América del Sur/Venezuela/24-06-2022/Autor(a) y Fuente: www.elnacional.com
El líder estudiantil afirmó que miembros de Viva La U introdujeron un recurso ante el TSJ para “vulnerar el derecho de los estudiantes”.
El líder estudiantil Jesús Mendoza denunció este martes un intento de vulnerar las elecciones universitarias realizadas el pasado 25 de mayo, que lo dieron a él como ganador de la presidencia de la FCU-UCV y a Yonathan Carrillo como presidente adjunto.
Según explicó en declaraciones a medios, a la Comisión Electoral llegó información de que gente de su plancha rival, Vive La U, introdujo un recurso ante el TSJ para “vulnerar el derecho de los estudiantes”.
“Los estudiantes votaron el 25 de mayo. No es necesario ni permitiremos que se repita una elección si ya los estudiantes depositaron su voto y su confianza. Queremos que se respete el derecho de los ucevistas, que se respete el derecho al voto”, expresó Mendoza, que pertenece a la plancha La U Que Soñamos.
Advirtió que el proceso en el TSJ podría poner en riesgo la renovación universitaria, así como “la elección de los egresados, de autoridades y la alternabilidad y la democracia en la UCV”.
“No podemos buscar agentes externos que decidan en la universidad. Somos los ucevistas los que ya decidimos y votamos”, concluyó.
El 30 de mayo, resultados parciales de las elecciones estudiantiles dieron como ganadores a Mendoza y a Carrillo.
La Comisión Electoral de la UCV detalló que La U Que Soñamos obtuvo 2.988 votos frente a 2.902 de Vive La U, plancha de Sebastian Horesok y José Romero.
El ente denunció que las actuaciones del representante estudiantil ante la Comisión Electoral, Roangel Ojeda, perjudicaron notablemente el proceso, pues puso “en duda el desempeño de las subcomisiones y el de la propia Comisión Electoral y su personal”.
Por ello, “ante la inusitada actuación de Roangel Ojeda, publicando un boletín parcial con cifras distintas y los señalamientos que hace públicamente sobre la base de suposiciones, procedemos a publicar los resultados que se encuentran en el boletín entregado a Roangel Ojeda el viernes 27 de mayo”.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/venezuela/jesus-mendoza-denuncia-intento-de-vulnerar-las-elecciones-en-la-ucv/
Dos mujeres, ambas maestras acudieron al Ministerio del Trabajo en Carabobo para denunciar la irregularidad de las que han sido víctimas, pues a una le suspendieron el sueldo y a la otra se lo suspendieron a su marido. Ambas forman parte de los 2150 educadores a los que el Ministerio de Educación no les da respuesta, pero los acusa de vagancia.
Valencia. A las 7:00 a.m de ese martes 14 de junio, Jennifer Lozada llegó al Centro Comercial Caribbean Plaza en Valencia, a escasos metros de la Avenida Bolívar para acompañar la protesta del gremio docente en el Ministerio del Trabajo. Ella, es parte de los 2150profesionales del sector educativo, a los que se les suspendió el salario sin justificaciones probables.
Lozada no acudió a la sede del Mintrabajo sola, en sus brazos carga a su bebé de dos meses, a quien cubría con una manta de aspecto caluroso. El sol estaba inclemente y de vez en cuando el bebé lloraba, pero ella lo arrullaba entre sus brazos para que se calmara.
Pasadas las 10:00 a.m. Lozada ya se había sentado, prácticamente, en todas las jardineras a esperar, porque eso es lo único que puede hacer. El pasado 10 de junio le llegó la noticia que su sueldo estaba suspendido, tampoco es que fuera mucho dinero, pero en la Venezuela inflacionaria cualquier bolívar cuenta, por muy poco que sea.
Ni el Ministerio de Educación, ni la Zona Educativa Carabobo le han dado justificaciones.
Para llegar hasta la protesta tomó dos autobuses, el primero en Paraparal, municipio Los Guayos, de ahí tomó otro en la avenida Lara con Branger, el cual la dejó en la Avenida Bolívar
Angelica Flores, una de las representantes sindicales del magisterio, afirmó que en el Ministerio de Educación se había dicho que la mayoría de las acciones se debían a que dichos trabajadores eran unos «vagos».
Docentes exigen explicación del por qué de la medida. Foto: Armando Díaz.
Pero, Lozada nunca dejó de trabajar. Las circunstancias la hicieron cambiar el modo de dar clases. «Yo vivía en una zona de Valencia muy peligrosa, hace un tiempo se armó un tiroteo y la verdad es que me asusté mucho y le dije a mi esposo que no quería seguir viviendo ahí, por lo que me fui un tiempo a Ciudad Bolívar, luego llegó la pandemia y me quedé varada por allá».
¿Vaga yo?
Sin embargo, al pasar el tiempo y con las flexibilizaciones muchas instituciones públicas comenzaron a retornar a clases, pero a Lozada se le imposibilitaba. Por lo tanto, daba clases virtuales y corregía las tareas de la misma manera, bien sea por videollamadas o por Whatsapp.
Pero, hubo una representante que no le gustó y fue hasta donde la directora y se quejó», dijo.
La queja trajo consigo una serie de problemas, puesto que la directora del colegio la acusó de violar el derecho a la educación del menor. Sin embargo, ella opina que nadie pensó en ella. «¿Y mis derechos?», preguntó.
La decepción de Lozada se pasea por muchos episodios, ella también fue una de las docentes que sería beneficiada en 2018 por Mi Casa Bien Equipada, pero ahí tampoco le solventaron. Aún sigue en la espera.
Para ella no estaba fácil regresarse a Valencia y mucho menos al sector en donde vivía por el tema de la violencia. Además el pasaje le salía en $100 y el sueldo de docente no rinde para tal menester y aún cuando su esposo trabaja como comerciante en Colombia, el dinero sigue sin rendirle. Poco tiempo después en julio de 2021 salió embarazada, lo que la llevo a meter un reposo, interrumpiendo nuevamente sus posibilidades de volver. Pero, la realidad es que cada vez estaban más molestos con ella, por ende, en diciembre su esposo le dijo que debía regresar.
Ante la condición de su embarazo, el cual tenía riesgo de aborto, la obstetra le recomendó a Lozada no viajar en autobús. Su esposo le pagó un carrito por puesto que costó $400 hasta llegar a Valencia. Una vez en la capital carabobeña conseguiría un apartamento que le alquilaron por $60 en Paraparal, municipio Los Guayos.
Sin embargo, pasados los meses y con el posnatal activo le suspendieron el salario y además la botaron de la escuela en la que trabajaba.
Por los momentos mantiene la esperanza de que su salario será devuelto. «El presidente es un obrero, y si dice que lo es y se la pasa hablando de su pueblo al que ayuda, pues espero que solucione pronto».
Foto: Armando Díaz.
Lamenta no haber alzado la voz antes, porque en ese entonces ella era de las profesoras que se callaban ante las injusticias
Recuerdo que las que protestaban las botaron. A una, solo por leer el enunciado de una carta la despidieron ¿En donde está el apoyo de la directiva con los docentes? Porque, quién va a educar a unos niños si no hay docentes? El directivo no lo va a hacer», refirió Lozada.
Para su suerte Lozada sigue estando bajo la protección económica de su esposo. Si los 203 bolívares que ganaba mensualmente como docente no le rendían para mucho, solo para algunas cosas de su bebé, entre esos los pañales. «Eso son caros y mientras más crece, más caros son y los paquetes traen menos».
Al Ministerio no le importa
Larissa Romero, también llegó a la protesta efectuada en la sede del Ministerio del Trabajo, no tan temprano como Lozada porque vive en Los Colorados, no muy lejos de donde se lleva a cabo la protesta. Casualmente tampoco estaba sola, en sus brazos cargaba un bebé también de dos meses, pero a su vez la acompaña su hijo mayor, de 10 años que juega en su celular para matar las horas de espera.
Estuvo presente en la protesta en representación de su esposo a quien define como el otro sostén de hogar.
El vio como fueron violados sus derechos laborales, porque él tiene una incapacidad y tiene todos sus papeles en regla, pero sin embargo lo suspendieron», dijo.
En el caso del esposo de Romero no hay algún tipo de vagancia como diría el Ministerio de Educación. El hombre es profesor de educación física y desde el 25 octubre del año pasado durante una de sus clases sufrió una lesión que le ha impedido continuar en sus labores.
Al esposo de Romero le gustaría estar presente en la protesta pero no puede, porque su condición se lo impide, además vive en un edificio de 15 pisos cuyo ascensor no funciona y ellos residen en el piso 12.
Fotografía: Armando Díaz.
Para su sorpresa la incapacitación fue ignorada, así como los 16 años en el ministerio de Educación. «Él no ha salido del país y pueden revisar su expediente migratorio, nunca había realizado ningún tipo de recurso para alejarse de su trabajo y es un docente ejemplar».
De todos sus años de servicio 15 han sido para una misma institución, Escuela Básica Lomas de Funval.
A Romero solo le falta llevar unos papeles a la Zona Educativa, los cuales ha intentado consignar en dos oportunidades, sin efecto alguno. Pero cada vez que sale de las oficinas se siente impotente porque el trato del empleado público hacia ella es deplorable.
No les importa que vas con un bebé lactante o que haya mujeres embarazadas. No pido un trato privilegiado, pero si digno, pero es que ni a la cara te ven cuando te hablan», acotó Romero.
Fotografía: Armando Díaz.
Denunció abusos de poder y de autoridad y aseguró que es todo lo contrario a lo que esperaría de un empleado público.
Cada vez que llega a la oficina W en la Zona Educativa, llega tarde. Debe dejar a las 7:00 a.m. a su hijo en el colegio y de ahí partir a su destino. «Llego a las 8:00 a.m y cuando lo hago me encuentro que hay alrededor de 50 tickets entregados, entonces quedo como rezagada. Ya a las 12:00 que debo buscar a mi hijo ya no hay tiempo».
Romero está luchando por su esposo, como ella no lo hizo por sí misma en 2019 cuando también se le presentó un problema, puesto que también es docente. «Yo dejé eso así». Aunado a esto, Romero está en el grupo de afectadas con la entrega de productos de línea blanca de Mi Casa Bien Equipada.
Con el sueldo suspendido, Romero y su esposo se han dedicado a vender repostería y otros oficios. Sin embargo el estado anímico de su esposo se ha venido abajo. No es solo un salario suspendido, es una condición de salud que le impide resolver como cualquier otra persona en mejores condiciones».
América del Sur/Venezuela/03-06-2022/Autor(a) y Fuente: www.elnacional.com
Las principales instituciones afectadas son la Universidad de Los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente y la Universidad del Zulia. La organización no gubernamental Aula Abierta afirmó que las deficiencias responden a la falta de mantenimiento de los espacios, el vandalismo, el deterioro de equipos y la falta de personal.
Un total de 114 bibliotecas universitarias en Venezuela (87,4%) están inoperativas, reveló un informe desarrollado por la organización no gubernamental Aula Abierta correspondiente a los últimos cuatro años. Las instituciones afectadas son la Universidad de Los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente y la Universidad del Zulia.
Señaló que debido a la llegada de la pandemia de covid-19 los problemas se agravaron y que actualmente no existe accesibilidad integral a los contenidos por parte de los usuarios. Esta situación, afirmó la organización, sucede con el ingreso de forma remota en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la UDO y LUZ.
“El Estado venezolano en los últimos años no ha garantizado el derecho al acceso a la educación de calidad y a la libertad de información, a través de diversas acciones u omisiones que repercuten negativamente en la prestación de servicios por parte de las bibliotecas universitarias del país”, denunció.
Crisis en ULA, LUZ y UDO
Aula Abierta indicó además que en la Universidad de Los Andes 20 bibliotecas están medianamente operativas. Entre ellas, 6 de ciencias y tecnología, 8 de ciencias sociales y 6 de ciencias de la salud.
Agregó que las bibliotecas del Plan Operativo Anual de los Servicios Bibliotecarios de la ULA cerraron sus puertas durante la pandemia. Funcionaron solo mediante consultas electrónicas de material digitalizado y reiniciaron actividades presenciales en marzo de 2021, con atención a usuarios solo tres días a la semana.
La Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería de esa institución, indicó Aula Abierta, pasó los años 2020 y 2021 sin servicio de Internet debido al robo de cable de fibra óptica y problemas de electricidad. Asimismo, la biblioteca del Núcleo Alberto Adriani, en El Vigía, la cerraron por la invasión en la Hacienda Judibana y por falta de personal.
Se documentó que en la Universidad del Zulia se documentó que de las 14 bibliotecas ubicadas en las facultades de Humanidades y Educación (2), Ingeniería (6) y Ciencias Jurídicas y Políticas (6), al menos 12 no están operando. Esto representa 85,71% de las bibliotecas estudiadas.
La Universidad de Oriente, conformada por cinco núcleos en el oriente del país, tiene 23 bibliotecas y 16 de ellas se encuentran totalmente fuera de servicio. Representa 69,5% de inoperatividad.
Alto grato de inoperatividad en la UCV
La ONG indicó que en la Universidad Central de Venezuela se evaluaron 86 bibliotecas y se comprobó un alto grado de inoperatividad en todas ellas.
“Las deficiencias en la operatividad de las bibliotecas universitarias responden a la falta de mantenimiento de los espacios, los hechos vandálicos, el deterioro de equipos, la falta de personal suficiente para la atención de los usuarios, entre otros factores que limitan la prestación de los servicios, impidiendo la obtención del material didáctico necesario para impartir las cátedras y dar curso a la investigación científica”, afirmó.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/venezuela/874-de-las-bibliotecas-universitarias-estan-inoperativas-en-venezuela/
Los trabajadores del sector universitario volvieron a tomar las calles este miércoles 25 de mayo junto a otros sectores como los de Supra Caracas, el Metro, de Bimbo, de la salud y demás trabajadores activos y jubilados. Se concentraron el a esquina de la Santa Capilla, avenida Urdaneta y llegaron a dos cuadras del Palacio de Miraflores impedidos de seguir marchando por un fuerte cordón policial.
Desde las 10 de la mañana los trabajadores universitarios y de otras dependencias marcaron como punto de encuentro la esquina de la Santa Capilla, allí coincidieron con personal activo de Supra Caracas, empresa de servicios de aseo urbano, quienes exigían públicamente mejoras en sus condiciones de trabajo pues -además del salario- no cuentan con implementos de higiene para cumplir sus funciones ni seguro médico para emergencias o enfermedades.
Luego marcharon por la Avenida Urdaneta hasta la esquina de Carmelitas, a dos cuadras del Palacio de Miraflores. Encolumnados y cantando sus principales demandas y exigencias eran más de 250 trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores que fueron acompañados también por corrientes sindicales, movimientos sociales y organizaciones de izquierda.
Luego de recorrer el trecho entre la Vicepresidencia y el Banco Central de Venezuela, estuvieron apenas a dos cuadras del Palacio de Miraflores y allí se sumaron otros trabajadores del Metro de Caracas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass) así como de jubilados y pensionados que acumulan varios meses de continuas protestas contra los ingresos de miseria.
Una de las demandas principales de los trabajadores universitarios y de la administración pública es que se deroguen las tablas salariales determinadas por un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que no toma en cuenta las bases de cálculo estipuladas en los contratos colectivos y despoja a los trabajadores de primas y bonos acordados en sus contratos. Así como también la exigencia de que el salario mínimo sea equivalente a la canasta básica familiar y otras demandas fundamentales.
Los trabajadores denunciaron que el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas, aprobado por la Onapre y aplicado por los entes públicos desde que se aumentó el salario a 130 bolívares, desmejoró los ingresos de los trabajadores, quienes ahora ganan hasta 50 % menos de lo debido conforme a las convenciones colectivas aprobadas en agosto de 2021.
En el sector público los trabajadores universitarios vienen librando una importante batalla por defender los derechos de la convención colectiva, contra el inaudito autoritarismo y descaro patronal que modifica como le da su real gana los montos a pagar.
Juan Tovar, delegado de base del Sindicato de Obreros de la UCV, durante la protesta del sector universitario y demás trabajadores activos y jubilados en Caracas exige por los salarios, derechos laborales, los trabajadores presos y contra el plan de hambre del gobierno de Maduro.
Una barrera de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y una tanqueta antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se interpuso entre los manifestantes y la sede formal del Poder Ejecutivo, pero una comisión de los dirigentes sindicales y gremiales ingresó al Palacio Blanco para consignar sus quejas y reclamos.
Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV), afirmó que este miércoles cumplieron con los objetivos que se trazaron y anunció que seguirán en las calles hasta ser escuchados directamente por Maduro.
La protesta de los trabajadores universitarios es parte de una creciente ola de protestas por el salario que se registran a nivel nacional tanto del sector público como de las empresas privadas. En el sector universitario, la reducción de los derechos laborales, la violación de la contratación colectiva y los paupérrimos salarios es el motor de sus reclamos, al igual que la mayoría de las protestas que se desarrollan en distintas partes del país.
En la protesta de este miércoles una vez más se pone de manifiesto las tendencias a la unidad de los trabajadores del sector público y privado, pues en la misma confluyeron distintas luchas que se llevan adelante en ambos sectores.
Por eso, como plantean referentes de la LTS, «hoy más que nunca se plantea la necesidad de coordinar todas las luchas que se desarrollan en el país y salir a luchar contra el fraude salarial del Gobierno de Maduro y por un salario igual a la canasta básica, indexado mensualmente a la inflación, así como también contra las nuevas tablas salariales impuestas desde arriba. Ante los paquetazos antiobreros del Gobierno de Maduro y los ataques del sector empresarial es necesario anteponer un plan obrero y popular de emergencia. Pero esto hay que realizarlo unificadamente golpeando con un solo puño, y para ello es necesario realizar un Encuentro nacional de los trabajadores que están luchando».
América del Sur/Venezuela/20-05-2022/Autor(a) y Fuente: www.elnacional.com
La manifestación, que fue pautada para las 10:00 am, se lleva a cabo en todo el país. Los docentes han reiterado que seguirán en las calles hasta que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla sus peticiones.
Trabajadores del sector universitario protestan este miércoles en rechazo a la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y para exigir la restitución de sus derechos laborales.
La protesta, que fue pautada para las 10:00 am, se lleva a cabo en todo el país.
Los docentes universitarios han señalado en diversas protestas que seguirán en las calles hasta que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla sus peticiones.
Sin embargo, estas manifestaciones tomaron lugar desde hace aproximadamente cuatro años, cuando el Ejecutivo asomó su intención de aplicarles a los maestros el tabulador de la Onapre en lugar del que rige para el gremio.
Los docentes explicaron que, según la ley, los maestros no son considerados funcionarios públicos, por lo que no se les puede aplicar el mismo tabulador salarial o el diseñado por la Oficina Nacional de Presupuesto.
Actualmente, al haberles impuesto el tabulador salarial, los salarios de los educadores han sido reducidos drásticamente.
José Gregorio Afonso, directivo de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), señaló para el medio de noticias Contrapunto que hay un conjunto de beneficios contractuales atados al salario, que son de la Cuarta Convención Colectiva del sector universitario firmada en mayo de 2021, y que han sido violados por el instructivo de la Onapre de marzo de 2022. Resaltó que ninguno de los cambios ha sido consultado.
Afonso además dijo que se han reducido primas como las de antigüedad (a la cual le pusieron un tope de 30%).
«El gobierno ha dado muestras de un desorden tremendo. La ejecutoria en la administración del Estado no es satisfactoria. En la primera quincena (marzo) aplicó el instructivo a algunas primas y a otras no (en promedio entre 30% y 40%). Los recortes siguieron en abril, con 50% o 60%. Y ahora podemos llegar a 70% de recorte», añadió.
Los maestros han reiterado sus exigencias en cada protesta: eliminación del tabulador de la Onapre, respeto a las contrataciones colectivas, respuestas por las irregularidades en los aportes a la caja de ahorro y salarios dignos.
El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eduardo Sánchez, indicó recientemente que con la aplicación del tabulador de la Onapre cada trabajador pierde 45% y 62% del salario.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/venezuela/sector-universitario-protesta-para-exigir-restitucion-de-derechos-laborales/
CARACAS – La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, representa la mayor amenaza actual para la vida de sus indígenas, su hábitat y sus culturas, coinciden en señalar sus organizaciones y defensores de los derechos humanos.
En ese territorio que forma parte de la Amazonia “la minería, la violencia, la destrucción del hábitat, la muerte por enfermedades y la migración forzosa conforman un contexto que ya los indígenas califican como genocidio silencioso”, observó a IPS el investigador Aimé Tillet, con largos años de trabajo en el área.
Al otro extremo del país, en el noroeste fronterizo con Colombia, en el drama indígena destaca la delimitación pendiente de sus territorios, que les ha llevado a enfrentamientos y muertes en sus intentos por recuperar tierras ancestrales, mientras mueren de mengua y a menudo se ven reducidos a la indigencia.
Hay rasgos comunes en esa vida en regiones fronterizas que son hábitats indígenas, como el abandono por parte del Estado central, al incumplir sus deberes en salud, educación, seguridad, provisión de alimentos, combustible y transporte, insumos, comunicaciones y consultas debidas a los pueblos originarios.
El gobierno aúpa la actividad minera y decretó en 2016 como “Arco Minero del Orinoco”, en la margen derecha del río, un área de 111 844 kilómetros cuadrados, más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal. En paralelo estableció una empresa de la Fuerza Armada, Camimpeg, para liderar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales convencionales y raros, de los que el país es especialmente rico.
La opacidad es un lunar en el manejo de las empresas militares por parte de las autoridades, según organizaciones no gubernamentales como Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa
La prensa local ha mostrado unidades militares y policiales en la región involucradas en incidentes en torno a la actividad minera que han causado protestas de indígenas y defensores de los derechos humanos, y que van desde muertes de indígenas en altercados hasta masacres en las que “grupos desconocidos” han asesinado a decenas de personas.
La minería más artesanal y también ilegal, en centenares de espacios deforestados y junto a ríos contaminados con mercurio para la reducción del oro, es a menudo controlada por bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” y trafican con el metal, los insumos y también con las personas que van a trabajar en esas minas, muchas veces en forma forzosa.
Desde hace algunos años a los peligros se han sumado las guerrillas colombianas, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que participa de la minería y otras actividades ilegales en el sureño estado de Amazonas, así como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pacificadas en 2016, según destacan organizaciones de derechos humanos.
En la Sierra de Perijá, hábitat de tres pueblos originarios y que marca parte de la frontera norte entre Colombia y Venezuela, el ELN penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, cobra “vacunas (impuestos)” a ganaderos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas.
Mapa de las áreas que son hábitat de los principales pueblos indígenas de Venezuela, según el estatal Instituto Geográfico Simón Bolívar. Los grupos más numerosos están en el extremo noroeste, sur y oriente del país. Imagen: IGVSB
Disparos en la selva
El 20 de marzo cuatro indígenas yanomami murieron abaleados en un sector de la Sierra de Parima, que en el extremo sur marca la frontera con Brasil, por disparos de efectivos de la Aviación venezolana, tras un altercado por la señal de internet y un aparato direccionador que compartían los militares e integrantes de una comunidad ancestral.
Los yanomami, que viven en esas selvas del sur venezolano y norte brasileño desde hace miles de años -son considerados testimonio viviente del hombre primitivo, entraron en contacto con el resto del mundo hace pocas décadas- han encontrado en la telefonía móvil un recurso de comunicación en sus muy dispersas comunidades.
Lo sucedido en Parima “no se puede tomar como una reacción aislada, sino como el resultado de un cúmulo de tensiones y abusos, de no tener un trato diferenciado en función de los derechos a una discriminación positiva”, declaró entonces Wataniba, una organización de apoyo a los pueblos indígenas de la Amazonia venezolana.
“Todas esas tensiones que se viven a diario en las fronteras son consecuencia del extractivismo, aunado a los abusos de poder por parte de efectivos militares, la transculturización y la falta de acciones concretas por parte de Estado para atender las necesidades primordiales de los pueblos indígenas”, agregó la organización.
Minería en la Amazonia venezolana. En centenares de explotaciones informales e ilegales para buscar oro se deforesta el terreno, se dañan los suelos, se contaminan la aguas con mercurio y se explota a los indígenas y otros trabajadores bajo formas de esclavitud moderna. Foto: RAISG
Garimpeiros indetenibles
En 1989, un decreto ley del entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1922-2010 y quien gobernó el país entre 1974 y 1979 y 1989 y 1993) prohibió por 50 años toda actividad minera en el estado de Amazonas, visible como el saliente sur en el mapa de Venezuela, selvático y de suelos frágiles, de 178 000 kilómetros cuadrados y 200 000 habitantes, más de la mitad de ellos integrantes de 20 pueblos indígenas.
Durante décadas, sin embargo, miles de garimpeiros (nombre brasileño para los buscadores informales de oro, de donde provenían originalmente), han incursionado en Amazonas, y en los últimos años a mayor escala, con empleo de pistas de aterrizaje, abundantes motobombas, e imponiendo relaciones a veces de intercambio y sobre todo de explotación con comunidades e individuos indígenas.
El 28 de julio de 2021, las organizaciones indígenas Kuyujani y Kuduno, así como el tribunal de justicia Tuduma Saka, de las etnias sanemá (rama yanomami) y sus vecinos ye’kuana (caribes), denunciaron la presencia de garimpeiros en cuatro comunidades en documentos entregados a la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Más de 400 garimpeiros armados, según la denuncia, trabajaban con 30 máquinas extrayendo minerales preciosos en la zona del Alto Orinoco, forzando a hombres y niños a trabajar en la minería, y esclavizando y obligando a las mujeres a prostituirse.
La denuncia agregó que la destrucción de bosques alcanzó a los conucos (huertos) de las comunidades indígenas, que así quedaron dependientes de los suministros de los garimpeiros para su alimentación.
Tillet hizo notar que la incursión de guerrillas y mineros ilegales en el sur crea además focos de conflictos interétnicos, porque algunos indígenas y comunidades desesperadas por sobrevivir aceptan a los irregulares, y otras (como los uwottija o piaroas del Orinoco medio) se oponen contundentemente a esas incursiones.
Otra imagen de los daños de la minería sin control en una zona del sur de Venezuela. Foto: SOS Orinoco/RAISG
Esclavitud moderna
En las “currutelas”, minas de socavón, se busca emplear a varones jóvenes y niños para extraer arenas ricas en oro, y a mujeres para labores como cocinar, barrer, lavar y poner cierto orden en los campamentos, así como para explotarlas sexualmente.
Esa situación, generalizada en los cientos de minas del Amazonas y del suroriental estado de Bolívar, de unos 238 000 kilómetros cuadrados, se agrava en el caso de los indígenas, dijo a IPS el abogado Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que conduce varios estudios en la zona.
“Bajo el control de los grupos armados se generan dinámicas de violencia, con enfrentamientos y muertes, y situaciones de esclavitud moderna, con omisión que se traduce en aquiescencia por parte del Estado venezolano”, abundó Trujillo.
En particular, las mujeres indígenas, captadas para trabajar en los campamentos, “quedan sometidas a una dinámica de violencia, su trabajo no es voluntario, a veces no se les paga, y son sometidas con riesgo para su salud y vida”, subrayó.
La minería venezolana abona así cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales más de 40 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna, 152 millones del trabajo infantil y 25 millones realizan labores forzosas.
El cerro Autana, visto de las márgenes del río Cuao, afluente del Orinoco medio. El pueblo uwottija lo considera sagrado y rechaza la presencia en el área de grupos guerrilleros provenientes de Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS
Adiós hábitat, cultura y vida
En Venezuela, según el censo de 2011, de sus 28 millones de habitantes al menos 720 000 son indígenas, pertenecientes a unos 40 pueblos originarios, y cerca de medio millón viven en áreas rurales indígenas, sobre todo en las regiones fronterizas.
Aunque la etnia mayoritaria (60 %) es la wayúu, un pueblo de lengua arawak que habita la colombo-venezolana península de la Guajira (norte), la mayoría de los pueblos está en el sur del país, algunos con miles de integrantes y otros con muy pocos centenares y con sus idiomas y saberes en riesgo de extinción.
La organización ambientalista Provita sostiene que al sur del Orinoco se han deforestado en los últimos 20 años 380 000 hectáreas, y las dedicadas a la actividad minera aumentaron en el lapso 2000-2020 de 18 500 a 55 000 hectáreas.
Zonas muy afectadas han sido riberas y cabeceras de ríos, muchas en áreas teóricamente protegidas como parques nacionales, y Tillet subraya que, además del daño ambiental, se trata de zonas de recursos limitados para la subsistencia, por los que ahora compiten las comunidades indígenas y los mineros.
Los indígenas “al depender de la minería para obtener algún ingreso, se ven forzados a abandonar su actividad tradicional de siembra, pesca y caza, se deteriora su alimentación, y avanzan la desnutrición y las enfermedades, como el paludismo, y aparece la vía de decir adiós a sus tierras, desplazarse y migrar”, expuso Tillet.
El investigador sostiene que los servicios de salud responsabilidad del Estado prácticamente han desaparecido, y más con la pandemia de covid-19, y la educación se ha desplomado con la migración de maestros, dándose el caso de que “niños que deberían estar en la escuela ahora laboran explotados en las minas”.
En el documento que presentaron ante la Defensoría del Pueblo, las organizaciones yanomami y ye’kuana dijeron ser víctimas de asesinatos selectivos, contaminación de las aguas con mercurio, contagio de enfermedades y, en resumidas cuentas, de “un genocidio cultural silencioso”.
Niños de una comunidad uwottija (piaroa) en la zona del Orinoco medio, donde organizaciones de ese pueblo originario rechazan la presencia de grupos guerrilleros provenientes de la vecina Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS
El territorio, derecho huidizo
La vigente Constitución, de 1999, reconoció el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus culturas y poseer sus territorios ancestrales, y previó una demarcación expedita de esas áreas, de lo cual se cumplió solo una pequeña parte en el país.
En el caso del estado Amazonas, cuyo territorio es casi en su totalidad hábitat de pueblos originarios, esa demarcación se ha ignorado, impidiendo a los pueblos indígenas reclamar derechos, exigir consultas y consentimiento para la explotación del territorio y, eventualmente, obtener beneficios derivados de su posesión.
Para Tillet “la demarcación se mantiene como deuda, para la que no hay voluntad política, pero la avalancha minera ha relativizado su importancia, pues si las áreas protegidas como parques nacionales o monumentos naturales son violadas por la minería, puede pensarse que se haría lo mismo con territorios indígenas”.
Ejemplos son el sudoriental Parque Nacional Canaima, de 30 000 kilómetros cuadrados, rico en tepuyes –montañas de paredes verticales y techos planos – y grandes saltos de agua, y el Yapacana, en medio del estado Amazonas, de 3200 kilómetros cuadrados, donde la minería se practica mientras las autoridades miran hacia otro lado.
En cambio, en el noroeste se mantiene, con episodios de violencia, la lucha por la tierra del pueblo yukpa, en el centro de la Sierra de Perijá y que, como sus vecinos barí de origen chibcha y los wayúu, son un pueblo binacional, aunque con más individuos del lado venezolano que del colombiano.
El nudo del conflicto es que a lo largo del siglo XX los indígenas fueron arrinconados en las tierras más inhóspitas de la montaña, mientras que las llanuras, sobre la margen occidental del lago de Maracaibo, fueron ocupadas por fincas ganaderas.
Algunas comunidades han aceptado lotes de tierras –las menos ricas- otorgadas por el gobierno, pero un núcleo yukpa duro, que dirigió hasta su asesinato en 2013 el cacique Sabino Romero, reclama tierras donde hay haciendas ganaderas, mientras resiste incursiones de contrabandistas y guerrilleros en plena montaña.
Sabino Romero, cacique yukpa, de la Sierra de Perijá, fronteriza con Colombia, asesinado en 2013 en el marco de las luchas de su pueblo por recuperar tierras que quedaron en manos de ganaderos a lo largo del siglo XX. Foto: Sociedad Homo et Natura
“Otros miembros de la familia y seguidores de Sabino han sido asesinados al paso de los años y soportan agresiones y el asedio de sicarios y empleados de fincas ganaderas, cuando no de la Guarda Nacional (policía militarizada) o el ELN”, dijo a IPS Lusbi Portillo, conductor de la ambientalista Sociedad Homo et Natura.
Ana María Fernández, activista yukpa de la zona, ha dicho que “no solo luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, cuerpos policiales y Guardia Nacional, y el Estado que no permite la demarcación de nuestras tierras. Nos atacan por igual la guerrilla colombiana y sicarios contratados por ganaderos”.
En contrapartida, algunos yukpa en ocasiones toman ganado como modo de cobrar los daños que se les infligen, pero otros, menos combatientes y no habituados a vivir en las ciudades “improvisan alcabalas en lo que fueron sus tierras para cobrar derecho de paso y tener algo de dinero para comer y sobrevivir”, dijo Portillo.
El activista sostiene que una alternativa es que el Estado cumpla compromisos de indemnizar a ganaderos cuyas haciendas deban ser devueltas a los indígenas, así como sus deberes de proporcionar vías de transporte para la producción agrícola de las comunidades y atención en salud ante el auge de enfermedades.
Ana María Fernández, activista de comunidades yukpa que reclaman la demarcación de sus territorios ancestrales en la occidental Sierra de Perijá, y de los cuales las mejores tierras fueron ocupadas por haciendas ganaderas a lo largo del siglo XX. Foto: OEPV
Hora de migrar
La crisis de la segunda década de este siglo en Venezuela ha forzado a miles de indígenas a migrar, en el torrente de seis millones de venezolanos que han abandonado el país desde 2014, en su inmensa mayoría dirigiéndose a los países vecinos de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y España.
El grupo más numeroso es el de los warao, pueblo poblador del nororiental delta del Orinoco, en cuyo frente sur también hay actividad minera y maderera, y que han ido mayoritariamente a Brasil, aunque también a Guyana y Trinidad y Tobago.
Los warao “son menos de 50 000, y la migración de al menos 6000, más de 10 % de ellos, es una merma que dice mucho de la situación de derechos humanos de esta población. En el norte brasileño hay unos 5000, y Brasil ya los considera como otro pueblo indígena, además muy viajero, en su territorio”, comentó Tillet.
Pablo Tapo, del pueblo baré y coordinador del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, levantó un informe según el cual más de 4500 indígenas de nueve etnias en su región cruzaron la frontera con destino a Colombia en tres años.
Tanto en ciudades como en las zonas rurales “las comunidades se quedan solas porque no hay atención ni servicios, en los hospitales ambulatorios no hay médicos, ni medicinas ni insumos, y no hay seguridad alimentaria”, dijo Tapo.
En el sudoccidental y llanero estado de Apure, la confrontación armada que involucró hace meses a guerrilleros colombianos con militares de Venezuela forzó la huida a Colombia de grupos indígenas que poblaban el lado venezolano del río Meta.
En el extremo sudoriental, junto a Brasil, el pueblo pemón se ha resentido del desplome del turismo por la inseguridad asociada a la minería y la pandemia, incentivo para migrar, y en el noroeste para pueblos como los wayúu aprovechar los cruces de frontera es una vieja práctica sin novedad.
América del Sur/Venezuela/06-05-2022/Autor(a) y Fuente: www.elnacional.com
Rechazan que se otorgue este «precario bono» a los jubilados más jóvenes y se discrimine a los pensionados y jubilados del Seguro Social antes de 2018, mayores de 60, 70, 80 y más años.
Los pensionados y jubilados de Venezuela tomarán las calles el 29 de mayo en protesta contra el bono único de 10.000 bolívares anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro.
«El bono de 10.000 Bs es una estafa» es el eslogan de la protesta, informó la Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela en un comunicado en el que acusó al líder chavista de pretender una estrategia divisionista, utilizando de manera discrecional los recursos del Estado, que deben ser para todos los venezolanos.
«Maduro otorga el bono solo a un sector de los jubilados, tratando de ganarse a los beneficiados para sus intereses políticos y evitar a la vez que se unan a las acciones en su contra convocadas por esta coordinadora», dice el documento.
Agregó que se otorga este «precario bono» a los jubilados más jóvenes y discrimina a los pensionados y jubilados del Seguro Social antes de 2018, mayores de 60, 70, 80 y más años, que son los más necesitados y vulnerables por razones de edad y salud.
Nicolás Maduro aprobó el 1 de mayo un «bono único» de 10.000 bolívares, unos 2.227 dólares al cambio oficial, para los trabajadores jubilados entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de este año.
«Para todos aquellos que (se) hayan sido jubilados desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de mayo de 2022, un bono único de 10.000 bolívares. Esto para reparar y compensar en algo a los jubilados de ese período», expresó Maduro en una manifestación en Caracas en el marco del Primero de Mayo.
Señaló que en medio de la «guerra económica imperialista» se afectó la vida de los jubilados. «Hubo jubilados que se fueron con un pago miserable», dijo.
Sostuvo que estudiará la posibilidad de compensar a jubilados de años anteriores a 2018.
«Hay que tomar las medidas para ir compensando y todo el que se jubile de aquí en adelante tenga su pago justo y digno de acuerdo a la labor que cumplió durante 30 años para el país», subrayó.
Maduro indicó que el pago a jubilados de este «bono único» será en tres partes. En el acto ordenó a Delcy Rodríguez discutir y mejorar todos los convenios colectivos de los trabajadores del país «sin excepción».
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/venezuela/pensionados-y-jubilados-protestaran-contra-el-bono-de-10-000-bolivares-es-una-estafa/
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