Gasto Público

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Mundo: Según Oxfam. Más de 260 millones de personas caerán este año en la pobreza extrema

La Izquierda Diario

El aumento de precios de los alimentos relacionados con la guerra en Ucrania, las consecuencias de la pandemia, y la creciente desigualdad son algunos de los factores que midió el informe de Oxfam.

De acuerdo con el documento publicado por Oxfam, 198 millones de personas estarán en la pobreza extrema debido a las consecuencias de la pandemia y al «empeoramiento de la situación de desigualdad», mientras que el aumento de los precios mundiales sumará otras 65 millones de personas a esa situación. El total de 263 millones de personas en la pobreza extrema para finales de este año equivaldría a la población conjunta del Reino Unido, Francia, Alemania y España.

El informe resalta que los gobiernos de distintos países vienen reduciendo el gasto público con el objetivo de la importación de alimentos, combustible, y el pago a acreedores.

Entre los motivos que desarrolla el informe se resalta el encarecimiento de los alimentos durante la pandemia, a lo cual se suma ahora la guerra en Ucrania en algunos productos, golpeando con mayor dureza a la población que vive en la pobreza.

Además, resalta el mayor nivel de desigualdad en «países subdesarrollados», agravada por la evolución del salario, ya que para la mayoría de los trabajadores en todo el mundo los sueldos reales continúan sin mostrar un aumento o incluso se están reduciendo, remarca el informe.

Durante la pandemia aumentó la desigualdad social como consecuencia de un sistema que sigue priorizando las ganancias de un sector privilegiado, a costa de las condiciones de vida de las grandes mayorías, en todo el mundo. Las crisis de deuda con las cuales gobiernos como el argentino justifican el ajuste a salarios, servicios y ayuda social, se combinan con una situación inestable a nivel internacional con disparadas de precios de alimentos producto de guerras como la de Ucrania.

La única salida es poner primero las necesidades de alimentos, trabajo genuino, vivienda, educación y salud para las mayorías trabajadoras y populares, y terminar con la explotación brutal que empuja cada año a más millones de personas a la pobreza en todo el mundo.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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El gasto en educación de México toca su peor nivel en 12 años

Noticias

Un menor gasto para la educación representa menos dinero público para niños y adolescentes, en comparación con los recursos para pensiones, que mayormente se va a adultos mayores.

En el año en el que se reanudarán las clases presenciales en México, el gasto público educativo será el más bajo de los últimos 12 años respecto al Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja el menor uso de recursos públicos para los niños y adolescentes del país.

Este 2022 se destinarán 883,929 millones de pesos (mdp) para el gasto público en educación, monto que representa el 3.1% del PIB, el nivel más bajo a partir de 2010, refieren cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Esa proporción cae y está siendo desplazada por los famosos gastos comprometidos, que entre esos están las pensiones. Eso refleja que no invertimos en un sistema educativo de calidad. Cada uno de los mexicanos propiciamos el crecimiento del país, con las condiciones necesarias, con un mercado laboral fortalecido, con inversiones, definitivamente necesitas una población bien educada”, comentó Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.

 

El gasto educativo tiene una reducción promedio de 1.1% real cada año desde 2014.

Desbalance

 

Las cifras también proyectan un desbalance en los recursos públicos destinados a la población; “si diriges menos gasto a la educación estás dando menos dinero a los niños y adolescentes, en comparación con gasto en pensiones, que va a los adultos mayores. ”, explicó Macías.

El gasto para pensiones proyectado para 2022 es de 1.4 billones de pesos, casi lo doble que el gasto educativo, esto es equivalente al 5.1% del PIB. Este gasto ha aumentado en promedio 6.5% real anual desde 2015, refiere el CIEP.

El gasto en educación también se ha visto mermado por otros gastos obligatorios, como el de los intereses de la deuda pública que suben desde 2013 cada año como proporción del PIB, o el de las participaciones, que representan el 3.6% del PIB, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin clases

 

Desde el 23 de marzo de 2020, niños y adolescentes dejaron de ir a las escuelas de manera habitual, y aunque se han visto reanudaciones parciales de clases, la pandemia ha arruinado los planes de regresar al 100%.

En el ciclo escolar 2020-2021, cerca de 846,000 alumnos dejaron de asistir a la escuela, la mayoría de educación básica. A nivel mundial, Mexico es el noveno lugar con cierres de escuelas más prolongados durante la contingencia por covid-19, con 53 semanas sin clases presenciales, refieren datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Consecuencias económicas

En el año post-pandemia debería considerarse fortalecer el sector educativo en infraesctructura, calidad de la educación y capacitación de maestros, pero el presupuesto actual no refleja tal fortalecimiento,

Esto a mediano y largo plazos dejan repercusiones en materia económica. Un análisis del Imco refiere que los alumnos con menos aprendizajes significan futuros trabajadores con menos habilidades, lo que puede reducir sus ingresos en 8% anual durante su vida laboral, lo que equivale a un mes de salario al año por el resto de su vida productiva.

A nivel país, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en los próximos 80 años el rezago educativo le podría costar a México un monto acumulado de hasta 136% del PIB de 2019. Esto implicaría que nuestro país dejaría de producir hasta 1.7% del PIB cada año o un monto similar al gasto total ejercido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2019, advierte el Imco.

“Estamos todavía con un pedacito de bono demográfico, deberíamos estar potenciando a esa población, que de alguna manera va a mantener a los adultos mayores del futuro”, concluyó la directiva del CIEP.

Fuente: https://expansion.mx/economia/2022/01/27/gasto-educacion-de-mexico-toca-peor-nivel-en-12-anos

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Condiciones del regreso a la Escuela

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Nadie ha dicho que el regreso a la escuela, después de la emergencia sanitaria de esta primavera 2020, será fácil. Las niñas, los niños y jóvenes estudiantes estarán de vuelta a clases en unas cuantas semanas (¿o quizá meses?), sin embargo, aún no sabemos con precisión para cuándo. Eso dependerá de la evaluación que hagan las autoridades federales y estatales responsables de las políticas públicas en materia de salud y educación. Mientras tanto, lo cierto es que tarde o temprano la escuela regresará o estará de vuelta a su formato habitual, presencial.

Específicamente, hablo de la escuela pública y básica (preescolar, primaria y secundaria), donde hay, al menos, tres cuestiones que resultan interesantes y preocupantes en la víspera del retorno de nuestras comunidades educativas a las aulas: 1) El tema de los recursos financieros destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa y al mantenimiento de las instalaciones, en términos generales, (que es la base para dar continuidad a las medidas de higiene personal e interpersonal o de sana distancia), después de la contingencia; 2) El asunto de las condiciones específicas de los servicios disponibles y de funcionamiento físico de la escuela pública (agua, energía eléctrica, drenaje, dispositivos de seguridad, etc.); y 3) El tema de las aportaciones que realizarán las familias para que las niñas, los niños y jóvenes estudiantes, sobre todo de la escuela pública básica, se incorporen a los centros escolares en condiciones de seguridad y con las medidas adecuadas de sanidad para evitar enfermedades o rebrotes de las mismas.

1) Con respecto al primer asunto, sabemos, a partir de los datos oficiales disponibles, que los recursos públicos destinados a la educación en general, en su mayor volumen, se destinan a la nómina magisterial (pago de salarios). “El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2015), en su reporte Gasto público para una educación de calidad, analiza la distribución del presupuesto de la educación básica para 2015, y encuentra que poco más de 85.6 por ciento se destina al pago de nómina, 4 por ciento a becas y 3.2 por ciento a gastos relativos a la infraestructura (mantenimiento, habilitación y construcción, y reconstrucción)”. (1)

2) En relación con el segundo, también sabemos que existen carencias en el rubro de estructura, organización y funcionamiento de las instalaciones educativas, de acuerdo con las cifras gubernamentales. Quizá lo que hace falta es valorar la profundidad y actualización de dichas carencias.

“Las primeras diferencias entre las escuelas públicas y privadas se encuentran en las características de la infraestructura: mientras más de 94% de los alumnos en todos los niveles de escuelas privadas asisten a inmuebles que cuentan con infraestructura adecuada (condiciones mínimas de sanidad y materiales duraderos), esta proporción se reduce para las escuelas públicas a 81%, 86% y 93% para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, respectivamente (INEGI, 2014a). En cuanto a los alumnos que disponen de servicios básicos, las escuelas privadas se mantienen con rangos cercanos a 96% para todos los niveles educativos, mientras que las públicas registran 73% de los alumnos de preescolar y 78% de primaria y secundaria que cuentan con esta característica (INEGI, 2014a).” (misma fuente, p. 136)

“Con relación a servicios básicos, se identificó que hay una importante proporción de planteles que no reciben agua todos los días. A nivel nacional, 72% cuenta con este recurso diariamente; 17% tres o cuatro días; y 11% uno o dos días (INEE, 2018a). Ante la falta de agua, los planteles podrían no ofrecerla para beber a los alumnos, no tendrían agua en los sanitarios ni tampoco realizarían labores de limpieza, lo que afectaría el cumplimiento del derecho al agua y a la salud y, a su vez, afectaría el derecho a la educación. En el ámbito nacional, en 3.1% de los planteles públicos no hay sanitario (INEE, 2018b).” (misma fuente)

3) El tercer aspecto, que seguramente hará cambiar la manera de relacionarnos en las comunidades educativas, tiene que ver con los gastos que habrán de realizar las familias para que sus dependientes, es decir, las y los estudiantes niñas, niños y jóvenes, (zona de educación básica), acudan a las escuelas públicas en condiciones de seguridad e higiene elementales para evitar la transmisión de enfermedades virales y bacterianas (más allá del coronavirus y de la actual coyuntura).

Las economías de las familias se verán presionadas y aportarán lo necesario, de ahora en adelante, para que las niñas, los niños y jóvenes utilicen de manera cotidiana, al menos durante un buen rato: cubrebocas, protecciones para la cara o lentes especiales, gel antibacteriano (con alcohol), guantes especiales, batas o delantales, jabón neutro de tocador para lavarse constantemente las manos, entre otros materiales de protección y prevención que la misma escuela no va a proveer a sus estudiantes, docentes y directivos escolares. Ante esa circunstancia, me pregunto: ¿qué va a pasar si la escuela no tiene servicios básicos como agua potable, o no cuenta con sanitarios ni drenaje, o no dispone de servicios de recolección de basura o de energía eléctrica?

La reflexión necesaria sobre estas carencias de la infraestructura escolar, mantenimiento, servicios e insumos para la escuela, nos coloca ante la opción de cuestionarnos acerca de quiénes se harán cargo de estos gastos, y cómo esas condiciones serán adversas a las políticas públicas de salud. No hay que olvidar que la escuela, además y en ese sentido, requiere cada día de: líquido clorado para lavar pisos; escobas, trapeadores, recogedores, trapos, fibras, jabón en polvo, y demás enseres de limpieza o para llevar a cabo las labores de limpieza en la escuela de la “post contingencia” sanitaria.

Sin duda estamos (y estaremos) en la antesala de una nueva manera de convivir, de relacionarnos, de cuidarnos y de ser solidarios… luego de la experiencia colectiva que nos ha traído, para bien o para mal, el multicitado coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19.

¿Cuál será la actitud y las acciones concretas que asumirá el gobierno de la República (de la “4T”) ante estas condiciones adversas? ¿Acaso la SEP dará nuevamente muestras de insensibilidad hacia las comunidades educativas, al autorizar, en breve, que se aumenten las cuotas “voluntarias” que realizan cada año las familias? ¿No existen otras alternativas a efecto de evitar que las familias mexicanas carguen con los gastos que traerá consigo la inminente vuelta a las aulas?

Fuente consultada:

(1) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018. Ciudad de México: CONEVAL, 2018.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf

Fuente: https://profelandia.com/condiciones-del-regreso-a-la-escuela/

Imagen: https://pixabay.com/photos/walking-school-children-education-4555769/

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531.472 personas penalizadas por jubilarse anticipadamente a pesar de haber cotizado 40 años o más. El Gobierno se disculpa pero no aporta soluciones

Noticias

Europa/España/1803/2020/Autor y fuente: www.tercerainformacion.org

Esta moción del Senado, ha sido aprobada en forma de Proposición No de Ley (PNL) en numerosos ayuntamientos y en la mayoría parlamentos autonómicos. Por todo ello se pregunta
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para cumplir con esta petición del Senado y de la inmensa mayoría de parlamentos autonómicos?
¿Qué medidas y en qué periodo de tiempo piensa el Gobierno solucionar esta situación injusta?

El gobierno ha respondido a dos preguntas formuladas por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet:
PRIMERA PREGUNTA

¿Cuál es el número de pensionistas por jubilación anticipada encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social más en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a los que se aplican coeficientes reductores, tanto por jubilaciones voluntarias como por jubilaciones involuntarias, que a fecha de hoy tienen la edad de 65 años o más y que en su momento acreditaron 40 años o más de cotización?
PRIMERA RESPUESTA:
El número de pensiones por jubilación anticipada en vigor a 5 de febrero de 2020 del Régimen General y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por separado, que a fecha de hoy tienen 65 años o más y que en el momento del reconocimiento de la pensión acreditaron 40 años o más de jubilación es:
· Prestaciones del régimen general 487.991
· Prestaciones del RETA 43.481
· Total:531.472
(ESTAS PERSONAS SON LAS JUBILADAS EN VIGOR, TOCARÍA SUMAR LAS QUE HAN FALLECIDO DURANTE ESTOS AÑOS TAMBIÉN CASTIGADAS POR ESTA SITUACIÓN)

SEGUNDA PREGUNTA:
A la pregunta: En enero de este año, el Senado aprobó una moción presentada por este senador, en la cual se instaba al gobierno a que adoptara las oportunas medidas para que la jubilación anticipada deje de estar tan penalizada en nuestro país. Hay que recordar que las jubilaciones anticipadas antes de cumplir 65 años, pero que han cotizado 40 años o más, actualmente se les castiga ahora con retenciones de por vida en sus pensiones. Las fechas de hoy hablan de 469.215 casos en total, a los que cabría sumar los menores de 65 años en esta situación, condenado también de por vía a cobrar menos de los que les correspondería en sus pensiones de jubilación. Esta moción instaba además al Gobierno a que se corrija esta situación y se calcule su pensión según su base contributiva y los años cotizados, en el momento en el que se produjo la jubilación anticipada. Estamos hablando de personas afectadas que comenzaron a trabajar con 14 años y se tuvieron que jubilar a los 61 años y hasta ahora se les penaliza con coeficientes absurdos, arbitrarios e injustos de por vida, que recortan sus pensiones.

Esta moción del Senado, ha sido aprobada en forma de Proposición No de Ley (PNL) en numerosos ayuntamientos y en la mayoría parlamentos autonómicos. Por todo ello se pregunta
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para cumplir con esta petición del Senado y de la inmensa mayoría de parlamentos autonómicos?
¿Qué medidas y en qué periodo de tiempo piensa el Gobierno solucionar esta situación injusta?
Se contesta por parte del Gobierno: En relación con la iniciativa de referencia se señala lo siguiente: El sistema actual de pensiones permite la anticipación voluntaria de la edad de jubilación. Esta anticipación tiene un coste significativo para el sistema ya que por un lado se dejan de percibir las cotizaciones sociales por el periodo anticipado y por el otro se aumenta el gasto en pensiones por ese mismo periodo. Desde su creación, el diseño de esta modalidad de pensión prevé que el aumento del gasto en pensiones debido a la anticipación de la edad de retiro debe atenuarse mediante la aplicación de coeficientes reductores que, aplicados al importe de la pensión teórica resultante, redujeran el importe final de esta. Así, el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que regula esta modalidad de jubilación, en su apartado 2 establece la aplicación de coeficientes reductores que se aplicarán al importe de la pensión por cada trimestre o fracción que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. Estos coeficientes varían desde el 2% con menos de 38,5 años cotizados al 1,625% con más de 44,5 años cotizados. Es decir, cuanto mayor es el período cotizado menor es el coeficiente reductor. Los valores de estos coeficientes son el resultado de la aplicación del principio de equivalencia financiera que asegura que esta posibilidad de jubilación voluntaria no suponga un sobrecoste al sistema. En la realización de los cálculos se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas por el sujeto, de forma que los pagos por prestaciones actualizados al momento de la jubilación anticipada mantengan un criterio de proporcionalidad con los ingresos actualizados por cotizaciones satisfechos por el sujeto causante a lo largo de su vida profesional, no incentivándose de esta forma el acceso a la jubilación anticipada a base de suponer un mayor coste al sistema y un perjuicio al resto de trabajadores. Los resultados obtenidos en la determinación actuarial de los coeficientes concluían que en muchos supuestos el pago de una prestación supone un coste al sistema que no compensa las cotizaciones realizadas por el sujeto causante a lo largo de su vida activa. Es por ello por lo que los coeficientes reductores solo son aplicables en supuestos de vidas laborales amplias y contando el número de años de anticipo de la edad de jubilación desde la que sería la edad ordinaria, de forma que el acceso a la jubilación anticipada no suponga un gasto excesivo al sistema y origine situaciones en las que la jubilación anticipada sea más beneficiosa para el sujeto causante que la jubilación a la edad ordinaria. Los distintos valores resultantes en función de los años de cotización son el resultado de aplicar el principio de equilibrio financiero mencionado, de modo que a más años cotizados menor es el coeficiente corrector necesario para reequilibrar financieramente la operación. Se puede demostrar por tanto que los coeficientes reductores equilibran la generosidad del sistema entre la jubilación a la edad ordinaria y a la anticipada, no pudiendo considerarse una penalización si no una nivelación. Además, se ha de aclarar que este equilibrio se calcula teniendo en cuenta toda la vida del trabajador, tanto en cotizaciones (periodo activo) como en pensión (periodo inactivo), de lo que resulta que los coeficientes calculados se han de aplicar durante toda la duración de la pensión. Así mismo se informa que sería inasumible para los pensionistas exigirles realizar el ajuste necesario para el equilibrio financiero únicamente en los años en los que se anticipan ya que habría que concentrar la reducción del importe global de la pensión en dichos años, y ello equivaldría en la práctica a casi la totalidad de la pensión. Dicho esto, se puede concluir que la aplicación de coeficientes reductores persigue un doble objetivo. Por un lado, fomenta el aumento de la edad efectiva de jubilación en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con las de la Unión Europea, parámetro clave en la sostenibilidad futura de cualquier sistema de pensiones financiado por reparto, y también en determinadas circunstancias permite la jubilación anticipada. Por otro lado, amortiguan el impacto económico que este tipo de pensiones traslada a la totalidad del sistema al reducir el importe de las mismas en función de los años cotizados y los trimestres de anticipación. No obstante, lo anterior tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional, el sistema de Seguridad Social es de configuración legal, de modo que es susceptible de modificaciones, resultando, para ello, el Pacto de Toledo un foro de debate al efecto. Madrid, 29 de agosto de 2019.

Leída esta respuesta, o este senador ha de entender o que quien responde no ha entendido la pregunta, no ha entendido de qué estamos hablando o directamente se ha querido burlar con la respuesta de más de medio millón de españoles y españolas afectas por este modelo injusto, por ello se pregunta:

1. -¿Por qué no se responde a lo que se ha preguntado?
2. -¿No ha entendido la pregunta?
3. -¿No entienden de qué casos estamos hablando?
4. -¿Han pretendido burlarse de más de medio millón de españoles y españolas?
5. ¿Esta respuesta quiere decir que no piensan hacer caso de estas peticiones?
6. ¿Quién contesta esta pregunta el nombre del Gobierno?,
7. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para cumplir con esta petición del Senado y de la inmensa mayoría de parlamentos autonómicos?
8. ¿Qué medidas y en qué periodo de tiempo piensa el Gobierno solucionar esta situación injusta?
9. ¿No le da vergüenza al Gobierno emitir ese tipo de respuestas, para no contestar a lo preguntado, en un caso tan sensible como este?

RESPUESTA 2
En relación con la iniciativa de referencia, se señala lo siguiente: Con la respuesta emitida el pasado mes de agosto respecto a la referida iniciativa se pretendía ofrecer la visión normativa del actual sistema de pensiones, respondiendo a la pregunta presentada por Su Señoría. En ningún caso, se pretendió ofender con la respuesta, si así se entendió, el Gobierno y en particular el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pide disculpas a los parlamentarios y colectivos implicados que pudo causar la misma.
Respecto a las medidas que solicitaba el Senado al ratificar la referida moción, se estima que, dada la trascendencia e importancia del asunto, es necesario que sean debatidas dentro del marco del Pacto de Toledo, Comisión del Congreso adecuada para representar el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, además de contar con los acuerdos previos de los agentes sociales en cuestiones tan importantes para el interés general. Por este motivo, teniendo en cuenta la actualidad política, como consecuencia del prolongado Gobierno en funciones, no ha sido posible hasta el momento impulsar las medidas adecuadas para corregir la situación que describe Su Señoría respecto a la jubilación anticipada. Si bien, el referido Ministerio, en el ámbito de sus competencias considera necesario avanzar en esta y otras medidas para renovar, consolidar y adecuar el sistema de pensiones a la actualidad demográfica del país.

Para el senador de Compromís “ esta respuesta demuestra de nuevo el nulo interés del Gobierno, vincular la solución de esta situación a una adecuación de la actualidad demográfica del país es poco más que excusarse incluso antes de estudiar qué solución darle a esta situación injusta. Esta situación no es nueva  y no se limita al periodo actual de “inestabilidad por estar en funciones el Gobierno”, que hay un problema serio en el modelo del sistema de pensiones está claro, que es a causa de una política premeditada por vaciarse por parte de los gobiernos la hucha de las pensiones para atender otros gastos, también, que detrás de ello ha existido un interés claro de plegarse a los intereses de la banca y el sector privado de pensiones, tampoco está en tela de juicios, por ello, no se puede justificar dar justicia o no a una situación injusta en base a otros problemas que hay que abordar, pero sin mezclar ambos. Con todo ello se demuestra una vez más la falta total de respeto a aquello que aprueban las Cortes Generales, por nuestra parte, no vamos a cejar en el empezó hasta que se de solución a esta injusticia” .

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/03/16/531472-personas-penalizadas-por-jubilarse-anticipadamente-a-pesar-de-haber-cotizado-40-anos-o-mas-el-gobierno-se-disculpa-pero-no-aporta-soluciones

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ONU:Los Estados destinan más dinero a la educación de los niños ricos que a la de los pobres

Noticias

Noticia/23 Enero 2020/news.un.org

La gran disparidad de la inversión pública en educación entre clases sociales implica aulas más pobladas, maestros poco formados y falta de materiales educativos. Las diez naciones con mayores desigualdades son africanas. Más de la mitad de los niños que viven en países de ingresos bajos y medios no pueden leer o comprender una historia sencilla al final de la escuela primaria.

El 44% de las niñas y el 34% de los niños y adolescentes entre 10 y 19 años de las familias más pobres nunca han asistido a la escuela o la han abandonado antes de completar la educación primaria, indica un informe publicado este lunes por UNICEF.

El estudio se publicó el lunes coincidiendo con una reunión de ministros de educación que asisten al encuentro anual del Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos.

El documento destaca las grandes desigualdades en la distribución del dinero público en educación y concluye que “una financiación limitada y desigualmente distribuida” comporta “aulas con numerosos alumnos, maestros poco formados, falta de materiales de educación y deficiencias en las infraestructuras escolares”.

Este conjunto de contrariedades provoca además consecuencias negativas en la asistencia a clase, la matrícula y el aprendizaje.

Según el informe, los obstáculos que encuentran los menores más pobres para acceder a una educación de calidad son la propia pobreza, la discriminación por razones de género, la discapacidad, el origen étnico o el idioma de instrucción, la distancia física de las escuelas y la infraestructura deficiente.

Los países africanos, los grandes perdedores

El estudio de 42 países destacó las grandes disparidades de la inversión pública en educación destinado a los menores de las familias más ricas en relación con el de las más pobres.

“En promedio, la cantidad de recursos de educación pública destinados a los niños más pobres se acerca al 16%, mientras que la media que se asigna a los niños más ricos es del 26%. En los países de bajos ingresos, la diferencia es muy marcada: el 10% se destina a los más pobres, mientras que el 38% se destina a los más ricos”, concluye UNICEF.

Los diez países que presentan las mayores desigualdades de la inversión pública en educación son africanos, seguidos por Costa Rica, Filipinas y El Salvador. El mayor contraste se produce en Guinea y la República Centroafricana donde los fondos destinados a los niños más ricos son nueve y seis veces superiores a sus contrapartes pobres.

Por el contrario, los únicos países que distribuyen sus fondos públicos de educación de manera equitativa entre los menores ricos y pobres son Barbados, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suecia y Chile.

“La exclusión en cada paso de la educación perpetúa la pobreza”, destaca el informe que muestra cómo la falta de recursos para los niños más pobres agrava la crisis de aprendizaje, ya que las escuelas no consiguen ofrecer una educación de calidad a sus alumnos.

Según el Banco Mundial, más de la mitad de los niños que viven en países de ingresos bajos y medios no pueden leer o comprender una historia sencilla al final de la escuela primaria.

“Un enfoque equitativo debe tener como objetivo llegar a todos los niños y niñas para que nadie se quede atrás, y reducir la brecha existente en la distribución de los recursos. Llegar a los niños más pobres implicará necesariamente costos más elevados porque sus necesidades de aprendizaje son mayores que las de los niños más ricos y requieren un apoyo sustancial de los sistemas de educación… por consiguiente, desde una perspectiva de equidad, es preciso dedicar por lo menos un 20% de la inversión pública en educación a la prestación de servicios a los niños más pobres y vulnerables”.

Henrietta Fore destacó que estas grandes diferencias no solo perjudican la educación de los adolescentes con menores recursos de todos los países sino también a ellos mismos.

«Mientras el gasto público en educación esté desproporcionadamente orientado hacia los niños y niñas de los hogares más ricos, los más pobres tendrán pocas esperanzas de escapar de la pobreza, de aprender las aptitudes necesarias para competir y tener éxito en el mundo de hoy, y de contribuir a las economías de sus países».

Recomendaciones para Gobiernos y otras partes interesadas para lograr una educación más equitativa:

-Los Gobiernos nacionales deben tomar la iniciativa. La promoción de políticas pro-equidad puede resultar difícil, especialmente ante la limitación de los recursos, pero la apropiación nacional es fundamental para el proceso.

-Centrar la financiación pública en los niveles inferiores de educación, donde hay una mayor representación de niños de las familias más pobres. A continuación, aumentar paulatinamente las asignaciones a los niveles superiores cuando la cobertura se aproxime a la universalidad en los niveles inferiores, centrándose siempre en los niños más pobres y vulnerables.

-Los Gobiernos deben asignar por lo menos el 10% de su presupuesto total de educación a la enseñanza preescolar.

-Prestar atención a la igualdad en el sector de la educación a nivel mundial. Si no se atienden las necesidades de aprendizaje de los niños más pobres, será imposible hacer realidad la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 relacionado con una educación de calidad inclusiva y equitativa universal.)

Fuente: https://news.un.org/es/story/2020/01/1468211

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OCDE y tendencias en educación superior

Diario la Tercera

Por: Ignacio Sánchez. 

La OCDE presentó recientemente su informe Education at a Glance 2019, en el que se analizan diversos indicadores que permiten describir y comparar los sistemas educativos de sus países miembros, entre ellos Chile. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en la educación terciaria, donde se destacaron hallazgos relativos a la duración y extensión de las carreras y a los recursos invertidos.

Así, por ejemplo, se encuentra que nuestro gasto público en educación superior como porcentaje del PIB (1%) es similar al promedio de la OCDE (0,9%) y que somos el segundo país que más lo incrementó entre los años 2010 a 2016. Pero, además, tal como en documentos previos del mismo organismo, el informe advierte una tendencia que vienen exhibiendo los países miembros: la reducción del gasto público en educación superior y el incremento gradual del financiamiento privado, particularmente proveniente de los hogares. Es decir, justo lo contrario a lo que ha ocurrido en Chile, donde en los últimos años la gratuidad de este nivel educativo significó un alza del presupuesto público, incluso superior a la del resto de los niveles educativos.

“Dado el ambiente económico actual, muchos gobiernos están presentando dificultades para proveer los recursos suficientes para sostener la creciente demanda por educación superior. Adicionalmente, algunos policy makers afirman que quienes más se benefician de la educación -los individuos que la reciben- debieran soportar al menos una parte de sus costos”, indica el reporte. De esta forma, queda de manifiesto que aun los sistemas educativos de los países desarrollados son incapaces de hacerse cargo de la totalidad del financiamiento de la educación superior. Así, si bien los recursos públicos aún representan una proporción importante de la inversión de los países en educación, las fuentes privadas están jugando un rol creciente.

En ese contexto, se destaca además que varios países han avanzado hacia sistemas de créditos estudiantiles para financiar la educación superior, tal como lo venía haciendo Chile antes de que se instalara la consigna de la gratuidad. Se recalca que éstos permiten reducir las barreras de acceso que impone el cobro de aranceles por parte de las casas de estudio, pero que simultáneamente “reducen el costo para los contribuyentes del gasto público”. En particular, se explica que los créditos permiten transferir el costo de la educación desde el momento en que el estudiante no posee ingresos suficientes, hasta después de su graduación, cuando normalmente ya se encuentra en condiciones de financiarlo.

El informe de la OCDE viene a aportar a un debate que en nuestro país se pensaba que ya estaba resuelto, pero que a la luz de los problemas que la gratuidad está evidenciando, debiera repensarse. Hay coincidencia con las opiniones de diversos especialistas nacionales que recomiendan frenar el avance de la gratuidad hasta los estudiantes pertenecientes al 60% de menores ingresos, y sobre dicho umbral establecer un sistema de créditos contingentes al ingreso.

Fuente del artículo: https://www.latercera.com/opinion/noticia/ocde-tendencias-educacion-superior/828604/

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Oxfam Internacional presenta importante estudio mundial: Los pobres no terminar la escuela

Noticias

Redacción: Tyn Panamá

Dice la organización Oxfam, la pobreza, el estudio de la elección y los artículos de asociación, que los niños que nacen en familias pobres son siete veces menos probabilidades de terminar la escuela de los hijos de los ricos. La mirada de Oxfam internacional y dirigido, como es habitual, en el Sur del mundo. El último informe sobre la educación pone de relieve un alarmante panorama acerca de las disparidades en el acceso a oportunidades educativas. En Pakistán, « uno de los Países con mayor desigualdad en el mundo y con muy bajos niveles de gasto público para la educación» – 24 millones de niños no están en la escuela (menores de 15 años en el País hay 70 millones, un tercio de sus habitantes).

En los países africanos de Malawi, Burkina Faso, Madagascar, islas salomón, Lesotho, y Senegal, más de la mitad de los gastos en educación asignadas por sus respectivos gobiernos, es para el beneficio de los más ricos del 10 por ciento de la población. En el resto del mundo – de acuerdo a estimaciones de la Unesco, más de 330 millones de niños, mientras que ir a la escuela, no se desarrollan las habilidades básicas a un mínimo. Oxfam calcula que la inversión de los distintos Países de la educación debe ser igual al 6 por ciento del Producto interno bruto. De esta manera, la calidad de la educación pública puede ser gratuita para todos los niños y la formación de los maestros, adecuada.

Gracias a la creación de sistemas fiscales más equitativo por parte de algunos gobiernos del Sur han obtenido resultados notables: el de Etiopía, entre 2005 y 2015 se convirtió en el quinto inversionista en el mundo en la educación (no siempre en relación con el Pib), garantizar el acceso a la escuela en 15 millones de niños en más. Ecuador ha triplicado su gasto en educación entre 2003 y 2010. En el Oeste, hay una brecha de 15 por ciento en los Países occidentales y en los emergentes de las desigualdades en la escuela se siente, en esta fase histórica, con agudeza. En esta área, sólo el 75 por ciento de los niños que nacen en familias con bajos ingresos extremos de las escuelas secundarias en comparación con el 90 por ciento de los niños de familias más acomodadas. La situación general muestran un hilo rojo que atraviesa y une a todas las naciones, y la insuficiencia de la inversión en la educación del público y de forma gratuita.

Areta Sobieraj, jefe de la Oficina de educación de Oxfam Italia, escribe: «El gasto público en educación se concentra en las zonas ricas a costa de los pobres, donde las escuelas están en condiciones de hacinamiento, la falta de maestros calificados, libros de texto, y también, simplemente, un aseo. La inversión en la educación pública de calidad ha demostrado, en cambio, a ser la palanca más eficaz para reducir las desigualdades y construir sociedades más igualitarias que explotar al máximo el talento y el potencial de todos los niños». En Italia, en el día: el abandono escolar En Italia, donde el gasto en educación ascendió a 4 por ciento del Pib frente a 4.9 de la media europea, que se ha reanudado el crecimiento, la tasa de deserción de la escuela secundaria después de años de reducción (Oxfam cites datos de Eurostat). la en la escuela En el año 2017 y 2018, el 14.5 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años está en posesión de la licencia de los medios de comunicación, debido a que el crecimiento de 0.7 por ciento y que nos lleva a ser el cuarto País europeo que abandonar después de Malta, España y Rumania. Y si en el Norte-Oeste de italia, la dispersión de la tasa es de 11,7 por ciento, en el Sur de 18.5 por ciento. La media europea es de 10. La altitud de la declaración sobre el gasto público en Italia disminución de 9.1 por ciento en 2008 a 7,9 por ciento en 2015 (9.6 Alemania y Francia). En Italia, el 26 por ciento de los niños y niñas de edades comprendidas entre los 15 y 29 años ni estudian y no trabajan (la de Su grupo): el doble en la zona de la Ocde.

Oxfam es atractivo para el recién nacido gobierno italiano. Como: «es fundamental que el nuevo gobierno se situó en el centro de su acción más eficaces y más inversiones en educación pública, con el objetivo de combatir el abandono escolar y educativo de la pobreza, las desigualdades entre ricos y pobres de las regiones. Damos la bienvenida a las primeras declaraciones de la nueva ministra de Educación, Lorenzo Fioramonti, en comparación con la necesidad de aumentar la inversión en educación. Estos recursos serán invertidos en forma coordinada, en la cualificación de los maestros, las políticas de pre-escolarización efectiva, en la enseñanza de la innovación, para la orientación de la escuela, un ciclo de los estudios y las otras que facilita la reducción del número de alumnos que son rechazados en los primeros años de la escuela secundaria».

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Fuente: http://www.tynpanama.com/tecnologia/Oxfam-Los-pobres-no-terminar-la-escuela-h6322.html

 

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