El Gobierno de Gustavo Petro radica la primera parte de su reforma a la educación

El proyecto de ley estatutaria reconoce la educación como “un derecho fundamental” y establece que la instrucción preescolar debe comenzar a los tres años de edad.

El Gobierno de Gustavo Petro ha radicado este martes la primera parte de su gran reforma a la educación. La ministra del sector, Aurora Vergara, ha asistido al Congreso para presentar un proyecto de ley estatutaria que busca dejar atrás la reglamentación de la educación como un “servicio público cultural” y reemplazarla por otra que la reconoce como un derecho fundamental. Entre otras disposiciones, el texto establece que el ciclo de educación preescolar debe comenzar a los tres años de edad, en lugar de los cinco actuales. “Estamos poniendo en las manos de ustedes, honorables representantes y senadores, la posibilidad de que los niños y las niñas en Colombia lleguen mucho más jóvenes a la escuela”, ha resaltado la ministra.

Las leyes estatutarias requieren de mayorías absolutas, en lugar de las mayorías de los presentes de las iniciativas ordinarias. Regulan los derechos fundamentales y establecen los principios básicos que sirven como marco conceptual para otras normas. En este caso, la iniciativa hace énfasis en aspectos como la universalidad de la educación, su adaptabilidad a contextos regionales y la inclusión en el sistema educativo de los grupos étnicos, las personas privadas de la libertad y los estudiantes con discapacidad. “La ley estatutaria será la carta de navegación (…) En un contexto vertiginoso de cambio, este proyecto nos va a ayudar a enfrentar los retos de la transformación digital, la crisis climática y el peligro de la erosión de los valores democráticos”, ha asegurado Vergara.

La iniciativa extiende la edad de escolaridad obligatoria más allá de lo que contempla la Constitución de 1991 —que la fija entre los 5 y los 15 años—. El artículo 14 establece que el Estado debe garantizar el acceso a la educación preescolar desde los tres años. Aunque el avance de los jardines infantiles en el sistema público no es nuevo, ahora será parte de “un derecho fundamental de las niñas y los niños menores de seis años”. Asimismo, el artículo 16 reafirma que la educación media “será obligatoria” —algo establecido en una ley de 2015— y que comprenderá los grados décimo y undécimo. Según la ministra, esto ayudará a combatir la deserción escolar, que ronda el 50% en las zonas rurales de Colombia.

Otro punto central es la articulación entre la educación media y la posmedia, que incluye tanto a las universidades como a la formación técnica y al reconocimiento de aprendizajes y saberes previos. El proyecto no entra en detalles, pero hace referencia a que esa conexión “puede suceder” a través de los grados duodécimo y décimo tercero. Esta modalidad, ya presente en algunas instituciones, implica que los estudiantes tengan la opción de cursar parte de la educación de nivel superior en sus colegios y que luego puedan ingresar en semestres más avanzados de las carreras universitarias.

El texto radicado este jueves ha incluido algunas menciones a la educación posmedia, un concepto que promueven los rectores universitarios y que no estaba en los borradores iniciales. Andrés Vélez, abogado especializado en el sector educativo, comenta por videollamada que esto es importante porque Colombia gradúa más estudiantes universitarios que los que requiere el mercado y no tiene suficientes personas formadas en otras ocupaciones de formación técnica. No obstante, considera que el proyecto es “tímido” en sus referencias a este sistema, que se mantiene ambiguo respecto a sus alcances y que no brinda mayores precisiones sobre cómo se articulará con etapas previas. “Hay que tener por lo menos un artículo específico para la educación posmedia que deje en claro que la universidad es una de las vías, pero no la única”, resalta el experto.

“Marchitamiento»

La radicación del proyecto de ley estatutaria se da en un contexto de tensión con el sector privado. El miércoles, los rectores de cuatro universidades privadas publicaron una carta donde expresaron varias preocupaciones. Entre otros reclamos, piden que se reconozca la importancia del sector privado dentro de un sistema mixto de educación superior y que se establezcan mecanismos de control de calidad. Preocupa especialmente un proyecto que el Ejecutivo aún no ha presentado pero que, según los anuncios, modificará la ley 30 y priorizará el financiamiento de las universidades públicas. Raquel Bernal, rectora de la Universidad de Los Andes, señaló en W Radio que la posible afectación de los créditos de apoyo financiero a los estudiantes puede derivar en “el marchitamiento” de las instituciones privadas.

La ministra, quien antes de entrar al Gobierno era profesora de tiempo completo de la universidad privada Icesi, ha remarcado este jueves que el texto no perjudica al sector privado. “Abrir estas nuevas rutas no quiere decir que le estamos quitando derechos a quienes históricamente han tenido privilegios. Este proyecto de ley busca fomentar más y mejores oportunidades”, ha comentado Vergara durante la radicación. “Hoy no estamos hablando de marchitar. Estamos hablando del florecimiento humano. Este proyecto de ley estatutaria retoma la promesa de convertir la educación en Colombia en un derecho que promueva el bien común y que no sea un privilegio de unos pocos”, ha enfatizado, en referencia al comentario de Bernal.

La reforma a la educación, sin embargo, tiene un largo y complejo camino por delante. No solo porque falta la radicación de la iniciativa anunciada para reestructurar la educación superior y su financiamiento. También porque el proyecto de ley estatutaria deberá abrirse paso de hoy a junio en un Legislativo que se encuentra casi paralizado por la cercanía de las elecciones regionales, que se celebrarán en octubre. Además, deberá hacer frente al atasco que han producido otras reformas sociales que se presentaron el semestre pasado como banderas del Gobierno y que no se han aprobado. Los congresistas aún deben definir la suerte de otros proyectos que restructuran los sectores de salud, pensiones y trabajo.