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Aceite de palma: Marcas globales se benefician de trabajo infantil y forzoso

Por: Amnistía Internacional/03-12-2016

Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, entre las nueve empresas muy conocidas que contribuyen a abusos laborales

Las empresas de alimentación y productos para el hogar más populares del mundo venden alimentos, cosméticos y otros artículos de uso diario que contienen aceite de palma manchado por estremecedores abusos contra los derechos humanos en Indonesia, donde niños de sólo ocho años trabajan en condiciones peligrosas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe, The great palm oil scandal: Labour abuses behind big brand names, investiga las plantaciones de aceite de palma en Indonesia gestionadas por el mayor productor de aceite de palma del mundo, la empresa agroalimentaria Wilmar, con sede en Singapur, y sigue el rastro del aceite de palma hasta nueve empresas de ámbito global: AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser y Unilever.

Gigantes empresariales como Colgate, Nestlé y Unilever aseguran al público consumidor que sus productos utilizan ‘aceite de palma sostenible’, pero nuestras conclusiones revelan que el aceite de palma dista mucho de serlo.
Meghna Abraham, investigadora principal de Amnistía Internacional

“Las empresas miran hacia otro lado ante la explotación de trabajadores y trabajadoras en su cadena de suministro. Pese a prometer a sus clientes que no habrá explotación en sus cadenas de suministro de aceite de palma, las grandes marcas siguen aprovechándose de terribles abusos. Estas conclusiones sorprenderán al público consumidor que piensa que toma decisiones éticas en el supermercado cuando compra productos que dicen usar aceite de palma sostenible”, ha afirmado Meghna Abraham, investigadora principal de Amnistía Internacional.

“Gigantes empresariales como Colgate, Nestlé y Unilever aseguran al público consumidor que sus productos utilizan ‘aceite de palma sostenible’, pero nuestras conclusiones revelan que el aceite de palma dista mucho de serlo. El aceite de palma que se produce usando trabajo infantil y trabajo forzoso no tiene nada de sostenible. Los abusos descubiertos en las actividades de producción de aceite de palma de Wilmar no son incidentes aislados sino hechos sistémicos y una consecuencia predecible de la práctica empresarial de Wilmar.

“Algo no está bien cuando nueve empresas que tuvieron unos ingresos conjuntos de 325.000 millones de dólares en 2015 no pueden tomar medidas para abordar el atroz trato que reciben las personas que trabajan en la producción de aceite de palma, que además ganan una miseria.”

Amnistía Internacional afirma que hará campaña para pedir a las empresas que digan a sus clientes si el aceite de palma que contienen productos populares como los helados Magnum, el dentífrico Colgate, los cosméticos Dove, la sopa Knorr, KitKat, el champú Pantene, Ariel, y Pot Noodle procede de las actividades de Wilmar en Indonesia.

Abusos sistemáticos en la cadena de suministro de grandes empresas

Amnistía Internacional habló con 120 personas que trabajan en plantaciones de palma propiedad de filiales de Wilmar y tres proveedores de Wilmar en Kalimantan y Sumatra, Indonesia. La investigación sacó a la luz una amplia variedad de abusos, como por ejemplo:

  • Se obliga a las mujeres a trabajar muchas horas bajo la amenaza de reducir su salario, se les pagan cantidades inferiores al salario mínimo –en casos extremos, ganan sólo 2,50 dólares de EE. UU. al día– y se las mantiene en una situación de inseguridad en el empleo, sin pensiones ni seguro de enfermedad;
  • Niños de sólo 8 años realizan trabajo físico duro y peligroso, en algunos casos tras haber dejado de asistir a la escuela para ayudar a sus progenitores en la plantación;
  • Trabajadores y trabajadoras que sufren graves lesiones debido al paraquat, una sustancia química sumamente tóxica que sigue utilizándose en las plantaciones pese a estar prohibida en la Unión Europea y por la propia Wilmar;
  • Se obliga a las personas a trabajar al aire libre sin equipos de seguridad adecuados a pesar del riesgo de sufrir daños respiratorios derivados de los peligrosos niveles de contaminación causados por los incendios forestales de agosto a octubre de 2015;
  • Se obliga a las personas a trabajar muchas horas para cumplir objetivos absurdamente altos, algunos de los cuales implican tareas muy exigentes desde el punto de vista físico, como utilizar equipos manuales pesados para cortar frutos de árboles de 20 metros de altura. Intentar cumplir los objetivos puede causar un considerable dolor físico a los trabajadores, que también hacen frente a diversas sanciones por cosas como no recoger los frutos de palma del suelo o recoger frutos que no están maduros.

Wilmar reconoció que tiene planteados problemas laborales en sus actividades. A pesar de estos abusos, tres de los cinco palmicultores a los que Amnistía Internacional investigó en Indonesia están certificados como productores de aceite de palma “sostenible” en virtud de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, organismo creado en 2004 para limpiar el sector del aceite de palma tras los escándalos medioambientales.

“Este informe muestra con claridad que las empresas han utilizado la Mesa Redonda a modo de escudo para desviar un mayor escrutinio. Nuestra investigación reveló que esas empresas tienen políticas firmes sobre el papel, pero ninguna pudo demostrar que hubiera identificado riesgos obvios de abusos en la cadena de suministro de Wilmar”, ha afirmado Seema Joshi, responsable de Empresas y Derechos Humanos.

Las conclusiones plantean dudas sobre las afirmaciones de “sostenibilidad”

A partir de información y datos sobre exportaciones publicados por Wilmar, Amnistía Internacional siguió
el rastro del aceite de palma hasta nueve empresas productoras de alimentos y artículos para el hogar de ámbito mundial. Al ser contactadas, siete de estas empresas confirmaron que compran aceite de palma procedente de las actividades de Wilmar en Indonesia, pero sólo dos –Kellogg’s y Reckitt Benckiser– se mostraron dispuestas a aportar algún detalle acerca de qué productos estaban afectados. [Detalles sobre las respuestas de las empresas disponibles aquí]

Todas estas empresas, salvo una, son miembros de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, y en sus sitios web o en las etiquetas de sus productos afirman que utilizan “aceite de palma sostenible”. Ninguna de las empresas con las que Amnistía Internacional se puso en contacto negó que los abusos tuvieran lugar, ni aportó ejemplos de medidas adoptadas para ocuparse de los abusos contra los derechos laborales en las actividades de Wilmar.

Las empresas deben ser más transparentes en cuanto a los ingredientes de sus productos
Seema Joshi, responsable del equipo de Empresas y Derechos Humanos

“El público consumidor querrá saber qué productos están relacionados con abusos y qué artículos no lo están. A pesar de someter a su consideración abusos tan terribles en las actividades de un proveedor importante, las empresas han mantenido una actitud muy hermética en lo referente a qué productos concretos están afectados”, ha afirmado Seema Joshi.

“Las empresas deben ser más transparentes en cuanto a los ingredientes de sus productos. Deben revelar la procedencia de las materias primas de los productos que encontramos en los estantes de nuestro supermercado. Hasta ese momento, estarán de alguna manera beneficiándose de los abusos laborales que se cometan y contribuyendo a ellos. Las empresas muestran una absoluta falta de respeto por una clientela que piensa que toma decisiones éticas cuando paga en caja esos artículos.”

Las peores formas de trabajo infantil al descubierto

El informe documenta cómo niños de entre 8 y 14 años llevan a cabo trabajos peligrosos en plantaciones propiedad de filiales y proveedores de Wilmar y gestionadas por ellos. Trabajan sin equipos de seguridad en plantaciones donde se utilizan pesticidas tóxicos, y transportan pesadas bolsas de frutos de palma que pueden pesar de 12 a 25 kilos. Algunos han abandonado la escuela para trabajar con sus progenitores durante todo el día o gran parte de él. Otros trabajan por la tarde después de asistir a la escuela, y durante los fines de semanas y los periodos vacacionales.

Un niño de 14 años que recolecta y transporta frutos de palma en una plantación propiedad de Wilmar dijo a Amnistía Internacional que dejó se asistir a la escuela cuando tenía 12 años porque su padre estaba enfermo y no podía cumplir sus objetivos de trabajo. Dijo que sus hermanos de 10 y 12 años también trabajan en la plantación después de la escuela:

Dejé la escuela para ayudar a mi padre porque él ya no podía trabajar.
Niño de 14 años que trabaja en la producción del aceite de palma

“Ayudo a mi padre cada día desde hace unos dos años. Estudié hasta sexto grado en la escuela. Dejé la escuela para ayudar a mi padre porque él no podía hacer ya el trabajo. Estaba enfermo. […] Lamento haber dejado la escuela. Me habría gustado ir a la escuela para ser más listo. Me gustaría ser profesor.”

El trabajo físicamente exigente y agotador puede causar daños físicos en los niños de corta edad. Un niño de 10 años, que también abandonó la escuela para ayudar a su padre y trabaja para un proveedor de Wilmar, dijo que cuando tenía 8 años se levantaba a las 6 de la mañana para recoger y transportar frutos de palma sueltos. Dijo que trabaja seis horas cada día, excepto el domingo:

“No voy a la escuela. […] Transporto yo mismo la bolsa con los frutos sueltos pero sólo puedo llevarla medio llena. Es difícil transportarla, pesa mucho. Lo hago también bajo la lluvia pero es difícil. […]Tengo las manos doloridas, y me duele todo el cuerpo.”

Las mujeres trabajadoras hacen frente a trabajo forzoso, bajos salarios, discriminación y exposición a sustancias químicas tóxicas

El informe pone de relieve una constante discriminatoria de contratación como jornaleras ocasionales de mujeres a quienes se niega empleo permanente y prestaciones de seguridad social como seguro médico y pensiones.

Amnistía Internacional también documentó casos de trabajo forzoso y de capataces que amenazan a las mujeres trabajadoras con no pagarles o practicar deducciones en su salario para obligarlas a trabajar.

Una mujer que trabaja en una unidad dedicada al mantenimiento de plantas de palma refirió a Amnistía Internacional las presiones que recibía en forma de amenazas implícitas y explícitas para que trabajara más horas:

“Si no termino mi objetivo, me dicen que siga trabajando pero no me pagan el tiempo adicional. […] Mi amiga y yo dijimos al capataz que estábamos muy cansadas y queríamos marcharnos. El capataz nos dijo: si no queréis trabajar, marchaos a casa y no volváis. Es difícil trabajar porque el objetivo es horrendo. […] Me duelen los pies, me duelen las manos y me duele la espalda después de hacer el trabajo.”

Indonesia dispone de una legislación laboral rigurosa en virtud de la cual la mayoría de estos abusos pueden ser constitutivos de delito. Sin embargo, la aplicación de las leyes es deficiente. Amnistía Internacional pide al gobierno de Indonesia que mejore la aplicación de la ley y que investigue los abusos que se exponen en el informe.

Información complementaria: Cómo rastreó Amnistía Internacional la cadena de suministro desde la plantación hasta la multinacional

El equipo de investigación de Amnistía Internacional localizó el aceite de palma de refinerías o fábricas concretas suministrado directamente por las plantaciones investigadas en siete de las empresas: Colgate-Palmolive, Reckitt Benckiser, Nestlé, ADM, Elevance, AFAMSA, y Kellogg’s a través de su empresa conjunta. Las otras dos empresas –Unilever y Procter & Gamble– confirmaron que se abastecen de aceite de palma de Wilmar y de Indonesia pero no respondieron cuando Amnistía Internacional les preguntó de qué refinerías se abastecen. Dado que se abastecen de Indonesia y que Amnistía Internacional localizó el aceite de palma de las plantaciones que investigó en 11 de las 15 refinerías de Wilmar, es muy probable que su suministro proceda de al menos una o varias de estas refinerías.

Amnistía Internacional pidió a las empresas que confirmaran si el aceite de palma de una lista de sus productos de consumo procedía de las actividades de Wilmar en Indonesia: sólo dos empresas (Kellogg’s y Reckitt Benckiser) lo confirmaron. Colgate y Nestlé reconocieron que reciben aceite de palma de refinerías de Wilmar en Indonesia. Amnistía Internacional vinculó estas refinerías con plantaciones investigadas para este informe. Sin embargo, Colgate y Nestlé dijeron que ninguno de los productos enumerados por Amnistía Internacional contenía aceite de palma procedente de las operaciones de Wilmar en Indonesia, pero no dijeron cuáles de sus productos lo contenían. Otras dos (Unilever y Procter & Gamble) no corrigieron la lista. Las otras tres ofrecieron respuestas imprecisas o no respondieron.

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Sierra Leona: Persistir en la prohibición de que niñas embarazadas asistan a la escuela y en la desprotección de sus derechos amenaza el futuro de todas las adolescentes

Por: Amnistía Internacional. 12.11.2016

Sierra Leona debe levantar la prohibición profundamente discriminatoria de que las niñas claramente embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, una prohibición que continúa afianzando la desigualdad de género en el país y que pone en peligro el futuro de miles de adolescentes, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un año de su informe sobre este asunto.

“La prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistan a escuelas públicas y se presenten a pruebas académicas es profundamente desacertada y no contribuye a que se aborden las causas profundas del alto índice de embarazos adolescentes en Sierra Leona, que aumentó durante la devastadora crisis del ébola y que sigue siendo elevado pese a la prohibición”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

La prohibición fue declarada política oficial del gobierno en abril de 2015, poco antes de la reapertura de los centros escolares tras la crisis del ébola. Más de un año y medio después, Amnistía Internacional siente honda preocupación por que la prohibición sigue vigente a pesar de las críticas nacionales e internacionales.

Amnistía Internacional ha hablado con 68 niñas de entre 15 y 20 años embarazadas o que habían dado a luz recientemente en zonas urbanas y rurales del oeste de Sierra Leona. También ha hablado con 26 agentes nacionales e internacionales de la sociedad civil, profesores y profesoras y autoridades gubernamentales para evaluar el impacto de la prohibición.

La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola, momento en el que hubo un aumento de los embarazos adolescentes junto con un incremento de la violencia sexual. El impacto económico negativo de la crisis del ébola dio lugar a un aumento de las relaciones de explotación y de abuso.

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La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola.

La mayoría de las niñas afirmó que esta política les hizo sentirse abandonadas y desanimadas por no poder ir a la escuela. Describieron su frustración por no poder presentarse a pruebas académicas para las que se habían preparado.

Una niña contó a nuestro equipo de investigación: “Podría haber hecho el examen. Estudié bastante. Aunque estés embarazada, si has estudiado, deberías poder examinarte.”

Las niñas también hablaron de su frustración al tener que repetir curso después de dar a luz, por haber perdido la oportunidad de hacer el examen cuando estaban embarazadas:

“Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene”, contó una niña de 17 años a Amnistía Internacional.

La estigmatización que existe en torno al embarazo adolescente en Sierra Leona conlleva que se haga sentir vergüenza a las niñas por estar embarazadas y que a veces sufran el ostracismo o incluso abusos por parte de sus familias y profesores.

Una niña con la que habló Amnistía Internacional afirmó que había abandonado voluntariamente la escuela tras ver el trato que habían recibido sus compañeras en el pasado: “Un profesor anunció […] que la niña estaba embarazada delante de toda la escuela, le quitó la mochila (con la que la niña se estaba protegiendo el vientre) y la golpeó con una vara”.

Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene.
Una niña de 17 años a Amnistía Internacional.

En mayo de 2015, ante la presión internacional y nacional, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, anunció el establecimiento de un sistema educativo “puente” alternativo que permitiría a las niñas embarazadas seguir acudiendo a la escuela, pero en locales u horarios diferentes los de sus iguales.

A pesar de que este sistema paralelo ofrece a las niñas acceso a una forma limitada de educación, el presidente Koroma, en su discurso del Día de la Mujer de marzo de 2016, pareció confirmar que, en parte, se fundamentaba en estereotipos negativos de las niñas embarazadas cuando afirmó: “Continuarán recibiendo una educación formal pero no se les permitirá estar en la misma clase con otras niñas que también van a la escuela. Volvamos a lo básico y protejamos nuestros valores y nuestra cultura.”

Autoridades del ministerio de Educación contaron a Amnistía Internacional que, inicialmente, 14.500 niñas se inscribieron en el plan y que alrededor de 5.000 habían regresado al sistema público ordinario tras dar a luz. Las clases se impartían tres veces por semana, entre dos y tres horas al día. El plan de estudios era distinto al de las escuelas regulares y sólo se impartían asignaturas troncales. También se ofrecía a las niñas información y servicios de salud, tales como planificación familiar.

La mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional hicieron comentarios positivos sobre el sistema puente. Algunas niñas afirmaron preferirlo al de su escuela regular por la estigmatización a la que allí se enfrentaban.

Una niña dijo a Amnistía Internacional: “Me sentía avergonzada, en la escuela regular todo el mundo se reía de mí.”

Sin embargo, varias niñas afirmaron que, de haber podido elegir, hubieran preferido permanecer en el sistema escolar ordinario.

“Sólo nos enseñaban matemáticas e inglés, pero yo estudiaba comercio en la escuela, y eso no nos lo enseñan”, contó una niña a Amnistía Internacional.

Otra niña dijo: “Yo preferiría ir a mi escuela, porque allí me dan resultados [calificaciones de los exámenes]. Cuando dé a luz, seguiré estudiando en mi escuela; el centro de aprendizaje es sólo para cuando estoy embarazada.”

El plan puente concluyó en agosto de 2016, pero las clases alternativas para niñas embarazadas continuarán con el nuevo plan —gestionado por el ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF y del gobierno del Reino Unido—, que se centrará también en las niñas que hayan abandonado la escuela por diferentes motivos así como en intervenciones para ayudar a las niñas a que sigan yendo a la escuela. El nuevo plan tendrá una duración de 17 meses y empezará a aplicarse en noviembre de 2016.

Amnistía Internacional y expertos nacionales han aplaudido la atención permanente a la educación de las niñas a través de este programa. Con todo, sigue suscitando preocupación la falta de opciones para las niñas embarazadas debida a la prohibición y a que no pueden presentarse a pruebas académicas, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de Sierra Leona de proporcionar igualdad de acceso a una educación de calidad para todos los niños y todas las niñas.

Las escuelas especiales para niñas embarazadas no son la solución para abordar el elevado índice de embarazos adolescentes de Sierra Leona. A pesar de las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional, el Comité de los Derechos del Niño y organizaciones nacionales, la información sobre salud sexual y reproductiva todavía no forma parte del plan de estudios oficial. La mayoría de las niñas contaron a Amnistía Internacional que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.

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La mayoría de las niñas contaron que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.

Una de la niñas dijo a nuestro equipo de investigación: “En la escuela, realmente no nos enseñan planificación familiar. Creen que somos demasiado pequeñas, o que es malo, o que nos animará a tener relaciones sexuales.”

Las niñas también tenían mucho miedo y recibían información errónea sobre la planificación familiar.

Una niña de 19 años que estaba embarazada de cuatro meses afirmó:

“Me puse la inyección durante uno o dos años, pero no me llegaba el periodo. Alguien nos dijo que la inyección mató una niña porque evita que tengas el periodo. Pensé que debía dejar de ponerme la inyección hasta que me llegara el periodo. No sabía dónde preguntar sobre este tema. Luego quedé embarazada.”

Las niñas que quedan embarazadas pueden enfrentar obstáculos complejos y entrecruzados para proseguir con su educación. Además de la prohibición del embarazo, los gastos escolares también preocupaban enormemente a la mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional.

En un país en el que el 72 por ciento de la población vive en una situación de pobreza extrema, esos gastos y el costo de tener un hijo o una hija pueden ser abrumadores. Además, la estigmatización relacionada con el embarazo adolescente implica que muchas familias les retiren su apoyo económico, lo que dificulta aún más a muchas niñas poder regresar a la educación regular, incluso después del nacimiento de sus hijos.

Como una niña dijo a Amnistía Internacional:

“No puedo volver a mi escuela porque no puedo pagar los gastos. Intento buscarme la vida e ir a clases particulares. Nadie me ayuda.”

“A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro. De conformidad con sus obligaciones internacionales, el gobierno debe dar pasos concretos para garantizar progresivamente el acceso de todas las niñas a la educación —incluso con subvenciones para aquellas que las necesiten— como parte de su estrategia educativa”, ha declarado Alioune Tine.

A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro.
Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

“También es fundamental erradicar la estigmatización que existe en torno a las niñas embarazadas. Sierra Leona ha hecho grandes esfuerzos para abordar la estigmatización de las personas supervivientes de ébola, y debe garantizar que las adolescentes en situaciones de gran vulnerabilidad reciban la protección y el apoyo de sus profesores, familias y comunidades; en vez de que las avergüencen y las culpabilicen.”

Información complementaria

En noviembre de 2015, un informe de Amnistía Internacional estimó que hasta 10.000 niñas resultaron afectadas por la prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistieran a la escuela y se presentaran a pruebas académicas. Diversos estudios han concluido que durante el brote de ébola se produjo un incremento de los embarazos adolescentes. Un estudio realizado en 2016 por Secure Livelihoods Consortium afirmó que las encuestas del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicaban que 18.119 adolescentes quedaron embarazadas durante el brote de ébola.

Incluso antes de que se produjera el brote, a finales de 2013, Sierra Leona tenía uno de los índices de embarazos adolescentes más elevados del mundo, con un 28 por ciento de las niñas de entre 15 y 19 años embarazadas o habiendo dado a luz al menos una vez.

El Comité de los Derechos del Niño, en su reciente examen de octubre de 2016, instó a Sierra Leona a levantar inmediatamente la discriminatoria prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, y a garantizar que tanto ellas como las madres adolescentes reciben apoyo y ayuda para proseguir con su educación en escuelas regulares. Muchos otros países formularon recomendaciones similares durante el examen periódico universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos en enero de 2016, pero Sierra Leona no las aceptó. La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona, la coalición Educación para Todos, el Colectivo de la Sociedad Civil sobre Matrimonio Precoz y Embarazo Adolescente y el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona emitieron declaraciones en 2015 en contra de la prohibición.

Excluir a las niñas embarazadas de la educación regular y de las pruebas académicas ha sido práctica habitual en Sierra Leona durante más de un decenio; no obstante, la declaración oficial de la prohibición en abril de 2015 convirtió una práctica informal y esporádica en una política gubernamental que formalizó y exacerbó el problema. Hace más de 10 años, tras el final de la guerra civil, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuló una recomendación imperativa, afirmando que la práctica de expulsar a las niñas embarazadas de las instituciones educativas era discriminatoria y retrograda.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/sierra-leone-continued-pregnancy-ban-in-schools-and-failure-to-protect-rights-is-threatening-teenage-girls-futures/

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Sierra Leona: Persistir en la prohibición de que niñas embarazadas asistan a la escuela y en la desprotección de sus derechos amenaza el futuro de todas las adolescentes

10 de noviembre de 2016 / Fuente: https://www.amnesty.org/

Sierra Leona debe levantar la prohibición profundamente discriminatoria de que las niñas claramente embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, una prohibición que continúa afianzando la desigualdad de género en el país y que pone en peligro el futuro de miles de adolescentes, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un año de su informe sobre este asunto.

“La prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistan a escuelas públicas y se presenten a pruebas académicas es profundamente desacertada y no contribuye a que se aborden las causas profundas del alto índice de embarazos adolescentes en Sierra Leona, que aumentó durante la devastadora crisis del ébola y que sigue siendo elevado pese a la prohibición”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

En vez de humillar y excluir a las adolescentes, las autoridades de Sierra Leona deberían centrarse en aumentar la información sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas.

“En vez de humillar y excluir a las adolescentes, las autoridades de Sierra Leona deberían centrarse en aumentar la información sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas y proteger a las niñas de la violencia sexual y las relaciones abusivas. Si no se abordan estos problemas, el ciclo de embarazos precoces no deseados persistirá durante generaciones.”

La prohibición fue declarada política oficial del gobierno en abril de 2015, poco antes de la reapertura de los centros escolares tras la crisis del ébola. Más de un año y medio después, Amnistía Internacional siente honda preocupación por que la prohibición sigue vigente a pesar de las críticas nacionales e internacionales.

Amnistía Internacional ha hablado con 68 niñas de entre 15 y 20 años embarazadas o que habían dado a luz recientemente en zonas urbanas y rurales del oeste de Sierra Leona. También ha hablado con 26 agentes nacionales e internacionales de la sociedad civil, profesores y profesoras y autoridades gubernamentales para evaluar el impacto de la prohibición.

La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola, momento en el que hubo un aumento de los embarazos adolescentes junto con un incremento de la violencia sexual. El impacto económico negativo de la crisis del ébola dio lugar a un aumento de las relaciones de explotación y de abuso.

La mayoría de las niñas afirmó que esta política les hizo sentirse abandonadas y desanimadas por no poder ir a la escuela. Describieron su frustración por no poder presentarse a pruebas académicas para las que se habían preparado.

Una niña contó a nuestro equipo de investigación: “Podría haber hecho el examen. Estudié bastante. Aunque estés embarazada, si has estudiado, deberías poder examinarte.”

Las niñas también hablaron de su frustración al tener que repetir curso después de dar a luz, por haber perdido la oportunidad de hacer el examen cuando estaban embarazadas:

“Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene”, contó una niña de 17 años a Amnistía Internacional.

La estigmatización que existe en torno al embarazo adolescente en Sierra Leona conlleva que se haga sentir vergüenza a las niñas por estar embarazadas y que a veces sufran el ostracismo o incluso abusos por parte de sus familias y profesores.

Una niña con la que habló Amnistía Internacional afirmó que había abandonado voluntariamente la escuela tras ver el trato que habían recibido sus compañeras en el pasado: “Un profesor anunció […] que la niña estaba embarazada delante de toda la escuela, le quitó la mochila (con la que la niña se estaba protegiendo el vientre) y la golpeó con una vara”.

Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene.

En mayo de 2015, ante la presión internacional y nacional, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, anunció el establecimiento de un sistema educativo “puente” alternativo que permitiría a las niñas embarazadas seguir acudiendo a la escuela, pero en locales u horarios diferentes los de sus iguales.

A pesar de que este sistema paralelo ofrece a las niñas acceso a una forma limitada de educación, el presidente Koroma, en su discurso del Día de la Mujer de marzo de 2016, pareció confirmar que, en parte, se fundamentaba en estereotipos negativos de las niñas embarazadas cuando afirmó: “Continuarán recibiendo una educación formal pero no se les permitirá estar en la misma clase con otras niñas que también van a la escuela. Volvamos a lo básico y protejamos nuestros valores y nuestra cultura.”

Autoridades del ministerio de Educación contaron a Amnistía Internacional que, inicialmente, 14.500 niñas se inscribieron en el plan y que alrededor de 5.000 habían regresado al sistema público ordinario tras dar a luz. Las clases se impartían tres veces por semana, entre dos y tres horas al día. El plan de estudios era distinto al de las escuelas regulares y sólo se impartían asignaturas troncales. También se ofrecía a las niñas información y servicios de salud, tales como planificación familiar.

La mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional hicieron comentarios positivos sobre el sistema puente. Algunas niñas afirmaron preferirlo al de su escuela regular por la estigmatización a la que allí se enfrentaban.

Una niña dijo a Amnistía Internacional: “Me sentía avergonzada, en la escuela regular todo el mundo se reía de mí.”

Sin embargo, varias niñas afirmaron que, de haber podido elegir, hubieran preferido permanecer en el sistema escolar ordinario.

“Sólo nos enseñaban matemáticas e inglés, pero yo estudiaba comercio en la escuela, y eso no nos lo enseñan”, contó una niña a Amnistía Internacional.

Otra niña dijo: “Yo preferiría ir a mi escuela, porque allí me dan resultados [calificaciones de los exámenes]. Cuando dé a luz, seguiré estudiando en mi escuela; el centro de aprendizaje es sólo para cuando estoy embarazada.”

El plan puente concluyó en agosto de 2016, pero las clases alternativas para niñas embarazadas continuarán con el nuevo plan —gestionado por el ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF y del gobierno del Reino Unido—, que se centrará también en las niñas que hayan abandonado la escuela por diferentes motivos así como en intervenciones para ayudar a las niñas a que sigan yendo a la escuela. El nuevo plan tendrá una duración de 17 meses y empezará a aplicarse en noviembre de 2016.

Amnistía Internacional y expertos nacionales han aplaudido la atención permanente a la educación de las niñas a través de este programa. Con todo, sigue suscitando preocupación la falta de opciones para las niñas embarazadas debida a la prohibición y a que no pueden presentarse a pruebas académicas, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de Sierra Leona de proporcionar igualdad de acceso a una educación de calidad para todos los niños y todas las niñas.

Las escuelas especiales para niñas embarazadas no son la solución para abordar el elevado índice de embarazos adolescentes de Sierra Leona. A pesar de las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional, el Comité de los Derechos del Niño y organizaciones nacionales, la información sobre salud sexual y reproductiva todavía no forma parte del plan de estudios oficial. La mayoría de las niñas contaron a Amnistía Internacional que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.

La mayoría de las niñas contaron que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
La mayoría de las niñas contaron que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.

Una de la niñas dijo a nuestro equipo de investigación: “En la escuela, realmente no nos enseñan planificación familiar. Creen que somos demasiado pequeñas, o que es malo, o que nos animará a tener relaciones sexuales.”

Las niñas también tenían mucho miedo y recibían información errónea sobre la planificación familiar.

Una niña de 19 años que estaba embarazada de cuatro meses afirmó:

“Me puse la inyección durante uno o dos años, pero no me llegaba el periodo. Alguien nos dijo que la inyección mató una niña porque evita que tengas el periodo. Pensé que debía dejar de ponerme la inyección hasta que me llegara el periodo. No sabía dónde preguntar sobre este tema. Luego quedé embarazada.”

Las niñas que quedan embarazadas pueden enfrentar obstáculos complejos y entrecruzados para proseguir con su educación. Además de la prohibición del embarazo, los gastos escolares también preocupaban enormemente a la mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional.

En un país en el que el 72 por ciento de la población vive en una situación de pobreza extrema, esos gastos y el costo de tener un hijo o una hija pueden ser abrumadores. Además, la estigmatización relacionada con el embarazo adolescente implica que muchas familias les retiren su apoyo económico, lo que dificulta aún más a muchas niñas poder regresar a la educación regular, incluso después del nacimiento de sus hijos.

Como una niña dijo a Amnistía Internacional:

“No puedo volver a mi escuela porque no puedo pagar los gastos. Intento buscarme la vida e ir a clases particulares. Nadie me ayuda.”

“A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro. De conformidad con sus obligaciones internacionales, el gobierno debe dar pasos concretos para garantizar progresivamente el acceso de todas las niñas a la educación —incluso con subvenciones para aquellas que las necesiten— como parte de su estrategia educativa”, ha declarado Alioune Tine.

A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro.

“También es fundamental erradicar la estigmatización que existe en torno a las niñas embarazadas. Sierra Leona ha hecho grandes esfuerzos para abordar la estigmatización de las personas supervivientes de ébola, y debe garantizar que las adolescentes en situaciones de gran vulnerabilidad reciban la protección y el apoyo de sus profesores, familias y comunidades; en vez de que las avergüencen y las culpabilicen.”

Información complementaria

En noviembre de 2015, un informe de Amnistía Internacional estimó que hasta 10.000 niñas resultaron afectadas por la prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistieran a la escuela y se presentaran a pruebas académicas. Diversos estudios han concluido que durante el brote de ébola se produjo un incremento de los embarazos adolescentes. Un estudio realizado en 2016 por Secure Livelihoods Consortium afirmó que las encuestas del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicaban que 18.119 adolescentes quedaron embarazadas durante el brote de ébola.

Incluso antes de que se produjera el brote, a finales de 2013, Sierra Leona tenía uno de los índices de embarazos adolescentes más elevados del mundo, con un 28 por ciento de las niñas de entre 15 y 19 años embarazadas o habiendo dado a luz al menos una vez.

El Comité de los Derechos del Niño, en su reciente examen de octubre de 2016, instó a Sierra Leona a levantar inmediatamente la discriminatoria prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, y a garantizar que tanto ellas como las madres adolescentes reciben apoyo y ayuda para proseguir con su educación en escuelas regulares. Muchos otros países formularon recomendaciones similares durante el examen periódico universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos en enero de 2016, pero Sierra Leona no las aceptó. La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona, la coalición Educación para Todos, el Colectivo de la Sociedad Civil sobre Matrimonio Precoz y Embarazo Adolescente y el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona emitieron declaraciones en 2015 en contra de la prohibición.

Excluir a las niñas embarazadas de la educación regular y de las pruebas académicas ha sido práctica habitual en Sierra Leona durante más de un decenio; no obstante, la declaración oficial de la prohibición en abril de 2015 convirtió una práctica informal y esporádica en una política gubernamental que formalizó y exacerbó el problema. Hace más de 10 años, tras el final de la guerra civil, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuló una recomendación imperativa, afirmando que la práctica de expulsar a las niñas embarazadas de las instituciones educativas era discriminatoria y retrograda.

Fuente noticia: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/sierra-leone-continued-pregnancy-ban-in-schools-and-failure-to-protect-rights-is-threatening-teenage-girls-futures/

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Indonesia: Detengan la castración química

Por: Amnistía Internacional. 15-10-2016

Las autoridades de Indonesia deben derogar de inmediato las disposiciones que permiten sancionar a los perpetradores de delitos sexuales con la castración química forzada, e incluso con la pena de muerte, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“El abuso sexual infantil es una atrocidad indescriptible. Pero someter a los perpetradores a castración química o a ejecución no es justicia; es sumar una crueldad a otra”, ha señalado Papan Ayatolá, investigador de Amnistía Internacional sobre Indonesia.

La castración química consiste en eliminar el impulso sexual mediante un tratamiento farmacológico u hormonal. Imponerla por ley y sin consentimiento informado como medida punitiva es una pena cruel, inhumana y degradante.

“La castración química forzada es un incumplimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el derecho internacional”, ha añadido Papan Ayatolá.

“La ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte es incompatible con las obligaciones internacionales de Indonesia, que protegen el derecho a la vida. Además, dadas las graves deficiencias del sistema de justicia indonesio, no puede eliminarse jamás el riesgo de ejecutar a una persona inocente.”

La Asociación de Médicos de Indonesia ha manifestado que se negará a ejecutar la pena de castración, porque viola la ética médica.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, cualquiera que sea el método de ejecución o el delito por el que se imponga, y cree que no hay datos creíbles que prueben que tiene especial efecto disuasorio.

Información complementaria

La Cámara de Representantes ratificó ayer el Decreto-ley (Perppu) 1/2016, por el que se reforma la Ley 23/2002 de Protección de la Infancia. El presidente Joko Widodo dictó el Decreto en mayo, a raíz de varios casos notorios de violación de menores y las consiguientes peticiones de políticos de endurecimiento de las penas para los perpetradores de delitos sexuales contra menores.

El artículo 81 de la legislación revisada impone la castración química forzada como pena adicional para “quien cometa violencia o amenace con violencia para obligar a un niño -persona menor de 18 años- a tener relaciones sexuales con él o con otra persona que causen: más de una víctima, lesión grave, trastorno mental, enfermedades infecciosas, pérdida o disfunción de los órganos reproductores y/o muerte de la víctima”.

Según la legislación revisada, la castración química se llevará a cabo en el perpetrador durante un periodo de hasta dos años tras el cumplimiento de su pena de prisión. Esta pena no es aplicable a los perpetradores menores de 18 años.

La castración química forzada incumple la prohibición, en virtud del derecho internacional, de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tratados en los que Indonesia es Estado Parte.

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Los líderes mundiales han “eludido, no compartido” la responsabilidad de la crisis de refugiados

Por: Amnistía Internacional. 17-09-2016

El lamentable fracaso de la cumbre de la ONU a la hora de atajar la crisis global de refugiados, cada vez más aguda, es una oportunidad perdida que afectará a millones de las personas más vulnerables del mundo a menos que los líderes encuentren soluciones alternativas para ayudarlas a alcanzar un lugar seguro, ha declarado Amnistía Internacional con motivo de las dos cumbres de refugiados de gran repercusión que se celebran la semana que viene.

Los Estados miembros de la ONU están listos para adoptar un acuerdo ineficaz sobre refugiados el 19 de septiembre. El 20 de septiembre, el presidente de Estados Unidos Barack Obama pedirá a los líderes que hagan compromisos específicos que contribuyan a poner fin al sufrimiento de las personas refugiadas en el mundo, llamamiento que hasta ahora ha sido ignorado deliberadamente.

“Frente a la peor crisis de refugiados del mundo en 70 años, los líderes mundiales han mostrado una escandalosa indiferencia hacia los derechos humanos de las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares debido al conflicto o la persecución”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Ya sabemos que la cumbre de la ONU está condenada a un lamentable fracaso, mientras que parece improbable que la de Obama pueda reparar los daños.”

El secretario general de la ONU Ban Ki-moon había propuesto un Pacto Mundial sobre Refugiados en el que habría pedido a los gobiernos que se comprometieran a acoger cada año al 10 por ciento de las personas refugiadas del mundo.

Sin embargo, los Estados miembros vaciaron de contenido las propuestas de la ONU, asegurándose de que nada los obligase a recibir a un número concreto de personas.

El Pacto Mundial sobre Refugiados ya no se acordará antes de 2018. En su lugar, los Estados emitirán la “Declaración de Nueva York”, con compromisos simbólicos, pero exento de medidas concretas de reparto de la responsabilidad.

“Hemos esperado dos años esta cumbre. Los líderes mundiales deberían anunciar unas medidas claras y concretas para poner fin a la crisis de refugiados. La ONU había propuesto inicialmente un ambicioso plan, pero la Unión Europea, Rusia y China, entre otros, sacrificaron los derechos de las personas refugiadas en aras de los intereses nacionales y perdieron una enorme oportunidad de respaldar una solución global a la crisis”, prosiguió Salil Shetty.

“En lugar de compartir la responsabilidad, los líderes mundiales la han eludido. La cumbre de la ONU ha sido saboteada por unos Estados que actúan para proteger sus propios intereses, dejando a millones de personas refugiadas en situaciones extremas en todo el mundo al borde de un precipicio.”

“Pero los gobiernos no deberían engañarse pensando que esto les permite salirse con la suya. Los Estados miembros de la ONU tienen el deber moral y legal de acoger hoy a las personas refugiadas que necesitan ayuda.”

Al día siguiente de que se adopte el documento suavizado de la ONU, el 20 de septiembre, el presidente Obama acogerá una Cumbre de Líderes en Nueva York concebida para obtener compromisos específicos de los Estados miembros para ofrecer vías seguras y legales a las personas refugiadas, algo que la mayoría de ellos no ha hecho hasta ahora. También pedirá a los líderes que donen dinero para ayudar a la población refugiada.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos, especialmente a los de los países más ricos, que se comprometan urgentemente a reasentar a un número significativamente mayor de personas refugiadas y a facilitarles vías legales para alcanzar la seguridad, sea en la Cumbre de Líderes de Obama o en las próximas semanas.

Los líderes mundiales han sido totalmente incapaces de acordar un plan para proteger a los 21 millones de personas refugiadas del mundo.
Salil Shetty

“La cumbre de Obama debe revitalizar los esfuerzos para resolver la crisis de refugiados mostrando que al menos algunos gobiernos tienen el firme compromiso de ayudar a estas personas”, afirmó Salil Shetty.

“Necesitamos con apremio una muestra rápida y decisiva de liderazgo por parte de un núcleo de países dispuestos a asumir la responsabilidad y a ayudar inmediatamente acogiendo a algunos de los refugiados más vulnerables y proporcionando visados humanitarios, de trabajo y de estudios a otros. Cuantos más países den un paso adelante, más viable será una solución.

“A largo plazo, necesitamos una forma más organizada de compartir esa responsabilidad, y los Estados deberían acordar unos criterios objetivos para decidir qué proporción de personas refugiadas del mundo debe asumir cada uno, basándose en su capacidad de acogida.”

Según el ACNUR, hay 21 millones de personas refugiadas en el mundo hoy, y sólo el 14 por ciento está en las regiones más ricas del planeta.

Juntos, Etiopía, Kenia, Jordania, Líbano, Pakistán y Turquía acogen a un tercio de la población refugiada del mundo, cuando representan un 1,6 por ciento de la economía mundial. Ahora mismo, se está reasentando cada año únicamente a alrededor de 100.000 personas refugiadas; el 90 por ciento de ellas sólo en cinco países (Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega y Reino Unido).

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo captando apoyos en todo el mundo para mejorar el reparto de responsabilidades a fin de hacer realidad los derechos de las personas refugiadas, y esta semana lanzará una campaña global llamada “Te doy la bienvenida” para pedir a los gobiernos que den la bienvenida a las personas refugiadas.

“Los líderes mundiales han sido totalmente incapaces de acordar un plan para proteger a los 21 millones de personas refugiadas del mundo, que son algunas de las personas más vulnerables del planeta. Pero donde los líderes fracasan, actuarán las personas de buena conciencia. El cambio empieza con estas palabras: Yo doy la bienvenida a las personas refugiadas”, concluyó Salil Shetty.

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Frontera entre Siria y Jordania: 75.000 personas refugiadas atrapadas en tierra de nadie en el desierto en condiciones terribles

Por: Amnistía Internacional. 16-09-2016

Imágenes de vídeo y de satélite que muestran cementerios improvisados y túmulos ofrecen una visión poco frecuente de una tierra de nadie en el desierto, entre Jordania y Siria, donde están atrapadas decenas de miles de personas refugiadas que llevan prácticamente dos meses sin recibir ayuda humanitaria, ha declarado Amnistía Internacional.

Testimonios recientes recabados por la organización de personas que están en la zona conocida como “la berma” describen un panorama desesperado de sufrimiento humano y ponen de relieve las trágicas consecuencias del fracaso del mundo a la hora de compartir la responsabilidad de la crisis global de refugiados. La próxima semana, los líderes mundiales se reunirán en Nueva York en dos cumbres de alto nivel para hablar de la población refugiada.

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Imagen de satélite que muestra cementerios improvisados en el campo informal de refugiados de Rukban, en la frontera entre Siria y Jordania, donde miles de personas refugiadas se encuentran atrapadas. © CNES 2016, Distribution AIRBUS DS. Imagen de un vídeo obtenido a través del Consejo Tribal de Palmira y Badia

“La situación en la berma ofrece una dura imagen de las consecuencias del lamentable fracaso del mundo a la hora de compartir la responsabilidad de la crisis global de refugiados. El efecto multiplicador de este fracaso ha sido que muchos vecinos de Siria cierren sus fronteras a las personas refugiadas”, afirmó Tirana Hassan, directora del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

“Es un panorama desesperado para las personas que están atrapadas en la berma, se está acabando la comida y abundan las enfermedades. Algunas personas padecen o incluso mueren de enfermedades prevenibles, sólo porque no les permiten entrar en Jordania y las autoridades han bloqueado el acceso a la ayuda humanitaria, el tratamiento médico y una respuesta humanitaria significativa.”

Los países vecinos de Siria, incluida Jordania, que alberga a 650.000 personas refugiadas, han acogido a la inmensa mayoría de quienes huyen del conflicto, lo que ha sobrecargado gravemente sus recursos. Con motivo de las dos cumbres de la semana próxima, Amnistía Internacional ha pedido también a los líderes mundiales que vayan más allá de la retórica y hagan compromisos concretos para acoger su porcentaje justo de refugiados, aliviando la presión que sufren los países que albergan a un gran número de ellos. La organización también pide a Jordania que permita la entrada inmediata de los refugiados y refugiadas que están en la berma.

Hambre, enfermedad y muerte

La ayuda humanitaria a quienes están en la berma, que ya era limitada, cesó por completo cuando las autoridades jordanas cerraron los pasos fronterizos de Rukban y Hadalat después de un ataque mortal el 21 de junio en el que murieron siete guardias de fronteras. Desde entonces,sólo se ha hecho una entrega de ayuda alimentaria a principios de agosto, para las más de 75.000 personas atrapadas allí. Las autoridades jordanas han prohibido a las agencias de ayuda el acceso a la tierra de nadie y estas se ven obligadas a dejar los suministros al otro lado del terraplén de arena (en la berma) con grúas.

Abu Mohamed, que lleva cinco meses viviendo en el campo informal de Rukban, dijo que la situación allí se ha deteriorado enormemente desde el ataque del 21 de junio.

“La situación humanitaria es muy mala, la situación de los niños en concreto es muy mala. Tenemos agua para beber, pero casi nada de comida o leche […] es horrible”, dijo.

“Ha muerto mucha gente […] Repartieron sólo arroz y lentejas y un kilo de dátiles secos, pero era para todo el mes, no nos dieron más que eso. Los ánimos de la gente en Rukban están bajo cero.”

Las imágenes de vídeo obtenidas por Amnistía Internacional muestran dos cementerios improvisados en Rukban en los que hay decenas de túmulos, muy cerca de las tiendas de los refugiados.

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Imágenes de satélite que muestran la ubicación de un segundo cementerio improvisado en Rukban. © CNES 2016, Distribution AIRBUS DS. Imagen de un vídeo obtenido a través del Consejo Tribal de Palmira y Badia

La falta de acceso a atención médica adecuada y las terribles condiciones son una combinación letal. Según informes, la falta de higiene, las deficientes condiciones de saneamiento y el acceso limitado a agua limpia han causado un brote de hepatitis, que se cree que es la causa principal de las muertes infantiles en Rukban.

Fuentes humanitarias indican que desde junio ha habido al menos 10 muertes por la hepatitis. Según fuentes de Rukban, muchos de los fallecidos son niños que sufrían ictericia, que es consecuencia de la hepatitis.

Los trabajadores de ayuda humanitaria también han informado de que desde el 21 de junio ha habido al menos nueve muertes relacionadas con partos. Los informes indican que entre la población refugiada que no tiene acceso a atención médica hay un número significativo de mujeres embarazadas.

Es difícil verificar el número total de fallecimientos dada la falta de acceso a la berma.

Deslice para ver imágenes de Rukban, antes y después de que surgiera el campo

Según fuentes del interior de Rukban, a finales de agosto, un hombre de 20 años murió por complicaciones de la ictericia, siendo lo más probable que fuera como consecuencia de la hepatitis. Al parecer, la muerte se debió a una hemorragia gastrointestinal. Debido a la falta de tratamiento médico, no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

Otras enfermedades prevalentes que se están propagando en el campo son las infecciones respiratorias, la deshidratación, la leishmaniasis y la diarrea.

Las imágenes de satélite obtenidas por Amnistía Internacional muestran que desde octubre de 2015 la densidad de la población cerca de los dos campos informales fronterizos de Rukban y Hadalat ha aumentado de forma significativa.

Aunque el número de personas refugiadas en Hadalat disminuyó ligeramente tras la interrupción de la respuesta humanitaria en junio y los ataques aéreos rusos en las proximidades de julio, en general hay un aumento constante del número de refugiados en la berma.

En Rukban, el número total de alojamientos aumentó de sólo 368 hace un año a 6.563 a finales de julio de 2016, y recientemente, en septiembre de 2016, a más de 8.295. Esta espectacular afluencia de personas pone de relieve el hecho de que en los últimos meses, miles de personas han seguido huyendo del conflicto en Siria, donde se están cometiendo a diario crímenes de guerra y otras violaciones graves.

Las preocupaciones de seguridad aumentan las restricciones

Las autoridades jordanas han alegado en reiteradas ocasiones los motivos de seguridad como razón para cerrar la frontera, interrumpiendo las operaciones humanitarias en la berma. El ministro de Estado para Asuntos de Medios de Comunicación de Jordania, Mohammed al Momani, dijo a Amnistía Internacional que la zona situada en torno a la berma se está “convirtiendo en un enclave de Daesh” (controlado por el grupo armado que se autodenomina Estado Islámico). Aunque reconoció que la situación humanitaria en el lugar es difícil y dijo que Jordania está dispuesta a asumir su parte de responsabilidad, también pidió a la ONU y a la comunidad internacional que hicieran su parte por las personas refugiadas que están en la berma.

“No hay duda de que la seguridad es importante, pero no se debe proteger a las personas en Jordania a expensas de proporcionar asistencia humanitaria y protección a quienes la necesitan desesperadamente”, declaró Tirana Hassan.

Jordania había acogido a las personas refugiadas de Siria a través de sus fronteras y realizado rigurosos procesos de cribado e inscripción antes de permitir su entrada en el país. Las autoridades pueden usar estos procesos de nuevo para abrir sus puertas a las personas refugiadas que huyen del conflicto en Siria, al mismo tiempo que garantizan la seguridad.

La ONU está negociando con las autoridades jordanas planes para desplazar los puntos de reparto de ayuda humanitaria unos 2 kilómetros dentro de la tierra de nadie, lejos de la frontera jordana, creando una zona temporal de seguridad para permitir que se reanuden las operaciones humanitarias.

“Se reparta la ayuda junto a la berma o a 2 kilómetros no cambia el hecho de que hay decenas de miles de personas que buscan protección internacional a las puertas de Jordania, ni exime a las autoridades de su obligación de ofrecer un lugar seguro a quienes huyen del conflicto y la persecución”, afirmó Tirana Hassan.

“Obligar directa o indirectamente a los refugiados a volver a Siria negándoles el acceso e imponiendo unas condiciones de vida intolerables es una violación flagrante de las obligaciones internacionales de Jordania. Las autoridades deben permitir el acceso humanitario sin restricciones a las personas refugiadas atrapadas. Cualquier intento de coaccionarlas o de pedirles que se marchen debe ser rechazado.”

Sin embargo, la solución a largo plazo tendrá que ser una solución global. En el ámbito internacional, las plazas de reasentamiento para personas refugiadas procedentes de Siria siguen siendo totalmente insuficientes. Los países de la región continúan sufriendo las consecuencias de la crisis de refugiados, pues hay más de cuatro millones de personas refugiadas en sólo tres países.

“Si no hay unos compromisos reales para fomentar el reasentamiento, seguidos de medidas concretas, las cumbres sobre personas refugiadas de la próxima semana servirán de poco más que de gesto simbólico”, concluyó Tirana Hassan.

“No ofrecer una solución a largo plazo para las personas refugiadas que están atrapadas en la berma no será solamente un fracaso del mundo allí, sino su fracaso ante los refugiados y refugiadas de todo el mundo.”

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Inscríbete ya en el curso en línea gratuito de Amnistía sobre los derechos de las personas refugiadas

Por: Amnistía Internacional. 08-09-2016

Ya puedes inscribirte en el segundo curso en línea masivo y abierto de Amnistía sobre derechos humanos. Podrás adquirir los conocimientos necesarios para defender y promover los derechos de las personas refugiadas en todo el mundo.

INSCRÍBETE YA

Nuestro curso gratuito Derechos humanos: Los derechos de las personas refugiadas no tiene límite de plazas y estará disponible durante 12 meses, desde el 16 de noviembre de 2016 hasta el 19 de noviembre de 2017.

¿Quién puede hacer el curso?

Puede hacer este curso cualquier persona con acceso a Internet, independientemente de que esté en la escuela o en la universidad, de que participe en el curso dentro de un grupo o que lo haga por su cuenta en su tiempo libre.

El curso se impartirá en español, francés e inglés.

¿Qué obtendrás?

Podrás:

  • Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para defender los derechos de las personas refugiadas
  • Conectarte con una comunidad global que hace campaña en favor de los derechos de las personas refugiadas en todo el mundo
  • Aprender de una organización que está en primera línea, con un largo historial de defensa de los derechos humanos
  • Estimular el pensamiento crítico e interactuar con otras personas participantes. Con ellas, aprenderás a empoderarte para generar cambios.

También podrás solicitar tu certificado al final del curso.

¿Cuál es el contenido del curso?

  • Una introducción a los derechos de las personas refugiadas y al concepto de protección internacional.
  • Los motivos por los que la gente huye de su hogar, y las condiciones extremas a las que se enfrentan las personas refugiadas.
  • El papel del gobierno en la protección de los derechos de las personas refugiadas, y cómo puedes contribuir a garantizar el respeto de esos derechos.

Inscríbete ya

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