El proyecto de educación de Ecoembes ofrece de forma gratuita formación online a los docentes de Educación Primaria y una biblioteca de recursos para que puedan enseñar en medioambiente de forma transversal al currículo y sin que suponga una carga adicional de contenido. ¡Ya puedes inscribirte!
Tras varios meses sin enseñanza presencial, la vuelta al colegio está marcada por las medidas sanitarias implementadas en los colegios para proteger tanto al personal docente como a los niños y niñas de la COVID-19, una pandemia que, además, ha puesto en relieve que, para cuidar de nuestra salud, es necesario proteger el medioambiente.
En este contexto, la educación en valores ambientales cobra aún más importancia. Según el estudio de opinión ‘Jóvenes, educación y medioambiente’ de More Than Research para Naturaliza -realizado a más de 3.400 jóvenes de entre 18 y 30 años de toda España-, 9 de cada 10 entrevistados consideran que la educación ambiental es clave para hacer frente a situaciones como la actual crisis sanitaria. Conscientes de la importancia de su labor pedagógica, cada vez son más los docentes que apuestan por llevar a sus aulas una enseñanza en la que el medioambiente cobre más protagonismo.
Naturaliza: Educación ambiental gratuita para Primaria
En este contexto, en el curso académico que acaba de comenzar ya son 275 los docentes que se han sumado a Naturaliza, el proyecto de educación ambiental de Ecoembes que integra una mirada ambiental en las asignaturas troncales de Primaria –Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales–, impartiendo contenidos ambientales de forma transversal al currículo escolar sin que ello suponga una carga adicional de contenido. Para hacerlo posible, Naturaliza dota a la comunidad educativa, de forma totalmente gratuita, de todas las herramientas y recursos digitales adaptados al currículo escolar y de formación para el profesorado a través de la Escuela de Docentes, flexibilizando, por la situación actual, el periodo de formación. La convocatoria continúa abierta para todos los docentes de Educación Primaria que estén interesados en formar parte de la red Naturaliza para enseñar a sus alumnos desde una mirada ambiental.
Además, desde su nacimiento, Naturaliza ha incidido en la necesidad de sacar las aulas al exterior para fomentar un aprendizaje ambiental activo basado en el contacto con la naturaleza y generar vínculos emocionales de los más pequeños con la misma. De este modo, se contribuye a que los niños y niñas desarrollen su autonomía, concentración y creatividad en un curso académico en el que la práctica docente al aire libre cobra aún más relevancia, siendo incluso una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OM) para una vuelta al cole segura.
Actualmente, la red de Naturaliza cuenta con más de 1.000 docentes de Primaria de 480 colegios de toda España comprometidos con educar a sus alumnos en valores ambientales..
Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/educacion-ambiental-gratuita/
En la literatura, las artes plásticas y el cine, igual que en la acción democrática, lo que está en juego es la posibilidad de alterar las formas hegemónicas de experiencia del mundo y así dar visibilidad a todo aquello que suele ser excluido de los marcos consensuales de percepción.
En Argentina y a lo largo de América Latina, la reciente expansión de la frontera extractiva ha puesto en jaque los derechos territoriales y la salud colectiva. Es preciso poner en discusión esa lógica sacrificial que subordina la vida humana y no humana a la apropiación y explotación intensiva de la naturaleza. Es una tarea que requiere repoblar nuestra imaginación para hacer lugar a mundos alternativos. Arte y ecología política constituye el primer volumen de su tipo pues reúne ensayos, crónicas e investigaciones que bucean en diferentes aspectos estéticos y expresivos que hacen espacio a otras formas de vivir más justas y sustentables.
Autor (a): Gabriela Merlinsky. Paula Serafini. [Editoras]
Gabriela Merlinsky. Paula Serafini. Silvana Buján. Eduardo Molinari. Azul Blaseotto. Aurelio Kopainig. Julia Mensch. Pablo D’Alo Abba. Abelardo Cabrera. Juan Pablo Lepore. Yasmín Dávalos. Felipe Gutiérrez Ríos. Iconoclasistas. Julián Pellegrini. Anahí Méndez. Gabriela Massuh. Florencia Tola. [Autores y Autoras de Capítulo]
Editorial/Edición: CLACSO. IIGG – Instituto de Investigaciones Gino Germani.
El Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), el mayor foro para el tratamiento de la realidad ambiental que se celebra cada dos años en España, se retrasa al mes de abril de 2021 debido a la actual situación sanitaria motivada por la Covid-19
La directora de la fundación Conama, Alicia Torrego, ha explicado a EFE que el Congreso se celebrará de forma presencial en el Palacio de Congresos de Madrid, coincidiendo con dos fechas emblemáticas, entre el Día Mundial de la Bicicleta, el 19 de abril, y el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, para transmitir así «ilusión y fuerza al sector ambiental», pese a las dificultades del momento actual.
Torrego ha explicado que la organización del Congreso comenzó en realidad «hace unos meses», con la puesta en marcha de grupos y comités para preparar temas que ya se han publicado, como el desarrollo rural, la energía, la crisis climática, los residuos, la movilidad, la renovación urbana, la biodiversidad y el agua.
«Todo orientado a la recuperación verde y a cómo afrontar la situación que tenemos, buscando una oportunidad para mejorar nuestra relación con el medioambiente», ha asegurado la directora del Congreso.
Ha destacado la necesidad de salir de la crisis sanitaria «fortaleciendo la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático», ya que esto no solo protege el medio ambiente, sino que también incumbe a la salud humana y a nuestro futuro bienestar.
Torrego ha anunciado que la semana del 23 al 26 de noviembre se celebrará un evento virtual -a modo de «aperitivo»-, para el que se ha preparado un programa en el que anticipará el trabajo que la fundación está llevando a cabo y «enganchar con cuestiones de actualidad».
América del Sur/Perú/06-09-2020/Autor(a) y Fuente: www.andina.pe
Investigador James Apaéstegui alerta sobre deforestación, minería ilegal y avance de cultivos industriales.
La mejor estrategia para ayudar a los bosques es la educación, asegura el ingeniero James Apaéstegui, investigador científico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), al conmemorarse hoy, 1° de setiembre, el Día del Árbol.
En un artículo titulado ‘La Amazonía: reserva de Agua para los Andes’, el investigador aboga por una educación “que considere a la naturaleza como parte vital de un sistema para mejorar la calidad de vida de las personas y que fomente el desarrollo sostenible de los bosques”.
El 60 % del territorio peruano está cubierto de bosques, característica que coloca al Perú en el noveno lugar entre los países con mayor extensión forestal del planeta, resalta Apaéstegui, al plantear la necesidad de un mayor esfuerzo colectivo para defender la Amazonía.
Importancia de la Amazonía
Conmemorar el Día del Árbol nos lleva directamente a pensar en la Amazonía y en su importancia para la humanidad, escribe.
“El 70 % de las plantas alimenticias y el 80 % de las especies medicinales del Perú proceden de sus bosques, los que no solo consiguen capturar los gases del efecto invernadero, sino que también sirven como hábitat para especies endémicas”, continúa.
El texto deja en claro que la importancia del bosque se sitúa bastante más allá del valor monetario de sus recursos forestales y su materia prima.
“Los bosques disminuyen los procesos de erosión y pérdida de los suelos”, añade el investigador del IGP, quien resalta, además, que “son parte de nuestra identidad cultural e importantes en la economía del país”.
Andes y Amazonía
Entre los roles vitales de los bosques, el artículo destaca la regulación del ciclo hidrológico, de particular interés en el territorio peruano.
“Recientes investigaciones han puesto en evidencia que aproximadamente el 50 % de la humedad que llega a la región andina proviene de procesos asociados al reciclaje de humedad en el bosque amazónico”, puntualiza Apaéstegui.
“No obstante, este enfrenta severas amenazas: la deforestación, la minería ilegal y el avance de los cultivos industriales”.
Riesgo latente
“Los árboles empiezan a alterar su dinámica natural para adaptarse, lo que sumado a los impactos antrópicos podría generar daños irreversibles en el ecosistema y devenir en la probable pérdida de la Amazonía”, observa el investigador del IGP con preocupación.
Fuente e Imagen: https://www.andina.pe/agencia/noticia-igp-mejor-estrategia-para-ayudar-a-los-bosques-es-educacion-812171.aspx
El más reciente informe de Global Witness destaca que 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante el 2019; la mitad de los homicidios ocurrieron en Colombia y Filipinas.
Entre los países que registraron el mayor número de asesinatos también se encuentran Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Un solo número lo muestra: 212 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2019.
En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales, una posición que ocupa desde 2012, año en el que Global Witness comenzó a publicar sus informes.
De los diez países con el mayor número de asesinatos, siete se localizan en Latinoamérica: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
Petrona Ramon Martín, de la comunidad de San Francisco, donde se oponen al proyecto de la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, Guatemala. Foto: James-Rodriguez/Global Witness.
La documentación que realiza Global Witness pone sobre la mesa una tendencia nada alentadora: la violencia contra los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes; para el 2019 el número se elevó a 212.
Ben Leather, de Global Witness, explica algunas de las razones de ese aumento: “Estamos viendo intereses más fuertes sobre la tierra y los recursos naturales para responder a las demanda de los consumidores. Industrias como minería, agronegocios o la explotación de madera están entrando cada vez más a nuevos territorios, en los cuales vemos que las empresas están haciendo acuerdos con políticos corruptos para imponer proyectos”.
La corrupción, considera Ben Leather, también está facilitando el cambio climático, al permitir que las empresas “puedan hacer lo que les da la gana, para tener ganancias a corto plazo y a costa de la protección del medio ambiente. Lo que nuestro informe demuestra es que son las y los defensores quienes están denunciando esta corrupción política, esta irresponsabilidad empresarial”.
El protagonismo de la minería
En América Latina, pero también en Asia y África, incluso con comunidades nativas de Estados Unidos que han sido afectadas por la imposición de megaproyectos se repiten las mismas historias: “Cuando estas comunidades denuncian los abusos y la destrucción causada por los proyectos —señala Ben Leather— comienzan a recibir amenazas, agresiones y, en algunos casos, asesinatos”.
El informe de Global Witness resalta que la gama de violencias en contra de los defensores ambientales es amplia; incluye ataques, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. El documento no se limita a documentar el número de asesinatos, también señala a las industrias contra las cuales se manifestaron los defensores ambientales.
Como en otros años, la minería fue el sector vinculado al mayor número de agresiones; en 2019 se le relaciona con los asesinatos de 50 defensores. Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina.
También se documentó que 34 asesinatos fueron contra defensores que se oponían a la agricultura a gran escala, ese número representa un aumento de más del 60 % si se compara con los datos de 2018.
Otros de los sectores que denunciaron los defensores ambientales que fueron asesinados son la explotación forestal, la caza ilegal y la pesca.
Ante esta situación, Ben Leather resalta que “las empresas tienen que implementar políticas que permitan asegurar que sus inversiones y sus operaciones no afectan los derechos de las comunidades y no están contribuyendo a que se realicen ataques en contra de las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra”.
Ben Lather señala que se ha demostrado que los compromisos voluntarios de las empresas no están funcionando, por lo que es necesario impulsar leyes que obliguen a las empresas a realizar la debida diligencia, para que demuestren que no están contribuyendo a los abusos de derechos humanos y ambientales.
En el informe de Global Witness se resalta que en 37 de los asesinatos se pudo vincular a fuerzas estatales como perpetradores. “También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados”.
De las víctimas asesinadas, 19 eran funcionarios estatales o guardaparques, personas contratadas para proteger el medio ambiente. Estos ataques se documentaron en ocho países; Guatemala, Brasil, Filipinas, Rumania, Kazajstán, República Democrática del Congo, Uganda y Ghana.
Además, una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres.
A Samir Flores lo asesinaron el 20 de febrero de 2019. Se oponía a la construcción de la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, México. Foto: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos.
Territorios donde reina la impunidad
Colombia y Filipinas sobresalen por el alto número de asesinatos contra defensores ambientales, pero también porque durante los últimos años su tendencia es al alza.
Colombia, por ejemplo, registró 64 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Si esa cifra se compara con los 24 casos del 2018, el país sudamericano presentó un aumento de más del 150 %, destaca el informe de Global Witness.
En Filipinas, se documentaron 43 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Ben Leather destaca que si se comparan los tres primeros años del gobierno del presidente Rodrigo Duterte, con los tres años anteriores, se tiene que “el número de asesinatos de defensores es el doble”.
Colombia y Filipinas —explica Leather— también coinciden en que no han logrado resolver antiquísimos problemas relacionados con el derecho a la tierra, sufren por la presencia de grupos armados que son legado de conflictos internos, poseen una política de seguridad militarizada y una regulación inadecuada de las empresas.
Niños pemones juegan en las calles de Kumarakapay. Decenas de familias indígenas debieron huir tras el asalto militar a este pueblo en febrero de 2019 y se encuentran en refugios en la frontera con Brasil. Foto: Lorena Meléndez.
Pero además, los dos países tienen un factor que también está presente en otras naciones donde la violencia contra los defensores ambientales es crítica: altos niveles de impunidad.
“La gran mayoría de los ataques contra defensores ambientales continúan en la impunidad; eso actúa como una especie de luz verde para quienes quieren silenciar a los defensores”, resalta Ben Leather, de Global Witness.
Una verdadera justicia, destaca Leather, es “una rendición de cuentas que se aplica tanto a las empresas que están actuando con irresponsabilidad, como a quienes están llevando a cabo estos asesinatos”.
Defender la “casa grande”
En Colombia, el informe de Global Witness, documentó que 14 de las 64 muertes de defensores ambientales ocurridas en 2019 se vinculan con la sustitución de cultivos ilícitos.
En los territorios previamente ocupados por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “ahora están entrando paramilitares y otros grupos armados, y están asesinado a cualquiera que se oponga a su llegada. Hay una implementación inadecuada de los acuerdos de paz, lo que ha tenido un impacto sobre los defensores”, señala Ben Lather.
Para Francia Márquez, una de las defensoras ambientales afrodescendientes más reconocidas en Colombia y quien en 2018 ganó el Premio Ambiental Goldman, la violencia contra los defensores es consecuencia de la acumulación del capital que “usa la violencia, el racismo estructural, el patriarcado para seguirse imponiendo […] En este país hay a quienes les interesa seguir impulsando la violencia para mantenerse en el poder, porque es la forma en como lo han hecho”.
La colombiana Francia Márquez, defensora ambiental, Premio Goldman 2018.
La defensora resalta el papel de la “minería ilegal pero también la minería inconstitucional, entendida como la que promueve el mismo gobierno nacional en los territorio ancestrales, en territorios de pueblos afrocolombianos e indígenas”.
Francia Márquez insiste en que hay “una política de muerte” que no toma en cuenta el cuidado de la “casa grande, el planeta”. Los defensores ambientales, de territorio, de derechos indígenas y afrodescendientes “estamos dificultando ese proyecto político. Por eso nos están matando, por eso nos asesinan”.
Francia Márquez sabe de lo que habla. En mayo de 2019, en la región del Cauca, ella y otros líderes ambientales y sociales fueron atacados por hombres armados quienes, incluso, lanzaron una granada contra el grupo. El ataque duró 15 minutos.
El Cauca es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender el ambiente. En 2019, más de un tercio de todos los asesinatos de defensores ambientales en Colombia ocurrieron en esa región del suroeste del país.
Años antes, Francia ya había recibido otros ataques, sobre todo cuando participó en las acciones para detener la minería ilegal en La Toma.
Por su defensa de la naturaleza y su territorio, Patricia Gualinga —lideresa Sarayaku, un pueblo kichwa del Ecuador— ha recibido amenazas de muerte y ataques. Foto: Jonathan Rosas para GK.
Honduras: violencia que no cesa
El informe de Global Witness también incluye a los cinco países con más asesinatos per cápita. En esa lista sobresale Honduras, nación centroamericana que este año registró 14 homicidios.
Desde 2016, cuando fue asesinada la defensora ambiental Berta Cáceres, diversas organizaciones señalaron la difícil situación que viven los defensores de derechos humanos en Honduras. Este panorama no ha cambiado, al contrario, sigue agravándose, señala Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para la Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), organización que trabaja en la documentación de las violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano.
Hedme Castro explica que 36 % del territorio de Honduras ha sido concesionado a empresas —algunas pertenecientes a políticos locales— y a compañías de capital extranjero para el desarrollo de minas, hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos y desarrollos turísticos; los cuales han provocado desplazamiento forzado, así como agresiones y represión contra comunidades y defensores ambientales.
“La situación en el país es terrible”, describe la defensora y como ejemplo recuerda lo que ha sucedido durante el mes de julio en Honduras. El 9 de julio, por ejemplo, allanaron las oficinas de ACI-Participa; dos días después desapareció Marvin Damián Castro Molina, presidente de la Red Juvenil de la Asociación de Desarrollo Pespirense-Honduras y miembro del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Su cuerpo, con signos de tortura, se encontró días después.
La defensora hondureña Consuelo Soto durante un plantón frente al Congreso Nacional en contra de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, en Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
El sábado 18 de julio, un grupo armado entró a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz y se llevó a Alberth Esnider Centeno Tomas, presidente del Patronato de la comunidad; Milton Joel Martínez Álvarez; Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Róchez. Hasta el martes 28 de julio, no se tenía noticias sobre ellos.
Hedme Castro explica que la comunidad del Triunfo de la Cruz lleva una larga lucha para que se le devuelvan sus derechos ancestrales sobre su territorio. Incluso, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en donde se exige al gobierno hondureño reconocer los derechos de los garífunas.
“Alberth Esnider encabezaba las exigencias contra el gobierno para que cumpliera con la sentencia de la Corte interamericana”, resalta Hedme Castro. La defensora comenta que “mientras al país lo sigan dirigiendo personas vinculadas a escándalos de corrupción, personas que están dispuestas a vender el país entero, seguirán los asesinatos, los desplazamientos forzados; no se respetarán las zonas protegidas ni los títulos ancestrales”.
Rosalina Domínguez, defensora hondureña que continúa la labor que inició Berta Cáceres, ha recibido amenazas de muerte. Foto: Rubén Escobar.
Las más afectadas: comunidades indígenas
Entre los nombres de los defensores ambientales asesinados en 2019 está el de Paulo Paulino, de 26 años y miembro de la comunidad indígena guajajara. En noviembre de 2019 fue asesinado a tiros por un grupo integrado por, al menos, cinco madereros ilegales, en el estado de Marañón, Brasil.
Paulo formaba parte de la organización “Guardianes del Bosque”, cuyo objetivo es combatir a los grupos de tala ilegal que invaden tierras indígenas en la Amazonía brasileña. El informe de Global Witness señala que 90 % de los asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.
Entre 2000 y 2018, 42 indígenas guajajara fueron asesinados por hacer frente a los madereros ilegales. Paulo no fue el último. Hasta abril de 2020, mataron a otros cuatro líderes de la comunidad.
“En Brasil —donde es urgente proteger la Amazonía— observamos que las comunidades indígenas están siendo muy vulnerables debido a las políticas de (Jair) Bolsonaro”, subraya Ben Lather. El presidente brasileño, se resalta en el informe, ha impulsado la expansión de la minería a escala industrial y la agroindustria en la Amazonía.
Miembros de la comunidad Guajajara. Fotografía: Global Witness.
Al igual que los guajajara, otras comunidades indígenas están mirando cómo se asesina o desaparece a los suyos por defender sus tierras, los bosques, los ríos o el agua.
En México, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara se ha registrado el asesinato de, por lo menos, 12 indígenas raramuri que se han opuesto y denunciado la tala ilegal de sus bosques. Dos de ellos fueron asesinados en 2019: Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20, Gregorio Chaparro Cruz. Ambos eran familiares de Julián Carrillo, defensor de Coloradas de la Virgen, a quien le dispararon en octubre de 2018.
En 2019, 40 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas, a pesar de que representan solo el 4.4 % de la población mundial, señala el informe de Global Witness. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de todos los ataques han sido contra pueblos indígenas, por lo que son una de las comunidades en mayor riesgo en todo el mundo.
El indígena rarámuri Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio en México, fue asesinado en octubre de 2018. Foto: Amnistía Internacional México.
Pandemia: aumentan las amenazas
Ben Lather resalta que no solo se está ante la urgencia de combatir la crisis climática, también se debe trabajar para detener las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la línea de batalla para proteger los recursos naturales: “¿Cómo vamos a proteger al planeta si no podemos proteger a quienes defienden el planeta?”
Los defensores ambientales no solo son vitales para combatir la crisis climática, “también son nuestros aliados para prevenir otra pandemia como la del COVID-19, porque ahora ya sabemos que se aumentan las probabilidades de tener otras pandemias si aumenta la deforestación y se afecta la naturaleza”, señala Ben Lather.
La defensora colombiana Francia Márquez resalta que la pandemia del COVID-19 mostró “la cara de una política que es inviable y de un ‘desarrollo’ que para lo único que ha servido es para enriquecer los bolsillos de unos pocos a costa del sufrimiento de millones de millones de personas en el mundo, a costa del detrimento y del daño a ecosistemas frágiles y muchas especies”.
Adán Vez fue asesinado el 8 de abril de 2020, en Veracruz, México. Foto: Tomada de la página de Facebook de Adán.
Estos argumentos pareciera que no alcanzan a tener la fuerza suficiente, porque ni siquiera durante el confinamiento que se vivió por la pandemia del COVID-19 se logró detener las agresiones contra los defensores ambientales, como se ha visto en países como Honduras, Colombia, México o Brasil donde durante los últimos cuatro meses se registraron asesinatos de ambientalistas.
“Durante esta crisis del COVID-19 —apunta Ben Lather, de Global Witness— algunas empresas están ampliando su ataque contra las personas defensoras, y los gobiernos están reduciendo la protección”.
Además, la crisis económica que trae de la mano la pandemia del COVID-19 intensificó la presión sobre los territorios naturales, sobre todo en aquellos países en donde se impulsan megaproyectos que afectan el medio ambiente y a las comunidades que viven en esas zonas.
Francia Márquez comenta que es preocupante “ver a las personas que tienen el poder, que gobiernan nuestros países, tomando decisiones a nombre de la crisis económica; decisiones que plantean que seguirán, sin ningún pudor, profundizando la crisis en muchos territorios que van a seguir destruyendo”.
En el caso de Colombia, señala, “se plantea utilizar el fracking, la explotación petrolera y minera para sacar al país de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Eso, para nosotros implica seguir convirtiendo nuestros territorios en cementerios”.
Para Francia Márquez el gran desafío que tienen los defensores ambientales es “articular nuestras acciones a nivel global; así como la ‘política de la muerte’ se articula en un sistema global, nosotros tenemos que articular acciones de resistencia a favor de la vida. Salvar nuestra casa grande es la responsabilidad colectiva que hoy tenemos como humanidad”.
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.
La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.
Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.
HALLAZGOS RELEVANTES
Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.
Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.
Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.
Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.
Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.
La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.
Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas – a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial.Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.
DEBEMOS SEGUIR A LOS LÍDERES EN PRIMERA LÍNEA CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA
En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.
Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.
Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.
Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.
El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.
El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad.La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.
RECOMENDACIONES
Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.
Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.
Tú también puedes ayudar.
La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.
Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.
Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness
El más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana” arroja datos cada vez más preocupantes acerca de los ataques sistemáticos contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes, en medio de una crisis climática y ambiental sin precedentes.
De acuerdo con el informe (descargue aquí la versión en español), el año 2019 ha sido el más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Son 212 las personas asesinadas en el mundo, más de dos tercios de ellas (148) en América Latina que vuelve a posicionarse como el continente más peligroso para la defensa de los bienes comunes.
En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó el Acuerdo Climático de París. Además, el informe señala que defensores y defensoras sufrieron todo tipo de ataque no letal, entre otros, ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, campañas de estigmatización y difamación, acoso, hostigamiento, violencia sexual, demandas judiciales y encarcelamiento.
América Latina, la más letal
Colombia (64) y Filipinas (43) encabezan la trágica lista, sumando más de la mitad de los asesinatos. En el caso de Colombia, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, “categorías” que incluyen a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, ha marcado dramáticamente el período post-acuerdo de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron 368 las y los líderes asesinados entre 2016 y 2019, y ya son 37 los que perdieron la vida en lo que va del año.
En el caso de Filipinas, los ataques contra personas defensoras experimentaron un aumento significativo, alcanzando los 43 asesinatos en 2019, en comparación con los 30 del año anterior.
Brasil (24), México (18), Honduras (14) y Guatemala (12) son los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras asesinadas después de Colombia y Filipinas. Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Honduras se convierte en el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.
La región amazónica resultó ser una de las zonas más afectadas con 33 asesinatos. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.
Minería y agroindustria con más asesinatos
La minería sigue siendo el sector asociado a la mayoría de asesinatos a nivel mundial (50), mientras que en la agroindustria, en especial en los monocultivos de palma africana y caña de azúcar, “los ataques, los asesinatos y las masacres fueron utilizadas como tácticas disuasorias”.
En 2019, Global Witness documentó 34 asesinatos relacionados con la agricultura a gran escala, con un aumento de más del 60% respecto al año anterior desde 2018.
La explotación forestal fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial, registrando un incremento del 85% respecto al 2018 en los ataques contra personas defensoras que se oponen a esta industria.
Una vez más las poblaciones indígenas fueron las principales víctimas de los ataques mortales. El año pasado, el 40% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas. En los últimos cinco años (2015-2019) más de un tercio de todos los ataques mortales fueron contra pueblos indígenas, lo que los convierte en las comunidades en mayor riesgo a nivel mundial.
Subregistro
Global Witness advierte también lo difícil que es captar con precisión la verdadera dimensión del problema, ya que en varios países las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos documentados y situaciones de conflictos pueden generar un subregistro significativo.
Pese a la dificultad para identificar a los perpetradores de tantos asesinatos, Global Witness pudo vincular a fuerzas estatales con 37 de los asesinatos. También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados.
“Durante años, las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente han estado en la primera línea de defensa contra las causas y los impactos del colapso climático (…). Sin embargo, la mayoría de las empresas, las financieras y los gobiernos no son capaces de protegerlas en su trabajo que es vital y se desarrolla de forma pacífica.
Si queremos frenar el colapso climático debemos seguir los pasos de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Tenemos que escuchar sus demandas y amplificarlas.
Debemos presionar a quienes están en el poder para que aborden las causas estructurales del problema, apoyen y protejan a las personas defensoras y establezcan regulaciones que garanticen que, tanto los proyectos como las operaciones, se implementen con la debida diligencia, transparencia y consentimiento libre, previo e informado”, concluye el informe.
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