Universidad Pública

Colombia / 21 de octubre de 2018 / Autor: Miguel A. Herrera Zgaib / Fuente: Radio Macondo

En este último año, 2018, se incrementó la letanía de la Ley 30 de 1992, que estableció las bases para el estatuto que rige la educación superior en Colombia. Ley que volvió a la liza política, una vez que los estudiantes colombianos, organizados en la Mane impidieron la contra-reforma educativa, pero no tuvieron la fuerza y el consenso suficiente para darle curso, vía Congreso, a una reforma progresista a dicho estatuto.

Este estatuto ya había revelado un diseño financiero inapropiado, en materia de presupuesto para la educación superior, cuando estableció que el incremento de la financiación estatal quedaba atado al incremento anual del IPC, mientras que a partir de 1993, al mismo tiempo se producía un incremento exponencial en la demanda de estudiantes al Sistema Universitario Estatal, SUE, sin que los recursos tuvieran un aumento siquiera proporcional a la nueva población estudiantil in crescendo.

La ley 32 decía corresponder a los primeros años de la reforma del Estado autoritario y excluyente que fue creado en 1886, el que después de guerras intestinas, dirigidas por los señores de la tierra, se reproducía, con poquísimas reformas; ninguna apta para romperle el espinazo a los privilegios socio-económicos celosamente mantenidos desde la colonia por una intelectualidad en su gran mayoría obsecuente y sumisa.

Todo esto a pesar de lo sostenido por Darío Echandía, cancerbero de la reforma del 36, durante los años dorados de “la revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo, un avezado centenarista a quien la Nacional rinde homenaje en un espacio rebautizado con su nombre, que hace parte de las que fueran las residencias Uriel Gutiérrez, cuya parte posterior colapsó hace varios años, disimulada por un improvisado corral de latas de zinc.

Este grotesco cercamiento simboliza bien el abandono presupuestal de la principal universidad de la nación, que empezó llamándose Central, de acuerdo con la Ley de 18 de marzo de 1826, junto a su otras dos hermanas en el fugaz tiempo de la Gran Colombia, la de Quito y de Caracas, que aún conservan el nombre original que le dieron los próceres masones e ilustrados, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, removido de la plaza central de la Ciudad Blanca, para rebautizarla como Ché hasta nuestros días.

La joya de la corona de la educación pública, bajo el cobijo de la sentencia latina “omnium potentior est sapientia”, esto es, que “la sabiduría todo lo puede”, por el contrario, ha estado sometida por largos años a una sequía presupuestal regada por un rosario impenitente, despiadado de años de desidia y olvido gubernamental, que la tienen en literal estado de coma, jugándose sus restos.

Tal abandono y postración se encuentran probados de sobra, hasta el absurdo, para todo el que haga la experiencia de recorrer sus vías, principales y adyacentes, para descubrir con estupor, que la Nacho, como le decimos cariñosamente, es un “fractal negativo”, que copia la situación de la ciudad capital que la aloja.

Este recorrido digno de un camino de herradura, hasta la fecha no lo hizo, ni el atento presidente de Colombia, Iván Duque, formado en el exterior, bajo el generoso cobijo del BID, que paga en parte la riqueza social colombiana, y mucho menos la actual ministra de educación, María Victoria Angulo, salida de las canteras de la administración distrital.

Sin embargo, en el papel, y para la Ley que rige el gobierno antidemocrático de la Universidad Nacional, el presidente es quien encabeza el CSU, la instancia máxima del gobierno universitario, donde el (a) ministr@ del ramo, lo reemplaza casi de manera inveterada.

La saga incumplida de la igualdad social

La educación pública superior era, y pretende seguir siéndolo una de las ventanas para la promoción del principio liberal de la “igualdad de oportunidades”, tantas veces negado en la práctica, que primero exige para su materialización igualdad de condiciones básicas en términos de vida, condiciones que nunca ha ofrecido la maltrecha república nacida en 1819. Para el año 1993, los privilegiados, porque accedían a los pregrados, eran 159.218, que para el año 2016, ascendieron a 611.800.

Entonces, el presupuesto asignado a las universidades públicas era de 1,72 billones, mientras que para el 2016 se incrementó en 2,93 billones, cuando con una operación simple queda claro que la población estudiantil se triplico en 23 años, el presupuesto para la educación superior ni siquiera alcanzó a duplicarse. Un estudiante en 1992, recibía en promedio $10.825.890, mientras que uno que estudiaba en 2016, apenas le correspondía $ 4.785.338.

Tal y como lo recordó en una conversación histórica, Estanislao Zuleta hablándole a la guerrillerada de clase media y popular, al M-19 reunido en las montañas del Cauca, que preparaba con optimismo el frustrado diálogo nacional de aquel entonces, que la democracia requiere condiciones que la Colombia ni tiene ni obtiene.

Este aserto, la gran brecha de la desigualdad social, no sólo persiste, sino que se amplía. Lo recordó con cifras actualizadas el pasado martes, Alicia Puyana, economista formada en Praga, en interlocución directa con Ota Sick, y en Oxford, en las líneas principales, más sustanciosas, del discurso de aceptación de su ingreso como miembro de número de la Academia Colombiana de Economistas.

Esta realidad se reafirmó en la respuesta que le dio la otra académica, Consuelo Ahumada, para corroborar su decir, a la vez que resaltaba el tremendo drama de las minorías étnicas, que, en número superior a dos millones, prueban que la igualdad social es un “trágico sueño guajiro”.

Es lo que se establece 27 años después de que se inauguró el nuevo orden con optimismo circunspecto de los subalternos, de los trabajadores, de los pobres, de los excluidos, de la insurgencia subalterna. Era el promisorio debut de la nueva estructura constitucional sancionada en 1991, cuya arquitectura normativa definía al orden político de Colombia como un estado social de derecho, con una explícita participación ciudadana, y la protección efectiva de los derechos humanos fundamentales, que han hecho célebres millones de veces el socorrido derecho de amparo, la célebre tutela que por estos días quería suprimirse de un plumazo.

A la muerte de la Constitución de 1886, longeva hasta más no poder, en beneficio de los privilegios decimonónicos del bipartidismo forjado al calor de heroísmo y cálculo de los “patricios” que hicieron la guerra de independencia, al frente de sus peones, el ponente de la Ley 30 era el senador Ricardo Mosquera Mesa, probado antes como rector de la Nacional al final de la segunda mitad de la década del 80.

Ahora, en la crisis más severa en la existencia de la Universidad Nacional, de modo paradójico, le toca liderar su salvación en articulo mortis a una rectora, Dolly Montoya, esposa del rector citado, quien fuera activista estudiantil en el año 1971, como ella misma lo ha recordado, cuando enfrentaba la imposición del modelo Atcon, de reforma universitaria, y la financiación injerencista de los Estados Unidos.

Tal reforma, como la reforma agraria eran parte de la prueba dizque de la Alianza para el Progreso, apuntalada a comienzos de los años 60, por la visita de la pareja destruida por los tristes augurios del reino de Camelot. Aquella vez el anfitrión fue Alberto Lleras Camargo, primer secretario de la OEA, el denominado ministerio de colonias del hegemón estadounidense.

La reforma de la Nacho era prenda de garantía para espantar el fantasma del comunismo, cuya tormenta ya había barrido a la vecina Isla de Cuba, donde pronto se estableció la educación pública gratuita, y se alfabetizó a millones de analfabetos, a pocas millas, con brigadas de voluntarios movilizados de la ciudad al campo.

De la consulta anticorrupción a la defensa de la universidad pública

Cuando el nuevo orden de la participación, cuando la democracia, cuando la paz están detenidos, cuando no corrompido el orden constitucional de 1991, por el repetido incumplimiento de la promesa de promover de manera inmediata que la igualdad sea real y efectiva, y en cambio hacer la guerra de exterminio interno de insurgentes y disidentes, el conjunto de los colombianos, y de modo particular, las minorías, cada vez más excluidas, explotadas y oprimidas, se toman las calles a través del estudiantado universitario, y los demás grupos subalternos.

Unos y otros desfilaron, como multitud abigarrada, sin desmanes el pasado miércoles, en las grandes capitales, Bogotá y Medellín, y en las otras superando de acuerdo a cálculos conservadores el medio millón de personas. Todos reclaman el futuro en términos de presente a cumplirse, sin tretas ni engaños.

Así, los jóvenes de Colombia han tomado, cuando no arrebatado simbólicamente, cuando más lo necesita, la batuta de la mano de los mayores, expectantes ante el triunfo electoral de la reacción, la derecha y los tibios en sordina, pegados como lapa a las vetustas fórmulas bipartidistas ampliadas, que, en la sesión de la cámara, con los rectores a borde, apenas tuvo en el coro de representantes a 8 de ellos.

Estas minorías del país político siguen saboteando el tránsito de toda la nación envilecida y desplazada, por millones, de la guerra civil interna, regionalizada a la paz incluyente con las reformas exigidas. Prueba fehaciente de ello fue la actitud del presidente del senado, Macías, del CD, cabeza del bloque reaccionario, hoy dominante, quien descalificó la intervención de la estudiante Jennifer Pedraza, representante al CSU de la Universidad Nacional, para sabotear y cortar su intervención, durante el mismo día en que algo más de 50.000 personas llenaban las principales vías, y copaban la plaza de Bolívar.

El actual presidente y sus coequiperos, de manera descarada, vienen aplazando el avance real de los acuerdos propios de una paz incluyente, porque la paz de Santos, con todo, quedó encerrada en los postulados neoliberales, que le señalaron una suerte de muerte prematura a éstos, y a la educación pública superior, desangrando sus presupuestos; aplicándole el préstamo gota a gota.

En la comisión del presupuesto actual, la senadora Aída Abella se enteró que los anunciados $500.000 millones para la educación superior no serían ejecutados, entregados para la vigencia presente de 2018, donde las universidades públicas están estranguladas, empezando por la Universidad Nacional. El plan era que esto ocurriera para el año 2019, y con una orla de exigencias múltiples para su desembolso.

La denuncia pública de la senadora electa por la lista de la decencia, sobreviviente de la masacre de la UP, y sobre todo, la multitudinaria presencia estudiantil en las calles, hicieron que al día siguiente el gobierno de Duque/Uribe cambiara los planes y anunciara que dicha partida, sin afectar el presupuesto tendrá ejecución inmediata.

Hoy, más que nunca con el estudiantado movilizado quedó más que claro, que los acuerdos de paz de La Habana, en sus más de 400 páginas guardaron silencio sobre la suerte del SUE, y la educación pública estatal, porque en ellos no tuvo la comunidad universitaria una vocería real, una representación en las negociaciones.

Todo lo cual prueba que la disputa hegemónica de los subalternos, sociales e insurgentes, adolecía para entonces de una propuesta que encare el agujero negro de la reforma intelectual y moral, de la que es pieza maestra la reforma educativa integra, herencia abandonada, por una modernidad contrahecha como la de Colombia, “conducida” casi sin excepción por una intelectualidad cosmopolita, separada de los grupos y clases subalternas, con notables excepciones.

Saldando una deuda histórica

Tal divorcio histórico, entre intelectuales y pueblo que Jorge E. Gaitán, advirtió para los tiempos de la generación de los nuevos, se mantiene. A él han respondido los herederos del grito de Córdoba de 1918, cuando organizaron el paro nacional universitario del año 1971, que acordó un Plan Mínimo.

Era la respuesta a la reforma Patiño, que no pocos alaban, porque aclimató en últimas la universidad de entonces a los imperativos de la modernización capitalista, como antídoto al socialismo triunfante en la Cuba de entonces.

De nuevo, en 2011, el estudiantado en lucha recogió y amplió con lucidez las banderas de 1971, pero sucumbió ante un Congreso reaccionario, que impidió la prosperidad de una reforma progresiva de la Ley 30 de 1992, a la cual respondieron en el clímax del movimiento con un proyecto que quedó sepultado en los cajones del Congreso entonces controlado por el bloque en el poder del reformista neoliberal, Juan Manuel Santos.

Esta contra-reforma siguió, sin embargo, avanzando, a través de la asfixia al presupuesto de las universidades públicas, drenándolas con el “invento” del programa “ser pilo paga”, que utilizó a los pobres inteligentes y aprovechados, en número superior a 40.000, para subsidiar groseramente a la universidad privada de elite.

Ahora, siete años después, con renovadas banderas, y dos organizaciones estudiantiles nacionales, animadas por dos proyectos políticos de signo diverso, la responsabilidad con la reforma y la salvación de la universidad colombiana, experimentan su prueba de fuego en público y en privado.

En la plaza pública, ante una imponente movilización, se dieron dos indicios contraproducentes, el intento de impedir la intervención de Jennifer Pedraza, militante del proyecto organizativo de la OCE, del que es animador político el PDA/MOIR. Ella hablaba en nombre del estudiantado como representante electa ante el CSU, de la U. Nacional.

El segundo fue la censura, a posteriori, de la participación de Gustavo Petro, el candidato presidencial de la oposición, senador comprometido con la causa de la educación pública; a la que se sumó la imposibilidad que interviniera la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que apenas le fue permitido subir a la tarima.

Después de la movilización del 10 de octubre, las 32 universidades están deliberando, y más de 10 han decretado como resultado, un paro hasta el 21 de octubre, al ser notificados de los $500.000 millones que entregará el gobierno nacional para paliar la crisis, cuando el funcionamiento de las universidades públicas requiere $ 4,5 billones para el año 2019.

Todas las universidades en paro, o en asamblea permanente han convocado a una mega manifestación nacional para el 17 de octubre. Las direcciones del movimiento estudiantil, y en particular, dos, la UNES, y la ACRES, tienen que rescatar la pluralidad, y corregir los errores del inmediato pasado, ahora cuando han vuelto a la calle con cientos de miles de estudiantes, profesores y padres de familia. Ellos que encarnan, la parte de los sin parte, tienen que convocar con el ejemplo, sin exclusiones.

Para mostrar la madurez del conjunto del movimiento estudiantil, y el empuje de la democracia subalterna. Y convencer a la gran mayoría de la nación que los respalda como respuesta a su efectiva pedagogía ciudadana, azotada como está, por demás, por las afujías producto la crisis del modelo minero energético y agro-exportador impuesto por la vulgata neoliberal.

El curso de este y los siguientes días nos probarán a todos si la intelectualidad joven corrige con audacia e ingenio propositivo el mundo de los mayores, y que está preparada para hacer las reformas urgentes, así como para convocar, si la negativa gubernamental se empecina en quemarle billones a la guerra, en vez de invertirlos en desmontar la desigualdad social, a una Constituyente Educativa.

Ella será el portal de entrada a la Constituyente Social que le de concreción a los acuerdos de paz, que la reacción y la derecha quieren “festinarse” impunemente, como si la nación colombiana aguantara otra guerra. Mientras hacen sonar en contravía de la paz los tambores a somatén.

Fuente del Artículo:

La educación pública universitaria en estado de coma

ove/mahv