Como en todo cambio, se establece un régimen de transición para los trabajadores que ya tienen una expectativa legítima de pensión y a los que no se les pueden cambiar las reglas de juego abruptamente. El problema está en definir a partir de qué momento se alcanza ese derecho.

En la reforma se propone que el régimen de transición cobije a quienes a partir de la vigencia de la ley tengan mínimo 1.000 semanas cotizadas, es decir, unos 20 años, lo que comparten expertos como Misael Triana, miembro del Colegio de Abogados del Derecho del Trabajo de Colombia, quien, sin embargo, cree que también se debería agregar una condición de edad, para evitar que personas que empezaron a trabajar y a cotizar jóvenes, por ejemplo a los 20 años, a los 40 ya tengan las 1.000 semanas, pero en realidad están lejos de la edad de pensión. Su propuesta es que se exija un mínimo de semanas y un mínimo de edad para beneficiarse del privilegio de poder mantener las condiciones actuales de subsidio a las pensiones que da el Gobierno y que van hasta los 25 salarios mínimos.

En esta discusión no solo están en juego los intereses del Gobierno y las propuestas de los expertos, sino también las opiniones del Congreso, que en muchos casos suele legislar en causa propia. Algunos analistas consideran que el régimen de transición dependerá del número de semanas cotizadas que tengan los actuales representantes y senadores, pues ya se han oído voces que piden bajar el umbral a 900 u 800 semanas.

Una estimación de Congreso Visible, en la que calculó la edad promedio de los miembros de los partidos políticos que conforman el actual Congreso, indicaría que esta es de 47,3 años, una edad en la que, si se tuvo la fortuna de un trabajo estable, es factible contar con las 1.000 semanas, el problema es que en Colombia esa no es la regla, sino la excepción.

Iván Jaramillo, viceministro del Trabajo, dice que el trámite parlamentario de cualquier reforma siempre tiene una composición de intereses y que la meta del Gobierno es llamar a la responsabilidad en la construcción de un sistema pensional que sea sostenible en el tiempo.

Añade que en el régimen de transición no incluyeron la edad, sino solo las semanas cotizadas porque les parece razonable poder mantener las condiciones actuales cuando ya se ha cumplido el 75 % de la cantidad de semanas exigidas para obtener una pensión y que además se busca hacer un régimen de transición más eficiente que el que se creó con la Ley 100, que exigía edad y semanas, pero fue muy largo, casi 20 años; entonces tuvo que ser acortado con reformas posteriores y terminó generando mucha litigiosidad.

En cuanto al menor valor de las pensiones tras la reforma, Jaramillo dice que, en efecto, lo que se busca es corregir una de las mayores fallas del sistema actual, que les da más subsidio a los que tienen salarios más altos, en una especie de Robin Hood al revés y que eso no se puede seguir permitiendo.

El abogado Triana coincide en que el sistema debe buscar equidad, pero, al mismo tiempo, señala que una persona que se educó, creció profesionalmente y cumplió con todos sus aportes, al tiempo que acomodó su estilo de vida, por ejemplo, a un ingreso mensual de 10 millones de pesos, difícilmente acepta que su pensión no llegue ni a la mitad de su salario. “En la Ley 100 está claro que nadie debe recibir una mesada que afecte su mínimo vital y eso cambia en el caso de cada persona. El trabajo será buscar cuánto debe ser ese porcentaje mínimo del salario que se reciba como pensión”, precisa Triana, mientras el viceministro Jaramillo dice que entiende los argumentos, pero que este país no puede ser sostenible si no corrige sus problemas de equidad y que las personas con salarios altos, además del aporte obligatorio a pensión, podrán seguir haciendo aportes voluntarios que en el futuro mejorarán sus mesadas.

Mientras el Congreso inicia y avanza con la discusión de la reforma, muchos trabajadores ya están empezando a verificar si tienen derecho al régimen de transición. Este dato es fácil de conseguir. Tanto las AFP como Colpensiones tienen en sus respectivas páginas web links en donde se puede descargar la historia laboral y, por ende, las semanas cotizadas. Es más, en los extractos que envían los fondos privados hay unos (generalmente los trimestrales, no los mensuales) que vienen con la historia laboral completa y las semanas cotizadas.

El abogado Triana dice que esta coyuntura va a llevar a muchas personas a ver de dónde pueden echar mano para completar las 1.000 semanas. Señala, por ejemplo, que los hombres que prestaron servicio militar obligatorio tienen derecho a las semanas en las que prestaron ese servicio, el cual se reclama a la Fuerza Armada correspondiente. Asimismo, quienes se dan cuenta de que un empleador no les pagó semanas a las que tienen derecho, probablemente irán a demandar y esto también se hace de forma sencilla: lo clave es tener las pruebas de la existencia del contrato de trabajo, como puede ser una copia de este, de la liquidación final o de certificaciones laborales. Además, este tipo de demandas laborales no prescriben, así la persona haya trabajado para la empresa hace 50 o 60 años.

En el país existe un gran desconocimiento del sistema pensional, ojalá que con la reforma más personas se preocupen por entenderlo y logren cumplir los requisitos a tiempo, para que luego no se den cuenta de que les faltan semanas cuando sea demasiado tarde.