Venezuela

Por: Luz Palomino

Introducción

María es una madre soltera venezolana, sin pasaporte por lo cual ha tenido que salir ilegalmente. Ha traspasado la frontera venezolana-colombiana a través de una trocha (camino verde). En una mano lleva arrastra su maleta con los pocos enseres que puede cargar, con la otra mano carga como un riel a sus dos pequeños hijos. Ella no sale ni ingresa a otro país por las instancias legales, por lo cual ella y sus hijos pasan  a ser invisibles. Su odisea recien se inicia como la de miles de venezolanas.

Comer en Venezuela con un salario de cuatro dólares mensuales es imposible, por ello trabajar a destajo, sin seguridad social y durante casi diez horas es una bendición. Ha conseguido laborar en un restaurant en la cual le facilitaron una pequeña habitación adjunta al negocio, donde deja a sus pequeños hijos mientras trabaja. No sabe cuanto le descuentan por la habitación, pero al menos ahora los niños tienen las tres comidas. La educación, salud y recreación son lujos que al menos por el momento no puede asumir.

Regrese todos los dias a casa a jugar y hablar con sus niños. Una plaza medio alumbrada se ha convertido en el lugar donde correr, gritar y ser felices. Cuando se cansan vuelve a casa a lavar, acomodar todo y preparar la comida del día siguiente. El Estado es una entelequia invisible para María.

La historia real de Maria motivo este artículo.

Metodología

La investigación se centró en la situación de Venezuela 2017-20, especialmente en la situación migratoria, mediante el estudio de caso de una migrante venezolana, actualmente en Ecuador. Para ello, realizamos entrevistas abiertas y finalmente en profundidad.

Para entender el marco que precede al proceso de migración analizaremos por una parte la situación social y económica, y por la otra los preceptos constitucionales y las normas jurídicas que debieron proteger a las personas que optaron por la migración.

Para poder cumplir con el propósito fue fundamental repasar las causas multifactoriales que no siempre son trabajadas a la hora de intentar comprender este fenómeno. Se tomaron como referencia las clases de: Economía del cuidado de Lucia Scuro, Migración, trabajo y cuidado de María Elena Valenzuela y protección social y migración de Carlos Maldonado.

En ese sentido, nuestra aproximación es desde la perspectiva de la integralidad de los derechos humanos, no desde una perspectiva moral.  Hoy, en todo el mundo, la gente está en movimiento. Las personas migran para escapar de la pobreza, para mejorar sus medios de vida y oportunidades, o para escapar de los conflictos y la devastación que asolan a sus países. “Las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19,6 millones de personas refugiadas del mundo”(OIT,2020). Destacando que durante las últimas cinco décadas el número de personas migrantes internacionales en el mundo se ha triplicado.

Según cifras de Macro datos, para el año 2019, por lo menos habian emigrado de Venezuela 1.302.797 mujeres, muchas de ellas acompañadas de menores de edad y sin nadie que les apoyara en los cuidados. Las dimensiones de participación de las mujeres en los procesos migratorios hace necesario que se visibilicen factores que se corresponden al patrón patriarcal y demandan una perpsectiva de género en la generación de políticas públicas de protección efectivas.

Contexto

Venezuela vive una conmoción política, económica y social sin precedentes desde el año 2014. No solo es la inestabilidad política sino la devaluación de la moneda nacional que hoy lleva a que se requieran 3.800.000 bolívares para que se pueda comprar un dólar, billetes con denominaciones de 500.000 y 1.000.000 de bolívares, inflación superior a los cuatro dígitos y una pérdida absoluta del poder adquisitivo del salario, con un salario mínimo mensual de menos de 50 centavos de dólar.

La sobrevivencia ha lanzado a millones de venezolanas y venezolanos a la migración. Pero Venezuela era un país receptor de migración, no tiene cultura de partida. Eso ha empeorado las cosas, porque el aparato estatal ha resultado insuficiente para atender temas asociados tan simples como dotar de un pasaporte vigente a quienes parten. El sistema escolar nunca formó, ni forma aún, para educar para los procesos migratorios.

Las familias han tenido que aprender el oficio de emigrar, a unos costos terribles.  Han tenido que vender sus priopiedades, viviendas e hipotecarse para poder apoyar económicamente a quienes deciden emprender el viaje, con la esperanza que cuando obtengan trabajo podrán enviar remesas a quienes quedan sin nada y endeudados. Ello genera otra carga inusitada y no conocida en los trabajos de cuidado; ahora hay que proveer y cuidar a quienes se van con las mujeres que migran, pero también proveer a quienes se quedan.

Los países receptores de la migración venezolana han respondido de manera desigual, pero la constante, salvo honrosos casos como el de Argentina, ha sido la desprotección laboral, la carencia de seguridad social y problemas enormes para acceder al derecho básico de la identidad. La mayoría de mujeres venezolanas que emigran lo hacen con estatus ilegal, lo que les impide acceder a los mecanismos de garantía social de los países receptores.

Aproximadamente el 8% de los y las venezolanas han iniciado un proceso emigratorio, dejando los hogares y redes de apoyo familiar. Las embajadas de Venezuela en los países receptores (allí donde todavía hay) no han tenido una política de protección integral a los connacionales. Solo los vuelos de retorno se han ofrecido como alternativa, pero ellos solo han sido usados por unas doscientas mil personas. Igual, al llegar al país encuentran aún en peores situaciones lo que dejaron cuando partieron.  Muchos han regresado para tomar un segundo aliento y partir nuevamente.

Este fenómeno ha generado lecturas polarizadas que no contribuyen a su estudio y la generación de propuestas en políticas publicas. Como expresión de la crisis política existente en el país, el gobierno acusa a los y las migrantes de traidores al país, mientras la oposición los victimiza de manera maniquea. Ni uno ni los otros presentan alternativas de solución viables en formato de políticas públicas. Mucho menos con enfoque de intersectorialidad y progresividad de los derechos humanos.

Marco Jurídico

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999,  a pesar de visibilizar a la mujer con un lenguaje de género inclusivo, carece de referencia explícita a la migración y a las mujeres y niñas migrantes. Esto se explica por la tradición existente de país receptor de migración, pero debe ser corregido ante la explosión de la diáspora venezolana del 2014 al 2020.

En política migratoria venezolana tenemos la Ley de Refugiados y Refugiadas, Asilados y Asiladas del año 2001, que dio respuesta a la llegada de importantes flujos de migrantes desde Colombia producto de la situación de guerra de ese país. Pero esta Ley fue pensada en un marco de bonanza económica de Venezuela y para garantizar apoyo a quienes llegaban al país. Ni una sola letra prevee la situación actual, por la cual es una normativa que solo sirve de precedente.

También se cuenta con la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía de 2004 y la Ley de Extranjería y Migración del mismo año. Esta última tiene por objeto regular la migración, proteger a quienes lo hacen y establecer las medidas sancionatorias. Nuevamente pensada para legalizar el estatus migratorio de quienes llegaban al país, nunca para quienes parten.

Al revisar el Repositorio de normativas sobre género y migración internacional del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIM- ONU, 2018), nos encontramos con el hecho de que Venezuela sólo presenta la Ley de Extranjería y Migración (2004), mientras que otras naciones ostentan hasta 19 normas, muchas de las cuales son de reciente data. En otro sentido, es notorio que el Estado venezolano está en deuda con legislación especifica pues diversas naciones de la región ostentan normas referidas a la temática de la migración.

Un elemento de riesgo adicional para las mujeres migrantes es el carácter individualizado de las negociaciones contractuales que debe afrontar cuando aceptan condiciones de trabajo en situación de desventaja. Esta situación, así como las tensiones y conflictos con la institución o familia empleadora, contribuyen a mantener la ignorancia de los derechos laborales y a inhibir el reclamo de su efectivo cumplimiento, lo que descubre la necesidad de asociación y sindicalización como desafío primordial.

El estudio

La migración se presenta en un escenario complejo que obedece en gran medida a los diversos fenómenos asociados al componente social de los territorios, en este sentido hasta el 5 de noviembre de 2020 hay 5,448,440 personas refugiadas y migrantes de Venezuela que viven en Latinoamérica y el Caribe según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual realizo encuestas en 16 países de acogida con alta concentración de población venezolana, que reflejaron los siguientes datos:

• De todas las personas entrevistadas, el 49 por ciento se identificaron con el género femenino, es decir unas 2.669.736 mujeres, una dato sensiblemente superior al de Macro Datos del 2019

• La mayoría de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas tenían entre 18-34 años (66%). Es decir, madres solteras jovenes, estudiantes que abandonaron sus carreras y en menor cantidad profesionales
• Seis por ciento de las mujeres entrevistadas estaban embarazadas y el 88 por ciento de ellas tenían entre 18- 34 años.

Indicando que la población de mujeres migrantes y refugiadas de Venezuela ha ido en aumento desde el inicio de la crisis migratoria, la mayoría son mujeres de bajos recursos que debido a las desigualdades sociales en el país decidieron migrar, teniendo como principales países de destino a Colombia, Perú y Ecuador. Esta población se mueve fundamentalmente en la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades laborales, y por considerarla como principal estrategia de supervivencia ante las difíciles condiciones de vida en Venezuela, lo que prioriza las razones económicas como causa de la movilidad.

La pobreza de las mujeres, entrecruzada con su necesidad de generar ingresos en condiciones laborales poco dignas, son clara expresión de las desigualdades estructurales de la región. Entre los catalizadores que estarían asociados al proyecto migratorio estaría el hecho de que sus condiciones de seguridad social estén precarizadas con respecto a las que existen en países destino, el surgimiento de polos de desarrollo con elevados ingresos derivados del desigual crecimiento de las economías o fenómenos como la variación en la cotización de la moneda, todos están presentes en nuestra realidad.

Las grandes desigualdades socioeconómicas son el principal elemento movilizador de los cada vez más numerosos grupos de mujeres que emigran. En este sentido, concordamos con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019a) en identificar al estrato socioeconómico o la clase social como primer eje estructurante de la matriz de la desigualdad social en la región, pues este condiciona la desigualdad de ingresos, lo que a su vez se constituye en un determinante causal de inequidad en el acceso al mercado laboral, la educación y la salud como expresiones de la distribución asimétrica de la propiedad y el ejercicio del poder.

Esta realidad trae como consecuencia que muchas mujeres de la región tenga que migrar, siendo ellas la población mas afectada por los impactos de la COVID-19. Según estimaciones de la OIT, del total de personas trabajadoras del hogar remuneradas en América Latina, un 17,2% son migrantes y en su gran mayoría son mujeres, esas mujeres están sobre representadas en algunas ocupaciones, caracterizándose varias de estás a partir de su mayor nivel de precariedad laboral, menores salarios y menor protección social.

La pandemia del COVID-19 ha visualizado las constantes contradicciones del bienestar con las que conviven las trabajadoras del hogar migrante: por una parte, son excluidas de la protección pública formal por sus dificultades de acceder a derechos sociales, pero por otra parte, son las principales proveedoras de cuidados en este sistema, el cual contribuye a su permanencia como trabajadoras asalariadas en condiciones de precariedad.

Las mujeres migrantes provenientes de Venezuela no escapan de esta realidad, enfrentan una serie de trabas que frenan su integración en los mercados laborales de la región, donde la ausencia de un estatus regular representa uno de los mayores obstáculos para conseguir un empleo formal o crear una empresa. también enfrenta problemas de discriminación y un alto riesgo de explotación laboral.

Estudio de caso

Con la inquietud de contactar con el sentir del inmigrante venezolano, se realizo una entrevista abierta a una venezolana que reside en Quito-Ecuador. La entrevista se construyo vía virtual; la entrevistadora dio a conocer su interés en el asunto de la migración venezolana, desde una mirada de las ciencias sociales y humanas, dejo claro que el contenido de la narración se enmarca en una investigación social.

La entrevistada es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela en el 2016, tiene 30 años y llego a quito en el 2018. El dialogo entre ambas fluyo con normalidad destacando que su actividad se centraba en los trabajos que ha realizado para sobre-vivir y ayudar a sus familiares en Venezuela.

Actualmente tiene dos trabajos de lunes a lunes de cuidados, vive en una pequeña habitación y no cuenta con estatus jurídico legal que le permita conseguir un trabajó estable o poner en practica sus conocimientos como abogada. Narra la sobrecarga de trabajo. Asegura haberse sentido discriminada como extranjera y por ser mujer. También el sentimiento de soledad la acompaña, pero no es el único: declara haber sentido tristeza, nerviosismo, sensación de reto, miedo, alegría y culpa.

Destaca la entrevistada tener enormes ganas de regresar a su país y con su familia. Cuenta que que la mayoría de mujeres venezolanas que emigraron y ella conoce, etán ahorrando poco a poco para volver y montar un emprendimiento.  A pesar que le envían remesas de dinero a sus familiares consideran que pueden ayudar mucho más si están cerca de sus padres mayores, enfermos o hijos que hayan quedado al cuidado de abuelos.

La entrevistada como abogada, reconoce como se violan sus derechos humanos a no tener acceso a la justicia, identidad, trabajo digno, bienestar social, y  la falta de información sobre su estatus y derechos laborales. Y si bien el trabajo doméstico aparenta ser un trabajo seguro que le ha permitido a millones de mujeres migrantes a mejorar su calidad de vida y la de los suyos, muchas a realizar el trabajo a «puertas cerradas» o de «puertas hacia adentro» puede acarrear ciertos riesgos como la violencia por medio de ataques físicos, violaciones y un índice de trabajo que puede resultar abrumador

Señala que en la actualidad, un número cada vez mayor de mujeres se desplazan solas, principalmente para encontrar trabajo, lo cual está provocando lo que se denomina la feminización de la migración. Si bien la forma en que las mujeres migran está cambiando, hay cada vez más mujeres que encabezan la migración, es decir, son el primer miembro de la familia que migran. En Venezuela son las mujeres jóvenes entres los 25 y 35 años de edad que salen a buscar trabajo para ayudar a los familiares que dejan en el país.

El derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en otros tratados internacionales y regionales de derechos humanos, así́ como en otros instrumentos jurídicos internacionales pertinentes, como los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este derecho es un componente importante de otros derechos laborales consagrados en el Pacto y el corolario del derecho a un trabajo libremente escogido y aceptado, que figura en el articulo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En todo el mundo, las mujeres refugiadas y migrantes desempeñan un papel central como sostén de las comunidades y economías. Por esta razón, los compromisos mundiales deben incluir el logro de la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y el cumplimiento de sus derechos humanos como principios subyacentes. Asimismo, deben abordar las necesidades propias de las mujeres y las niñas, incluir sus voces, y prever la rendición de cuentas ante ellas.

Conclusiónes preliminares

En el actual contexto de desigualdad que identifica a América Latina y el Caribe y dado el carácter mayoritariamente intrarregional de su migración, conviene apuntar que en los últimos años en Venezuela se ha invertido drásticamente el patrón migratorio, y de ser un importante punto de recepción de migrantes, se ha convertido en lugar de salida.

En Venezuela se requiere un acuerdo nacional para construir las condiciones de posibilidad para el retorno a la patria de los cientos de miles de emigrantes que hoy se encuentran dispersos por el mundo. Pero ello solo será́ posible, si recuperamos el poder adquisitivo del salario de la clase trabajadora y los profesionales, si se detiene la inflación desmedida y se desarrolla una relación entre capital y trabajo a favor del segundo de estos componentes.

Se requiere un nuevo marco jurídico que garantice protección a los y las migrantes, tanto en la organización de su partida (dotación de pasaporte, educación para la inserción laboral, apoyo económico), como de acompañamiento en los territorios a donde lleguen los y las connacionales

Se deben reforzar y promover  mecanismos regionales de protección social, para garantizar el acceso de las personas trabajadoras migrantes y sus familias a los sistemas nacionales de protección social. Es clave que sean incluidas en las estrategias que diseñen los Estados para construir pisos de protección social y asegurar, entre otras cosas, el acceso a la atención de salud y la cobertura ante contingencias como la que se vive en la actualidad con la pandemia de COVID-19.

Finalmente resulta indiscutible que la experiencia de la migración favorece la autonomía personal y la autovaloración de las propias capacidades de las mujeres trabajadoras, lo que entraña una reconfiguración de sus relaciones con la familia y la pareja actual o futura, pero que pueden desaparecer en la medida en que se ve forzada a retornar al país de origen y a enfrentar la cotidianidad comunitaria que la confronta con señalamientos y culpabilizaciones a la vez que con su nueva identidad empoderada.

Como puede entenderse, la relevancia de visibilizar esta realidad radica en que entrecruza desigualdades heredadas que están presentes en el imaginario y las relaciones sociales y de poder en los países de origen, tránsito o destino, por lo que es importante reconfigurarlas para garantizar a nuestras mujeres una verdadera inclusión con justicia y equidad.

Bibliografía Consultada:

17 Objetivos para las personas y para el planeta, Naciones Unidas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1-gender-demografia.pdf

https://www.refworld.org.es/pdfid/5cf6ad854.pdf

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-refugees-and-migrants

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44655/1/S1900271_es.pdf

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/04/V2-Conv02-Migraciones-y-movilidad-09-Luis-Bonilla.pdf

TRABAJADORAS REMUNERADAS DEL HOGAR EN ALC FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19.pdf

Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID‐19 -hacia sistemas.pdf

CEPAL (2019) Panorama Social de América Latina 2019.pdf

(Investigación realizada para la especialización de políticas de cuidado de CLACSO)