Por: Luis Fernando Crespo Zorita
Nos hemos acostumbrado, y a nadie le sorprende, que los informes PISA en España, año tras año, desde 2000, demuestren que el nivel de rentas de los padres determina absolutamente el nivel educativo que alcanzan sus hijos. Formarse, como tarea personal, para quienes parten de las posiciones más desfavorables en la desigualdad económica imperante resulta cada vez más difícil.
Se ha hecho de la educación un negocio donde medran los intereses más espurios: si para unos es una inversión particular o familiar en defensa de sus propios intereses, para los otros es unainversión colectiva, pero muy limitada, justo la necesaria para mantener la competitividad del sistema productivo; para ambos un modo de clasificación y de segregación social muy refinado, a veces perverso, porque todos exigen obtener beneficios, es decir, resultados académicos excelentes, imprescindibles para acceder al mercado laboral, que es el bien supremo.
El sistema educativo legitima la desigualdad económica, que apabulla a la gran mayoría en nombre de la excelencia de los más capaces. Que estos últimos pertenezcan a determinada clase social no es significativo, en tanto en cuanto su labor de dirección social es imprescindible para el grupo: cuanto mejor sea su formación, mejor para todos.
No se pone en cuestión el sistema de clasificación ni la economía que lo soporta. Cualquier análisis de la educación o la formación remite al sistema de reparto de la riqueza producida colectivamente, pero esta perspectiva tan “sesgada ideológicamente”, por materialista, resulta fuera de lugar para muchos, cuando los problemas cotidianos e inmediatos alrededor de la escuela son tantos y requieren una solución tan urgente, entiéndase legislativa. En esa estamos, ley tras ley, según cambian las mayorías parlamentarias.
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