Sindicato Docente

La cláusula de paz entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos docentes terminó el primer día de abril. Aquel acuerdo alcanzado en la discusión presupuestal de 2015, encuentra ahora, previo al envío del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, un nuevo escenario: tres días sin clases en menos de un mes.

Los dirigentes sindicales se enfurecieron con el gobierno porque consideran que les están tomando el pelo. Cuando fueron a sentarse en la mesa de negociación el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, les dijo que tenían que «esperar unos días». Les pidió paciencia hasta el retorno del presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien está de gira por Austria, Egipto y Suiza.

Pero los gremios se negaron a esperar al miércoles 7 de junio y definieron un plan de acción como medida de protesta. En el medio de ese escenario el Ministerio de Economía trabaja en el proyecto, pero aún no tiene la cifra que destinará para la educación: el gran dilema.

Los profesores de Secundaria (Fenapes), que habían realizado paros regionales la semana pasada, acordaron sumarse al conflicto planteado por los maestros. No habrá clases el 13 o 14 de junio y tampoco el 21, fecha en que el Pit-Cnt se movilizará por la discusión presupuestal.

Si bien los maestros habían fijado la fecha de paro (de 24 horas) para el miércoles 14, los docentes de Secundaria quieren que sus colegas cambien la movilización para el martes 13, con el objetivo de que los alumnos no pierdan dos miércoles seguidos (el 14 y el 21).

Por unanimidad, la Fenapes llegó a la decisión de paralizar porque el accionar del Ejecutivo «es una tomada de pelo», señaló la presidenta del sindicato, Virginia García. Lo dijo en referencia a esa reunión de hace una semana en que los representantes del gobierno postergaron la negociación hasta el regreso de Vázquez.

«Al gobierno se lo votó para que administre el país y para eso se les paga», criticó García, quien explicó que poco a poco todos los gremios de la enseñanza se irán sumando a los paros hasta lograr una gran movilización general.

Hasta el momento el Poder Ejecutivo no tiene redactada ni una sola línea del proyecto de Rendición vinculado a la educación. De hecho en el software que comparten OPP y el Ministerio de Economía para la confección del articulado, no figura un solo archivo.

Se calcula que el MEF demora una semana, en promedio, en hacer la redacción de los elementos más relevantes del proyecto.

Fuentes de OPP adelantaron a El País que, de no haber una devolución íntegra del recorte que el gobierno le realizó a la ANEP el año pasado ($ 793 millones), «todo parece indicar que se estará muy cerca del 6% del PIB para la educación hacia 2020».

Pero eso será para el final del mandato presidencial. Los gremios le exigen al gobierno que se llegue a esa cifra ahora. Algo que está descartado de plano por el Poder Ejecutivo.

Incluso pretenden ir a más. Hasta hace unos meses los sindicatos de trabajadores docentes armaban sus pancartas reclamando el 6% del PIB para la educación. Y exigían que ese presupuesto sea repartido solo para la ANEP y Universidad de la República. El gobierno hace otro cálculo e incluye más proyectos educativos.

Pero ahora los sindicatos de la educación cambiaron sus pancartas. Hablan de «6+1». Esto refiere al 1% que el presidente Vázquez había prometido en la campaña electoral para la investigación científica. Esta promesa aún no se ha cumplido.

Por ahora todo está centrado en un juego dialéctico: el gobierno intenta acortar los plazos de negociación pidiendo que se espere el retorno de Vázquez, los sindicatos presionan con que no hay voluntad de diálogo, las autoridades de ANEP pedirán el máximo posible (para quedar bien con los gremios) pero saben que el presupuesto está restringido y el resto de sectores de la educación quedan sujetos a lo que pase con ANEP (que representa el 68% del gasto en educación).

Sin embargo todas las negociaciones están congeladas hasta que llegue el jefe de Estado. Vázquez será recibido en medio de una conflictividad laboral que no existía cuando partió rumbo a Europa; y en ese marco deberá negociar.

Una fuente del Poder Ejecutivo, que trabaja en la elaboración del proyecto de ley, explicó a El País que no hay nada definido todavía, ya que tendrán que esperar la reunión del Consejo de Ministros luego de la vuelta de Vázquez. La fecha tentativa para esa reunión es el jueves 8 de este mes. «Todo pasa por una decisión política, pero lo que está claro es que hay poca plata para repartir», dijo la fuente.

El presidente Vázquez es consciente de eso. Y por eso antes de iniciar su gira les pidió a sus ministros que trabajen de forma «responsable» en elaborar un proyecto de ley «austero». El jefe de Estado exigió que se cumpla «a rajatabla» el programa del Frente Amplio. Por eso recordó que en el texto está el compromiso de hacer todos los esfuerzos para alcanzar el 6% del PIB para la educación; pero que en el mismo «librito» está la promesa de bajar el déficit fiscal al 2,5% del producto.

Según recientes datos oficiales la meta aún está lejos; el último informe que se conoció marca un déficit de 3,4% del PIB al mes de abril. Para parte del Frente Amplio es necesario dejar de lado la preocupación por reducir el déficit y destinar «sí o sí» más recursos para la educación. Esta pelea será dada en el Parlamento cuando el proyecto ingrese al Poder Legislativo. La fecha límite prevista en la Constitución de la República es el 30 de julio.

En una línea similar está la central única de trabajadores, el Pit-Cnt. Uno de los asesores económicos del Instituto Cuesta Duarte (asesor técnico del movimiento sindical) dijo que es un momento para repensar la estrategia fiscal. «Habría que pensar si es tan necesario bajar un punto del déficit fiscal. ¿Acaso no sería conveniente no bajar tanto y volcar eso a educación?», señaló Daniel Olesker a El País.

El prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo, hizo referencia sobre este punto en la conferencia de prensa a la salida del Consejo de Ministros donde el Ejecutivo inició la discusión presupuestal. «Hay elementos positivos, pero hay otros que plantean la necesidad de actuar con prudencia y mesura», dijo en referencia al déficit. «Hay que prestarle atención», remarcó el vocero de la Presidencia.

Las prioridades del gobierno para esta Rendición de Cuentas, donde ya se anunció que habrá refuerzos presupuestales, son: educación, seguridad, Sistema de Cuidados y vivienda. Los ministerios que no comprendan estas áreas mantendrán el presupuesto; e incluso en algunos casos se prevé realizar algún recorte para redireccionar fondos, explicaron a El País cuatro fuentes del gobierno.

Rendición por un año, pero pensando en otros dos.

Dentro de un año, a esta misma altura del mes, se estará discutiendo otra vez si se llega al 6% del PIB en educación. Es que la Rendición de Cuentas que planteará el Ejecutivo, tal como lo estableció en uno de los primeros Consejos de Ministros de este 2017, será por 365 días y no pensando en 2020.

Si bien el presidente Tabaré Vázquez ya mencionó que la educación es la máxima prioridad, el Consejo de Ministros decidirá si se realiza un esfuerzo concreto o habrá otro destino.

La voluntad del Poder Ejecutivo está en juego.

Para destrabar el conflicto con los docentes en 2015, el Poder Ejecutivo expresó su voluntad de llegar a un salario mínimo de $ 25 mil, a valores de 2015, hacia 2020. Un simple cálculo, en base a la inflación proyectada, determina que ese sueldo será al fin del período de $ 33 mil, por 20 horas. Los grados superiores se ajustarían según esa base. Pero ese acuerdo ya cayó y, por más que haya una expresión de deseo, «aún no se sabe si se mantendrá para la próxima Rendición», dijeron fuentes de Economía.

Los sindicatos dan por hecho que ese incremento salarial se cumplirá. De hecho el exministro Daniel Olesker, en su carácter de investigador del Instituto Cuesta Duarte, calculó que este aumento implica un 0,3% del PIB. Es decir: aun cumpliéndose con la voluntad, no se alcanzaría el famoso 6% para la educación —teniendo en cuenta que al cierre de 2017 el porcentaje no llegará al 5%.

«Salvo que no haya Rendición, el aumento salaria planteado en 2015 se deberá mantener», expresó Olesker. Pero desde el Ministerio de Economía sostienen que puede llegarse al 6% buscando un incremento en otros rubros y no en remuneraciones.

La Coordinadora de Sindicatos de la Educación había planteado al comienzo de la actual administración su deseo de que, en lugar de $ 25 mil, se llegará a una base de $ 30 mil (siempre pensando en 2020, pero manteniendo valores de 2015). Esa postura inicial parece haber quedado en el congelador cuando todavía no está asegurado el compromiso firmado en 2015.