Los educadores estadales piden al gobernador de Apure, Eduardo Piñate, que no migre la nómina de educación al ministerio, porque con la implementación del aumento de marzo y el método Onapre, ya padecen desmejoras en sus primas que la migración, indicaron, acentuaría.
San Fernando. “Por favor gobernador, no nos pase al ministerio porque está afectando a muchísimos docentes”. Esa es la petición de una maestra destacada en la población de El Nula, parroquia San Camilo, municipio Páez del estado Apure.
La educadora, que prefiere no identificarse, cuenta que tiene seis años en espera de su jubilación y aún no ha recibido su resolución por parte de la gobernación, por lo que teme salir perjudicada en sus prestaciones sociales si se materializa el cambio.
“Nosotros tenemos más beneficios por el estado, si me trasladan a la nómina dependiente del Ministerio de Educación, los beneficios serán menores y me perjudica”, expresa la profesora.
El temor no solo de la maestra destacada en El Nula, sino de todos los maestros apureños, es que el gobernador de la entidad, Eduardo Piñate, recientemente dijo a la dirigencia magisterial que, en caso de que ocurriera la migración, “esas organizaciones sindicales de aquí ya no administrarán contrato”.
Los docentes están preocupados porque saben que la medida “está lista para implementar” y ya padecen la suspensión de su contratación colectiva regional, con el aumento salarial de marzo y el instructivo Onapre.
Reducción del sueldo en cada quincena
¿Hasta cuándo nos van a seguir perjudicando? también nos han venido reduciendo las quincenas desde que nos aumentaron el sueldo, en marzo”, dice la maestra de El Nula.
La docente está calificada en el escalafón seis con más de 27 años de servicio en el área rural. A partir del aumento, su quincena se incrementó a 457 bolívares, pero luego, tras progresivas reducciones, actualmente, cobra 374 bolívares.
Yo vivo en la frontera y allá no se maneja el bolívar sino el peso o el dólar y mi quincena es de 165.000 pesos o 46 dólares y eso no me alcanza, no puedo abastecer mis necesidades con eso”, añade.
“¿Cómo es posible que los docentes que estamos siendo tan maltratados, porque cada vez que vamos a cobrar el salario en vez de incrementarlo lo desmejoran, ahora nos vienen con esto?”, cuestiona otra maestra de San Fernando, también con categoría seis y doctorado.
Para la docente, que imparte clases en la capital apureña, lo ha ocurrido con sus quincenas ya impacta demasiado en su economía como para enfrentar otra desmejora.
Con la prima geográfica de ruralidad, esta maestra cobró, el pasado 15 de marzo, una quincena de 490 bolívares, pero con las reducciones, en la última de agosto sólo recibió 400 bolívares.
Es significativa la desmejora, nos tienen maltratados, vejados y atropellados, nos están matando de hambre, y ahora esto, lo que se nos quite están perjudicando a las familias apureñas”, expone la educadora.
La quincena reducida vale menos en frontera
Un profesor que labora en el casco urbano de la población de Elorza, que identificamos como Pedro por proteger su identidad, sostuvo que de 460 bolívares que cobraba, ahora va por 320 bolívares debido a las reducciones.
Pedro obtiene por su quincena 120.000 pesos colombianos y su poder adquisitivo cada vez es menor.
Por cada 100 bolívares dan 45.000 pesos, primero eran 75.000 que también era poco, pero ahora es mucho menos. Más de un maestro se emocionó con el incremento de marzo, comencé a jugar susú (ahorro), para comprar un teléfono y quedé con la deuda porque ya no alcanza para seguir ahorrando ni siquiera para un par de zapatos, a eso hemos llegado con la Onapre”, aseguró.
El docente de aula integrada de Elorza afirma que tampoco les han pagado la cláusula de educación especial que les corresponde. Además, la mayoría trabaja campo adentro y eso implica otros gastos que el ejecutivo no asume.
“Yo vivo en el sector Caujarito y mi escuela está en el puente Lauro Carrillo, camino 45 minutos y a otros les queda más lejos y los pocos que tienen moto pagan la gasolina cara, una mitad subsidiada y la otra a precio internacional”, describe.
Pasaje en 80.000 pesos
Los docentes de Puerto Infante, un sector ubicado en las riberas del río Arauca, distante de Elorza, permanecen menos de un año en la escuela porque un pasaje hasta allá cuesta 80.000 pesos (200 bolívares). Por esa misma razón, las escuelas Leche Miel y El Jobal están solas, asegura el profesor.
Con qué dinero un maestro va a pagar 80.000 pesos para ir y, además, tiene que llevar el mercado para quedarse. Los dos maestros que tiene ahorita Puerto Infante están pidiendo que, en su lugar, vayan bachilleres de la comunidad para que le den clases a los niños y no pierdan el año”, reveló.
Pedro cuenta a Crónica.Uno que además de lidiar con las reducciones salariales, los grupos irregulares que operan en la frontera entre Venezuela y Colombia complican las labores de enseñanza.
Yo estaba en la escuela El Jobal y, en 2010, me trasladaron para acá, pedí el traslado porque, esa vez, los grupos irregulares acabaron con la zona, oscurecía y en la mañana todo el mundo amanecía mudándose”, relata el educador.
Luego de este hecho, el maestro comenta que la escuela de El Jobal permaneció dos años sin profesor, por temor a los grupos irregulares.
Fin de 43 años de lucha
El pasado 9 de septiembre, el magisterio apureño publicó un comunicado para refutar descalificaciones en su contra proferidas por el gobernador Eduardo Piñate y fijar su oposición respecto a la posible migración de nómina.
De acuerdo al texto, el cambio “eliminaría, de un solo plumazo, todos y cada uno de los beneficios que hemos conquistado a lo largo de 43 años de lucha y que, usted (gobernador) ahora sabe, que superan abiertamente los beneficios de los docentes nacionales”.
“¡Dígale a los maestros estadales que si usted transfiere las nóminas al MPPE no va a haber variación en su sistema de remuneración, pensiones por incapacidad y sobreviviente y que seguirán cobrando sus primas de especialización, maestría, doctorado, geográfica y bono nocturno con salario integral!”, exhorta el comunicado rubricado con más de 1000 firmas.
Piñate aún no ha notificado a los maestros de la posible transferencia, pero tampoco la ha negado y, en las últimas semanas, ha hablado contra la dirigencia magisterial por protestar y exigir que se detenga su implementación.
“Ya lo tienen listo en Recursos Humanos para implementar, sólo esperan la orden del gobernador”, asegura Martín Paredes, secretario general del Comando Intersindical del Magisterio apureño. Además, Paredes critica que la acción es “inconsulta y bajo absoluto secretismo”.
El secretario general del Comando Intersindical del Magisterio apureño compara cada uno de los beneficios de la novena convención y contratación colectiva de educadores regionales con la convención nacional.
Enumera que la regional reconoce como antigüedad todos los años de servicio para el pago de jubilación. El ministerio sólo hasta seis años luego de los 25 reglamentarios. Lo anterior indica que, si un maestro tiene más de 31 años laborados, no le pagan esa diferencia.
La convención regional paga las primas de jerarquía, especialización, maestría y doctorado con salario integral, mientras que el MPPE lo hace con salario básico.
Por las primas geográficas la gobernación paga 20 % del salario integral y el ministerio 20 %, pero del salario básico. La prima de doble riesgo, que es 5 % del salario integral para los docentes de frontera, en la nómina ministerial no existe.
Aumento sin primas
Antes de estas reducciones los docentes ya experimentaban “retardo exagerado” en la incorporación y pago de beneficios contractuales como la profesionalización y resto de primas, indica Paredes.
Además de la transferencia de nómina, la gobernación apureña planea implementar un nuevo método de pago de prestaciones sociales que es “confiscatorio del patrimonio familiar de los docentes que se van a jubilar”, dice Paredes.
Explica que este nuevo método sólo reconoce, en el pago de prestaciones sociales, hasta 25 años de servicio y, si un docente tiene más tiempo, esos años de diferencia no son reconocidos.
Control político
Educadores apureños sostienen que tras la migración, hay un plan del gobierno iniciado con el aumento salarial de marzo. La rebaja progresiva en los pagos de las quincenas experimentadas desde entonces hacen parte de ese plan y, aseguran, es una estrategia para introducir las modificaciones gradualmente y, así, condicionar la adaptación y mitigar la reacción social.
El cometido final es homologar los salarios de todos los trabajadores del sector público, inhabilitar su lucha reivindicativa y utilizar el salario como un instrumento de control político.
La intimidación y la contraofensiva son los instrumentos para garantizar que se cumpla el plan, indican estos educadores. Uno de ellos pone como ejemplo lo ocurrido, hace un mes atrás, en la Inspectoría del Trabajo de San Fernando, la capital apureña.
“Cuando fuimos a introducir nuestra petición de eliminación del instructivo Onapre nos esperaban dos tanquetas de guerra, curioso ¿verdad?, los maestros que en cualquier parte del mundo somos el símbolo de la paz y la democracia, fuimos recibidos con el símbolo de la guerra”, comentó.
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