Antes de entrar a debate en el pleno, la iniciativa legislativa debe ser aprobada en comisiones, pero estas aún están en proceso de instalación.
El proyecto, de la legisladora Sonia Echevarría, modifica y agrega incisos a la Ley General de Educación, a la Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas y al reglamento de esta última.
Entre los principales lineamientos que agrega está «que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
También otorga más atribuciones a la Asociación de Padres de Familia (Apafa). En ese sentido, según el documento, estas,
directamente, podrán vigilar que los contenidos de los materiales educativos sean adecuados al Interés Superior del Niño y el Adolescente, así como su distribución oportuna y el uso adecuado del material educativo que utilizan los estudiantes.
Añade que, a través de su representante en el Consejo Educativo Institucional, podrán vigilar que los contenidos de los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación sean adecuados al Interés Superior del Niño y al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente la Ley de Apafas dice al respecto que estas, entre varias atribuciones, pueden vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del material educativo que utilizan los estudiantes.
Además de otorgar a los padres de familia, tutores y curadores el derecho de vigilar los contenidos de los materiales educativos, el proyecto propone que los materiales educativos procedentes del Ministerio de Educación antes de su impresión y distribución deben ser prepublicados en soporte digital en la web del ministerio a fin de que los padres de familia puedan presentar sus observaciones a la autoridad competente en un plazo de 30 días hábiles.
La exministra de Educación Marilú Martens explicó que actualmente los padres y las Apafa no tienen injerencia sobre la elaboración del material educativo, pues esta responde a un proceso técnico cuyo órgano rector es el Ministerio de Educación. En ese sentido, consideró que varios puntos de la propuesta legislativa son antitécnicos.
“Creo que el Congreso puede tener buenas intenciones, pero sería bueno saber si realmente está haciendo lo que ha comunicado la nueva presidenta de la Comisión de Educación (Tamar Arimborgo) que la agenda será consensuada. Es importante saber que tan consensuado es este proyecto con el Ministerio de Educación”, precisó.
Martens consideró que el Ministerio de Educación debería elaborar una política sobre material educativo, pues actualmente no existe una con la cual se puedan hacer propuestas consensuadas para mejorar los procesos en la elaboración de los textos escolares. “Aquí se necesitan decisiones técnicas. En la política educativa no podemos poner lineamientos que obedezcan a intereses de ciertos grupos porque afecta la educación de los niños de todo el Perú”, añadió.
Dato:
El grupo parlamentario Acción Republicana está integrado por los congresistas Nelly Cuadros Candia, Sonia Echevarría Huamán (autora del proyecto en mención), Marita Herrera Arévalo, Julio Rosas Huaranga y Pedro Olaechea Álvarez Calderón. Este último actual presidente del Congreso de la República.
Aquí puedes descargar el Proyecto de Ley N°04688/2019-CR