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Protocolo de inclusión educativa para personas con discapacidad se ve como el inicio de un proceso que busca generar debate

Por: Facundo Franco

Si bien era pleno junio, los 18 grados eran propicios para estar al aire libre, más allá del revoloteo de algún mosquito. La actividad convocaba a ir a la sede de la Cátedra Alicia Goyena del Consejo de Educación Secundaria, o Casa de Alicia –como se le llama desde hace algún tiempo–, a construir colectivamente una “educación inclusiva”. Si bien el tema planteado, la inclusión en el sistema educativo de personas con discapacidad, requiere mucho pienso, para lograr dicho objetivo también es necesario rever el vínculo con el cuerpo.

Es por ello que antes de las habituales exposiciones orales en este tipo de instancias, la educadora Denisse Neumar, en un taller con el título “Todo se mueve”, invitó a aprender distintas dinámicas que a su vez sirvan para “transformar todos juntos”. En concreto, buscó dotar de herramientas a educadores para replicar ese tipo de dinámicas con el objetivo de romper el hielo en grupos cuyos integrantes no se conocen, o favorecer aprendizajes que no necesariamente se logran por medio de la exposición oral o escrita de conocimientos. La tallerista explicó que esas dinámicas sirven para trabajar la discapacidad de una forma corporal, pero también para abordar otro tipo de temas. Por ejemplo, mencionó que en algunos momentos, al trabajar con niños o adolescentes es necesario “canalizar las energías” del grupo, y para ello puede ser útil plantear alguna dinámica que requiera movimiento. Por lo tanto, señaló que es posible “cambiar el modo de dar una clase” y salir de las metodologías más tradicionales y transmisivas.

Ya adentro de la sala de conferencias de la Casa de Alicia, se intercambió sobre la situación de la inclusión para las personas con discapacidad en el sistema educativo uruguayo y se habló en particular sobre el Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos. Dicha norma reglamenta parte de la Ley de Protección Integral a las Personas con Discapacidad y fue sancionada mediante un decreto presidencial el 20 de marzo, luego de un proceso de discusión y consulta promovido por la Comisión de Continuidad Educativa y Socio-Profesional para la Discapacidad del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El protocolo debe aplicarse tanto en la educación pública como en la privada. Entre otras cosas, prevé que los entornos y materiales de trabajo en los centros educativos sean accesibles física, comunicacional y cognitivamente, además de que para garantizar el acceso de las personas con discapacidad, desde la institución se ofrezcan los apoyos y ajustes necesarios.

Una herramienta

Jorge Méndez, coordinador de la Comisión de Continuidad Educativa y Socio-Profesional para la Discapacidad del MEC, explicó que el protocolo comenzó a gestarse en 2016 y busca revertir la situación de “familias que acumulan dolor por el rechazo” del sistema educativo, pero también de la sociedad en general, ya que se visualizó como un problema el hecho de que no existe una política pública unificada para las personas con discapacidad. Si bien dijo que en el Estado hay instituciones que trabajan articuladamente, planteó que eso “es complejo”, y, por ejemplo, ilustró que para la elaboración del protocolo no fue sencillo ponerse de acuerdo en algunos puntos, por lo que consideró que es difícil llegar a consensos en el tema.

Méndez planteó que se trata de una herramienta “perfectible” que va a ser evaluada y por tanto puede incorporar, cambiar o suprimir contenido, y al mismo tiempo señaló que se trata sólo de un instrumento, porque la inclusión “no se decreta ni se puede hacer un recetario” para que se cumpla. Según añadió, se trata del inicio de un proceso “que permite discutir el tema desde otro lado”, generar debate, “empoderar” a los actores y al mismo tiempo reconocer buenas prácticas. En suma, Méndez indicó que la norma “invita a perder el miedo y a darle lugar al otro”, en referencia a las personas con discapacidad y a sus familias. No obstante, dijo que es importante que otras instituciones del Estado acompañen las acciones, que no pueden quedar exclusivamente en manos del sistema educativo.

Para Méndez, también es necesario jerarquizar el tema en la formación de los docentes, que actualmente no tienen formación obligatoria en discapacidad. En ese sentido, destacó la existencia de un buen diálogo con actores del Consejo de Formación en Educación, que actualmente está discutiendo el cambio de sus planes de estudios. Al mismo tiempo, consideró que en Uruguay se necesita “más investigación en educación y no sobre educación”, en referencia a la necesidad de generar más estudios sobre pedagogía. Como síntesis, señaló que para que la educación sea inclusiva se debe dar un cambio de paradigma, y para ello se requiere de “mucha reflexión” y de preguntarnos “cómo podemos ser accesibles”. “Si no lo sabemos les preguntamos a otros, a otros docentes o a la propia familia”, se respondió. Según Méndez, es necesario dejar “que la discapacidad nos interpele” y “romper barreras internas para darle lugar al otro en el sistema”.

Falta

Silvia Prida, profesora de literatura y militante por los derechos de las personas con discapacidad, consideró que contar con un protocolo firmado por el presidente de la República “es muy importante e implica un cambio”. Según dijo, las personas con discapacidad en Uruguay históricamente han estado “encerradas” y “segregadas”, al tiempo de que se partía de la idea de que el solo hecho de poner a la persona con alguna discapacidad en un espacio común haría que se pareciera a los demás, según dijo. Para ilustrar la falla de ese sistema, contó la experiencia de dos estudiantes con síndrome de Down que ingresaron al liceo sin saber escribir su propio nombre, ya que en la escuela las maestras los sacaban de la clase durante buena parte del tiempo de aula.

La profesora advirtió que la inclusión es difícil de lograr, y que para ello se requieren dos bienes escasos: tiempo y dinero. Si bien dijo que actualmente hay dos centros de recursos para personas con discapacidad en secundaria que funcionan muy bien, uno para ciegos y otro para sordos, consideró que ello no es suficiente. Por ejemplo, advirtió que dentro del panorama de dificultad de acceso, las discapacidades intelectuales son las que quedan más relegadas en el sistema educativo, porque “todos les huyen”. Al respecto, consideró que la idea de que las personas con una discapacidad de ese tipo no pueden aprender “es falsa”, y para argumentar citó el trabajo de Miguel López Melero en materia de neurociencia. Según dijo, a partir de su trabajo puede afirmarse que la inteligencia en las personas se desarrolla en la medida en que tienen oportunidades para hacerlo y que “no todo está en los genes”.

Prida consideró inadmisible que haya excluidos de la educación en una sociedad democrática y reclamó la existencia de una política en la materia que vaya desde las autoridades a los docentes, pero también en la dirección contraria, ya que señaló que el compromiso de los últimos es fundamental. Por ejemplo, planteó que muchos docentes sin formación específica en la materia han logrado buenos resultados con personas con discapacidad “a ensayo y error”, probando qué cosas dan mayor resultado.

En particular, Prida se refirió a las personas con síndrome de Down, de quienes dijo que la sociedad uruguaya tiene “representaciones equivocadas”, generadas a partir de “mitos y prejuicios”. Según explicó, los prejuicios tienen que ver con “un error” del doctor John Down, quien hace años asoció el síndrome con grupos nómadas de Mongolia. Para revertirlo, llamó a “sacarnos las vendas de los ojos” y poder ver que, más allá de que haya personas con una discapacidad, al mismo tiempo tienen “muchas otras capacidades”. Como ejemplo, señaló el caso del maestro y escritor español Pablo Pineda, quien tiene síndrome de Down y da charlas y conferencias por todo el mundo. Al mismo tiempo, proyectó videos que muestran los casos de una consejera municipal en España y de una maestra preescolar en Argentina, ambas con síndrome de Down.

La profesora concluyó su exposición con la definición de inteligencia planteada por López Melero, que fue leída por su hija, que también tiene síndrome de Down. Según dicha definición, la inteligencia es “la emoción por conocer”: cuando un estudiante está interesado en algo, lo aprende.

 Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/6/protocolo-de-inclusion-educativa-para-personas-con-discapacidad-se-ve-como-el-inicio-de-un-proceso-que-busca-generar-debate/

 

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Facundo Franco

Docente

OtrasVocesenEducacion.org