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Oportunidades y desafíos de la pandemia que nos hostiga

Por: Dinorah García Romero 

La COVID-19 ha demostrado que la educación dominicana ha de ser menos teórica. Ha de procurar la articulación teoría- práctica.

El título del artículo de este día puede resultar contradictorio y hasta molesto. Hay personas y sectores sociales que no se han detenido a pensar en esta dirección. Es normal que esto ocurra, sobre todo cuando no todos hemos tenido la ocasión de aprender a mirar los problemas de manera integral.  Esta es una tarea que se ha quedado en carpeta; por ello tenemos pocas herramientas filosóficas y antropológicas para ver más allá del hecho mismo. En la República Dominicana estamos participando de una tercera ola de la COVID-19 y no hay ambiente para celebrar por la alta tasa de positividad en más de diez provincias. Además, se ha incrementado el contagio en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal. Un total de 3,646 muertes a nivel nacional, hasta el sábado 5 de junio de 2021, nos indican que estamos en condiciones de altos riesgos. A esta situación ha de añadirse la resistencia a vacunarse de algunos segmentos de la población. Todos estos factores agravan el escenario y ralentizan el avance hacia una salud más robusta para todos los dominicanos. En este contexto, crítico y preocupante, constatamos oportunidades y desafíos.

Las oportunidades más relevantes se relacionan con las coyunturas que nos ofrece la pandemia para tomar conciencia de la necesidad del autocuidado y del cuidado colectivo. Este es un imperativo para poder sobrevivir y para apoyarnos en reciprocidad. En esta misma dirección, se nos invita a una mayor racionalidad en el uso de los recursos personales, públicos y de la naturaleza. El uso ordenado de recursos en los tres órdenes planteados posibilita un consumo sostenible, favorece la satisfacción de necesidades con equidad para todos.  Una de las oportunidades más significativas se vincula con el  desarrollo de la creatividad. La realidad impele a reinventar cotidianamente el pensamiento y la práctica para garantizar la sobrevivencia. De igual manera, la pandemia ha posibilitado el desarrollo de la generatividad. El empeño por los demás se evidencia en múltiples indicadores, especialmente en pueblos y comunidades. En esta dirección también se presentan ocasiones para el fortalecimiento del ejercicio y compromiso ciudadanos.

En el marco de la pandemia, se presentan situaciones diversas que demandan un ejercicio ciudadano responsable y un compromiso social sostenido. En este mismo sentido, se potencian las alianzas naturales y estratégicas entre organizaciones e instituciones. Estas alianzas constituyen una muestra de la necesidad de unir fuerzas para enfrentar juntos los obstáculos, viejos y nuevos, que se han robustecido en esta pandemia. De otra parte, esta   época en que vivimos nos presenta desafíos ineludibles, a los que hemos de prestarles atención. Consideramos que estos tiempos nos urgen a fortalecer la solidaridad con las demás personas, entre las instituciones y entre las naciones. Por ello resulta loable que los países más ricos se liberen de una práctica egoísta y se dispongan a compartir bienes e insumos para la prevención o reducción del impacto de la enfermedad. El segundo desafío está vinculado al fortalecimiento de la educación de los ciudadanos; una educación que les permita redescubrir su responsabilidad en el recrudecimiento de la pandemia o de la liberación de confinamientos, muertes y contagios masivos. La COVID-19 ha demostrado que la educación dominicana ha de ser menos teórica. Ha de procurar la articulación teoría- práctica; la formación para la gestión de riesgos y el impulso a las alianzas interinstitucionales. Un tercer desafío pone el acento en dar pasos hacia una vida más organizada y previsora de condiciones biológicas, políticas y sociales que afecten la vida de las personas y de la sociedad. Estos desafíos son interdependientes. Cada uno se fortalece o se debilita con el otro. Constituye una tarea importante tener en cuenta en nuestra trayectoria las oportunidades y los desafíos abordados. El momento lo  demanda.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/oportunidades-y-desafios-de-la-pandemia-que-nos-hostiga-8951757.html

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Uruguay: Paro General 17 Junio 2021

América del Sur/Uruguay/11-06-2021/Autor(a) y Fuente: afutu.org.uy

Contra el hambre y la desigualdad.⁣
Por trabajo y salario.⁣

En solidaridad con 15 profesoras y profesores de San José separados de su cargo.⁣
En defensa de la vida.⁣

PARAMOS porque hay desempleo, hay rebaja salarial, hay hambre y hay desigualdad.⁣

PARAMOS porque el 1 % más rico de la sociedad uruguaya tiene los mismos ingresos que la mitad de la población y ni siquiera en un contexto de crisis sanitaria como la que estamos viviendo aporta soluciones colectivas.⁣

PARAMOS porque el grado de desempleo y la informalidad laboral sigue aumentando. ⁣

PARAMOS porque las trabajadoras y los trabajadores han sufrido pérdida del salario.⁣

PARAMOS porque desde marzo 2020 hay uruguayas y uruguayos que se alimentan únicamente de ollas y merenderos populares y éstas tienen problemas de abastecimiento. ⁣

PARAMOS en defensa de las 15 profesoras y profesores que fueron destituidos de sus cargos.⁣
¡A LAS Y LOS PROFESORES SE LOS PROTEGE NO SE LOS PERSIGUE!⁣

PARAMOS porque vivimos un contexto de agudización de la desigualdad y las trabajadoras y los trabajadores haremos todo lo que sea necesario para que la crisis la deje de pagar el pueblo. ⁣

PARAMOS porque la desigualdad tiene secuelas generacionales y no debemos hipotecar nuestro futuro por la falta de medidas actuales que eviten MÁS HAMBRE Y MÁS POBREZA. ⁣

PARAMOS porque, desde el movimiento sindical y social, hemos generado propuestas concretas para paliar las urgencias sanitarias y la crisis económica y social que estamos viviendo y no han sido respondidas. ⁣

PARAMOS porque es momento de abrir los ojos y buscar soluciones para que mejoren la vida de todas las uruguayas y los uruguayos y no solamente de un sector que ya es privilegiado. ⁣

PARAMOS porque es momento de defender la vida y las trabajadoras y los trabajadores ponemos los brazos.⁣

PIT-CNT

Fuente e Imagen: http://www.afutu.org.uy/paro-general-17-junio-2021/

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El Congreso Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional: Un pasito pa’ delante, dos pasitos para atrás

Por: Miguel Ángel Pérez

Hace meses se dio a conocer el arranque formal de lo que se conoce como el Congreso Nacional Universitario (CNU) en el seno de la Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.), con una estructura nacional pensada para organizar y promover dicho congreso por Unidades y sub-sedes, estados, regiones e incluyendo la Unidad del Ajusco a la cual se le ha definido como la unidad central de la Universidad.

El congreso en cuestión ha caminado demasiado lento debido a la formalidad en sus reglas y al centralidad y exceso de atribuciones que ha tenido el Consejo Universitario de la Universidad, órgano facultado para cuidar de dicho proceso y que lo han cuidado tanto que el proceso camina despacio y con poca o pobre participación por parte de la comunidad universitaria.

Con tres grandes ejes programáticos:

  • Diagnostico institucional.
  • Definición de la figura jurídica y
  • Proyecto académico y de desarrollo institucional.

En estos momentos y después de haberse agotado el punto sobre el Diagnostico, la comunidad universitaria de una buena parte de la UPN a nivel nacional, comienza a adelantarse y a buscar consensos con respecto a la figura jurídica, perdón lo pondré así FIGURA JURIDICA debido a su importancia.

Como ya ha sido discutido y publicado por otros colegas, este CONGRESO es especialmente relevante, el cual se enmarca en un momento histórico relevante, nos coloca en una posición no solo de poder decidir el presente sino incluso el futuro de nuestra Universidad (aquí hablo en primera persona porque forma parte de la comunidad de esta Universidad pública).

Fundada en el mes de agosto de 1978, como organismo público desconcentrado del gobierno federal, con muchos logros y aciertos a lo largo de 40 años de historia, en estos momentos la comunidad de la UPN debe decidir sobre la base de una agenda y una serie de prioridades que se han ido acumulando con el paso del tiempo.

En la primera fase del Congreso, los resultados del diagnóstico por región y a nivel nacional demostraron las distintas carencias y las condiciones desfavorables bajo las cuales se encuentra la UPN a nivel nacional y algo sorprendente ha sido la pobre participación de los integrantes de la comunidad en la conformación de propuestas y en la integración de debates y discusiones informadas.

Al tener el año de 1992 como fecha clave para entender en un contexto global un poseso paulatino de perdida y de desprendimiento del proyecto nacional de la Universidad Pedagógica, en términos institucionales la Universidad se tornó en una losa pesada difícil de sostenerse desde el centro, no sólo en términos financieros, sino también operativos. Si bien la Universidad vivió su primera década con grandes apoyos, con el paso del tiempo pasamos a lo que le llano un descuido institucional tanto de adentro como de afuera de la propia UPN.

Las condiciones innequitativas en cuanto a recursos y apoyos, la contradicción insalvable en la relación Ajusco vs Unidades del país, dan cuenta de una Universidad fragmentada y segmentada en pequeñas parcelas. Hoy en día, el sistema de unidades en el país (se decía en los resultados del diagnóstico) se vive con los mismos recursos que hace 20 o 30 años, pero con un incremento incalculable en la incorporación de nuevas tareas, el incremento de asuntos de diversa naturaleza: la diversificacion de la oferta académica ha hecho que la UPN entre a un escenario de complejidad, pero bajo de implicación y el ninguneo institucional. Hace años los proceso de reclutamiento de nuevos docentes (concurso de oposición) y de recategorización o reclasificación para avanzar en la carrera académica eran regulares año con año, hoy en día sin justificación alguna vivimos en una constante nacional de inestabilidad en el empleo (la plantilla nacional da cuenta de que del 60 al 70% del personal docente labora bajo condiciones distintas a la basificación por falta de concurso y que muchos docentes ya dictaminados por la CAD, no pueden avanzar en el logro de categorías más altas en la carrera cadencia, debido a esta parálisis institucional que falta de los últimos años. Si bien este es un asunto laboral no es problema menor y afecta estructuralmente las condiciones de trabajo y la vida entera de las 76 unidades UPN en el país.

Bajo este marco, y bajo este contexto me surgen algunas preguntas:

¿De qué manera aprovechar este congreso universitario para fortalecer un proyecto nacional que atienda necesidades regionales y que beneficie a todas y todos?

¿Después de un largo y turbulento proceso de 40 años ahora a qué tipo de Universidad aspiramos y cómo pretendemos lograrlo con los recursos y las condiciones actuales?

¿Cómo resolver el asunto de los consensos y la legitimidad de los acuerdos de tal manera que este congreso se aproveche para avanzar estructuralmente, no para retroceder?

Al ser la UPN una universidad grande y diversa en pluralidad y en perspectivas. La diversidad de las propuestas es una de sus distinciones identitarias.  Desde hace años se ha arraigado una serie de grupos, bloques, agrupamientos, expresiones, corrientes, expresiones etc., que conforman iniciativas a académicas con un fondo ideológico por llamarlas de alguna manera al abanico de posibilidades que actualmente tenemos, ello nos coloca ante una realidad la cual no es posible ni negar ni tampoco evadir. Y el congreso está obligado a avanzar bajo esta realidad o a pesar e ella.

El tiempo para decidir el asunto de la figura jurídica ha comenzado su cuenta regresiva. En este sentido las posibilidades son varias: ¿autonomía, refundación, descentralización, desconcentración, el seguir igual, etc.? Y lo que se sume en este proceso. Sin embargo, el problema no sólo tiene que ver con el reconocimiento de identidades y pequeñas propuestas sino la forma en cómo vamos a abrir la discusión para lograr acuerdos, el problema no solo se decide a partir del sesgo institucional, no sólo se trata de pensar en lo que queremos, sino también en todo aquello que es viable, factible y lo que se espera (socialmente hablando) de una universidad nacional, temática y con una profunda tradición democrática.

Me parece que el primer punto sobre el que habría que consensuar es acerca de conservar el carácter nacional de la Universidad, pero también con un profundo respeto con respecto a las dinámicas y las necesidades regionales.

La nueva ley orgánica de la UPN por construirse, deberá ser lo sufrientemente clara que garantice definir no sólo lo que somos ahora (lo que es la UPN) sino también a lo que aspira, mantener los logros, el avance, definir necesidades del presente y una estrategia y ruta de acción que brinde claridad para el futuro inmediato.

El dilema consiste en pensar hacia dónde decidir en dónde colocarse. Si en el seno del mundo de las universidades (tipo ANUIES), con los beneficios de autonomía que ahí se tienen, pero también con la serie de limitantes sobre todo de corte financiero, o en el sub sistema de Normales (en la DGESPE), por el asunto de la formación en donde ya sabemos, la serie de limitantes que se viven sobre todo en los estados.

Esta contradicción no es poca cosa, por años hemos vivido una contradicción con distintos matices con el sub sistema de Normales. ¿a que aspiramos entonces, en dónde queremos estar?

Por lo tanto, las letras y los términos de la ley por escribirse deberán ser tan claros que no sólo resuelvan el problema del presente, sino que también contribuyan a prevenir los desafíos del futuro.

El reto al definir lo concerniente a la figura jurídica, es que se necesita que le soporte, sustento y legitimidad al marco de legalidad de la UPN de cara al futuro. Todo ello, no se podrá lograr, a partir de que una expresión (incluyo al Consejo Académico) se coloque por encima del resto, pero tampoco es posible pensar el tratar de acceder a una especie de eclecticismo en aras de avanzar. Se trata entonces de construir una propuesta potente que rescate los principales aportes de cada expresión, para ello se requiere disposición, diálogo y una profunda horizontalidad democrática. Se trata de que la UPN sea capaz de dar un gran salto y se piense como la Universidad Pedagógica del siglo XXI que México necesita. La descalificación de expresiones en diferencia, el madruguete de supuestos avances, son malos consejeros, que impiden la construcción de verdaderos consensos.

En todo este contexto la comunidad de la UPN a nivel nacional requiere de panqueas señales. De acciones que den cuenta de la una disposición verdadera por arribar a una Universidad que vive la democracia, no solo que habla de ella.

  • Se requiere regularizar las condiciones laborales de cerca del 70% de la plantilla nacional del personal académico.
  • Definir el asunto de la distribución equitativa de los recursos financieros.
  • Ordenar la oferta académica de los programas educativos nacionales y por estado.
  • Y el último punto de corto plazo, se trata de buscar un recurso que permita equilibrar las políticas y equilibrar la relación entre la autoridad nacional con las autoridades locales o estatales, delimitar funciones y atribuciones ¿Qué les toca a las autoridades de la Universidad y qué a los gobiernos estatales?

Necesitamos trabajar intensamente para construir consensos y que para que el Congreso Universitario resuelve un mejor futuro para la UPN en México. En todo ello y hasta ahora hay una serie de evidencias de excesos en la centralización de atribuciones y en la pobre participación de los integrantes de las comunidades universitarias.

Es necesario tomar con seriedad este congreso, y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Parece que el concepto de democracia se ha tornado en retórica, se trata de vivir la democracia en cada espacio y para lograr cada consenso. Un asunto prioritario, es poder equilibrar los espacios de participación, todas y todos tienen derecho a expresarse, pero pareciera que el congreso está siendo controlado o hegemonizado desde una sola perspectiva universitaria. Se trata de dar voz y poder a los grupos o expresiones que tradicionalmente han estado silenciadas o marginadas en la Universidad.

Arribaremos a mejores consensos cuando verdaderamente logremos sentir que este congreso es de todas y todos los integrantes de la UPN y entendamos que el mismo, es la oportunidad histórica para definir un mejor rumbo para la UPN.

Reconocer que somos herederos de una cultura de debate informado, que aportamos y aprendemos en comunidad, que el diseño de la oferta académica (amplia y diversa), se ha creado a partir de una cultura de participación hecho por todas y todos, que esa es la mística y la vocación que tenemos como huella fundacional, Construir de manera plural y colectiva. El congreso entonces será la principal obra que la UPN construya en esta segunda década del siglo XXI.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-congreso-universitario-de-la-universidad-pedagogica-nacional-un-pasito-pa-delante-dos-pasitos-para-atras/

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República Dominicana: Profesores sugieren fin de las clases el 30 de junio

América Central/República Dominicana/11-06-2021/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

Continuar con la docencia sería «imprudente e inhumano», según el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) .

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) planteó este lunes al Gobierno la suspensión de la docencia en todo el sistema educativo nacional a causa de los altos índices de la covid-19 que se registran desde hace semanas en el país.

«Proponemos al ministro de Educación (Roberto Fulcar) finalizar el año escolar el día 30 de junio y dedicarse de inmediato a garantizar las condiciones indispensables para el próximo curso», dijo en rueda de prensa el expresidente del colectivo Eduardo Hidalgo, acompañado por varios miembros de las seccionales del Gran Santo Domingo.

Según denunció, «se obliga a los maestros a asistir a los centros educativos aún con la grave situación sanitaria que atraviesa el país» donde ya se detectaron «cuatro nuevas cepas del covid-19».

A su entender, el gremio ha sido coherente al hacer un llamado al Consejo Nacional de Educación y al ministro de Educación, Roberto Fulcar, para pedir el cese de las clases, ya que continuar con la docencia sería «imprudente e inhumano».

Actualmente, la ocupación de camas para pacientes covid-19 es del 51 %, las unidades de cuidados intensivos (UCI) están al 77 % de su capacidad, con 462 camas ocupadas, mientras que los ventiladores en uso ascienden a 321, para un 66 % de la disponibilidad.

El Ministerio de Salud Pública notificó este lunes 906 nuevos contagios de covid-19 y un deceso a causa de la enfermedad, elevando a 301,984 el total de casos de coronavirus en el país y a 3,655 los fallecimientos.

Ante el aumento de casos, el Gobierno dispuso una jornada especial de inmunización contra la covid entre el jueves y el domingo, la cual permitió vacunar a 571,877 personas, de acuerdo con datos proporcionados por el presidente Luis Abinader en Twitter.EFE

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/profesores-sugieren-fin-de-las-clases-el-30-de-junio-8952250.html

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Desneoliberalizar la educación: hacia un modelo estatal-comunitario, democrático e integral

Por: Leonora Reyes y Miguel Caro

Un modelo estatal-comunitario es el marco que proporcionará las condiciones institucionales básicas para el sostenimiento de procesos que promuevan una educación no sexista, que replanteen la relación con la naturaleza desde una perspectiva de sustentabilidad, que amplíen la noción de conocimiento desde la experiencia social, considerando los saberes ancestrales, así como el uso crítico y contextual del conocimiento académico.

La inminencia de la puesta en marcha de la Convención Constitucional como un momento estratégico para la redefinición del derecho a la educación para varias décadas más, nos plantea el desafío de establecer la centralidad que debe ocupar la educación pública en la desneoliberalización de la sociedad chilena. Pero no será posible llegar a establecer un marco normativo para cumplir esta expectativa sino aseguramos un proceso deliberativo de discusión desde los actores de la educación, sobre la educación que queremos. Más concreto aún, no lograremos establecer las bases jurídicas del derecho a la educación sin un proceso que tenga por objetivo la redefinición y actualización del proyecto de educación pública que necesitamos para el siglo XXI.

De hecho, un proceso de debate y de desarrollo de experiencias colaborativas se vienen dando desde hace décadas. En la post dictadura, por ejemplo, desde fines de la década de 1990, lo hicieron colectivos de reflexión crítica de estudiantes y docentes, el Colegio de Profesores y también diversas organizaciones de trabajadores de la educación y de apoderadas/os. Por otro lado, se generaron experiencias educativas desde establecimientos cuyos equipos directivos, junto con sus docentes, impulsaron transformaciones desde las comunidades educativas, orientadas a la democratización de la gestión administrativa, curricular y pedagógica. Por último, se impulsaron iniciativas de grupos de académicos y espacios de articulación entre diversos actores sociales y colectivos docentes.

En estas décadas se ha ido acumulando un aprendizaje y una perspectiva de reconstrucción global del sistema educativo. Se ha transitado paulatinamente desde la demanda exclusivamente gremial hacia una crítica estructural y hacia una reelaboración del proyecto educativo que requiere un nuevo modelo. Allí subyace “lo público” asociado a las reglas de un nuevo sistema y la discusión sobre “la educación que queremos” a partir de “lo común”, como el lugar “donde nos encontramos en tanto que ciudadanos/as iguales” en derechos; resignificando y reemplazando, por tanto el concepto de “calidad educativa”.

De esas elaboraciones se puede inferir que, si lo que se requiere es llegar a cambiar los principios constitucionales en orden a garantizar el derecho a la educación, es preciso hacerlo desde un lugar: la definición conjunta de un concepto de educación que desmonte el esquema de mercado y que sostenga las bases para el desarrollo de un nuevo sistema público, articulado, mayoritario y preferente. Entendemos esto no sólo como un reordenamiento del régimen de propiedad en favor de la recuperación del rol garante del Estado, sino además como la necesidad de conectar estratégicamente la función educativa con los desafíos de un proyecto país, que ponga al centro la dignidad de la vida y la plena participación de sus comunidades.

Desmontar la concepción de mercado implica, por tanto, el doble ejercicio de subordinar la libertad de enseñanza al derecho a la educación y, a la vez, dotar al sistema educativo de un conjunto de principios que promuevan un proyecto que recoja las actuales necesidades de desarrollo del país. Por otro lado, obliga a sacar la educación de su pretensión de neutralidad, de la mera transmisión de una cultura académica y la instrucción funcional, para alinearla con los requerimientos de la vida en sociedad desde una perspectiva compleja en clave post neoliberal. El requisito indispensable de este cambio es la superación de la perspectiva estandarizadora, individualista y competitiva que hoy caracteriza al sistema educativo, en cuanto dichos rasgos operan como negación de la constitución de sujetos historizadas/os, lo que requiere una necesaria deliberación comunitaria sobre el contenido educativo.

Para todo esto, hay condiciones esenciales que también debieran quedar plasmadas a nivel de principios constitucionales, partiendo por el tránsito hacia una educación como derecho social universal efectivo y la definición de la educación como bien público; esto es, como una actividad que produce bienes culturales esenciales para el interés general y el desarrollo de la sociedad, más allá de sus eventuales beneficios individuales. Sobre dicha base, resulta completamente indispensable el rol garante del Estado, así como la provisión estatal mayoritaria y preferente del derecho a la educación. Tal garantía implica, por cierto, superar el financiamiento focalizado y competitivo del sistema, por uno de tipo basal y orientado a sustentar a plenitud las necesidades de los proyectos educativos.

No obstante, nada de esto resolverá adecuadamente los problemas estructurales de una educación de mercado si no se garantiza la participación deliberativa y vinculante de las comunidades, tanto en la gestación como en la implementación y desarrollo del proyecto educativo, el currículum, los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

En síntesis, el nuevo modelo, junto con sacar al mercado de la educación, debe producir una relación articuladora entre Estado y comunidad, para otorgar la garantía del derecho a la educación, la conexión con el interés general del país y la deliberación desde la base social articulada, respecto de la gobernanza de las instituciones escolares y del sentido del proceso educativo (en todos sus ámbitos). De este modo, el urgente reemplazo de la preeminencia que tiene la libertad de enseñanza y el mercado por sobre el derecho a la educación, no puede ser entendida sólo como la garantía universal de acceso. Debe entenderse también como el aseguramiento de un tipo de educación que habilite a las personas para vivir en la sociedad de manera plena y digna, lo cual supone que dicho acceso, además de darse en condiciones de igualdad, tienen que ser capaz de proveer de un proyecto educativo democrático-participativo, integral e inclusivo.

Un modelo estatal-comunitario es el marco que proporcionará las condiciones institucionales básicas para el sostenimiento de procesos que promuevan una educación no sexista, que replanteen la relación con la naturaleza desde una perspectiva de sustentabilidad, que amplíen la noción de conocimiento desde la experiencia social, considerando los saberes ancestrales, así como el uso crítico y contextual del conocimiento académico. Un proceso que eduque desde la experiencia de formas activas, directas y comunitarias de participación ciudadana y que se reconozca en nuestra condición de plurinacionalidad e interculturalidad.

Educar para la vida digna, en un marco de comprensión post neoliberal implica transitar desde políticas que efectivamente materialicen los principios generales y que no se limiten simplemente a situarse en un nivel declarativo. Por dicha razón es exigible que la nueva Constitución tenga un alto nivel de precisión en estos temas y que, luego, se exprese en la elaboración de una nueva ley general de educación, así como en una amplia normativa que la concrete. Implica, por cierto, una nueva generación de políticas curriculares, evaluativas y de desarrollo profesional docente, orientadas por el nuevo enfoque de principios.

Para desneoliberalizar la educación no basta con ampliar la definición de derecho a la educación en la nueva Constitución. Si bien se requiere asegurar un marco jurídico y normativo amplio, es necesario contar con la agencia de sujetos, actores y movimientos para el desarrollo de una educación democrática, diversa y con justicia social. Desneoliberalizar la sociedad chilena tiene, como una de sus condiciones indispensables, avanzar de manera urgente hacia una educación unificada desde lo público, en el contexto de un modelo que vincule al Estado con la comunidad, en la tarea de conectar al sistema educativo con un proyecto de desarrollo que supere el actual modelo neoliberal.

Leonora Reyes y Miguel Caro
Leonora Reyes es doctora en Historia, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Miguel Caro es profesor de Historia y Geografía, académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

Fuente e Imagen: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/05/29/desneoliberalizar-la-educacion-hacia-un-modelo-estatal-comunitario-democratico-e-integral.html

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¿Por qué no abrimos las escuelas?

Por: Rafael de Hoyos

Los niños latinoamericanos son los que más días de clases presenciales han perdido desde que comenzó la pandemia. Con datos de la Unesco hasta el 30 de abril de 2021, los estudiantes en América Latina (AL) han perdido 217 días de clases presenciales, más de un ciclo escolar completo y 92 días más de lo que perdió el estudiante promedio en otras regiones del mundo. Como punto de comparación, en el Medio Oriente y África del Norte se han perdido 167 días; en África subsahariana, 116; en Asia, 107; en Europa, 93; y en Estados Unidos y Canadá, 46. En este ensayo trato de explicar, hasta donde me lo permiten los datos, lo que está detrás del largo cierre de escuelas en la región. Aunque hay algunos factores que nos ayudan a entenderlo, éstos no son suficientes para dar cuenta de la falta de prioridad que se les ha dado a las escuelas en el proceso de reapertura. Podría haber elementos subyacentes, difíciles de medir, como la falta de convicción de que la educación es un mecanismo de movilidad social, que pudieran explicar el injustificado cierre de escuelas durante tanto tiempo en AL.

A más de un año del comienzo de la pandemia, tenemos suficiente información para afirmar que, si se siguen protocolos sencillos, los riesgos sanitarios asociados a la reapertura de escuelas son relativamente bajos. Hoy también tenemos evidencia que comprueba lo que era obvio desde el comienzo de la pandemia: cerrar las escuelas disminuye los aprendizajes de los estudiantes. Al no tener un dispositivo con acceso a internet y padres con escolaridad suficiente, la pérdida de aprendizajes —con respecto al escenario en donde las escuelas permanecen abiertas— es mucho mayor entre los estudiantes en situación de pobreza. Las niñas y los niños en condición de pobreza no sólo han pasado más de un año sin adquirir aprendizajes curriculares, sin escuelas, muchos perdieron la ingesta calórica más importante del día a través de la comida escolar y para algunas y algunos el cierre de escuelas significó la falta de un espacio seguro, libre de la violencia, la negligencia y el maltrato que viven en su hogar.1 Esta información debería ser suficiente para que la autoridad educativa y la sociedad en su conjunto hicieran todo lo que estuviera a su alcance para reabrir las escuelas y, de no haber condiciones para hacerlo, se aseguraran de que las escuelas fueran las primeras en reabrir cuando el contexto lo permitiera.

A pesar de los altísimos costos económicos y sociales, de lo injusto que es empeñar el futuro de los niños más pobres al excluirlos del aprendizaje, las escuelas siguen cerradas en muchos países de AL. Todavía más difícil de entender es que, como sucede en México, otros sectores de mucho menor importancia para el bienestar futuro como restaurantes, bares, gimnasios y hasta estadios de futbol hayan abierto antes que los sistemas educativos. Estos sectores abrieron sin necesidad de demostrar que los riesgos sanitarios de su reapertura eran menores a los beneficios sociales, algo que sí es demostrable en el caso de las escuelas. Si debemos abrir o no las escuelas dejó de ser relevante, la verdadera interrogante es: ¿por qué no hemos abierto? ¿Qué características o condiciones nos ayudan a entender la decisión de mantener cerradas las escuelas en AL por un periodo mucho mayor al del resto del mundo?

El cierre de escuelas más prolongado en AL pudiera explicarse por un mayor impacto de la pandemia en la región, o bien porque los sistemas de salud tenían condiciones precarias para enfrentar el virus. Si éste fuera el caso, la intensidad de la pandemia —medida por el número de muertos por covid-19 por cada 100 000 habitantes— y el nivel de ingreso per cápita —el cual está altamente asociado a la capacidad de los sistemas de salud— deberían estar correlacionados con el número de días que las escuelas han permanecido cerradas. Utilizando información a nivel internacional, incluyendo casi todos los países del mundo, la figura 1 muestra que la pérdida de días de clases en cada país está correlacionada de manera positiva con la intensidad de la pandemia (medida por el desafortunado número de muertes por covid-19) y de forma negativa con los recursos para hacerle frente —medidos por el producto interno bruto (PIB) per cápita—. Quizá lo más relevante es que, con excepción de Chile, Perú y Uruguay, el número de días con escuelas cerradas en AL es mayor a lo que esperaríamos dado el número de muertes por covid-19 y el nivel de PIB per cápita y en la región.2

Cierre de escuelas, muertes por covid-19 y PIB per cápita

Otras dos variables pudieran ayudarnos a explicar el cierre de escuelas en AL. Si los sistemas educativos en la región no garantizan aprendizajes básicos a un porcentaje significativo de la población estudiantil, el cierre de escuelas podría ser visto como un costo menor para tratar de mitigar la propagación del virus. Por otro lado, la participación laboral de la mujer debería jugar un papel importante en el cierre o reapertura de las escuelas. En AL, el cuidado de los hijos mientras las escuelas han estado cerradas ha sido injustamente mayor para las madres trabajadoras, quienes han reducido su participación laboral.3 Por esta razón, en países con más participación laboral de la mujer se esperaría una mayor presión social por reabrir las escuelas.

¿Se pueden explicar los 92 días adicionales que han permanecido cerradas las escuelas en AL por diferencias, entre nuestra región y el resto del mundo, en muertes por covid-19 (por cada 100 000 habitantes), PIB per cápita, aprendizajes medidos por pruebas estandarizadas internacionales como PISA y participación laboral de la mujer? Para responder a esta pregunta, incluimos estas cuatro variables en un solo modelo estadístico en donde la variable a explicar son días con escuelas cerradas.4 Los resultados muestran que los cuatro factores (aprendizajes, muertes por covid-19, participación de la mujer y PIB per cápita) explican 15 de los 92 días adicionales que las escuelas han permanecido cerradas en AL. Otra forma de interpretar estos resultados es que las escuelas han permanecido cerradas 77 días en exceso o por encima de lo que se esperaría considerando los factores ya mencionados. Claramente que estos resultados son sólo asociaciones que no implican una relación causal y podría haber otras variables relevantes que no estoy tomando en cuenta, pero lo que muestran los datos es que los días de clases presenciales que se han perdido en México y el resto de AL están muy por encima de lo que ha sucedido en otras regiones del mundo, aun tomando en cuenta diferencias en factores relevantes en la decisión de abrir o mantener las escuelas cerradas.

El cierre de escuelas en exceso en AL tiene implicaciones que podrían ir más allá de sus terribles impactos económicos y sociales, pudiera ser una manifestación de un problema estructural que no se irá con la pandemia. Si entre las familias en AL la educación no se percibe como la vía para alcanzar un mayor bienestar futuro, poco harán para exigir rendición de cuentas a la autoridad educativa y demandar los cambios necesarios para garantizar aprendizajes para todos.

Una baja valoración de la educación entre las familias en AL, sobre todo aquéllas en pobreza, no es del todo sorprendente cuando la mayoría de ellas recibe una educación de baja calidad que no garantiza aprendizajes y, por lo tanto, no produce movilidad social. La falta de movilidad social puede hacer que la percepción del costo de mantener las escuelas cerradas y la pérdida de aprendizajes asociada a ésta sea menor que los riesgos sanitarios. Sin un sistema educativo que promueva la movilidad social no hay exigencia ciudadana para priorizar a las escuelas en el proceso de reapertura, no hay una demanda por llevar a cabo un plan de recuperación de los aprendizajes. Pero tampoco hay el apoyo social necesario para emprender reformas educativas complejas que atenten contra intereses de grupos de poder. Visto desde esta perspectiva, no resulta sorprendente que el cierre de escuelas más prolongado se haya dado en la región más desigual del mundo.

El proceso de reapertura durante la pandemia ha revelado nuestras verdaderas preferencias y la educación parece no ocupar los primeros lugares.5 Cambiar nuestras prioridades no será sencillo porque están insertas en un juego perverso de endogeneidad: para hacer de la educación una verdadera prioridad ésta debe mejorar su calidad; pero para mejorar su calidad, la educación tiene que ser una prioridad para la sociedad. Este ciclo se rompe con una autoridad educativa comprometida con los aprendizajes, priorizando a los más pobres. En México está claro que la construcción de un sistema educativo que genere aprendizajes no está dentro de las prioridades del gobierno federal, pero hay otras 32 oportunidades para que la autoridad educativa actúe con responsabilidad y haga del sistema educativo un motor de la movilidad social.

Rafael de Hoyos
Profesor de Economía de la Educación en el ITAM y socio fundador de Xaber


1 Para un resumen de la evidencia internacional sobre los riesgos sanitarios asociados al regreso a clases y los costos de mantener las escuelas cerradas ver: De Hoyos, R., y Saavedra, J. “Es hora de volver a aprender”, Banco Mundial, 24 de marzo de 2021.

2 Excluimos a Nicaragua del análisis por tratarse de un caso atípico en donde el gobierno nacional tomó la decisión de no cerrar escuelas.

3 Bergallo, P.; Mangini, M.; Magnelli, M., y Bercovich, S. “The impacts of COVID-19 on women’s economic autonomy in Latin America and the Caribbean”, UNDP LAC C19 PDS, núm. 25, 2021.

4 Se estimó una regresión lineal en donde la variable dependiente es el número de días con escuelas cerradas y las variables independientes incluyen cuatro factores (participación laboral de la mujer, aprendizajes, muertes por covid-19 y PIB per cápita) más una variable-indicador (dummy) para los países de AL, la cual captura el cierre de escuelas en exceso.

5 Con el movimiento Padres Organizados, la ciudad de Buenos Aires es una excepción en la región.

Fuente e Imagen: https://www.nexos.com.mx/?p=56391

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Universidades presenta la nueva Ley de Convivencia Universitaria que sustituirá al reglamento franquista de 1954

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