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Ay Nicaragua, Nicaragüita… (III)

Ay Nicaragua, Nicaragüita… (III)

Mario Alberto Puga

Alguien me dijo alguna vez que a los nicaragüenses les gusta sufrir; y que cuando están felices, buscan la manera de arruinarlo todo, con tal de volver a su estado natural: la desgracia.

Y pareciera cierto pues teniendo todo para salir de esta crisis -incluyendo al propio sandinismo-, su clase política ha elegido la más peligrosa de las opciones: la obsesión por el poder.

Por un lado, el gobierno de Daniel y Rosario ha hecho caso omiso de todas las recomendaciones y todos los señalamientos y, como si no pasara nada, se dirigen hacia un cuarto mandato presidencial, aunque para ello tengan que encarcelar, expulsar, reprimir e inhibir a toda oposición o crítica, sin pensar en las consecuencias.

Nunca ha pasado por su cabeza la posibilidad siquiera de un proceso electoral equitativo y transparente, mediante el cual ellos mismos pudieran reivindicarse o ganar limpiamente su continuidad, -en caso de que el voto duro les favoreciera-, a través de un sandinismo fresco y renovado, que deje atrás el caudillismo de Ortega y el esoterismo de Murillo y rescate lo poco que queda de una revolución que una vez fue apoyada por todos los nicaragüenses, pero que hoy es cuestionada por buena parte de sus simpatizantes dentro y fuera del país.

Por el otro lado, la oposición, con sus más de 10 precandidatos -fieles también a la fijación por el poder-, ha optado por la atomización de fuerzas, en lugar de consolidar una alternativa real y única, que le permita competir y buscar el triunfo, pues -como dijo uno de ellos- “nadie quiere bajarse del pedestal”, por lo que su primera batalla será entre ellos y ellas.

Tampoco se dan cuenta que entre esos diez se encuentra la candidata idónea para evocar la otra parte de la historia -Cristiana Chamorro Barrios-, cuando el sandinismo y el propio Ortega fueron derrotados por doña Violeta -madre de aquella- que, de manera natural, atraería no sólo el voto oculto de 1990, sino el voto de castigo por la represión de 2018, el voto de justicia por los muertos, heridos, detenidos y expulsados de 2019, 2020 y 2021 y, finalmente, el voto de la esperanza para los años venideros.

En esa fascinación por el poder han quedado atrapados unos y otros, además de la sociedad nicaragüense, que no sólo ha perdido de nuevo su libertad, sino -peor aún- la alegría de vivir, aunque sea en una crisis permanente, donde su desahogo era cantar, bailar, escribir, pintar y reírse de sus desgracias. Sin embargo, hoy sus cantantes se han ido al exilio; su música ha sido prohibida o confiscada; sus libros, especialmente de los autores opositores o críticos han desaparecido; los noticieros y sus periodistas favoritos hacen milagros para transmitir desde el exilio o en la clandestinidad; mientras los demás artistas pintan y esculpen nuevos paisajes de libertad en su imaginación. En una palabra, se ha perdido la alegría de ser “nicaragüense por gracia de Dios” y eso debe ser un pecado más para el gobierno de Ortega.

Mientras tanto, la estrategia del sandinismo ha dado los primeros pasos para asegurar su permanencia en el poder, primero, con la aprobación de leyes totalmente arbitrarias y violadoras de los derechos humanos que buscan destruir la disidencia; segundo, ha renovado a todos los miembros del Consejo Supremo Electoral a fin de garantizar el triunfo en las elecciones del 7 de noviembre próximo, donde tampoco se permitirá la observación electoral, lo que contraviene todas las medidas sugeridas por la OEA para lograr unas elecciones equitativas, transparentes y justas. Tercero, mediante la aplicación de dichas leyes, ha sacado del camino no solamente a posibles candidatos, sino a toda oposición y crítica, en una demostración clara de que no abandonará el poder de manera pacífica.

Por el contrario, mientras la oposición discutía quien sería su candidato o candidata, el gobierno canceló el registro de algunos partidos políticos, que servirían de instrumentos para la participación electoral. Luego, inició la persecución y acusación de precandidatos, comenzando con Cristiana Chamorro -por aquello de los fantasmas del pasado-, quien durmió una noche en prisión, para luego recibir casa por cárcel, de donde no puede salir, bajo la acusación de lavado de dinero en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual tuvo que cerrar temporalmente. Por si fuera poco, también se emprendió persecución a los dos hermanos de Cristiana -Carlos Fernando y Pedro Joaquín-, donde el primero alcanzó a exiliarse en Costa Rica y el segundo se encuentra preso.

Así, se siguió luego con otros precandidatos: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y Miguel Mora, con el pretexto de encabezar un golpe de Estado o bien, por traición a la patria, lo mismo da. De igual manera, la amenaza se ha extendido a ex compañeros sandinistas, hoy militando en la oposición o, simplemente, críticos de la pareja presidencial como son el ex comandante Víctor Hugo Tinoco, la inolvidable Dora María Téllez y el General retirado Hugo Torres, además de conocidos empresarios, periodistas y líderes sociales, hasta completar más de una veintena de casos.

Por su parte, la comunidad internacional ha hecho público su rechazo a todo lo que el gobierno orteguista está haciendo. Desde la OEA se aprobó hace poco -con 26 votos a favor- una resolución que rechaza las acciones del gobierno de Ortega y exige la liberación de todos los presos políticos. En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se adoptó también una resolución con 59 votos a favor, donde se denuncia la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Ortega, al tiempo que exigen elecciones limpias y equitativas, así como la libertad de los presos políticos.

Cabe señalar que en ambos foros México se abstuvo en la votación -junto a Argentina-, lo que no ha sido bien recibido por la gran mayoría de países, ni tampoco explicado claramente por ambos gobiernos, más allá de invocar el principio de No Intervención, aunque sin convencer a muchos de su validez ante una realidad que sobrepasa cualquier justificación. Y es que, tan no quedó claro que ambos países tuvieron que llamar a consultas a sus respectivos embajadores en Managua, lo que tiene varios significados.

Uno, que México y Argentina requieren de mayor información, lo que implica entonces que ninguno de ellos sabe realmente lo que está pasando en Nicaragua. Dos, que cuentan o elaboran una estrategia conjunta para destensar el conflicto. Tres, que podrían reconsiderar su decisión, ya que, de acuerdo a las prácticas diplomáticas, los países acostumbran llamar a consultas a un embajador cuando no están de acuerdo con alguna decisión del país receptor, ya sea para dar nuevas instrucciones a su embajador o hasta para bajar el nivel de la representación, nombrando a un encargado de negocios en su lugar, como una forma de manifestar su desacuerdo.

En mi opinión, México demuestra con su accionar las tres hipótesis anteriores, es decir, no sabe realmente lo que está pasando en Nicaragua, pues de otra forma no se explica el voto de abstención y luego el llamado a su embajador. Lo de una estrategia conjunta me parecería tardía y sin ninguna oportunidad de incidir en un proceso que lleva años y donde el comandante Ortega ha sido enfático en todo este tiempo en no escuchar a nadie, mucho menos a la comunidad internacional. La última vez que lo hizo -al expresidente de EU Jimmy Carter- le costó entregar el poder a doña Violeta en 1990, que no recuperó sino hasta 17 años después. Tercero, ha reconsiderado su decisión, según el comunicado posterior que se suma a la petición de elecciones transparentes y libertad a precandidatos, aunque no estoy tan seguro que se pretenda bajar el nivel de representación.

Sobre el principio de No Intervención invocado por México me parece que por sí solo no sirve al propósito de esta crisis, si no va sustentado en acciones o declaraciones firmes y claras. Esto es -como ya expliqué en otro momento-, hay que enarbolar la No Intervención Activa en su lugar, “aquella que por definición no es pasiva, no es neutralidad a ultranza, (sino) que toma partido, no por una de las partes en conflicto, sino por el dialogo, la concertación y la resolución pacífica de las controversias, única vía para superar los conflictos en la región” que, además de acompañar el proceso, busca incidir en el devenir de las cosas.

Recordemos que, en 1978, México -más apegado que nunca a sus principios- rompió relaciones con el dictador Anastasio Somoza, justo en un momento clave del conflicto, que significó un apoyo fundamental para el FSLN, al que un año más tarde reconoceríamos como gobierno y con quien reanudamos relaciones de inmediato.

En ese sentido, México -aún con el liderazgo regional a cuestas y la calidad moral intacta sobre el FSLN- debe enviar un mensaje contundente al gobierno de Ortega de que la crisis social y política debe terminar de una vez por todas y que el proceso electoral y las elecciones generales del 7 de noviembre representan una oportunidad sinigual para que el país recupere la gobernabilidad e inaugure una nueva etapa de paz y desarrollo. De lo contrario, estaremos animando al comandante y a su compañera a incendiar lo que queda del país.

 

Politólogo y exdiplomático.
Fuente de la Información: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-alberto-puga/ay-nicaragua-nicaraguita-iii

 

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El bloqueo de EEUU y lo que de verdad está ocurriendo en Venezuela

El bloqueo de EEUU y lo que de verdad está ocurriendo en Venezuela

Atilio Borón

La agresión que Washington lleva a cabo en contra de Cuba, Venezuela, Irán y otros países es una flagrante violación de los derechos humanos ya que tiene como propósito destruir los fundamentos materiales y espirituales de una sociedad; es decir, el bienestar, la felicidad y la libertad de sus habitantes. En otras palabras, es un crimen de lesa humanidad que, sin embargo, no conmueve a los organismos internacionales que deberían exigirle a Washington que ponga fin a esas políticas, ni a las tantas ONGs, supuestamente interesadas en garantizar el respeto a los derechos humanos, que miran para otro lado cuando se trata de condenar los crímenes del imperio en los países arriba mencionados como en tantos otros.

Para los que estiman que estoy exagerando les sugiero visitar la página de Human Right Watch dedicada a Venezuela y comprobarán que estoy siendo demasiado bondadoso en mis críticas. Allí (https://www.hrw.org/es/americas/venezuela) puede leerse, textualmente, que:

“Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria sin precedentes con grave escasez de medicamentos y alimentos a la cual las autoridades venezolanas no han respondido adecuadamente. En 2019, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó se declaró jefe de Estado y pidió al pueblo y a las Fuerzas Armadas que lo apoyaran. El país continúa en un impasse político.”

Esta organización, como tantas otras de su tipo que proliferan entre los países sometidos al imperialismo, nada dicen sobre las causas de la “emergencia humanitaria” y la falta de “medicamentos y alimentos”. La razón: son organismos de pantalla del gobierno de Estados Unidos, que por eso les destina enormes recursos para propalar mentiras como las que acabamos de citar más arriba.

Cada vez que Human Rights Watch (o alguna otra ONG de su tipo) hace alguna declaración o produce algún dictamen sepan que quien realmente habla y condena es el gobierno de Estados Unidos. Y que va a mentir como invariablemente lo hace la Casa Blanca cada vez que pronuncia alguna declaración sobre los países víctimas de su bárbara agresión. Mintió cuando aseguró al mundo que había armas de destrucción masiva en Irak, y no había; y cuando dijo que el gobierno de Libia había disuelto a sangre y fuego una manifestación opositora en Bengazi, y nada había ocurrido en esa ciudad; y las que dijo durante 18 años sobre Afganistán, según demostrara el Washington Post en su edición del 9 diciembre de 2019, con el solo propósito de favorecer los negocios del complejo militar-industrial financiero.

Enumerar las mentiras de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos (reproducidas por fraudulentas organizaciones como Human Rights Watch) llenaría centenares de páginas. Alguien deberá realizar esa tarea algún día de estos.

Final: para comprender lo que realmente está ocurriendo en Venezuela recomiendo leer esta breve nota que añado a continuación.

Venezuela en situación difícil de Juan Manuel Cagigal

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/el-bloqueo-de-estados-unidos-y-lo-que-de-verdad-esta-ocurriendo-en-venezuela/

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Colombia: Comisionada de DDHH de la ONU repudia el asesinato de líderes sociales y pide medidas de protección

Comisionada de DDHH de la ONU repudia el asesinato de líderes sociales y pide medidas de protección

ONU urgió medidas inmediatas de protección para líderes sociales en territorios

Como “aberrante” calificó la ONU la situación de violencia contra los líderes sociales en el país y reiteró que el apoyo por parte del Estado debe ser institucional y no solo con la Fuerza Pública.

Durante un foro sobre el papel de los líderes sociales en el país y sus luchas en diferentes frentes como la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la Unión Europea y la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, pusieron sobre la mesa las difíciles condiciones que hay en estos momentos para los defensores, en lo corrido de este año se han registrado por lo menos 12 asesinatos.

Juliette de Rivero, representante de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, reiteró su preocupación por la situación de los líderes sociales en el país, aseguró que los hechos que se están presentando en Colombia deben alertar a toda la sociedad.

“Por eso es aberrante que los defensores de los derechos humanos tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa, es aberrante que grupos armados diversos puedan amenazar y atentar contra la vida de los defensores en los territorios”, aseguró la vocera del organismo.

Pero además, desde la ONU se reiteró que la atención a las comunidades vulnerables debe darse de forma integral, reiterando que la presencia el Ejército y la Policía es importante, pero no puede ser la única acción.

“Busca formas para que el Estado con todas sus instituciones haga presencia en los territorios más afectados por la violencia, no solo con la Fuerza Pública, sino con su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo, ambiental, con el propósito de acompañar todos estos activismos”, señaló de Rivero.

Así mimo, llamó la atención sobre la seguridad que se le está brindando a los líderes sociales en los territorios y destacó la necesidad de fortalecer esos espacios.

“La labor de la Unidad Nacional de Protección también es primordial, pero los casos aberrantes de amenazas y de intimidación, tienen causas violentas profundas que deben ser atendidas”, puntualizó la representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

Finalmente, organización reiteró que seguirá trabajando en Colombia, buscando una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos, en especial de aquellos que se encuentran en esos momentos en zonas vulnerables.

Radio Nacional


Más de 200 organizaciones del Caribe condenan amenazas contra líderes sociales de la Costa

Por Luis Castellar

La Ruta del Cimarronaje, un proceso colectivo que conforman más de 200 organizaciones sociales del Caribe colombiano, que trabajan de manera articulada con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, expresan su más profunda preocupación y rechazan el escalamiento de los actos violentos contra líderes sociales de la región.

Rechazan las amenazas y hostigamientos permanentes contra líderes y lideresas del territorio nacional y los hechos ocurridos recientemente en el  Caribe colombiano contra quienes desarrollan actividades en defensa de los derechos humanos, la protección de los activos ambientales, culturales, y eco sistémicos de sus territorios étnicos.

Caso El Salado

Los hechos más recientes y de suma gravedad tienen que ver con un nuevo desplazamiento de líderes y lideresas de la comunidad de El Salado, corregimiento del Carmen de Bolívar, en la subregión de los Montes de María, por la aparición de panfletos intimidantes, que recuerdan los tiempos aciagos cuando se produjo una de las más cruentas masacres registradas en los últimos 50 años del conflicto y durante los años más extremos de la guerra vivida en esta región.

Asesinato de líder palenquero

Igual damos cuenta del asesinato del líder Palenquero, historiador de la Universidad del Atlántico, Fredman Herazo Padilla, ocurrido en el municipio de La Apartada (Córdoba) a orillas del río San Jorge, mientras brindaba asesoría a los Consejos Comunitarios de origen afro de esa región.

Herazo originario de San Basilio de Palenque, magíster en educación y en lingüística, luchó de manera incansable y ejemplar por las lenguas nativas, el patrimonio cultural y el bienestar de las comunidades afrocaribeñas. Un impulsor destacado de la libertad y el conocimiento en los pueblos negros de nuestro Caribe.

En el Magdalena

En el Magdalena se registraron los atentados cometidos contra el Consejo Comunitario Rincón Guapo Loveran, comunidad afrodescendiente, que trabaja articulada con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el proceso de esclarecimiento, diálogo social y reconocimiento, cuya historia y lucha por los derechos territoriales y por el agua es testigo de más de 40 muertes violentas y el exterminio de una comunidad, que recientemente fue blanco de ataques, resultando gravemente herido uno de sus líderes, lo que ha generado nuevos desplazamientos.

Indígenas zenúes   

La masacre de indígenas zenúes, reclamantes de tierras en San Marcos, Sucre ocurrida el 25 de octubre del año pasado es otro hecho irracional que no ha tenido la debida atención a nivel regional y nacional.

Así también se han presentado constantes asesinatos contra líderes, lideresas y miembros de la población civil en el Departamento de Córdoba y el desplazamiento masivo de varias comunidades étnicas en el sur del Departamento.

Judicialización de líderes sociales

La judicialización de líderes Sociales y la masiva presencia y operaciones de grupos armados ilegales, en el sur de Bolívar, la Sierra Nevada, el Golfo de Morrosquillo y los Montes de María.

Los anteriores acontecimientos amenazan y ponen en riesgo la continuidad del proceso de articulación de las organizaciones sociales y comunidades étnicas con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Es preocupante, además, la ausencia de implementación de la política pública de protección y prevención en territorios étnicos a favor de los y las lideresas por parte del Gobierno Nacional.

Demandamos:

Del señor Presidente de la Republica, Iván Duque Márquez. Implementar eficazmente la política pública de protección y prevención y adoptar las medidas necesarias y urgentes, para la protección de los líderes, y lideresas de los territorios étnicos. Adoptar las medidas para la desestructuración y persecución o dialogo y sometimiento con los máximos responsables de las organizaciones armadas ilegales.

Del Fiscal General de la Nación. Adelantar las investigaciones que den con la captura y judicialización de los máximos responsables contra asesinatos de los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

De la Procuraduría General de la Nación. Exigir del Gobierno Nacional las garantías para protección de los derechos constitucionales a la vida y la adopción de medidas urgentes a favor de los líderes y lideresas de los territorios étnicos

Del Ministro del Interior. Instalar una mesa de trabajo con la Ruta del Cimarronaje a fin de exponer las preocupaciones sobra la situación de orden público y definir acciones de protección y prevención.

De la Comunidad Internacional. Solicitamos el acompañamiento para que se exhorte al Gobierno Nacional en el cumplimiento con la política pública de protección y prevención a favor de los territorios étnicos.

Diario AM PM


Líderes sociales en Catatumbo piden diálogos con actores armados

Personas en proceso de reincorporación y líderes sociales del Catatumbo piden al Gobierno Nacional retomar diálogos de paz con el ELN ante reactivación de la guerra entre grupos armados ilegales que se disputan el territorio.

stas declaraciones se vienen presentando ante la situación humanitaria de violación de derechos humanos en la región, producto del recrudecimiento del conflicto entre grupos armados ilegales que se disputan las rutas de financiación que sustentan estas estructuras.

“Solicitamos urgentemente las negociaciones con los grupos armados ilegales en la región, que se puedan reconocer los errores, y a su vez se puedan garantizar los procesos de reincorporación de los excombatientes que se acogieron al proceso de paz”, manifestó Eliecer Cardoza Avendaño, excombatiente.

A su vez, diversas voces de liderazgo en la región manifiestan que el Gobierno Nacional debe seguir la hoja de ruta que se acordó en el 2016, para impedir que el conflicto armado persista y así mismo garantizar el derecho a la vida y la seguridad de los habitantes de la región.

Líderes sociales, campesinos y comunales se reunieron, en días pasados, con representantes del Congreso, a quienes expusieron la crítica situación que están viviendo las comunidades a raíz de los constantes enfrentamientos armados.

“La seguridad para los líderes sociales siempre ha sido una persecución, no hay seguridad, en estos momentos la presencia paramilitar en el municipio de Tibú mantiene en zozobra nuestro liderazgo, porque no queremos repetir la historia de muchos líderes asesinados en Colombia”, aseguró un líder social que pidió reserva de su identidad.

Durante la reunión, la senadora del partido Farc, Sandra Ramírez, confirmó que “el panorama que estamos viendo en los territorios es de miedo, de terror. Día tras día lo estamos viendo, cuando no es desplazamiento, es asesinato o desaparición forzada o una amenaza para los campesinos, es una situación real en el Catatumbo”.

Además, se investigan las circunstancias en que ocurrió la muerte, el pasado sábado, de José Vicente Gonzales, excombatiente cuyo cuerpo fue hallado en el corregimiento Versalles del municipio de Tibú.

El panorama se agrava con hechos como el presentado en el municipio de Tibú en horas de la tarde este martes 19 de enero, cuando se registró un ataque armado contra miembros de la Policía, donde resultó herido el patrullero Diego Alberto Carvajal Jaimes, quien fuera trasladado a la ciudad de Cúcuta para que recibiera asistencia médica oportuna.

El hecho se presentó luego de que el uniformado y otros compañeros fueran atacados cuando se movilizaban por el sector La Virgen, de esa población del Catatumbo. “Con esta acción, ya son tres los policías que resultan heridos por estas repudiables acciones ocurridas en Tibú”, señaló el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía Nacional en Norte de Santander.

Radio Nacional

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2021/01/comisionada-de-ddhh-de-la-onu-repudia-el-asesinato-de-lideres-sociales-y-pide-medidas-de-proteccion/

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Y ahora imaginen una cárcel de mujeres en Afganistán

Fuentes: Público [Foto: Mujeres presas en una cárcel femenina afgana. – REUTERS]

En la noche del domingo 29 de marzo de 2020 un grupo de mujeres presas de la cárcel de Herat, Afganistán, protagonizó un motín en protesta por la inexplicable discriminación de otorgar el permiso de salida a algunas reclusas para evitar la propagación del coronavirus, mientras que a otras muchas no. Y eso sucede cuando, por la exigencia de EEUU —que busca una paz a cualquier precio con los Talibán— el Gobierno afgano ha aceptado excarcelar a unos 5.000 reos del grupo fascista.

Hace casi dos décadas los países de la OTAN, en uno de esos timos de las «intervenciones humanitarias», prometieron que, a cambio de apoderarse del estratégico Afganistán y sus recursos, harían de bombero pirómano y liberarían a las mujeres de la opresión de los yihadistas, que habían convertido el país en el peor del mundo para nacer mujer. Esta categoría hoy le queda corta al país centroasiático: a la violencia de los talibanes, que controlan gran parte del país, se han sumado la de decenas de miles de soldados y contratistas de la Alianza Atlántica, que han montado sus propios burdeles en las bases militares y hoteles, secuestrando o «arrestando» a las mujeres y niñas afganas, y también la de un gobierno títere que con sus leyes medievales sostiene la tercera pata de este triángulo de la guerra contra la mujer, aprovechando las tradiciones patriarcales arraigadas en la sociedad afgana.

«Patadas y paliza» es el maltrato más habitual que sufren las afganas. Afeitar la cabeza de la mujer, quemar su cara con agua hirviendo o cortarle la nariz y las orejas son otras formas singulares de la barbarie machista en este país. No es una contradicción que el mismo hombre que ha colocado su honor en el cuerpo de la mujer sea capaz de alquilarlo por horas a otros hombres -en la provincia Nangarhar, por ejemplo- o la ponga en subasta, mientras por este mismo «honor» le prohíbe a ella entrar en el mercado de trabajo, tener algo de seguridad económica y, por lo tanto, poder.

La violencia psicológica que experimenta desde la infancia y que ataca a la dignidad y la confianza de la mujer en sí misma y le genera ansiedad, miedo, soledad y depresión está dirigida a anular su capacidad de enfrentarse a una opresión que es integral y sistemática: Arezu, de 23 años, dio un beso de despedida a su hijo de tres meses y recitó una breve oración: «Por favor, Dios, detén este sufrimiento». Mientras, vertía queroseno de una lámpara sobre su frágil cuerpo. Luego encendió una cerilla.

El hospital de Herat tiene una unidad de quemaduras especial para estas mujeres-antorcha, que así visibilizan su desesperación, en una sociedad desgarrada, donde cuatro décadas de conflictos y guerra han hecho desaparecer la conciencia sobre los derechos más elementales del ser humano.

El infierno fuera de la cárcel

Rakhshaneh, de 19 años, fue lapidada en 2015 por los talibanes por fugarse con su amor, un chaval de 23 años, huyendo de un matrimonio concertado. Fueron entregados por los familiares y acusados de «relaciones sexuales». Él recibió unos latigazos. En esta tierra cogerse de la mano, darse un beso o incluso una mirada furtiva de amor son considerados «relaciones sexuales», y el cuerpo de la mujer, aquí al igual que en el resto del planeta, es propiedad de todo el mundo (sus padres, el marido, la comunidad, la religión o el Estado, y a veces todos juntos), salvo de ellas mismas, y cualquier atisbo de «autonomía» es castigado por ser un atentado contra la autoridad.

A Zarrineh su esposo le ató las manos y los pies y le cortó la melena y las orejas por pedirle el divorcio después de años de malos tratos. Un detalle: en la lengua darí no existe le verbo «divorciarse», sino «repudiarla»: «pido que me repudies» equivale a «quiero el divorcio», y los malos tratos no son motivos para que ella rompa un contrato que ha firmado su «tutor» varón con otro hombre, el esposo.

A Farjunda, de 27 años, la linchó una turba el 19 de marzo de 2015. Estaba discutiendo con un clérigo sobre los derechos de la mujer cuando este, en voz alta, le acusó de brujería y de haber quemado el Corán. Su cuerpo ensangrentado dejó de moverse minutos después. La policía afirmó que era inocente y arrestó a 49 hombres.

Las leyes prehistóricas

De los 43.000 presos de todo el país (datos del 2019), alrededor de 1.200 son mujeres, pero el número de las personas encarceladas es mayor: cerca de un centenar de niños y niñas, desde cero edad hasta los doce años, están encerrados en estos agujeros detestables y deshumanizados junto a sus madres; algunos incluso han nacido allí, en medio de dolor, tristeza, soledad y suciedad. No hay colegio en las cárceles ni tienen juguetes ni un lugar para entretenerse. Los familiares no los acogen por estar estigmatizados. Por otra parte, los hijos que permanecen con sus padres fuera de la prisión casi nunca pueden visitar a sus madres «delincuentes». La señora Marzi, de 60 años, está condenada a 30 años por la desaparición de su esposo, al que ni siquiera han buscado como es debido. No ve a sus hijos desde hace años.

Aunque hay reclusas por delitos del tráfico de droga, robo o incluso el asesinato (y no porque el CSI afgano hubiese descubierto el crimen a base de pruebas forenses, sino por la acusación de los hombres de la comunidad), la mayoría de estas mujeres están condenadas por los «delitos morales» redactados a base de un brutal sesgo androcéntrico pensando en mujeres, para los que estipula 16 años de cárcel. Estos delitos incluyen:

1) Huir del hogar, de los matrimonios forzados y de los abusos y palizas. La policía debe localizarlas y encerrarlas: son una verdadera amenaza para un orden social que protege al verdadero delincuente.

2) Haber sido violada. Para la ley no existen las relaciones forzadas: se trata de fornicación y adulterio. Punto. Las autoridades apoyan esta medida «porque es una forma de prevenir las enfermedades sexuales contagiosas». Muchas han sido violadas por «manadas» tras ser secuestradas. En 2011, Gulnaz de 19 años fue condenada a 12 años de cárcel por ser violada por el marido de su prima. Le ofrecieron una opción: esquivar la cárcel casándose con su violador (la ley bíblica 22: 28-29), como un castigo ejemplar al violador, quien así llevará de por vida el estigma de ser esposo de una deshonrada.

3) Exigir el divorcio al esposo y negarse a seguir manteniendo el núcleo esencial de un sistema perverso del poder.

Nadia, de 21 años, se escapa de los malos tratos de su esposo y es violada por un hombre que le iba a ayudar. Aprovecha la oportunidad cuando el violador está viendo la televisión; coge su escopeta y primero le dispara a él, después a sí misma. Ella sobrevive, y ahora se encuentra en la cárcel por dos delitos: huir de casa y matar a un agresor en defensa propia.

En el infierno 

La Dirección General de Asuntos Penitenciarios reconoció el año pasado que varias mujeres del personal de las cárceles habían sido acosadas sexualmente por los compañeros masculinos. ¡Imagínense lo abusos que pueden sufrir las reclusas! En las redes sociales afganas se está denunciando a este personal por «alquiler» a las presas por cientos de dólares por noche a los presos pudientes, o sea, los traficantes de droga. Lo que explica el embarazo de varias de ellas que llevan años encerradas.

Si bien la situación de estas mujeres había sido reflejada en el documental «Mujeres afganas, prisioneras con rostros» del director iraní-sueco Nima Sarvestani, quien instaló una cámara en la prisión Pul-e-Charkhi de mujeres de Kabul, fue Transparencia Internacional para Afganistán que visitó tres cárceles en 2018 para llamarlas «deplorables»: los presos no tenían acceso al agua limpia, ni a suficiente comida e incluso suficiente oxígeno, por falta de ventilación.

En las prisiones de Takhar, Lashkar Gah, Pul-e-Charkhi,  Baghlan,y Maidan Wardak, etc. no existe una clasificación de las presas y las niñas de 15 años están en la misma celda que las contrabandistas de droga; la mayoría de las mujeres, antes de entrar, estaban casadas y, por lo tanto, embarazadas o tenían hijos. Haciendas en celdas para cuatro personas «viven» unas diez con 5-6 hijos. Algunas ni tienen baño, por lo que el aire es irrespirable, ni entra la luz del sol, por lo que sus habitantes padecen enfermedades de piel, hueso y respiratorias. Aquellos recintos que cuentan con un patio pueden ser utilizados por ellas  una vez a la semana y durante solo una hora, el resto de los días y horas serán ocupados por los hombres presos.

Fatima, de 60 años, es condenada a 17 años por el asesinato de su anciano esposo y su joven nuera: «les sorprendí teniendo sexo y los maté con un cuchillo» reconoce, aunque ella, como el gobierno, no distingue entre la violación de ella a manos de él y «hacer el amor». Morirá anciana entre rejas cuando debería estar rodeada de sus hijos y nietos en su casa.

Algo diferente son las prisiones de Herat y Badam Bagh cerca de Kabul, reformadas por el Equipo de Reconstrucción Provincial – una constructora estadounidense, incrustada en su ejército. Estos centros cuentan con un espacio para niños, y se organizan clases y talleres de formación de tejer alfombra o costura.

Esta otra República Islámica instalada por EEUU y sus aliados, es incapaz de construir una sociedad justa e igualitaria, por lo que está levantando más cárceles en Tajar, Jozan y Panjshir pagando al Complejo de Industria de Prisiones de EEUU: pronto cerrarán las pocas fábricas que hay en estas regiones para dar sus trabajos a los «presos-esclavos» bajo el nombre de «reinserción».

En este espantoso sistema, la familia puede sobornar a los jueces para que retengan en la cárcel a las mujeres acusadas de «delitos morales», o para que las liberen si cumplen una condena por el narcotráfico.

También hay un grupo de mujeres de «Daesh» con sus hijos. Las que fueron esclavas sexuales de estos grupos terroristas de extremaderecha no tienen ninguna esperanza de salir: su vida aún es más difícil. Las compañeras les maltratan por haber sembrado caos y muerte por todo el país. Ellas ni pueden comunicarse con los carceleros, siendo de Indonesia, India o Pakistán, ni tampoco pueden contratar un abogado, por pobres.

Cientos de mujeres pasarán largos años con sus hijos en estos agujeros, y cuando cumplen sus condenas, puede que no sean liberadas debido a la burocracia y, si lo son, esta libertad puede significar una muerte segura, esta vez a mano de sus familiares: la deshonra sólo se limpia con la sangre de la víctima (de allí el sacrificio de animales ante los dioses). Tan sólo que una mujer pise el suelo de una comisaría supone en esta región del planeta haber mancillado la reputación de la familia, y no porque sean delincuentes, sino porque son manoseadas por la policía.

La artista afgana Kubra Khademi denuncia la inseguridad de la mujer al caminar por las calles de su país.

La artista afgana Kubra Khademi denuncia la inseguridad de la mujer al caminar por las calles de su país.

Gran parte de los miles de proyectos que supuestamente han sido realizados en Afganistán por las oenegés, esos mercaderes de caridad incrustadas en los tanques de la OTAN, se han hecho bajo el nombre de «ayuda a la mujer afgana». Este negocio ha movido una ingente cantidad de dinero, enriqueciendo a sus promotores y lavando los crímenes de los ejércitos ocupantes. Según la ONU, en 2018, alrededor del 80% de las mujeres y el 60% de los hombres eran analfabetos, a la vez que millones de niños y sobre todo niñas hoy tampoco van al colegio: y abrir colegios para niñas era y es uno de los reclamos de pedir subvenciones por estas organizaciones.

En 1978, las fuerzas progresistas afganas tomaron el poder para levantar un país justo e igualitario, y eligieron a la ministra doctora Anahita Ratebzad organizar este progreso para las niñas y mujeres. EEUU se les impidió.

Las valientes mujeres afganas se están jugando la vida para romper la carcomida estructura patriarcal aunque tengan que vestirse, como Kubra Khademi, de gladiadora.

Fuente: https://blogs.publico.es/puntoyseguido/6923/y-ahora-imaginen-una-carcel-de-mujeres-en-afganistan/

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Una nueva gran protesta clama en Francia contra la polémica ley de seguridad

Una nueva gran protesta clama en Francia contra la polémica ley de seguridad

La polémica ley que pretende limitar en Francia la difusión de imágenes de las fuerzas del orden recibió este sábado una nueva gran manifestación en su contra, que denunció un recorte de las libertades y acabó con incidentes.

La protesta en París, la segunda en una semana, partió de la céntrica Plaza de la República hacia la de Bastilla, pero la convocatoria se había extendido a otras ciudades del país y reunió a miles de personas.

Los altercados tuvieron lugar en la capital a su llegada a Bastilla, con destrozo de material urbano por parte de algunos encapuchados y lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la policía para intentar contenerlos.

El llamamiento estuvo impulsado por sindicatos, asociaciones de prensa, organizaciones de defensa de los derechos humanos y hasta por los «chalecos amarillos», en una nota conjunta que advirtió de que, de seguir adelante, Francia corre el riesgo de integrar la lista de países que violan la libertad de la prensa.

 

En el punto de mira de esa proposición de ley, aprobada esta semana en primera lectura por la Asamblea Nacional antes de proseguir en enero su tramitación en el Senado, está el artículo 24, que sanciona con hasta un año de cárcel y 45.000 euros de multa el difundir imágenes de los agentes con la intención de dañarlos.

«Impulsa una impunidad policial que ya está bastante presente con un Gobierno al que no le importan los medios para conseguir su objetivo de restablecer el orden», declaró a Efe Dominic Leroy, técnico audiovisual y «chaleco amarillo» que participó en la protesta parisina.

Sus integrantes fueron mayoritariamente jóvenes, con carteles como «Salvad vidas, filmad a los policías» o imágenes de la última actuación violenta que ha provocado la rabia ciudadana, la de la agresión a un productor musical negro, Michel Zecler, en un control el pasado sábado por no llevar mascarilla.

«Es importante que luchemos por nuestras libertades. Si la ley se aprueba, será un paso atrás. El foco no debería estar en la protección de los policías», apunta Iana, estudiante de 17 años para la que esta fue su primera manifestación.

El primer ministro, Jean Castex, propuso esta semana que una comisión independiente se encargara de examinar y reescribir el controvertido artículo, pero tuvo que dar marcha atrás y dejarlo de nuevo exclusivamente en manos del Parlamento ante las críticas recibidas por parte de ambas cámaras.

El clamor contra las fuerzas del orden llevó además este viernes a que el presidente, Emmanuel Macron, intentara atajarlo con un amplio mensaje en las redes sociales en el que admitió que las imágenes de la actuación policial contra el productor son «inaceptables».

Al mismo tiempo, el jefe del Estado pidió a su Ejecutivo que le haga llegar «rápidamente propuestas para reafirmar el vínculo de confianza que debe existir naturalmente entre los franceses y quienes los protegen».

Fuente de la Investigación: https://www.vanguardia.com/mundo/una-nueva-gran-protesta-clama-en-francia-contra-la-polemica-ley-de-seguridad-ya3156771

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Activarnos desde la sociedad civil

Por: Roberto Patiño

La mayor dificultad con la que se encuentran los venezolanos para enfrentar la crisis es sin duda el papel del Estado como un factor generador y aprovechador del caos y colapso que padecemos.

El Estado venezolano se ha convertido en uno de los principales generadores de violencia. Ya son reconocidas las masivas violaciones de derechos humanos que se producen por la acción de fuerzas de seguridad –policías, ejército, grupos de acciones especiales como la FAES–. De igual forma, grupos irregulares conocidos como colectivos actúan contra las personas bajo un manto de impunidad oficial.

Crisis tan delicadas y de gran impacto en la sociedad como la alimentaria, por poner solo un ejemplo, son instrumentalizadas desde el poder para imponer sistemas de control y coacción como al sistema CLAP. Esto genera dinámicas de exclusión, y de subordinación, que se ceban en los sectores más vulnerables, ampliando la desigualdad y profundizando la pobreza.

El pago de vacunas en alcabalas, el uso de material de ayuda humanitaria para fines proselitistas, la coacción sobre trabajadores de la salud y la educación, son solo algunas muestras de como el Estado se ha convertido en una amenaza clara para los ciudadanos y el factor determinante que precariza y complica el día a día de las personas.

En contraste, las organizaciones y movimientos de la sociedad civil que construyen redes de apoyo y llevan a cabo iniciativas para aliviar las diversas emergencias de la crisis se enfrentan a un doble problema: por un lado llevar a cabo acciones en medio de condiciones adversas en lo económico y social que dificultan la realización y la sostenibilidad de proyectos, y por otro, enfrentarse a un Estado victimario, que impone políticas y promueve acciones que profundizan la crisis y la aprovecha de manera criminal e inhumana.

Precisamente por esto es fundamental reforzar las dinámicas convivenciales de solidaridad, encuentro, organización y articulación que desde la sociedad civil puedan contrarrestar las lógicas predatorias y destructivas del Estado.

Hoy más nunca debemos redoblar esfuerzos y encontrarnos alrededor de las graves emergencias que estamos viviendo en la construcción mancomunada de soluciones. El ejercicio activo de los valores convivenciales resulta primordial para la superación de los terribles escenarios que atraviesa el país.

Sumarse a iniciativas que aborden emergencias de la crisis, apoyar a grupos y comunidades organizadas y visibilizar sus logros, construir redes de apoyo en nuestros entornos inmediatos, son algunas de las acciones que podemos hacer y que tienen un impacto real en nuestro entorno. Sobre todo, la activación de la sociedad civil desde iniciativas convivenciales, sienta las bases de organización y movilización necesarias para impulsar los urgentes procesos de cambios que los venezolanos estamos clamando.

robertopatino.com

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/activarnos-desde-la-sociedad-civil/

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Libro (PDF): “El primer debate filosófico de la modernidad”

Reseña: CLACSO

En este ensayo el filósofo Enrique Dussel desentraña con la maestría de los grandes pensadores los fundamentos de la Conquista y sus interminables ecos en la historia de la dominación política, cultural, religiosa y económica que aún pervive sobre los pueblos de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, recupera la figura y los argumentos de Bartolomé de las Casas, quien contribuirá con su tenaz intervención a la reivindicación del otro de la modernidad naciente.

Autor (a): Enrique Dussel

Editorial/Edición: CLACSO. TNI – Transnational Institute.

Año de publicación: 2020

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-721-5

Idioma: Español

Descarga: El primer debate filosófico de la modernidad

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2239&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1428

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