Solidaridad

Hubo 606 huelgas el pasado año, según los datos del Ministerio de Trabajo. El 47% se convocaron en la Comunidad Autónoma Vasca (224) y Navarra (59). Juntos, estos dos territorios apenas llegan a sumar 2,8 millones de habitantes. Representan el 6% de la población total del Estado. Los números y porcentajes importan: cuántas huelgas se convocan, cuántos trabajadores las secundan, cuántas jornadas no trabajadas acumulan, qué salario medio tiene dicha población y qué tasa de paro hay. Los números arrastran a la siguiente pregunta: ¿por qué Euskadi tiene un ecosistema de conflictividad laboral propio? Más allá de buscar respuestas sesgadamente ideológicas —“hay sindicatos soberanistas, a mí no me interesan”— y tratar de desprestigiarlos, los sindicatos mayoritarios vascos, ELA y LAB, y también uno más pequeño pero igualmente combativo, ESK, saben que los números importan, y mucho, cuando toca hablar de dinero y conflictividad laboral. Disponen de las cajas de resistencia más amplias del Estado. Son un espejo donde se miran de reojo otros sindicatos de contrapoder. Su estrategia de resolución de conflictos es radicalmente distinta a los sindicatos más representativos del Estado, CC OO y UGT.

El sindicato ELA es el mayoritario en el País Vasco. Cerró el pasado año con 100.925 trabajadores afiliados y el 41% de delegados, seguidos por LAB (con un  20% de representación), CC OO (19%) y UGT (10%). Como les gusta decir en ELA, ni el Athletic tiene tantos socios. Su presupuesto anual ascendió a 22 millones, de los cuales el 92% corresponden a las cuotas. La suya es la más elevada del Estado: 23,64 euros la ordinaria. La reducida (11,82 euros) es más alta que la estándar de la mayoría de sindicatos, sean grandes, pequeños, estatales o territoriales. A pesar del precio, las nuevas afiliaciones provienen precisamente de los sectores con salarios más precarios.

De las cuotas, ELA destina el 25% a la caja de resistencia. Eso implica que de los 20,2 millones de euros de fondos de cuotas, 5.060.000 millones de euros fueron a parar a la caja de resistencia en 2021.

A cuánto asciende la cuenta corriente de la caja de resistencia de ELA es uno de los secretos mejor guardados de Euskal Herria, que solo conocen tres personas. “Puedes especular todo lo que quieras en el artículo, no lo vamos a decir, ni yo mismo lo sé”, señala a El Salto Joseba Villarreal, responsable de elecciones, afiliación y movilizaciones. Decirlo sería dar ventaja al contrincante, la patronal vasca y navarra.

Lo que sí afirma es que tener una cuota alta fue una decisión estratégica que ya consideran histórica: “Cuando Comisiones Obreras puso una cuota de 50 pesetas, nosotros pusimos de 200. Sin cuota, no hay caja. Sin caja, el conflicto necesariamente es de otra manera y, a nuestro entender, no puede haber un sindicato autónomo, independiente y de contrapoder sin caja de resistencia, porque ese punto solo te lo da el dinero”, resume Villarreal.

Sabe que hay gente —empresarios, la patronal— que ha especulado sobre cuánto debe durar una huelga en Euskadi para que se agote la caja de solidaridad de ELA. Zanja la cuestión advirtiendo de que “los únicos que no vamos a sufrir en ese camino somos nosotros”. Prueba de ello son los 17 afiliados que están llevando a cabo la huelga más larga actualmente en Europa, en la empresa Novaltia, la distribuidora de medicamentos en las farmacias vizcaínas. Hoy cumplen 1.013 días en huelga indefinida. Cuando empezaron, no cobraban ni el SMI actual, tenían un salario de 950 euros mensuales. Su abogado anunció ayer una sentencia favorable, que multa a Novaltia con 120.000 euros por daños morales y perjuicios, al entender que la gerencia ha vulnerado el derecho a huelga —premiando económicamente el esquirolaje, entre otras cosas—. El letrado, Héctor Mata, espera que esta amonestación suponga un antes y un después en una empresa cuya gerencia no ha querido sentarse a negociar un convenio de empresa paupérrimo. La caja de resistencia sigue sin despeinarse.

La CIG, solidaridad desde 1994

La central gallega CIG surgió de una fusión de dos sindicatos en 1994. Uno tenía caja, otro no. Desde entonces, la CIG tiene caja de resistencia, la tercera más antigua del Estado —la segunda, de 1985 es de USO—. Puede que sea casualidad o puede que no, pero la CIG también es el sindicato mayoritario en Galicia (76.801 afiliados, 4.767 delegados, el 30% de representación, a cierre de diciembre de 2021). Su cuota ordinaria es de 12,60 euros, la reducida son 5,90 euros y la simbólica, para gente sin ingresos y jubilados, es de 3,05 euros. Destinan el 10% de las cuotas a la caja de resistencia. Por lo que especulando, el año pasado ingresarían unos 800.000 euros destinados a sostener huelgas.

Su secretaria de organización, Susana Méndez, considera que la caja “es una herramienta fundamental para que la clase trabajadora pueda pelear por sus derechos sin ver mermadas sus condiciones materiales, que la huelga no suponga un freno a esa lucha y que sea una ayuda para fomentar la participación, más en una situación de precariedad, salarios bajos e inflación, en la que quedar unos días, unas semanas o incluso unos meses sin ingresos puede generar una situación problemática”. El pasado año, la huelga de Alcoa en el municipio de San Cibrau acabó extendiéndose a las empresas auxiliares y a toda la comarca. “Tenemos muchas huelgas, estamos en plena crisis, sobre todo en la zona norte”, explica. Sus cuotas, añade, se ajustan a la realidad gallega, “no podemos compararnos con Euskadi”.

El sindicato ESK, con 6.000 afiliados y una cuota estándar de 45 euros trimestrales, se fundó en 1985 y fue la segunda central vasca en establecer un fondo económico. Desde 2007, destina a la caja el 5% de las cuotas, explica su portavoz, Igor Mera.

El sindicato vasco LAB dispone de caja desde hace diez años. “En una década hemos ayudado a unas 3.000 trabajadoras y trabajadores. En caso de huelga, cubre 30 euros diarios (entre 900 y 930 euros al mes), con dos particularidades: pagamos 30 euros con independencia de si son jornadas parciales o completas y tenemos un tope de 1.500 euros y, lógicamente, la ayuda a percibir no puede superar el salario del trabajador”, explica su secretario general adjunto, Igor Arroyo. Asimismo, la caja cubre multas y sanciones derivadas de la acción sindical, hasta un máximo de 15.000 euros. “Le damos importancia a resistir en las huelgas y a que estas sean activas, lo cual implica un riesgo de recibir multas”, señala.

Más allá del funcionamiento de la caja, Arroyo pone marco teórico a la decisión de implementarla: “El proceso de precarización empezó en los años 90 con la aprobación de las ETT y se está acelerando con las plataformas digitales y la ofensiva de 2008 de pauperización de la clase trabajadora”. Además, en 2017 realizaron un proceso de reflexión para pensar cómo sindicalizar a las trabajadoras más precarias. De dicho proceso surgieron alianzas con la plataforma estatal de riders y con trabajadoras del hogar. El pasado año tuvieron por primera vez más afiliadas que afiliados y en febrero anunciaron un nuevo sistema de cuotas, por cinco tramos de ingresos, que van desde los 21,33 euros para sueldos superiores a 2.001 euros a 5 euros para ingresos inferiores a 705 euros.

Dos sindicatos territoriales se encuentran en proceso de implementar cajas de resistencia. La Intersindical catalana y los aragoneses Osta. Sergi Perelló explica que la Intersindical ha pasado en cuatro años de mil a 6.000 afiliados, debido al empujón político de 2017 —Catalunya tiene una mayoría sindical españolista y un sindicato de contrapoder asentado como es la CGT, entroncado en el anarcosindicalismo histórico de este territorio y que este año ha alcanzado las 20.000 afiliaciones—. La cuota de la Intersindical es de 10 euros y en enero de 2020 aprobaron empezar a preparar la caja, donde ya han depositado una cantidad importante que han doblado este año —El Salto la conoce y se reserva la información—. “Estamos preparando el músculo para que cuando el órgano nacional apruebe el reglamento de funcionamiento de la caja de resistencia ya haya un remanente”, destaca Perelló.

El secretario general de Osta, David Lázaro, explica que son la tercera fuerza en Arazón, con el 10% de delegados. Este sindicato chiquitín —4.500 afiliados— tiene una cuota de 11,90 euros mensuales y decidió en noviembre destinar el 5% al fondo de resistencia.  “Llega un momento en las plantillas de las grandes empresas en que el modo de operar de Comisiones y UGT es agotar y amenzar con la huelga, pero no llevarla a cabo casi nunca, por lo que los trabajadores se ven abocados a firmar la propuesta sin otra alternativa. Creemos que las cajas de resistencia son un apoyo a los afiliados para que puedan mantener la presión, movilizarse más y conseguir mejores acuerdos, porque la patronal sabe que sin caja de resistencia detrás es difícil mantener una huelga”, explica. Llevan cuatro años haciendo músculo; han optado por no decir la cifra.

Competencia virtuosa, debate en el congreso

El economista Endika Alabort, de CNT Bilbao, utiliza el concepto de “competencia virtuosa” para describir el ecosistema vasco, ese en el que hay un montón de sindicatos y muchísimos más afiliados que en cualquier otro lugar, además de las 283 huelgas. “Es un término bonito que explica de forma adecuada que si el resto de sindicatos funcionan y utilizan la huelga, o la utilizas tú también, o te quedas atrás”, señala. A más conflictividad, más conflictividad. Y mejores logros.

CNT en el País Vasco no dispone de caja, pero cubre todos los gastos jurídicos derivados de conflictos laborales y observa cómo la afiliación crece “y se complejiza”. “Hace 15 años gestionábamos reclamaciones de cantidades; ahora ERTE, concursos y convenios colectivos e incluso pactos de fin de huelga, sobre todo, en Bizkaia”, añade. Coincide en su análisis con Òscar Murciano, de CGT Catalunya: “Hay un efecto muy interesante en Euskal Herria y Catalunya, la conflictividad no espanta, al contrario, cuanto menos se edulcora el lenguaje y las formas en el mundo laboral, aumenta la conflictividad y mejora la organización de los trabajadores. La prueba es Euskadi”, asegura. En Catalunya se convocaron 98 huelgas en 2021; 48 en Galicia a pesar de tener solo 2,6 millones de habitantes; 62 huelgas en la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CNT, Antonio Díaz, adelanta que el próximo diciembre en Granollers celebrarán su congreso anual, donde una de las ponencias será abordar la creación, o no, de un fondo económico solidario y confederal.

En junio, CGT tratará el mismo asunto en Zaragoza en su congreso. Murciano defenderá la creación de un mecanismo estructural y seguramente recordará que la huelga del teléfono 112, en la que participó CGT Catalunya, supuso un aumento salarial del 22%.

Hasta ahora, tal y como recuerda Pepe Aranda, secretario de organización de esta organización, las cajas existen de forma sectorial, como en el ferroviario y la banca. Él mismo pertenece al sector ferroviario y abona euro y medio al mes para ese fondo, que no sale de la cuota obligatoria confederal. Previsiblemente el debate versará sobre si sería positivo aumentar la cuota obligatoria para crear un fondo estructural. De momento, la cuota ordinaria asciende a 11,78 euros.

El mito de los sindicatos grandes

Comisiones Obreras ha facilitado sus datos de afiliación a El Salto: de 920.870 en 2017 ha pasado a 970.025 en 2021. Tienen seis tipos de cuotas en función de los ingresos, desde los cuatro euros y medio de la súper reducida (23.000 personas) a los 14,05 euros de la ordinaria (660.333 afiliados). En total, el pasado año ingresaron con cuotas 140 millones que se reparten entre la estructura jurídica, las distintas organizaciones, 17 territoriales y seis federaciones sectoriales.

Hay organizaciones territoriales, como CC OO Euskadi, que tiene caja de resistencia, pero no disponen de un fondo estructural. Su secretario de organización y extensión sindical, Agustín Martín, desea aclarar que “ese mantra de sindicatos subvencionados poco tiene que ver con la realidad”. El BOE establece los criterios por representación que el Estado debe otorgar a los sindicatos. El pasado año fueron 17 millones a repartir, de manera proporcional. “Nos tocaron 6,9 millones”, indica.

Considera que es poco y que “no tiene correlación con lo que recibe el sindicalismo europeo, lo de España no tiene nombre, pensamos que el sindicalismo debería de estar más reconocido debido a que hacemos un trabajo que redunda en beneficio de la población”. Lanza un dardo a las organizaciones profesionales agrarias, que no solo están totalmente subvencionadas, sino dopadas de recursos públicos”. Defiende una ley de participación institucional que aclare su labor en el marco de la Constitución.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sindicatos/caja-resistencia-estrategia-sindicalismo-contrapoder