América Central/EL Salvador/24-11-2019/Autor(a): Charly Morales Valido/Fuente: www.prensa-latina.cu
Por: Charly Morales Valido
El cuerpo de Victoria, cuyo nombre legal era Manuel Pineda, amaneció sin vida y con señales de tortura y vejación en plena calle, en lo que califica como un crimen de odio por su identidad de género.
Ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ni la Fiscalía General de la República ni el presidente Nayib Bukele se han pronunciado aún sobre este asesinato, perpetrado en un poblado de Ahuachapán (occidente).
La ministra de Cultura, Suecy Callejas, aludió al crimen al condenar en Twitter ‘la violencia social, en especial aquella que ataca a las poblaciones más vulnerables’, mensaje criticado por vago y generalizador.
‘Querida Sue, empecemos por señalar las cosas por su nombre: son crímenes de odio contra la población LGBTI. La situación amerita contundencia en el discurso y en las acciones’, replicó el activista Erick Ortiz.
Manuel Escalante, abogado y asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), llamó a identificar y visibilizar a las víctimas, porque cada población demanda distintas formas de protección.
A las personas LGBTI les toca vivir en una sociedad que las odia y un Estado que no las protege y se hace llamar un país seguro, denunció Bianka Rodríguez, presidenta de la Asociación Comcavis Trans de El Salvador.
En 2015 fue impulsada una reforma en los artículos 129 y 155 del Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes cometan delitos motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.
Sin embargo, las agresiones contra la comunidad LGBTI ni siquiera son investigadas a cabalidad, caen bajo la etiqueta de crimen ‘pasional’ y no ‘de odio’.
William Hernández, director de la Asociación Entre Amigos, afirmó a Prensa Latina que los trans son más vulnerables, pues su identidad no es reconocida.
El cierre por orden de Bukele de la Secretaría de Inclusión Social, que atendía a sectores vulnerables de la sociedad, dejó a la comunidad LGTBI sin un interlocutor activo dentro del Estado.
Según la Federación Salvadoreña de personas LGTBI, de 2017 a la fecha se registraron al menos 20 asesinatos de mujeres ‘trans’ de entre 16 y 32 años de edad.