporcionar una protección integral de los derechos, abordando medidas especiales para los grupos más vulnerables: niños y niñas en situación de pobreza, desigualdad, hambrunas y conflictos armados; niños y niñas en migración, desplazados, que viven en campamentos o encarcelados; niños y niñas afectados por el cambio climático, la contaminación, la degradación del medio ambiente y los desastres naturales; niños y niñas afectados por el racismo, la xenofobia y la discriminación de género; niños y niñas que sufren de explotación sexual o laboral”.
Según la OMEP, es necesario asumir la responsabilidad de todos y todas sobre las vidas presentes y futuras de niños y niñas, y para ello se requiere un urgente replanteamiento sobre la sociedad que queremos.
Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la OMEP ha planteado que “ pensando en el futuro horizonte post-covid, tenemos que disponer nuestra energía y nuestros saberes para construir un mundo mejor, una nueva realidad, priorizando a la infancia en las políticas públicas, priorizando la inversión en educación y cuidado, el fortalecimiento a los servicios y los mecanismos de protección de derechos, apoyando a las familias. Necesitamos construir entornos seguros y cariñosos para la primera infancia en las familias, en la comunidad y en las instituciones de educación infantil, construyendo una reapertura epidemiológica y pedagógicamente segura, es decir que cuide la salud pero también que cuide la libertad y la creatividad infantil, y que aloje lo que los niños y niñas necesitan y tienen derecho: a jugar, a contactarse con su cuerpo, a expresarse a través de sus lenguajes y de sus modos de mostrar sus afectos».
“Los niños y niñas necesitan de un Estado, de una familia, de una sociedad civil decidida a promover una educación holística y humanista, y la protección de su dignidad y sus derechos. La OMEP quiere subrayar la importancia de crear un mundo sostenible, para la humanidad, para el planeta, y especialmente para las infancias. Continuaremos trabajando en solidaridad para defender y mantener el progreso hecho en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el ODS 4 [de la educación], convencidos y convencidas de que la educación es la principal herramienta para construir un mundo mejor para todos y todas, sin dejar a nadie atrás”, declaró la organización.
En celebración de un día de lucha para la comunidad de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, Queer y Asexuales (LGBTIQ+), destacamos contenidos importantes para la reflexión y la promoción de una educación integral, desde la perspectiva de género e identidad
Mañana, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo de personas LGBTIQ+. En esta fecha se conmemora la protesta iniciada por travestis, lesbianas y gays en la madrugada del 28 de junio de 1969 en Nueva York (Estados Unidos), contra un sistema que perseguía a las personas LGBTIQ+, con el beneplácito del gobierno.
En el marco de este día, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) destaca la importancia de construir una educación desde la perspectiva de género e identidad sexual, que aborde estos temas en los programas pedagógicos, los currículos, los materiales educativos y las políticas públicas, para que los centros educativos sean espacios pacíficos y seguros, donde se realicen y promuevan los derechos humanos de todas las personas.
Destacamos a continuación algunos contenidos importantes para la reflexión y la promoción de una educación integral, desde la perspectiva de género e identidad sexual:
Stonewall: La importancia de luchar por una educación que fortalezca la diversidad
Este texto recupera la historia de la protesta que fue el marco para la lucha de las personas LGBTIQ+ y destaca la importancia de promover una educación integral, desde la perspectiva de género, orientación e identidad sexual.
Susy Shock: “Tenemos que pensar en una institución educativa que no sea heterosexual”
Entrevista hecha con la artista y activista por los derechos de las personas trans de Argentina, Susy Shock, que analiza la heteronormatividad como una de las principales barreras para la construcción de un mundo y una educación más inclusivos.
Alejandra Collette: “Hay que visibilizar a las personas trans en la generación de proyectos y políticas educativas”
En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, Alejandra Collette Spinetti Núñez, profesora de Literatura de Educación Secundaria y directora nacional del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), analizó los desafíos de las personas trans en los sistemas educativos.
Cinco puntos claves para la superación de la violencia de género en la educación
Compartimos cinco pasos fundamentales que los Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género.
Fin de la violencia en la escuela: una guía para las y los docentes
En el documento “Poner fin a la violencia en la escuela” (2009), la UNESCO propone 10 medidas dirigidas a las y los docentes y a la comunidad en general, para el enfrentamiento y la prevención de la violencia en los centros educativos.
Para sensibilizar a las autoridades, tomadoras y tomadores de decisiones, así como a estudiantes, docentes y la ciudadanía en general, sobre la importancia de garantizar plenamente el derecho a la educación de las personas LGBTIQ+ y de promover los centros educativos como espacios de realización de todos los derechos humanos, se celebraron dos ediciones del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!”.
Especialistas y autoridades analizaron los impactos de la pandemia para las niñas y niños en la primera infancia, y defendieron que se garantice el derecho a la educación con políticas públicas desde una mirada pedagógica humanizada, que valore la participación y la cultura
“Si bien la enfermedad causada por el COVID-19 no afecta a los niños de la misma forma que está afectando las personas de otras edades, los efectos colaterales que está teniendo para la infancia son los más duros”, afirmó Luis Ernesto Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), durante el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”, realizado el 28 de mayo por la CLADE, en alianza con OMEP América Latina y EDUCO.
Subrayando los impactos de la pandemia en la salud mental y física de los niños y las niñas, Luis Pedernera defendió la construcción de una nueva realidad para la educación y el cuidado en la primera infancia. “No estoy de acuerdo con que tenemos que volver a una nueva normalidad. Hay que construir una nueva realidad. Este es el momento para construir una nueva realidad en términos de relaciones humanas y de relaciones pedagógicas”, dijo.
Para el presidente del CDN, en este contexto, las familias no pueden quedar libradas al azar. “Hemos visto que las familias están enfrentando la pandemia y deben recibir un acompañamiento psicosocial y pedagógico para que la pandemia no sea vivida en soledad por la familia”, afirmó.
«El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación»
Al lado de Luis Pedernera, participaron en el encuentro: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia; y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.
Para Mercedes Mayol Lassalle, construir esa nueva realidad demanda desarrollar políticas públicas desde el enfoque de derechos, con una concepción integral e intersectorial de la educación y la infancia. “El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación, no solamente pensando en los sistemas institucionalizados, sino que muchos niños y muchas niñas pequeños/as se quedan en sus hogares varios años antes de llegar a los formatos institucionales. Y es allí donde nosotros como sociedades y también la política pública deben encontrar el lugar para poder trabajar en una democratización y despatriarcalización de las familias”, afirmó.
Financiamiento y valoración de educadoras y educadores
Para el presidente del Comité de la ONU, los presupuestos en materia de inversión social deben ser ampliados. La presidenta mundial de OMEP también se manifestó de acuerdo con el aumento del presupuesto para la educación y el cuidado en la primera infancia.
“El financiamiento es absolutamente central, pero enfrentaremos un problema que ya está ocurriendo: hay un debate sobre de dónde se va a poner el dinero en el post-COVID y, de acuerdo con los otros escenarios, realmente el financiamiento va a ser escaso. De esa manera, se hace necesario haber una decisión política de blindar el aumento [de recursos]”, señaló.
Añadió que es esencial responder desde los gobiernos a la necesaria revalorización y al reconocimiento de la importancia de los educadores y las educadoras. “Esa es una tarea central en el desarrollo fundante que tiene la primera infancia en acompañar a estos educadores, en cuidar a los que cuidan”, explicó.
La educación que queremos
Los ejemplos de lo que ha pasado en Japón y China en el post-pandemia, donde las y los estudiantes regresaron a sus aulas en escuelas robotizadas, con distancias marcadas en el piso y de manera totalmente deshumanizada, no deben ser seguidos para el cumplimiento de una educación de calidad y desde una perspectiva de derechos, según Luis Pedernera.
“Hace poco, leí un artículo de una filósofa pedagoga y un pediatra español [Heike Freire y José María Paricio Talayero] y ellos llaman a crear una nueva escuela, pero no esa escuela robotizada, sino una escuela íntima, es decir, no masificada, en donde las relaciones y lo humano estén por sobre otras cuestiones, incluso lo académico; una escuela mutua que se abra a la participación de otras disciplinas, de voluntarios y también de la familia. Una escuela coherente yque vuelva a dialogar con la naturaleza”, afirmó el presidente del CDN.
«El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”
A su vez, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la calidad de la política pública y su relación con la participación democrática de la comunidad educativa en su construcción. Para ella, los programas deben acercarse tanto a las familias como a los niños y las niñas, y la calidad no puede tener solo un parámetro. “No es fijar, es construir sentido y esa construcción de sentido se hace junto con la comunidad, junto con las familias. Es algo móvil, se construye a través de la participación y la democracia, incluyendo por supuesto al juego, al lenguaje de las artes, a la cultura, porque el desarrollo no es natural, es cultural. El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”, explicó.
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/como-deben-ser-la-educacion-y-el-cuidado-en-la-primera-infancia-post-covid-19/
En entrevista a la CLADE, investigadora habla sobre cómo América Latina y el Caribe es hoy una de las regiones del mundo con más estudiantes en universidades privadas
América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública.
De autoría de Fernanda Saforcada, Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, la investigación analiza las tendencias regionales hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
La CLADE conversó con una de las autoras, Fernanda Saforcada. Dividida en dos partes, la entrevista aborda algunos de los motivos por los que la región de América Latina enfrenta un contexto de “hiper privatización” de la educación superior. Así mismo, trae a la luz los conceptos que distinguen privatización de mercantilización, los acercamientos y alejamientos entre el proceso de privatización de la educación básica y el que afecta a la enseñanza superior y, sobre todo, la disputa de sentidos sobre la educación y cómo la privatización es política e ideológica, más allá de las cuestiones económicas.
En esta primera parte, el diálogo se enfoca en los motivos, trayectoria y concepciones del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior en la región.
¡Buena lectura!
La investigación afirma que América Latina, junto con Asia meridional, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales razones para este escenario?
Fernanda Saforcada – Asia Meridional Sur y América Latina y el Caribe son efectivamente las dos regiones más privatizadas, son las dos que superan el 50% de matrículas en el sector privado. Es decir, tienen más estudiantes en la educación superior privada que en la educación superior pública.
Esto toma dimensión cuando vemos números de otras regiones. En Europa, por ejemplo, solo el 13,7% de estudiantes están en el sector privado, en América del Norte solo el 28%. Ello nos da la dimensión de lo que implica pensar en más de 50% de estudiantes en el sector privado.
Las razones por las cuales se da esa hiper privatización tienen que ver con dos cuestiones comunes a nivel global. Por un lado, la educación superior se expandió muy notoriamente entre los 1990 y la actualidad. Por otro lado, hubo un decrecimiento de los recursos públicos en algunos casos, y de congelamiento de estos recursos, en otros casos.
Cuando digo que hubo una expansión de la matrícula, estoy hablando que la matrícula triplicó: alcanzó el 300%, en números globales, el incremento de las matrículas de la educación superior en América Latina.
Los motivos, en principio, son dos. Uno tiene que ver con los propios procesos sociales de crecimiento de escolaridad y distinción social o de prestigio, de búsqueda de certificaciones de mayor nivel. Es lo que han llamado inflación de títulos. Es decir, las personas buscan el título de educación superior porque esto supuestamente les hace una diferencia. La otra cuestión es que en los años 1990 hubo una expansión de la escolaridad secundaria muy notoria por el crecimiento de la matrícula y que luego se consolidó con la sanción de leyes que establecen la obligatoriedad de la escuela secundaria en la mayor parte de los países, en los primeros años de este siglo. Eso también generó un volumen mayor de jóvenes que terminan la secundaria y buscan acceder a la educación superior.
Esta presión por mayor acceso a la educación superior convivió con políticas neoliberales en los 1990, que generaron un desfinanciamiento de la educación superior pública. Claramente, la curva de financiamiento a la educación superior, si en los 1990 era decreciente, en este siglo fue creciente con muchas diferencias de un país a otro.
Sin embargo, este crecimiento de fondos no llegó a cubrir lo necesario en términos de reconstruir lo debilitado en los 1990 por falta de recursos. Tampoco alcanzó para responder al crecimiento de la demanda.
Esta tensión entre mayor demanda por educación superior y recursos insuficientes se resolvió de dos maneras. Por un lado, se incrementaron o profundizaron los procesos de selectividad en el ingreso a la universidad. Es decir, frente a la mayor demanda, lo que se hizo fue poner más barreras para el acceso. Por el otro, la introducción o el aumento de aranceles.
En esto, Argentina fue una excepción. No generó procesos de selectividad y sostuvo la gratuidad de la universidad pública. Sin embargo, respondió a esta mayor demanda y menor cantidad de recursos con la precarización del trabajo de las y los docentes.
Otra cuestión fue lo que muchos autores llaman mercantilización de lo público. La situación de falta de recursos forzó a las universidades públicas a desarrollar modalidades de auto-financiamiento, que pueden darse a través, como dije, del incremento de aranceles a las y los estudiantes, o de la introducción de aranceles donde no había. También, a través de la venta de servicios para sectores privados, para el sector productivo, como forma de buscar otros modos de captación de recursos, dado que el Estado no llegaba a cubrir lo necesario.
“Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública”
Este es un paquete en relación a la tensión entre más demanda y menos recursos – o recursos no proporcionales a esa demanda. La otra pata es que las y los estudiantes, en la medida que no acceden al sector público o que el sector público se debilita mucho, van al sector privado.
Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Esta situación es concomitante al proceso de expansión de las universidades privadas de relativamente bajo costo.
En las universidades privadas de bajo costo, hay matrículas bastante más económicas que en las privadas más tradicionales. Así, concentran una gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y no logran acceder al sector público porque los procesos de selectividad son muy severos. Generalmente, para poder pasar por esos procesos, hay que acceder a algún tipo de curso pre-universitario que es pago y no lo pueden pagar. O, inclusive, porque no pueden hacerse cargo de los aranceles cobrados por la educación pública.
Por otro lado, en la medida en que las universidades públicas aparecen debilitadas de alguna manera, hay estudiantes que van a las universidades privadas de élite o tradicionales porque piensan que allí van a recibir una mejor formación.
Esta situación produce el fenómeno de la privatización enmarcado en un contexto de hegemonía neoliberal. Estos impulsos se dieron muy fuertemente en los 1990, en un contexto neoliberal en el cual, además, había políticas públicas educativas científicas y culturales que construyeron simbólicamente el imaginario de que lo privado era mejor.
En el contexto de los gobiernos post-neoliberales, si bien es cierto que hubo políticas activas de fortalecimiento de lo público, no lograron frenar la tendencia al crecimiento absoluto y relativo del sector privado. Entonces, en los países con gobiernos populares, progresistas, hubo un gran fortalecimiento de lo público y políticas fuertes de expansión y de fortalecimiento de lo público, pero el sector privado también siguió creciendo.
El estudio analiza la privatización y la mercantilización de la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de mercantilización y privatización?
Fernanda Saforcada – En términos generales, cuando hablamos de los procesos de privatización de los servicios públicos, hablamos de cómo empresas públicas pasan a ser gestionadas y usufructuadas por el sector privado. Es decir, se habla de pasar a manos particulares o a la esfera privada, instituciones del sector público.
En el caso educativo, es diferente. Si bien eso se observa en algunos casos, no es lo más común. Las formas más comunes de privatización han sido, por un lado, el crecimiento de lo privado porque el Estado se achica en su oferta de educación pública y eso genera el terreno para el crecimiento del sector privado, tanto en cantidad de instituciones como en cantidad de estudiantes. A veces, inclusive se impulsan políticas que estimulan de alguna manera la expansión del sector privado.
Cuando hablamos de privatización, hay que mirar quién financia y quién ofrece la educación. En los formatos tradicionales privados, quien financiaba era la família, y quien ofrecía educación era una institución privada o particular. A partir de los 1990, esa unidad se rompe y lo que aparecieron son formas de privatización que combinan el financiamiento público con la gestión privada, o el financiamiento particular con gestión pública.
A eso también agregamos el currículo y su privatización, la cual se da cuando, por ejemplo, se contrata una empresa para definir un diseño curricular. Puede ser que la escuela sea pública, financiada con fondos públicos, pero en este caso quien define los contenidos que se enseñan es una institución privada.
“Hablamos de privatización en la expansión del sector privado, en que hay más graduadas/os en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización cuando la universidad pública tiene que gestionarse y funcionar como si fuera una empresa. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes”
Cuando hablamos de mercantilización, hablamos sobre cómo ciertos aspectos, dimensiones, procesos y procedimientos del ámbito público empiezan a funcionar con lógicas mercantiles. Un ejemplo muy claro es cuando se introduce la modalidad de competencia dentro del sector público para distribuir fondos públicos, pero con una lógica que es poner a competir las instituciones entre sí. Eso es introducir una modalidad del mercado para regular un aspecto de lo público.
En el caso de las universidades, hablamos de privatización para referir a la expansión del sector privado: hay más instituciones privadas, más estudiantes en instituciones privadas y más personas graduadas en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización para referirnos a cómo cuestiones de lo público funcionan con lógicas del mercado, como por ejemplo, la situación de que las universidades públicas venden servicios y se gestionan o funcionan como si fueran empresas. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes.
“Garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común”
Cuando pensamos el derecho a la educación como un derecho individual, formal, jurídico, que puede ejercerse o no, puede ser que se tramite a través de la educación privada. Ahora, si pensamos que el derecho a la educación es un derecho social, que debe ser garantizado al conjunto del colectivo social, y que debe ser definido en términos del bien común, la única forma de responder a ese derecho es a través de la educación pública y del sentido de lo público. El sentido de lo público, no como espacio abierto a cualquiera, como una plaza o un café, sino en la manera en la que históricamente se configuró el sentido de lo público en la educación, que es de pensar lo público como el bien común.
En ese sentido, garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común.
¿Hay algún país de la región que se destaca en términos de privatización universitaria en la región? ¿Por qué?
Fernanda Saforcada – Hay algunos países que claramente se destacan. Chile, por supuesto, pues tiene el 85% de las matrículas universitarias en el sector privado. Brasil es uno de los que tiene índices más altos también, con el 73% de las matrículas universitarias en el sector privado. En seguida, vienen: Perú con 72%, y Puerto Rico y El Salvador, con 70%. Estos cinco países son los que tienen una situación de mayor profundización de la privatización.
Tenemos muy instalada la idea de que lo justo es cuando las cosas son equivalentes, entonces pareciera que es justo hablar de un 50% de las matrículas en el sector privado, y el otro 50% en el sector público. Pero, cuando hablamos de educación y derechos, eso no es lo justo.
En términos de garantía de derechos, igualdad, justicia social y de construcción del bien común, uno esperaría que la gran mayoría de estudiantes e instituciones estuviera en el sector público. Como decía, hay cinco países en nuestra región que tienen el 70% o más de sus estudiantes en el sector universitario privado, y esa situación es la más extrema de la privatización. Pero tenemos también países en los que el 40% de estudiantes, o más, están en el sector privado, lo que también es muy preocupante.
A su vez, en Cuba, el 100% de las instituciones universitarias son públicas. Le sigue Uruguay, donde el 86% de las instituciones pertenece al sector público.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-el-55-de-la-educacion-superior-en-america-latina-pertenece-al-sector-privado/
América del Sur/ Brasil/ 12.11.2019/ Fuente:redclade.org.
El objetivo es contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas.
Una de las acciones que foros nacionales miembros de la CLADE vienen utilizando para presionar y presentar propuestas por la garantía del derecho a la educación es la elaboración participativa de agendas educativas y su presentación a gobiernos y candidatos a la presidencia de sus países. Desde la construcción de estas agendas, han actuado de forma propositiva y constructiva, presentando lineamientos, demandas y planteamientos, con el objetivo de contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas.
Los procesos de elaboración colectiva y participativa de estas agendas presentan en común la articulación entre diferentes organizaciones y movimientos sociales, así como el diálogo con comunidades educativas, indígenas, rurales, entre otras, y la actuación cooperativa entre estos sectores de la sociedad civil, para construir propuestas y presionar para que sus planteamientos sean puestos en práctica por los gobiernos de los países.
Nicaragua: Agenda para Transformar la Educación del País
El FEDH- IPN se creó en el contexto de las elecciones generales de Nicaragua de 1996, cuando distintas organizaciones se unieron para diseñar una propuesta de Agenda Educativa Nacional. Desde entonces, en cada elección nacional o municipal, la coalición se moviliza para crear una agenda que dialogue con las necesidades de la población.
Ese proceso resultaría, 21 años más tarde, en el lanzamiento de la “Agenda para Transformar la Educación del País”, una propuesta construida por FEDH-IPN, en alianza con Fe y Alegría Nicaragua y el Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (IDEUCA), con el objetivo de promover la mejora de la educación del país.
La elaboración de la Agenda contribuyó a la reflexión crítica y propositiva sobre la situación de la educación nacional, motivando la amplia participación de diversos sectores sociales, con el propósito de ampliar los niveles de responsabilidad social en las transformaciones educativas que requiere el país, e invitando al Ministerio de Educación (MINED) a ser parte de la propuesta.
Se impulsó un proceso de consulta a docentes, estudiantes, madres y padres, en distintas partes del país, con miras a invitarlas/os a reflexionar y plantear qué era necesario para mejorar la educación.
El documento se centra en la educación en sus etapas inicial, básica, media, de personas adultas, especial y técnica, así como en la formación docente. Con 21 ejes temáticos, incluye asimismo elementos oriundos de investigaciones sobre la realidad educativa del país.
Como la elaboración de la Agenda se impulsó en alianza con otras organizaciones y en diálogo con comunidades educativas, su proceso ha fortalecido la capacidad de convocatoria y liderazgo del FEDH-IPN. La iniciativa también permitió a las organizaciones impulsoras tratar temáticas que normalmente no se abordan en el debate sobre la política educativa en el país, y tener conocimiento de desafíos importantes de la educación nacional, posibilitando la sistematización y la visibilidad pública de esas pendencias y retos.
“Esta agenda fue muy importante principalmente porque contó con actores-clave de Nicaragua que trabajan en el tema Educación; actores como por ejemplo desde la academia, las universidades, centros de pensamiento, así como docentes de escuelas comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema Educación. Igualmente, se contó con la participación del grupo de la Costa Caribe”, cuenta Edgar Palacios, técnico de Educación del FEDH-IPN.
Ecuador: Agenda Ciudadana por la Educación
Para que el derecho humano a la educación (DHE) fuera cumplido independientemente del resultado de las últimas elecciones presidenciales en Ecuador, el Contrato Social por la Educación (CSE), en alianza con otras 16 organizaciones nacionales de la sociedad civil, articuladas en la plataforma denominada Mesa de Convergencia, creó la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual durante las elecciones fue firmada públicamente por candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional.
“Previamente a las elecciones, observábamos la persistencia de problemas estructurales de calidad en la educación, con la aplicación de un modelo educativo homogeneizador, cuyo instrumento más visible era la aplicación de un sistema de evaluación estandarizado”, afirmó el entonces coordinador nacional del CSE, Milton Luna.
Para contrarrestar esta tendencia de las políticas y proponer alternativas para la garantía de una educación transformadora y de calidad, desde la perspectiva de derechos humanos, el CSE, como parte de la Mesa de Convergencia, elaboró durante tres años un conjunto de propuestas, a partir del desarrollo de una investigación colectiva y en diálogo con distintos sectores sociales, entre ellos los grupos de población marginalizados, pueblos indígenas, ambientalistas y comunidades rurales. Se buscó recoger sus perspectivas sobre los temas que deberían priorizarse en las políticas educativas del país.
El contenido de la Agenda Ciudadana aborda distintos aspectos. Plantea, entre otras medidas: el aumento de la inversión en educación y la calidad del gasto; mayor participación de la sociedad civil en el debate y la definición de políticas públicas; elaboración e implementación de un proyecto educativo en base a los compromisos asumidos por el Estado en la Agenda de Educación 2030; y evaluación educativa para el mejoramiento de la formación de estudiantes – y no para su control o sanción –, así como para mejorar las condiciones de trabajo de las/los docentes, equipos administrativos y directivos.
Con la victoria de Lenin Moreno, el CSE ha iniciado una nueva fase de incidencia política, presionando el presidente para que cumpla los compromisos, y cobrando respuestas sobre las prioridades educativas presentadas en el debate electoral: la atención a las comunidades y escuelas rurales; la evaluación del Plan Nacional de Educación; la renovación del Sistema Nacional de Evaluación con miras a superar su mirada excluyente y basada en el mérito; y el acceso libre a las universidades.
El resultado más significativo de la acción de incidencia fue la aceptación del gobierno de reabrir las escuelas rurales que se habían cerrado y el trazado conjunto (entre gobierno y organizaciones indígenas) de una hoja de ruta para la reestructuración y el fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el país, con la participación de las comunidades y organizaciones indígenas del Ecuador.
Sin embargo, ante los acontecimientos recientes en el Ecuador, en particular el Estado de Excepción, el Toque de Queda y el proceso de militarización decretado por el gobierno nacional como respuesta a la movilización social que expresa su inconformidad ante medidas económicas – como el aumento del precio de los combustibles y un acuerdo de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras – , este proceso de incidencia y diálogo entre organizaciones, movimientos sociales y el gobierno está amenazado.
En nota pública divulgada el 13 de octubre, la CLADE presentó su solidaridad y apoyo a los movimientos sociales que luchan por el mantenimiento de sus derechos en el país. “Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano y su legítimo derecho a la protesta y libertad de expresión y rechazamos el uso excesivo de la fuerza en contra los y las manifestantes, tal como denunció la Defensoría del Pueblo de Ecuador, quien ha informado sobre personas fallecidas, heridas y graves situaciones de arbitrariedades, detenciones y violencia de la fuerza pública, incluso en contra de estudiantes. Rechazamos los actos vandálicos que han tenido lugar de forma aislada y que buscan deslegitimar la protesta y movilización social y exhortamos a la no criminalización, ni estigmatización de las organizaciones indígenas, campesinas, de trabajadores/as y estudiantes que se han movilizado, siendo el Estado el primero en implementar su garantía de protección y de exigencia especialmente a los medios de comunicación”, afirma el posicionamiento de CLADE.
La incidencia política por el derecho humano a la educación
Además de Ecuador y Nicaragua, la Clade reunió más 11 experiencias de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de sus miembros en diferentes países, así como relatos de iniciativas que se impulsaron a nivel regional, para defender la educación como un derecho humano. >> Descargue el documento
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/nicaragua-y-ecuador-agendas-educativas-para-garantizar-el-derecho-a-la-educacion/
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