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ENTRE HUELGAS Y DESPIDOS ¿Qué está pasando en el sistema educativo?

Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza

A los trabajadores del Sutiems

Toda nuestra solidaridad

En las últimas dos semanas, hemos tenido noticia de huelgas, paros, plantones, movilizaciones de diferentes sindicatos y grupos del sector educativo que, sumados a diversos conflictos y reclamos preexistentes, presenta un panorama inquietante. Va un rápido pero necesario recuento:

  1.  Las primeras horas del día 8 de junio, estalló la huelga del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), ocasionando el cierre de las 26 preparatorias existentes en la Ciudad de México. Sus demandas son básicamente las mismas que las de otros grupos: aumento salarial para resarcir cuando menos en parte, el elevado costo de la canasta básica; condiciones dignas de trabajo, respeto al contrato colectivo de trabajo y al modelo educativo del IEMS[1]. Aseguran que el presupuesto asignado es el mismo desde 2018, mientras que el número de planteles ha aumentado, al igual que los docentes contratados por honorarios; los edificios carecen de mantenimiento; piden un aumento salarial de al menos 9%, igual que el otorgado a los policías.  Esta es una huelga largamente anunciada; los trabajadores llevaban un mes intentando llegar a un arreglo con la titular del IEMS, Silvia Estela Jurado Cuéllar y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz; el ofrecimiento de las autoridades fue de 3.5% al salario y 2% en prestaciones, muy por debajo de lo otorgado a los policías desde hace dos años (Mantiene Gobierno capitalino incremento del 9% en salario de policía durante 2020) Cuando estalló la huelga, el IEMS emitió un comunicado oficial poniendo en duda su legalidad; al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum declaró que estaba dispuesta al diálogo con el sindicato y afirmó que un día antes los trabajadores ya habían firmado el acuerdo en el que aceptaban el aumento ofrecido; de inmediato el SUTIEMS declaró que Sheinbaum estaba mal informada por sus subordinadas. Han transcurrido ocho días desde que comenzó la huelga; las autoridades se niegan a negociar y comienzan a recurrir a las típicas triquiñuelas legaloides como poner en duda la representatividad del sindicato, y así desacreditar la decisión de los trabajadores de ejercer su derecho a huelga, hoy día tan demonizado.
  2. Hace dos días, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Docentes Conalep (SUTDCONALEP) realizaron un mitin frente a Palacio Nacional; como parte de la misma jornada de lucha, la Federación Nacional de Sindicatos Académicos del Conalep, realizó un paro de labores a nivel nacional en demanda de reconocimiento a la antigüedad de los maestros en los 308 planteles de todo el país, así como equiparar su salario con el de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; por parte del Gobierno Federal, son considerados como prestadores de servicios (Los profesores del CONALEP realizan paro de labores en todo el país), por tanto, carecen de derechos laborales básicos. Estas demandas son añejas; desde 2019 a la fecha, los medios han informado de movilizaciones en diferentes entidades y plantones en dependencias públicas, reclamando la instalación de mesas de negociación para resolver la basificación, homologación y reconocimiento de antigüedad.
  3. Y las UBBJ con La sargenta Raquel Sosa a la cabeza, siguen dando de qué hablar. Egresados llevan tres años esperando que les entreguen su título y cédula profesional. Los afectados pertenecen a las generaciones que iniciaron estudios en las escuelas financiadas por Morena y los terminaron cuando éstas pasaron a formar parte del sistema de universidades Benito Juárez (Recibir cédula profesional o título en la UBBJG, un compás de espera…). Algunos han acudido a la CNDH a poner su queja; tras revisar el caso, dicho organismo ha emitido la recomendación 75/2022 dirigida a la titular de las UBBJ; Sosa la rechazó alegando que las recomendaciones no son vinculatorias (Recomendación a las UBBJG por vulneraciones a DH de estudiantes) No hay poder institucional que ponga un alto a las arbitrariedades y atropellos hacia los docentes y estudiantes; quien nombró a Sosa sabe bien lo que ocurre, pero ha optado por minimizar y tolerar la situación. Si nos hemos enterado de lo que sucede es gracias a los docentes despedidos y estudiantes agredidos que decidieron abandonar el silencio, organizar movilizaciones, protestar y denunciar las arbitrariedades y problemática que aqueja a las UBBJ.
  4. En los últimos meses, la CNTE se ha hecho presente, quizá no con la fuerza, representatividad y contundencia mostrada en las luchas magisteriales de las que fuimos testigos entre el 2012 y el 2018. La sección XVIII de Michoacán instaló recientemente un plantón en la Ciudad de México y acordó realizar diversas acciones a nivel estatal. “Esta coyuntura política ha puesto de manifiesto que, aunque se esperaba lo contrario, solo cambiaron los colores y no las formas de gobernar” se afirma en un comunicado emitido hace una semana (Protestas de CNTE en CDMX, sin éxito; analizan nuevas acciones). La sección VII de Chiapas, con quien AMLO tuvo un encontronazo en agosto del año pasado, también se sumó a esta jornada de lucha. Por otra parte, en la Ciudad de México militantes de la sección IX, concretamente de la región oriente de Iztapalapa, convocaron a plantones en oficinas y dependencias de la SEP para reclamar el cumplimiento de lo que consideran promesas incumplidas. Además de las movilizaciones, estas secciones se han rebelado contra el calendario escolar 2022-2023. La sección XVIII anunció que el actual ciclo escolar lo concluirán el 8 de julio, tal como estaba considerado en su programa alternativo y no hasta el 29 de julio, como establece el calendario oficial
  5. También en el programa Prepa en Línea, los conflictos y turbulencias políticas no cesan. El año pasado, la SEP de Delfina Gómez contrató servicios especializados de Administración de Recursos Humanos para el pago de honorarios a los “agentes” de aprendizaje, justo un mes antes de que venciera el plazo establecido en la ley en materia laboral para concluir con el esquema de outsourcing (SEP subcontrata a 22 mil asesores y tutores). En marzo del presente año, ante la imposibilidad de repetir el mismo esquema por la entrada en vigor de la nueva ley, optó por el despido masivo de asesores bajo el argumento de que no contaban con el perfil requerido (Sosa dixit), o que trabajaban por más de doce horas en otro lugar. La inconformidad de los afectados, muchos de los cuales desmintieron los supuestos motivos de la SEP, creció como la espuma en unos cuantos días; el presidente fue cuestionado al respecto pero lo salvó la alarma sísmica  (¿Qué es Prepa en Línea de la SEP y cuál es el conflicto que tienen con los asesores virtuales?).
  6. También en otros programas de nivel medio superior comienzan a acumularse los adeudos. Ahí están los docentes de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) que llevan varios meses sin cobrar, no tienen derecho de antigüedad, mucho menos servicios de salud; en la SEP nadie los ve ni los oye; en Twitter impulsan la campaña #SepYaPágame, a ver si así…
  7. No podíamos dejar de mencionar a los profesores del Programa Nacional de Inglés (PRONI). En un corto reciente, describimos la recurrente falta de pagos (Teachers PRONI, ¡nada que celebrar!), problema agravado durante el gobierno de la 4T pese a que los recursos están contemplados en el presupuesto de egresos de la federación. A la fecha, la mayoría tiene más de cuatro meses, ¡!, como lo leen ustedes, cuatro meses sin cobrar un peso; si bien no han dejado de trabajar, cada día están más endeudados y encima, autoridades estatales comienzan a exigirles que entreguen calificaciones y extiendan tres semanas más su presencia en la escuela, aunque el convenio que firmaron al inicio del año tiene vigencia hasta los primeros días de junio (Mensaje de maestros de Guerrero
  8. Otros grupos afectados son los trabajadores de programas sociales que dependen del gobierno de la Ciudad de México. En marzo pasado, promotores culturales comunitarios, trabajadores de Artes y Oficios Comunitarios, talleristas y otros colectivos culturales dedicados a acercar la educación y la cultura a sectores marginados de la población de la ciudad, realizaron jornadas de protesta y movilizaciones para demandar lo mismo que todos: estabilidad, derechos laborales, condiciones dignas de trabajo  (Trabajadores de cultura y PILARES protestan en Zócalo CdMx).  A este caso se suma el de Monserrat Jiménez, despedida la semana pasada después de trabajar diez años con niñas y adolescentes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Socióloga de profesión, un día de mayo se presentó en su centro de trabajo y se encontró con que le impidieron la entrada; su pecado fue integrarse al movimiento Queremos trabajo Digno , luego de atestiguar el despido injustificado de otros compañeros y la reducción de aproximadamente 20% de su raquítico salario durante la pandemia (Enseñó a niños a defender derechos y la despiden por exigir trabajo digno).

Tantos conflictos no son mera coincidencia; dan cuenta de los efectos de la política laboral y educativa del gobierno actual. En diciembre del año pasado, escribimos un corto titulado El sector educativo en tiempos de la 4T. Estampas de la precariedad; seis meses después, este artículo viene a confirmar lo señalado entonces: la situación no ha mejorado, al contrario, la precariedad en que se encuentran los trabajadores de la educación es cada día más evidente: mismas prácticas, mismas justificaciones, mismas respuestas para todos: desconocimiento, negativas, la austeridad como excusa, desprecio a los derechos laborales, arrogancia del poder en turno. Todos estos rasgos son al parecer, el sello de identidad de los y las funcionarias de la IV T.

Poco a poco se ha ido corriendo el velo: para el gobierno actual la educación no es prioridad, tampoco mejorar las condiciones de trabajo de los educadores o cumplir con las promesas al magisterio, utilizadas como señuelo para obtener votos. La retórica que ensalza la educación como medio de transformación, progreso, cambio, superación y cuanto adjetivo gustan endilgarle los funcionarios de alto, bajo y medio pelo en sus discursos, no es más que palabrería hueca. Pero la realidad es ésta, los hechos ahí están, solo hemos hecho aquí un breve recuento, parcial sin duda alguna, sin profundizar en los detalles.

¿Cuál es nuestra interpretación? Desde hace rato lo dijimos: la 4T encontró el modo de someter a las resistencias más visibles prometiéndoles el oro y el moro; ahora que los reclamos crecen, ha optado por ignorar, invisibilizar, o de plano,  desacreditar públicamente las protestas; si se acercan elecciones, ha ofrecido aumentos salariales diferenciados a docentes de nivel básico que no alcanzan a resarcir la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación; para los trabajadores administrativos y de apoyo con salarios miserables, ha anunciado aumentos importantes. Eso está muy bien, sin duda alguna lo merecen, tienen derecho, pero al final del día, eso no elimina el impacto político calculado y buscado: atomizar, separar, aislar a los iguales cada vez más precarios.

¿Qué pasará con la frustración, con el enojo y la desilusión? ¿Cómo se procesará ese mal sabor de boca, esa sensación de engaño que ya comienzan a expresar cada vez más abiertamente, docentes y trabajadores de la educación que votaron por un cambio? ¿En qué se convertirá todo ese malestar colectivo? ¿Acaso en potencia disruptiva? Eso está por verse, ojalá que las luchas confluyan y quienes luchan se encuentren para unir sus voces en un solo grito: ¡NO MÁS SOBRE EXPLOTACIÓN NI PRECARIZACIÓN DOCENTE! Para lograrlo, es preciso romper el silencio.

Lo que sí podemos hacer aquí y ahora, es dejar a un lado la indiferencia y mostrar solidaridad con quienes están dando la batalla por trabajo digno.

Fotografía: lasillarota


[1] El Instituto de Educación Media superior (IEMS) surge de una demanda que organizaciones sociales de Iztapalapa realizaron en 1995, para que las instalaciones de la ex Cárcel de Mujeres que se encontraban en remodelación se utilizaran como centro. Fue hasta el año 2000 que se crea formalmente, con el propósito de ofrecer educación media superior en aquellas zonas de la Ciudad de México en las que la demanda era alta y la oferta educativa insuficiente. Cuando AMLO gobernaba el entonces Distrito Federal, el IEMS comenzó a funcionar con quince planteles, actualmente cuenta con 28; los interesados no presentan examen de admisión, un sorteo decide si ingresan o no. Los detractores del hoy presidente le adjudicaron a estas escuelas el mote de “pejeprepas”.

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España: Caja de resistencia, estrategia para un sindicalismo de contrapoder

Por: Gessamí Forner

 

Los sindicatos vascos ELA, LAB, ESK y la central gallega CIG disponen de cajas de resistencia. La Intersindical catalana y la aragonesa Osta la están implementando. CGT y CNT abordarán este año en sus respectivos congresos la necesidad, o no, de activar un fondo solidario estructural.

Hubo 606 huelgas el pasado año, según los datos del Ministerio de Trabajo. El 47% se convocaron en la Comunidad Autónoma Vasca (224) y Navarra (59). Juntos, estos dos territorios apenas llegan a sumar 2,8 millones de habitantes. Representan el 6% de la población total del Estado. Los números y porcentajes importan: cuántas huelgas se convocan, cuántos trabajadores las secundan, cuántas jornadas no trabajadas acumulan, qué salario medio tiene dicha población y qué tasa de paro hay. Los números arrastran a la siguiente pregunta: ¿por qué Euskadi tiene un ecosistema de conflictividad laboral propio? Más allá de buscar respuestas sesgadamente ideológicas —“hay sindicatos soberanistas, a mí no me interesan”— y tratar de desprestigiarlos, los sindicatos mayoritarios vascos, ELA y LAB, y también uno más pequeño pero igualmente combativo, ESK, saben que los números importan, y mucho, cuando toca hablar de dinero y conflictividad laboral. Disponen de las cajas de resistencia más amplias del Estado. Son un espejo donde se miran de reojo otros sindicatos de contrapoder. Su estrategia de resolución de conflictos es radicalmente distinta a los sindicatos más representativos del Estado, CC OO y UGT.

El sindicato ELA es el mayoritario en el País Vasco. Cerró el pasado año con 100.925 trabajadores afiliados y el 41% de delegados, seguidos por LAB (con un  20% de representación), CC OO (19%) y UGT (10%). Como les gusta decir en ELA, ni el Athletic tiene tantos socios. Su presupuesto anual ascendió a 22 millones, de los cuales el 92% corresponden a las cuotas. La suya es la más elevada del Estado: 23,64 euros la ordinaria. La reducida (11,82 euros) es más alta que la estándar de la mayoría de sindicatos, sean grandes, pequeños, estatales o territoriales. A pesar del precio, las nuevas afiliaciones provienen precisamente de los sectores con salarios más precarios.

De las cuotas, ELA destina el 25% a la caja de resistencia. Eso implica que de los 20,2 millones de euros de fondos de cuotas, 5.060.000 millones de euros fueron a parar a la caja de resistencia en 2021.

A cuánto asciende la cuenta corriente de la caja de resistencia de ELA es uno de los secretos mejor guardados de Euskal Herria, que solo conocen tres personas. “Puedes especular todo lo que quieras en el artículo, no lo vamos a decir, ni yo mismo lo sé”, señala a El Salto Joseba Villarreal, responsable de elecciones, afiliación y movilizaciones. Decirlo sería dar ventaja al contrincante, la patronal vasca y navarra.

Lo que sí afirma es que tener una cuota alta fue una decisión estratégica que ya consideran histórica: “Cuando Comisiones Obreras puso una cuota de 50 pesetas, nosotros pusimos de 200. Sin cuota, no hay caja. Sin caja, el conflicto necesariamente es de otra manera y, a nuestro entender, no puede haber un sindicato autónomo, independiente y de contrapoder sin caja de resistencia, porque ese punto solo te lo da el dinero”, resume Villarreal.

Sabe que hay gente —empresarios, la patronal— que ha especulado sobre cuánto debe durar una huelga en Euskadi para que se agote la caja de solidaridad de ELA. Zanja la cuestión advirtiendo de que “los únicos que no vamos a sufrir en ese camino somos nosotros”. Prueba de ello son los 17 afiliados que están llevando a cabo la huelga más larga actualmente en Europa, en la empresa Novaltia, la distribuidora de medicamentos en las farmacias vizcaínas. Hoy cumplen 1.013 días en huelga indefinida. Cuando empezaron, no cobraban ni el SMI actual, tenían un salario de 950 euros mensuales. Su abogado anunció ayer una sentencia favorable, que multa a Novaltia con 120.000 euros por daños morales y perjuicios, al entender que la gerencia ha vulnerado el derecho a huelga —premiando económicamente el esquirolaje, entre otras cosas—. El letrado, Héctor Mata, espera que esta amonestación suponga un antes y un después en una empresa cuya gerencia no ha querido sentarse a negociar un convenio de empresa paupérrimo. La caja de resistencia sigue sin despeinarse.

La CIG, solidaridad desde 1994

La central gallega CIG surgió de una fusión de dos sindicatos en 1994. Uno tenía caja, otro no. Desde entonces, la CIG tiene caja de resistencia, la tercera más antigua del Estado —la segunda, de 1985 es de USO—. Puede que sea casualidad o puede que no, pero la CIG también es el sindicato mayoritario en Galicia (76.801 afiliados, 4.767 delegados, el 30% de representación, a cierre de diciembre de 2021). Su cuota ordinaria es de 12,60 euros, la reducida son 5,90 euros y la simbólica, para gente sin ingresos y jubilados, es de 3,05 euros. Destinan el 10% de las cuotas a la caja de resistencia. Por lo que especulando, el año pasado ingresarían unos 800.000 euros destinados a sostener huelgas.

Su secretaria de organización, Susana Méndez, considera que la caja “es una herramienta fundamental para que la clase trabajadora pueda pelear por sus derechos sin ver mermadas sus condiciones materiales, que la huelga no suponga un freno a esa lucha y que sea una ayuda para fomentar la participación, más en una situación de precariedad, salarios bajos e inflación, en la que quedar unos días, unas semanas o incluso unos meses sin ingresos puede generar una situación problemática”. El pasado año, la huelga de Alcoa en el municipio de San Cibrau acabó extendiéndose a las empresas auxiliares y a toda la comarca. “Tenemos muchas huelgas, estamos en plena crisis, sobre todo en la zona norte”, explica. Sus cuotas, añade, se ajustan a la realidad gallega, “no podemos compararnos con Euskadi”.

El sindicato ESK, con 6.000 afiliados y una cuota estándar de 45 euros trimestrales, se fundó en 1985 y fue la segunda central vasca en establecer un fondo económico. Desde 2007, destina a la caja el 5% de las cuotas, explica su portavoz, Igor Mera.

El sindicato vasco LAB dispone de caja desde hace diez años. “En una década hemos ayudado a unas 3.000 trabajadoras y trabajadores. En caso de huelga, cubre 30 euros diarios (entre 900 y 930 euros al mes), con dos particularidades: pagamos 30 euros con independencia de si son jornadas parciales o completas y tenemos un tope de 1.500 euros y, lógicamente, la ayuda a percibir no puede superar el salario del trabajador”, explica su secretario general adjunto, Igor Arroyo. Asimismo, la caja cubre multas y sanciones derivadas de la acción sindical, hasta un máximo de 15.000 euros. “Le damos importancia a resistir en las huelgas y a que estas sean activas, lo cual implica un riesgo de recibir multas”, señala.

Más allá del funcionamiento de la caja, Arroyo pone marco teórico a la decisión de implementarla: “El proceso de precarización empezó en los años 90 con la aprobación de las ETT y se está acelerando con las plataformas digitales y la ofensiva de 2008 de pauperización de la clase trabajadora”. Además, en 2017 realizaron un proceso de reflexión para pensar cómo sindicalizar a las trabajadoras más precarias. De dicho proceso surgieron alianzas con la plataforma estatal de riders y con trabajadoras del hogar. El pasado año tuvieron por primera vez más afiliadas que afiliados y en febrero anunciaron un nuevo sistema de cuotas, por cinco tramos de ingresos, que van desde los 21,33 euros para sueldos superiores a 2.001 euros a 5 euros para ingresos inferiores a 705 euros.

Dos sindicatos territoriales se encuentran en proceso de implementar cajas de resistencia. La Intersindical catalana y los aragoneses Osta. Sergi Perelló explica que la Intersindical ha pasado en cuatro años de mil a 6.000 afiliados, debido al empujón político de 2017 —Catalunya tiene una mayoría sindical españolista y un sindicato de contrapoder asentado como es la CGT, entroncado en el anarcosindicalismo histórico de este territorio y que este año ha alcanzado las 20.000 afiliaciones—. La cuota de la Intersindical es de 10 euros y en enero de 2020 aprobaron empezar a preparar la caja, donde ya han depositado una cantidad importante que han doblado este año —El Salto la conoce y se reserva la información—. “Estamos preparando el músculo para que cuando el órgano nacional apruebe el reglamento de funcionamiento de la caja de resistencia ya haya un remanente”, destaca Perelló.

El secretario general de Osta, David Lázaro, explica que son la tercera fuerza en Arazón, con el 10% de delegados. Este sindicato chiquitín —4.500 afiliados— tiene una cuota de 11,90 euros mensuales y decidió en noviembre destinar el 5% al fondo de resistencia.  “Llega un momento en las plantillas de las grandes empresas en que el modo de operar de Comisiones y UGT es agotar y amenzar con la huelga, pero no llevarla a cabo casi nunca, por lo que los trabajadores se ven abocados a firmar la propuesta sin otra alternativa. Creemos que las cajas de resistencia son un apoyo a los afiliados para que puedan mantener la presión, movilizarse más y conseguir mejores acuerdos, porque la patronal sabe que sin caja de resistencia detrás es difícil mantener una huelga”, explica. Llevan cuatro años haciendo músculo; han optado por no decir la cifra.

Competencia virtuosa, debate en el congreso

El economista Endika Alabort, de CNT Bilbao, utiliza el concepto de “competencia virtuosa” para describir el ecosistema vasco, ese en el que hay un montón de sindicatos y muchísimos más afiliados que en cualquier otro lugar, además de las 283 huelgas. “Es un término bonito que explica de forma adecuada que si el resto de sindicatos funcionan y utilizan la huelga, o la utilizas tú también, o te quedas atrás”, señala. A más conflictividad, más conflictividad. Y mejores logros.

CNT en el País Vasco no dispone de caja, pero cubre todos los gastos jurídicos derivados de conflictos laborales y observa cómo la afiliación crece “y se complejiza”. “Hace 15 años gestionábamos reclamaciones de cantidades; ahora ERTE, concursos y convenios colectivos e incluso pactos de fin de huelga, sobre todo, en Bizkaia”, añade. Coincide en su análisis con Òscar Murciano, de CGT Catalunya: “Hay un efecto muy interesante en Euskal Herria y Catalunya, la conflictividad no espanta, al contrario, cuanto menos se edulcora el lenguaje y las formas en el mundo laboral, aumenta la conflictividad y mejora la organización de los trabajadores. La prueba es Euskadi”, asegura. En Catalunya se convocaron 98 huelgas en 2021; 48 en Galicia a pesar de tener solo 2,6 millones de habitantes; 62 huelgas en la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CNT, Antonio Díaz, adelanta que el próximo diciembre en Granollers celebrarán su congreso anual, donde una de las ponencias será abordar la creación, o no, de un fondo económico solidario y confederal.

En junio, CGT tratará el mismo asunto en Zaragoza en su congreso. Murciano defenderá la creación de un mecanismo estructural y seguramente recordará que la huelga del teléfono 112, en la que participó CGT Catalunya, supuso un aumento salarial del 22%.

Hasta ahora, tal y como recuerda Pepe Aranda, secretario de organización de esta organización, las cajas existen de forma sectorial, como en el ferroviario y la banca. Él mismo pertenece al sector ferroviario y abona euro y medio al mes para ese fondo, que no sale de la cuota obligatoria confederal. Previsiblemente el debate versará sobre si sería positivo aumentar la cuota obligatoria para crear un fondo estructural. De momento, la cuota ordinaria asciende a 11,78 euros.

Funcionamiento de la caja de resistencia de ELA

La caja de resistencia se considera un derecho objetivo de los afiliados. Tiene estatuto propio, que establece que a partir del tercer día de huelga cobras lo que te corresponde desde el primer día. Hay tres tipos de pago: ordinario (1.243,59 euros), reforzado (1.430,13 euros; se abona cuando más del 30% de los huelguistas son afiliados a ELA) y extraordinario, utilizado para conflictos estratégicos para la dirección del sindicato. La última vez que se aprobó fue para la huelga del mantenimiento de limpiezas en carretera de Gipuzkoa (2.488,26 euros). ELA tiene caja de resistencia desde 1996, cuando se legalizó el sindicato. Cuenta con reglamento propio desde 2001. Nadie puede ganar más estando en huelga que trabajando.

El mito de los sindicatos grandes

Comisiones Obreras ha facilitado sus datos de afiliación a El Salto: de 920.870 en 2017 ha pasado a 970.025 en 2021. Tienen seis tipos de cuotas en función de los ingresos, desde los cuatro euros y medio de la súper reducida (23.000 personas) a los 14,05 euros de la ordinaria (660.333 afiliados). En total, el pasado año ingresaron con cuotas 140 millones que se reparten entre la estructura jurídica, las distintas organizaciones, 17 territoriales y seis federaciones sectoriales.

Hay organizaciones territoriales, como CC OO Euskadi, que tiene caja de resistencia, pero no disponen de un fondo estructural. Su secretario de organización y extensión sindical, Agustín Martín, desea aclarar que “ese mantra de sindicatos subvencionados poco tiene que ver con la realidad”. El BOE establece los criterios por representación que el Estado debe otorgar a los sindicatos. El pasado año fueron 17 millones a repartir, de manera proporcional. “Nos tocaron 6,9 millones”, indica.

Considera que es poco y que “no tiene correlación con lo que recibe el sindicalismo europeo, lo de España no tiene nombre, pensamos que el sindicalismo debería de estar más reconocido debido a que hacemos un trabajo que redunda en beneficio de la población”. Lanza un dardo a las organizaciones profesionales agrarias, que no solo están totalmente subvencionadas, sino dopadas de recursos públicos”. Defiende una ley de participación institucional que aclare su labor en el marco de la Constitución.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sindicatos/caja-resistencia-estrategia-sindicalismo-contrapoder

 

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LA GUERRA QUE EMPOBRECERÁ EL MUNDO

Por: Andreu Missé

Las espantosas imágenes de aniquilación masiva de vidas humanas y destrucción entera de Ucrania, que vemos a diario, están conmocionando a los europeos y a todos los pueblos que anhelan vivir en libertad y democracia. La agresión injustificada de la Rusia de Putin contra la pacífica Ucrania significa un cambio radical para este país y para toda la humanidad. La posibilidad de resolver las diferencias entre los países por la vía del diálogo se ha liquidado abruptamente. La implacable lógica de la guerra se ha impuesto y, junto con la pérdida de derechos, la pobreza se ha convertido en la peor amenaza para millones de personas.

La guerra de Putin no es solo una criminal agresión contra los 44 millones de ucranianos. Supone también un ataque frontal contra el sistema político europeo que aspira a que hombres y mujeres puedan vivir en libertad y con respeto a la dignidad humana. La respuesta heroica de los ucranianos, con su presidente Volodímir Zelenski a la cabeza, se ha convertido en un referente para su país, los europeos y millones de demócratas de todo el mundo. La resistencia ucraniana ha sacudido a la Unión Europea, que se ha visto empujada a tomar decisiones históricas. En apoyo de Ucrania se han adoptado medidas sin precedentes: duras sanciones económicas contra Rusia, acogida ilimitada de refugiados, que ya superan los 3,5 millones, y el envío de armas a los resistentes por más de 1.000 millones de euros. Paralelamente, la mayoría de países, con Alemania a la cabeza, han tomado conciencia de la necesidad de reforzar sus presupuestos de defensa. Y la UE ha adoptado medidas para acabar lo antes posible con la dependencia energética de Rusia.

Defender las libertades

La defensa de las libertades europeas se ha convertido en una prioridad. Los europeos conocen su historia y saben que su actual marco de derechos no existiría si no hubieran luchado y derrotado a Hitler. Exigió una trágica contienda que costó más de 70 millones de vidas humanas, casi la mitad rusos. Se incluyen los 17 millones de víctimas del holocausto, como recordó el historiador Josep Fontana.

La guerra de Ucrania tendrá un terrible coste humano y económico en todo el mundo, especialmente dramático para los más pobres. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el crecimiento de la economía mundial se reducirá en un punto. Es decir, el 25% menos del 4,4 % previsto. Al mismo tiempo, la guerra provocará un fuerte aumento de precios. La OCDE insta a los países a reforzar las medidas de apoyo a los ciudadanos más pobres de la Europa del Este y países bálticos, para quienes los gastos de alimentación y energía representan el 40% de total.

La ONU ha alertado de un riesgo de hambruna en África por la guerra

Europa ha de apuntalar sus mecanismos de justicia y solidaridad

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha alertado del “riesgo inminente” de una hambruna en África a consecuencia de la guerra. Los países africanos producen 23 millones de toneladas de trigo e importan 40 millones cada año de Rusia y Ucrania. La invasión rusa ha bloqueado 15 millones de toneladas de cereales en el puerto de Odesa. Especialmente dependientes son Egipto, Argelia, Nigeria, Marruecos, Sudán y Etiopía. Los precios de los cereales se han disparado y han puesto en situación de riesgo alimentario a 38 millones de africanos. También son grandes importadores de estos cereales países muy poblados como Indonesia y Bangladesh.

En España, la guerra ha agravado las difíciles condiciones de vida de la población más vulnerable, que no se había recuperado todavía de las crisis anteriores. Especialmente dramática es la situación de agricultores, transportistas y pescadores. La escalada del coste del carburante ha llevado a que muchos autónomos y pequeños empresarios tengan que trabajar a pérdidas. La falta de respuesta del Gobierno ha provocado paros masivos de los transportistas que impiden la distribución de productos básicos.

Los costes de reparación de la guerra y protección de las empresas más golpeadas y los ciudadanos más pobres superarán los cientos de miles de millones de euros en Europa. En la UE se vuelve a plantear la necesidad de una nueva emisión de deuda común para financiar las ayudas necesarias. No sabemos todavía las dimensiones humanitarias y económicas de esta catástrofe. Lo que resulta evidente es que Europa precisa mayor unidad, apuntalar sus instrumentos de solidaridad y justicia y fortalecer el mayor espacio del mundo gobernado por el derecho, que es un referente para todos pueblos que aspiran a una mayor libertad y democracia.

Fuente de la información e imagen: https://alternativaseconomicas.coop/articulo/editorial/la-guerra-que-empobrecera-el-mundohttps://alternativaseconomicas.coop

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Una ONG denuncia un aumento de violencia contra las mujeres migrantes y desplazadas en Colombia

Fuente de la informaciòn:  actualidad.rt.com

En Colombia, 1.493.270 personas desplazadas tienen necesidades de respuesta urgente ante un aumento de la violencia por razones de género, revela el más reciente informe de la ONG Alianza por la Solidaridad. Además, los autores indican que de todas las personas que han solicitado atención, solo el 10 % han recibido algún tipo de ayuda.

 

Fuente de la informaciòn y vìdeo:  actualidad.rt.com
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Las deudas acumuladas

Por: Carolina Vásquez Araya

Llegará el día en que nos cobren la cuenta por nuestra indiferencia.

Habitamos un mundo cargado de intrigas y fantasías. Un mundo en el cual nos han enseñado que la solidaridad, la igualdad de derechos y la participación política no son los caminos para obtener el bienestar y la estabilidad que perseguimos. Por el contrario, hemos sido programados desde muy jóvenes para seguir las rutas trazadas por otros, cuyos intereses -adversos a los nuestros- nos alejan del centro medular de las decisiones que afectan a la sociedad. De ese modo, como un rebaño bien entrenado, ingresamos sin oposición alguna en un sistema capitalista deformado y deformante cuyos efectos sociales, económicos y políticos, son diametralmente opuestos a las posibilidades de alcanzar el desarrollo. Y lo hacemos convencidos de estar en el lado correcto.

La concentración extrema de la riqueza en nuestros países lleva un signo único: la corrupción. Es decir, la imposición de una forma de quehacer político y económico cuya característica es la falta de valores morales y humanos, como instrumento a favor de la marginación de los pueblos en los procesos de toma de decisiones, el empobrecimiento de la clase trabajadora y la exclusión de las mujeres y la juventud de los escenarios políticos. Esto ha garantizado la consolidación de sistemas de gobierno cada vez más reñidos con los valores democráticos, peligrosamente orientados a conseguir el poder absoluto.

El afán de buscar respuestas a la necesidad de fortalecer a nuestros Estados y buscar los caminos del progreso -caracterizado por una importante dinámica iniciada por intelectuales, ideólogos y economistas durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado- terminó consumido por la fuerza de una Guerra Fría de increíbles recursos mediáticos, psicológicos y políticos, mediante la cual se estableció un sistema de explotación de nuestros patrimonios naturales y la imposición de una ideología de tercer mundo. A partir de ahí se comenzó a entorpecer todo intento de industrialización y desarrollo tecnológico de nuestros países, con el propósito de mantenerlos bajo un régimen de dependencia que hoy se manifiesta en los más bajos indicadores socioeconómicos, así como en una abrumadora caída de amplios sectores de la sociedad en la extrema pobreza.

En esa dinámica se han ido perdiendo voces; los monopolios televisivos, la transformación de los medios masivos de comunicación en reproductores del discurso oficial y de los núcleos de poder económico han privado a las sociedades de una de las bases fundamentales de la democracia, cual es la plena libertad de expresión y el derecho a la información sin restricciones. Los marcos jurídicos han ido derivando hacia la protección de estos sistemas de privilegios para terminar legalizando un juego ilegítimo de reciclaje político.

Mientras eso sucede, callamos. En una actitud cercana a la mansedumbre, nos quedamos paralizados observando esta caída libre en los abismos de la dictadura, esperando a que otros reaccionen y nos salven de la catástrofe. Gracias al discurso de los vencedores, hemos terminado convencidos de que solo existe la vía pacífica para recuperar lo poco que queda de institucionalidad y ni siquiera somos lo suficientemente lúcidos para comprender que esa institucionalidad ha sido la primera en declarar la guerra armada con represión, invasión de territorios, saqueo y eliminación física de comunidades enteras y de los contados líderes que podrían guiarnos hacia un renacer de la democracia.

Mas temprano que tarde, nos arrepentiremos por no haber reaccionado a tiempo, por haber permitido la consolidación de gobiernos y cúpulas económicas y políticas opuestas al desarrollo integral de nuestros países y al bienestar de nuestros pueblos; y, sobre todo, por permitirles legislar en contra nuestra a pesar de representar, en teoría, los intereses superiores del pueblo. La indiferencia de hoy es un generoso aval para nuestros enemigos.

Vamos en caída libre, sin red de protección ni conciencia del hecho…

Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com

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Solidaridad más que nunca

Por: Dinorah García Romero

Superar una solidaridad coyuntural y con matices teatrales. Se ha de posibilitar una solidaridad pensada, que incida en la mejora de dimensiones sustantivas del desarrollo de la sociedad haitiana.

La República Dominicana se caracteriza por tener relaciones cercanas y solidarias con la mayoría de los países de la región y de otras esferas geográficas del mundo. Con los regímenes del continente que se inscriben en el círculo del socialismo, como el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la relación es más distante y fríamente calculada. La relación de la  República Dominicana con los tres países antes mencionados es frágil, comparada con la relación que los últimos gobiernos han exhibido con China. En el marco de las relaciones con otras naciones, se destaca la relación con Haití. Dos países en una misma isla, que, a pesar de las luchas históricas entre ambos, trabajan de forma continua para fortalecer sus respectivas identidades. Desarrollan esfuerzos para abrirle espacio al diálogo y ponerlo en ejecución en un clima de respeto y acogida. Esto ocurre a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de las dos naciones por crear una relación tóxica entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano.

En este sentido, centramos nuestra atención en el momento que vive la sociedad haitiana. En el 2021, en un  corto período  se ha visto afectada por dos terremotos de gran magnitud: el terremoto político generado por el magnicidio del presidente de la República y el terremoto de magnitud 7,2 acaecido el 14 de agosto del año en curso.  Este último fenómeno agrava la situación de pobreza, de indefensión e inestabilidad política y social. A los acontecimientos actuales, se unen los problemas irresueltos generados por el terremoto de 2010. La herencia de este terremoto: alto índice de personas sin hogares e infraestructura pendiente de reparación.  Esta situación está por encima de las posibilidades del país afectado y requiere de la solidaridad de las naciones de América Latina y el Caribe.  Requiere, también, la colaboración de los países y de las personas que se han beneficiado de la riqueza natural y de la condición de empobrecimiento de ese país. Es necesario desplegar solidaridad más que nunca. Ya el discurso se agotó, ahora se impone la ayuda real aun en medio de los riesgos y de la peligrosidad presentes en el territorio haitiano.

El fortalecimiento de la solidaridad no es algo fortuito. Ha de ser una solidaridad focalizada y acompañada de un interés por el bienestar de la población de ese país. Este requiere que sus amigos y aliados decidan, de una vez y por todas, un apoyo sistemático que les permita fortalecer la institucionalidad, la democracia y la atención a las necesidades de la población. Es preciso repensar la solidaridad con un país con un empobrecimiento estructural. No abogo por una sustitución pura y dura del trabajo y de los esfuerzos que les toca a los haitianos. No. Lo que planteo es que se ha de superar una solidaridad coyuntural y con matices teatrales. Se ha de posibilitar una solidaridad pensada, que incida en la mejora de dimensiones sustantivas del desarrollo de la sociedad haitiana. En el ámbito de la solidaridad, se ha de cambiar la misma práctica ante fenómenos críticos. Se espera que el componente creativo y el contexto favorezcan la búsqueda de estrategias de solidaridad más duraderas en el tiempo y más consistentes en las acciones. Es un imperativo cualificar la solidaridad. Esta se ha de acompañar de apoyo a programas y proyectos orientados al fortalecimiento de la madurez política, socioeducativa y económica de Haití. Solidaridad más que nunca, salvando la soberanía del país hermano y con perspectiva más integral e innovadora.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/solidaridad-mas-que-nunca-8975738.html

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Alimenta la Solidaridad le pertenece a todos

Por: Roberto Patiño

Hace cinco años comenzamos un proyecto para contribuir a paliar la inseguridad alimentaria, una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, dirigido a los niños y jóvenes afectados por la crisis económica. Alimenta la Solidaridad, forma parte de un movimiento de organización popular que se resiste a aceptar que las nuevas generaciones de venezolanos, crezcan bajo el signo del hambre.

Hoy Alimenta la Solidaridad va mucho más allá del trabajo de llevar un plato de comida a miles de venezolanos, es un proyecto que ha convocado a los mejores talentos del país para empoderar a los liderazgos que existen en los sectores populares, es una iniciativa que apoya el emprendimiento de las familias que luchan por construir un futuro que les pertenezca, es un programa de formación de liderazgo femenino, apoyo a la educación, recuperación de espacios de la comunidad, entre otras iniciativas que se ancla en el trabajo en red de las comunidades, apoyando y acompañando un esfuerzo de trabajo para lograr la Venezuela del cambio que todos queremos.

Recientemente anuncié mi separación de Alimenta la Solidaridad. Fue una decisión difícil pero meditada y la asumo por mi respeto a los principios de la asistencia humanitaria  y para proteger del debate político a este esfuerzo solidario, que le pertenece a miles de venezolanos. Lo hago convencido de que Alimenta no está atado al destino de una sola persona, cuenta con un equipo de profesionales, líderes y madres que seguirán a pulso con esta lucha que ha llevado esperanza a miles de familias

Estoy convencido de que gracias al gran equipo de profesionales, voluntarios, madres de comedores, líderes comunitarios, aliados y donantes, que se ha construido en estos cinco años, Alimenta la Solidaridad va a seguir creciendo. Alimenta es una iniciativa, un proyecto y una convicción de vida que se ancla en las comunidades y ya no le pertenece a nadie, porque le pertenece a todos.

www.robertopatino.com

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/alimenta-la-solidaridad-le-pertenece-a-todos/

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