Venganza judicial. Justicia Patriarcal (II)

La venganza se ha cumplido, aunque el juez no lo expresa de tal manera. Redacta una sentencia en la que las pruebas aportadas por la defensa no tienen ninguna presencia. Ni la condena por violencia de género en 2009 que le acarreó a Francesco Arturi, el marido, perder la custodia del hijo mayor Gabriel, ni la nueva denuncia presentada en Granada hace dos años que no ha sido tramitada nunca, aparecen mencionadas en la sentencia. Simplemente el juez se limita a afirmar que los hechos alegados por Rivas “son inexistentes”, “no son creíbles” y “responden a una estrategia para conseguir la guardia y custodia de sus hijos “explotando el argumento del maltrato”.

El caso de Juana le ha servido a Piñar  para volver a aplicar su convicción de que las mujeres son mentirosas, astutas y abusan de los hombres. Como en el caso de una sentencia que dictó en 2011, por la que condena a una mujer por denuncia falsa. En ella Piñar se explaya contra la fiscalía y contra la propia ley integral contra la violencia de género. Mientras la fiscalía pedía la absolución, el juez acabó condenando a la mujer a año y medio de cárcel por denuncia falsa y presentación de falsos testigos. Afirmó que la mujer actuó de mala fe y sabiendo que lo que denunciaba no era cierto, con el propósito de “inferir un mal a su exmarido amparándose en el rigor tuitivo de la legislación de protección de violencia de género“. Esta frase puede leerse casi textualmente ahora en la sentencia de Rivas.

En la sentencia, Piñar llega incluso a relacionar lo que considera como “excesivo celo ideológico de proteger a la mujer” con “el principio de oportunidad que legislaciones autoritarias atribuían a fiscales” que estaban “al servicio de Hitler o Stalin”.

Obsesionado con lo que denomina el rigor tuitivo de la legislación de protección de violencia de género“, frase que repite en diversas sentencias desde 1999, Piñar no solo manifiesta su misoginia sino que tiene la satisfacción de poder cumplir su ansia vengativa con el poder que le concede nuestra Constitución.

Y ciertamente hay que defender y mantener la independencia del poder judicial, que ya hemos sufrido bastante cuando estaba sometido al poder político, pero la ciudadanía debería exigir también que hubiera un control eficaz sobre las personas que van a sentarse en el estrado de la magistratura y a disponer de la vida, la felicidad y los bienes de los justiciables.

He repetido que la Escuela del Poder Judicial es la Escuela del machismo. Allí, a los recién llegados de las oposiciones cuya dureza y exigencias corresponden únicamente a las que se celebraban en el Imperio Chino, y por tanto obsesionados con conocer todos los vericuetos de la ley y repetirlos como mecaninfos,  se les explica que las mujeres presentan denuncias falsas de maltrato y es preciso investigarlas antes de proceder a admitirlas.

El examen psicológico no es más que un test propio de un libro de autoayuda. Insertos en el sistema patriarcal para el que les ha preparado la escuela, la familia, la enseñanza religiosa, los medios de comunicación, la organización social, aquellos y aquellas que se preparan para jueces llevan a tan excelsa actividad el bagaje que señala a la mujer como la causante de todos los males del hombre y de la familia, a tenor de lo que predicaban los Padres de la Iglesia.

Si a ello agregamos, ¡y cómo no hacerlo!, la nefasta tradición de prepotencia, alejamiento e indiferencia por las necesidades humanas a que el sistema franquista les troqueló y nos acostumbró a los sufridos ciudadanos, la judicatura de nuestro país se está ganando la peor fama de las instituciones. En ella no entraron las reformas que incompletas pero definitivas se hicieron en el poder político y el militar.

Pero no podremos avanzar en construir una democracia creíble, no voy a decir feminista, mientras la judicatura no haga las reformas imprescindibles para estar al servicio de la ciudadanía a la que se debe.

Y mientras no aprenda que las mujeres también somos ciudadanas y no esclavas.

Fuente: https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2018/07/29/venganza-judicial/