Universidad Pública

Por: Enrique Díez

Los sucesivos gobiernos quieren hacer de la universidad pública un instrumento para contribuir con su potencial científico y tecnológico a aumentar los beneficios empresariales de las grandes corporaciones.

Cada año, en diciembre, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) abre el plazo para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios de todo el Estado con el objeto de que puedan solicitar un complemento de productividad (sexenio) por 6 años de labor investigadora continuada y reconocida. Este año, como consecuencia de la Ley 15/2014, de recortes del sector público, será la ANECA (agencia externa) quien realizará las funciones de evaluación en vez de la CNEAI.

Contra la ANECA ya se han manifestado colectivos de profesorado universitarios, sindicatos, organismos e instituciones, e incluso la propia conferencia de rectores y rectoras, por las abusivas condiciones de acreditación y de evaluación de la actividad investigadora que ha impuesto, a raíz del RD 415/2015, que ha endurecido irracionalmente los criterios de entrada y desarrollo de la carrera profesional empleados para la valoración del profesorado universitario. Esto no solo ha frenado aún más la posibilidad de estabilidad y dedicación a la docencia del profesorado universitario que lleva años realizando un trabajo encomiable en medio de unas políticas neoliberales de recortes y precarización en la Educación Superior e I+D, sino que ha aumentado las situaciones de desigualdad y frustración entre el profesorado universitario, generando relaciones laborales de fuerte competitividad en las relaciones universitarias y provocando un aumento exponencial de publicaciones de tipo productivista y credencialista, en una loca carrera por “publicar o perecer” que prioriza aquel tipo de conocimiento rentable y con posibilidades de beneficio comercial y uso mercantil.

Pues bien. Este año, esta convocatoria de sexenios introduce una novedad, que justamente ahonda en este sentido. Los denominados sexenios de transferencia. Ya nos ha llegado un comunicado del Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad indicándonos que “es de especial interés para la Universidad que el número de solicitudes del tramo de transferencia sea el mayor posible, dado que los que sean concedidos serán un indicador que servirá como evidencia a presentar en los rankings de transferencia. Por otro lado, se nos ha hecho saber que un número bajo global de solicitantes podría implicar la desaparición futura de este tipo de sexenio”. ¡Qué presión! Si no lo presentamos, igual se hunde nuestra universidad en el ranking y pasaremos, como en una liga de fútbol, a segunda o quizá a tercera regional y si hay pocos solicitantes de estos sexenios de transferencia igual quitarán esta nueva “golosina” de “pago por rendimientos”, que imita el modelo de gestión empresarial que mide los resultados por la cuenta de beneficios.

Porque este es el quid de la cuestión de este modelo que la ANECA está profundizando. Los beneficios. Pero no fundamentalmente los beneficios para la sociedad, para el bien común o para la ciencia básica o el descubrimiento, sino de acuerdo a la cuenta de resultados de las grandes empresas que son, en definitiva, las grandes beneficiarias de esta modalidad de transferencia del conocimiento en el modelo que se está promoviendo desde la lógica neoliberal en la Educación Superior.

La convocatoria lo muestra claramente. Afirma que “consciente de la importancia que para el futuro del país tiene la innovación y la transferencia a las empresas o a otros agentes sociales de los resultados de investigación obtenidos en las Universidades y en los Organismos Públicos de Investigación…”. Parece evidente que está pensando de cara a la “transferencia a las empresas”, aunque luego haga alusión a “otros agentes sociales”, que no se sabe muy bien quiénes son. Aunque en un apartado posterior, que casi pasa desapercibido, invierte los términos y habla de “agentes sociales y económicos”.

Pero el enfoque se torna evidente cuando especifica lo que se valorará preferentemente como transferencia: “La formación de investigadores y la cultura emprendedora, a través de la creación de «start-up o spin-off»”. Es decir, la creación de empresas privadas a costa del conocimiento generado con financiación y formación pública. La externalización y privatización del saber compartido. Se promueve así un proceso de “externalización” y privatización de los sectores rentables de la investigación universitaria para “comercializar las invenciones”, aprovechando equipamientos e infraestructuras, plantillas y redes internacionales de las universidades. A su vez, las empresas aprovechan simultáneamente para “externalizar” sus costes de I+D integrando esas unidades de spin-off de las universidades, condicionando de paso la orientación de la investigación, pues la gestión del programa y la coordinación lo tiene la empresa.