El largo conflicto, iniciado el 15 de junio por el sindicato de maestros de Cusco, fue dado esta semana por terminado por este, por el Sindicato Unitario nacional de Trabajadores de la Educación (Sutep) y por otros cinco sindicatos regionales.
Sin embargo, otros 12 sindicatos regionales, según sus dirigentes, que desacatan al sindicato nacional, insisten en continuar la huelga y recibieron el apoyo de bases de Lima, territorio que no participó en la larga protesta.
Esos sindicatos, que ayer realizaron una movilización masiva en Lima, exigen que la ministra de Educación, Marilú Martens, dialogue con ellos a través del presidente de un Comité de Lucha, Pedro Castillo, pese a que no es dirigente orgánico elegido, por lo que el gobierno no lo acepta como interlocutor.
Fuentes gubernamentales dijeron que la ministra solo hablará con Castillo para ratificar los términos de las concesiones, aunque Martens está dispuesta a dialogar con los sindicatos a través de sus dirigentes electos.
Ante la magnitud de la huelga, el gobierno adelantó la semana pasada para diciembre una mejora del sueldo mínimo de los maestros que estaba previsto para marzo de 2018 y lo fijó en dos mil soles (637 dólares) mensuales.
También se comprometió a elevar ese sueldo gradualmente al doble hasta 2021 y aumentar sustancialmente el presupuesto para la educación pública, entre otras concesiones.
Tras esas decisiones, el Ejecutivo exigió a los huelguistas que vuelvan a laborar, bajo amenaza de sanciones y despidos, pero la huelga continuó hasta que se anunciaron los acuerdos de esta semana.
Diversos sectores políticos reclaman ahora que la ministra Martens renuncie por no haber solucionado el conflicto y por haber permitido que se prolongue por tanto tiempo, aunque ella se niega a dimitir y dice que seguirá trabajando mientras tenga la confianza del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
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