Educación superior, derecho y política educativa

Chile/17 de Junio de 2016/ La Tercera

Por: José Julio León

Dado el contexto de movilizaciones estudiantiles, paros indefinidos y tomas en varios establecimientos, el principal desafío que ahora enfrenta el Ministerio de Educación consiste en superar el clima de disputa o controversia (que pone énfasis en el conflicto y busca “derrotar” al adversario); para abrir espacio a la lógica del diálogo racional -que está en la esencia de la labor universitaria- con miras a diagnosticar adecuadamente los problemas, alcanzar acuerdos y facilitar la cooperación. Para que ese paso sea posible es necesario centrar la atención en el objeto del debate.

El tema central, hoy, viene dado por las expectativas o demandas del movimiento estudiantil (la CONFECh consiguió reunirse el viernes pasado con la Ministra de Educación para conocer detalles del proyecto de reforma a la educación superior y ha presionado, con las movilizaciones, para que esas demandas sean consideradas). Ahora bien, es curioso que los voceros de la CONFECh señalen que lo que tiene de particular esta movilización (respecto de la de 2011) es que ahora cumplen un rol central los estudiantes de universidades privadas, a los que se presenta como “los más precarizados” y víctimas “del negocio de la educación superior”. Más aún, tres dirigentes estudiantiles de universidades privadas, en una carta publicada en La Tercera el jueves 9, dijeron que los estudiantes de las entidades privadas se movilizan “para acabar con las condiciones que caracterizan a nuestras instituciones: falta de democracia, incertidumbre en la toma de decisiones y lucro”. Para tales dirigentes, la movilización tendría por objeto la expansión de la educación pública y la regulación de las instituciones privadas.

Es claro que nuestro sistema de educación superior necesita reformas. Pero es fundamental que éstas reposen en amplios consensos, buenos diagnósticos y se funden en los mejores argumentos. La CONFECh, hace un año, en su documento sobre la Reforma proponía: “poner en el centro el Derecho Social a la educación como espacio de integración, cohesión, democracia y cambio social, con pluralidad pedagógica y libertad para el desarrollo de proyectos educativos, vinculada al desarrollo del país”. Tales principios, perfectamente, podrían servir de base al Ministerio de Educación para propiciar acuerdos; el debate versaría entonces sobre las medidas adecuadas y proporcionales para operacionalizarlos.

Las reacciones posteriores a la reunión de la Ministra Delpiano con la CONFECh, con todo, no son auspiciosas. La ministra parece pedir excusas por no penalizar (como delito) el lucro y por el apoyo a las universidades estatales, en circunstancias que ambas decisiones son razonables. Los estudiantes cuestionan que no se modifiquen el sistema de financiamiento, en especial el crédito con aval del Estado (CAE), y la gobernanza de las instituciones, con lo que no se avanzaría en erradicar el mercado del sistema educativo.

Los planteamientos de ambas partes no son inconciliables. La educación, ciertamente, debe ser democrática, mirar el interés general y fundarse en la igualdad de los estudiantes. No es coherente con el pluralismo y la libertad, con todo, esgrimir ahora la dicotomía pública/privada de manera excluyente y estigmatizando a las entidades privadas creadas post 1981 como “educación de mercado”.

La propia CONFECh definió la educación pública, sin limitarla a lo estatal, como aquella que contribuye a “la construcción del país”, “a la expansión de la cultura, las artes y las ciencias”, a la dinamización e integración –sin discriminaciones- de la sociedad. De ello se sigue ciertamente un compromiso del Estado con sus instituciones educativas, siempre que ellas cumplan una función preferente que no sea exigible (tampoco prohibido) a instituciones privadas. La participación de los estamentos es necesaria y coherente con lo anterior; pero este principio no justifica una forma de gobierno análoga a la de la comunidad política. No se conocen experiencias de gobierno universitario basadas exclusivamente en el principio “una persona un voto” (de hecho, no las hay de gobierno estrictamente tri-estamental, en que cada estamento tenga el mismo “peso” en las decisiones).

La naturaleza de la universidad, que busca la excelencia tanto como cumplir funciones de bien público, se aviene mejor con una concepción sustantiva tanto acerca del rol democrático del sistema educativo público (que debe ofrecer oportunidades diversas, en especial a los que hoy son postergados, y expresar una pluralidad de proyectos educativos) como del rol de las instituciones educativas en la “esfera pública” (un espacio en que todos deben tener igual derecho a expresarse, a informarse, y donde todas las decisiones deben estar justificadas).

Algo similar cabe decir de la aspiración de gratuidad “universal”, que no es condición necesaria ni suficiente para desarrollar una política pública centrada en los derechos de los estudiantes. Podría, dependiendo de la limitación de recursos y los mecanismos de selección que se empleen, incluso perjudicar la igualdad. Centrar el debate en la gratuidad “para todos y ahora” es un error, porque elude los problemas de fondo y podría significar –al poner foco en el tema financiero- un cambio “gatopardista”, dejando el resto de las cosas igual.

Que las instituciones deban organizarse como personas sin fines de lucro, contar con formas de gobierno participativas, cumplir con estándares de investigación, calidad, transparencia y carrera académica, ser inclusivas y contar con mecanismos de selección que no discriminen a las minorías, parecen ser requisitos razonables para acceder a un régimen de lo “público”. Pero no se pueden poner tantas condiciones que ahoguen la diversidad o lesionen la autonomía, ni imponer por ley un solo modelo de universidad.

La deliberación que tiende al acuerdo supone evitar estrategias de “esto o nada”. La improvisación, el apuro, el veto y las acciones de fuerza que niegan los argumentos ponen en riesgo los logros alcanzados y la posibilidad de avanzar sustantivamente desde aquí. Y, de paso, pone en riesgo los derechos de nuestros(as) estudiantes. Justamente lo que los líderes estudiantiles dicen defender.

Fuente: http://voces.latercera.com/2016/06/17/jose-julio-leon/educacion-superior-derecho-y-politica-educativa/