Puerto Rico: La reforma educativa obliga a Educación a rendir cuentas

Puerto Rico/03 de abril de 2018/Por Javier Colón Dávila/Fuente: https://www.elnuevodia.com

La ley de reforma educativa –aprobada el jueves– busca garantizar la transparencia mediante la publicación de informes periódicos presupuestarios y de desempeño en la página cibernética del Departamento de Educación.

Por ejemplo, Educación deberá divulgar las asignaciones anuales por escuela, en las que se identifique el uso del dinero federal y estatal. Igualmente, deberá colgar en su página web, de manera trimestral, los desembolsos por el pago de nómina.

En su rol de autorizador de entidades que aspiren a administrar escuelas charter, modelo que se estrena en agosto, se le obliga al titular de Educación a presentar un informe anual sobre el progreso alcanzado en la implementación de esos planteles, así como el desempeño financiero, académico y operacional de todas las escuelas públicas. La ley, incluso, dispone que todo documento relacionado con una solicitud de una entidad privada que administre una escuela charter será de carácter público.

La ley también ordena al titular de Educación a continuar monitoreando el desempeño y el cumplimiento legal de la administración de cada charter con el contrato suscrito con la agencia, documento que se conoce como la Carta Constitutiva.

Además, faculta al secretario o secretaria a “realizar actividades de supervisión que le permitan cumplir con sus responsabilidades de conformidad con esta ley, incluyendo hacer requerimientos de información o investigaciones, siempre que sean consistentes con los términos y condiciones de la Carta Constitutiva”.

Aspectos que no se tocan

Pero hay aspectos barómetros de “progreso” que el proyecto no toca y que son igual de importantes para medir el verdadero alcance de la reforma educativa, advirtió ayer la profesora Loida Martínez, catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras.

“(El proyecto) no habla de lo que es el sentido de pertenencia que siente un niño con su escuela. Eso no creo que esté entre los criterios de los policy maker”, dijo Martínez a El Nuevo Día.

“Eso es fundamental porque, en la medida que los estudiantes tengan un sentido de pertenencia, su motivación al aprendizaje aumenta”, agregó, al argumentar que existen mecanismos para medir esos conceptos.

Martínez también dijo que es esencial la participación efectiva de los padres y madres en la toma de decisiones de la escuela. “Eso es algo bastante difícil de alcanzar porque el lenguaje de los padres y las madres y el de la escuela tienden a diferir”, sostuvo.

La nueva ley dispone que cada escuela tendrá un Consejo Escolar, en el que estarán representados los cuatro componentes de la escuela: padres, estudiante, personal docente y personal no docente. Su composición no podrá ser menor de cinco ni mayor de 11 miembros.

A juicio de Gladys Capella, también profesora del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la UPR en Río Piedras, es esencial que el proceso de aprendizaje sea “respetuoso” a la dignidad de cada estudiante y que respete la diversidad, incluyendo a estudiantes de diversidad funcional.

“(Es necesario) que también se apoye el desarrollo saludable de ellos como seres humanos desde una perspectiva integral y es importante que se conozca la satisfacción, cómo se sienten esos maestros y maestras y se les dé participación en el desarrollo del currículo”, dijo.

Capella se expresó en contra del concepto de las escuelas charter, ya que opina que la educación pública debe ser exclusiva del gobierno. Según la reforma, las escuelas charter siguen siendo públicas, pero son operadas por instituciones privadas.

Opositores al concepto de las escuelas charter también sostienen que, en Estados Unidos, el modelo no ha probado ser más efectivo para mejorar el desempeño académico de los niños y que se presta para el fraude.

Al firmar la ley el jueves, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó que uno de los puntos clave en la reforma lo era su transparencia, e hizo referencia a una serie de mecanismos de rendición de cuentas contenidos en la medida. Según Rosselló Nevares, estas disposiciones “permitirán evaluar el modelo y exigir mejoras. Los directores regionales también rendirán cuentas”.

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