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Un mundo que busca la seguridad

Por: Dinorah García Romero

Los pueblos tienen la necesidad de un mundo más seguro. Esta seguridad cada día se siente amenazada por imprevistos como las pandemias; y por hechos calculados y planificados, como las guerras y los distintos tipos de delincuencia.

Formamos parte de un mundo marcado por avances extraordinarios en órdenes diversos. Por ello participamos de escenarios en los que las ciencias y las tecnologías, con bastante frecuencia, sorprenden con cambios e innovaciones. Estos adelantos ponen en evidencia la gran capacidad que tiene el ser humano para la invención y la recreación. Los avances indicados permiten la solución de múltiples problemas que aquejan a la humanidad en muchos ámbitos; especialmente, en materia de salud, educación, comunicación y alimentación. En estos aspectos, el desarrollo es notable y su impacto en la vida de las personas y de los pueblos es evidente y, por tanto, innegable. Pero, los adelantos no llegan con el mismo potencial ni con la rapidez requerida a las diferentes naciones. Las más desarrolladas se benefician de forma directa e intensiva; de forma indirecta y lenta, las naciones más pobres. La distribución de los resultados de los avances es cada vez más desigual en el mundo. Los beneficios de las transformaciones generadas por las ciencias y las tecnologías son exiguos para los países en desarrollo; son exorbitantes para los países ricos. Esta situación acentúa el déficit de solidaridad y de voluntad política para compartir los bienes que  conllevan los progresos científicos y tecnológicos. La gestión y la distribución de los bienes que derivan de estos avances constituyen un obstáculo al desarrollo global de los pueblos. Se percibe una gestión y una distribución centralizada y poco alentadora de la fraternidad universal. Un ejemplo claro es la crisis que supone la desigual adquisición de las vacunas necesarias para contrarrestar la COVID-19. Mientras hay países a los que les sobran vacunas, a otros les falta la primera dosis, como sucede en África. Hay una voluntad clara de retener para sí los bienes científicos y tecnológicos, que deben ser de todos.

En medio de una crisis de la igualdad en el mundo, se produce una búsqueda intensa de la seguridad de las personas y de la sociedad en general. Vivimos la contradicción de un mundo que, por sus progresos científicos y tecnológicos, se ha convertido en una aldea global. Pero esta aldea cada día siente el peso de la inseguridad. Las variantes de la COVID-19 no dan tregua. Esta inseguridad, provocada por diferentes factores, particularmente por las variantes que se producen en este tiempo de pandemia, genera en las personas y en los pueblos una experiencia signada por condiciones de inseguridad y de inestabilidad. Somos parte de un mundo que tiene la necesidad de sentirse seguro; que busca cómo liberarse de todo aquello que limita su acción y sus capacidades. Es una búsqueda de nivel mundial. El poderío que exhibe el mundo a partir del uso inteligente de las innovaciones de las ciencias y de las tecnologías, contrasta con la inseguridad que viven las naciones en estos tiempos. Este fenómeno constituye un desafío para los científicos y para la gente común. En la base de esta inseguridad está la falta de visión del liderazgo mundial sobre la importancia de pensar y de buscar la seguridad colectiva. La superación de la inseguridad ha de ser un compromiso colectivo. Este requiere voluntad política y un ejercicio solidario real dentro de cada país y entre los países. La seguridad no solo se afecta con la aparición de variantes. Se lesiona de forma grave con la delincuencia social, con la corrupción y con la impunidad. Esta tríada está vigente en el mundo que habitamos. Los líderes del mundo han de hacer un esfuerzo conjunto para pensar de forma holística. Los ciudadanos también han de aportar sus conocimientos y experiencias para contribuir a la construcción de un mundo más solidario y seguro. Los pueblos tienen la necesidad de un mundo más seguro. Esta seguridad cada día se siente amenazada por imprevistos como las pandemias; y por hechos calculados y planificados, como las guerras y los distintos tipos de delincuencia. Hemos de apoyar la construcción de una sociedad global más sana, segura y resiliente

Fuente: https://acento.com.do/opinion/un-mundo-que-busca-la-seguridad-9012910.html

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Las construcciones escolares en sala de espera

Por: Dinorah García Romero

La construcción deficiente de un edificio escolar se convierte en un acto de violencia contra los estudiantes y contra todas las personas que trabajan en estas instalaciones. También, es un acto de insensibilidad humana y ciudadana.

Las construcciones escolares se asumen en la República Dominicana como tarea exclusiva de los administradores de la educación y de los ingenieros contratados. La información sobre los criterios y procesos que se desarrollan en torno a la construcción de un edificio escolar son desconocidos por las comunidades en las que se insertan. Más desinformación tiene, todavía, la sociedad. Generalmente, se informa la cantidad de edificios escolares que se van a construir y los lugares afortunados. Cuando los resultados de las construcciones son deficientes y hasta peligrosos para los habitantes de estos edificios, entonces suenan las alarmas.  Las informaciones sobre los vicios de construcción y la distancia existente entre el centro educativo construido y las necesidades de la comunidad las aportan fenómenos naturales. Gracias a los huracanes, los sismos y las tormentas, la sociedad se entera del riesgo que constituye el mayor porcentaje de las construcciones escolares del país. Por ello consideramos que estas edificaciones están en sala de espera. Este espacio casi hay que cambiarlo para una sala de urgencia. Las condiciones por las que esperan son críticas. Los informantes clave, que son -hasta la fecha- los fenómenos naturales señalados, testifican que muchos centros educativos se edifican con materiales de baja calidad y en terrenos inconsistentes. De igual manera, tienen déficit de luminosidad, de ventilación y de adecuación al medio.  Esto provoca inseguridad sistémica en las familias, en las comunidades y en los actores escolares.

La realidad que planteamos genera interrogantes que debieran tener respuestas concretas de las instancias implicadas en las construcciones escolares: ¿Qué seguimiento les da el Ministerio de Educación a las construcciones de los centros educativos? ¿Qué hace el CODIA para que sus miembros actúen con la ética y la responsabilidad requeridas? ¿Los gestores de los centros educativos contemplan o actúan ante los riesgos que afrontan?  ¿Las comunidades están conscientes del peligro que suponen estas edificaciones?  Estos interrogantes tienen cientos de años abiertos en este país. Quizás llegó el momento de actuar para que las respuestas no continúen en el vacío y, sobre todo, para anticiparse a problemas que comprometan la vida de los estudiantes y de todos los demás actores de los centros educativos.

Diversos medios de comunicación, redes sociales y personas denuncian la gravedad de la situación de los edificios escolares ante fenómenos de la naturaleza. Éstos son cada vez más frecuentes y agresivos en la región. Por tal motivo, lo recomendable es que el gobierno actual coloque este problema en las prioridades de su agenda. Le proponemos que revise las políticas que rigen para la ubicación y edificación de los centros educativos. Se debe revisar y poner atención a la arquitectura de estos centros para que no establezcan ruptura con la naturaleza y con la cultura de las comunidades; asimismo, para que la edificación garantice la vida y la seguridad de los que las habitan. Las edificaciones escolares han de destacarse por la interrelación armónica entre factores medioambientales, de salud, estéticos y de seguridad. Han de ser edificios que motiven el deseo de aprender y de enseñar. La COVID-19, que se mantiene en acción y no sabemos hasta cuándo, tiene que ser tomada en cuenta. Las edificaciones escolares han de responder a necesidades sentidas y no al capricho económico de administradores y contratistas. La permanencia de las construcciones escolares en la sala de espera es cada vez más duradera. Prácticas vinculadas a la corrupción y a la ignorancia de las necesidades y demandas de una educación de calidad generan esta situación.

La construcción deficiente de un edificio escolar se convierte en un acto de violencia contra los estudiantes y contra todas las personas que trabajan en estas instalaciones. También, es un acto de insensibilidad humana y ciudadana. Los estudiantes tienen derecho a estar informados de este problema. Ellos tienen que aprender a cumplir con sus deberes y a defender sus derechos. No más sala de espera. Sí, a la atención gubernamental, ministerial y social, a las construcciones escolares para que preserven la vida humana; y para que contribuyan al fortalecimiento de la calidad de la educación y de los aprendizajes personales, sociales e institucionales.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/las-construcciones-escolares-en-salda-de-espera-9010586.html

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Educación para afrontar el cambio climático

Por: Dinorah García Romero 

Es preocupante observar cómo se recrudecen los problemas vinculados al cambio climático y en el ámbito educativo todo continúa como si esto no estuviera ocurriendo.

Hace varios años que el cambio climático es tema de diálogo, de preocupación y de investigación permanente. Los llamados a afrontar el cambio climático con celeridad y corresponsabilidad son más persistentes. Los jóvenes se muestran cada vez más sensibles a este problema y están constituyendo redes humanas comprometidas con la causa del cambio climático. En reuniones de carácter global, el cambio climático aparece como tema  relevante, como ocurre ahora en la reunión del G20, que se desarrolló los días 30 de octubre y 1° de noviembre del año en curso. Los líderes mundiales, aunque hacen poco para frenar las embestidas provocadas por los efectos del cambio climático, continúan prometiendo la búsqueda de acuerdos para eliminar o, al menos, reducir las emisiones de gases que afectan la biodiversidad y la existencia humana. Los 20 países más industrializados del mundo y los invitados a la reunión que tuvo lugar en Roma, tienen una responsabilidad muy grande para que se inicien ya programas y proyectos que incidan integralmente en acciones para revertir la destrucción del planeta. Hay resistencias a un cambio en el modo de producir, de invertir y de vivir. Hay un interés marcado en grupos económicos poderosos en continuar obviando los riesgos y desastres ocasionados por la acción del cambio climático. No les basta observar los resultados de sequías prolongadas, de la reducción y la extinción de especies. Mucho menos los inmutan las enfermedades y las muertes de humanos, producto de la ferocidad del cambio climático. Pero esto no es solo tarea obligada de los países más desarrollados. Es un compromiso de todos.

Si el cambio climático es un compromiso global, que no exime a nadie, la educación de la República Dominicana tiene que ponerse a tono con lo que éste exige. El Ministerio de Educación, MINERD, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, unidos a otras instituciones del país, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente y la red de instituciones que le dan seguimiento a la prevención de riesgos y desastres- COE, Defensa Civil y otros-, deben estar ya trabajando para diseñar un plan maestro que garantice información de más calidad y educación para afrontar el cambio climático. Este es un problema de Estado; y ninguna de las instituciones se pueden sustraer de éste.  Para afrontar el cambio climático, no solo se pueden firmar documentos locales e internaciones. Se requiere trabajo definido, organizado y con implicaciones prácticas. Los Ministerios señalados están actuando con baja intensidad y de forma unilateral. Lo que tiene más fuerza es la exhortación, pero de ahí a la acción con incidencia real, hay poco. La educación para afrontar el cambio climático demanda una mirada profunda al currículo del ámbito preuniversitario y a los planes de estudios del ámbito de la educación superior. Asimismo, requiere una revisión de las estrategias implementadas por estas instituciones para que las poblaciones que lideran cambien actitudes y prácticas para la construcción de unas relaciones más amigables y respetuosas con la naturaleza. Estas instituciones han de evaluar sus aportaciones para que se cuide y se respete la vida de todos los seres que habitan el territorio dominicano. Es preocupante observar cómo se recrudecen los problemas vinculados al cambio climático y en el ámbito educativo todo continúa como si esto no estuviera ocurriendo. Ya es tiempo de replantear concepciones y prácticas en el desarrollo curricular y en el diseño y ejecución de los planes de estudios. También es tiempo de reenfocar la gestión de las instituciones que más directamente tienen una función educativa en el país. El trabajo que se realice tiene que generar una transformación en el modo de pensar y de tratar la naturaleza. Para avanzar en esta dirección, el gobierno tendría que explicitar su posición con respecto al cambio climático. Pero no es ampliar el discurso, es presentar la estrategia gubernamental para que en el país se realice un trabajo articulado desde todas las instituciones. Tenemos grandes retos en este campo y, sobre todo, un compromiso importante con la generación actual y con la futura.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/educacion-para-afrontar-el-cambio-climatico-9001194.html

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Educación y reforma fiscal

Por: Dinorah García Romero 

Que especialistas en reforma fiscal, políticos comprometidos con el bien común y funcionarios del gobierno formados en este campo y sensibles a los más vulnerables, diseñen una estrategia de información y de educación.

La sociedad dominicana escucha con atención, y con no menos preocupación, una posible e inminente reforma fiscal. Cada vez que se debate un tema de esta naturaleza, las personas más vulnerables, en los ámbitos educativos y económicos, acumulan tensiones y cuentan con poca ayuda para obtener información y orientación clarificadoras. Se institucionaliza, cada vez más, la cultura de hacer un debate entre los teóricos de las reformas. Un grupo reducido, constituido por los versados en temas económicos y en la articulación de estos con la política, se convierten en las estrellas del discurso. Se asumen como los grandes premonitores del presente y del futuro de la sociedad en todos sus niveles y ámbitos. Los medios de comunicación, las redes sociales y los canales con que cuenta el gobierno convierten el tema de la reforma fiscal en prioridad, antes de que se anuncie oficialmente. El conocimiento de los análisis y de las implicaciones de una reforma fiscal es pertinente, pero no lo es mantenerlos en un círculo de eruditos económico-políticos. Estos lanzan epítetos; anuncian convulsiones y fracturas sociales, sin una propuesta educativa para el mayor porcentaje de la población que no tiene formación alguna en el tema.

Es tiempo de cambiar la metodología y de establecer coherencia entre la denuncia permanente sobre la falta de educación de la mayoría de los ciudadanos y un esfuerzo real por el fortalecimiento de su educación. Los grandes temas que inciden de forma directa en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo del país requieren la inclusión de una propuesta de formación ciudadana. Este tipo de propuesta no tiene nada que ver con mecanismos manipuladores para que la sociedad acepte una reforma que robustezca el capital de los más ricos y deteriore vertiginosamente la ya precaria situación del porcentaje más elevado de la población. Es recomendable que a la ciudadanía en general, especialmente a la más sencilla en materia educativa, se le explique la naturaleza de la reforma, las razones que le dan sentido y las implicaciones para los ciudadanos. De igual manera, se ha de diseñar una estrategia que involucre a la ciudadanía en la discusión. Es necesaria una discusión inclusiva y democrática. No se debe mantener una discusión elitista que les dicte a los demás los planteamientos centrales de una reforma que va a impactar la vida de la gente.

Es importante que los teóricos de la reforma fiscal y el gobierno revisen qué quieren decir cuando se lamentan por la baja calidad de la formación ciudadana. También deben revisar por qué no aprovechan los temas vitales para mejorar de forma significativa la educación y la participación social. Estos temas vitales son los que deben analizarse en un contexto educativo y de participación amplia. De no ser así, se incide de forma negativa en la calidad de la formación ciudadana; y las personas se convierten en objetos de los economistas, de los políticos y del gobierno. La privatización de los saberes y de los métodos de análisis y discusión deben ser asuntos del pasado.

Parecería que hay interés en el desarrollo de tensiones sociales. Estas se cultivan y emergen sin esfuerzo alguno cuando a la ciudadanía se le mantiene orillada de la información integral, del debate y del diálogo reflexivo. Si ese interés es real, es tiempo de cambiar de posición y abrirse a un proceso que priorice la educación en la reforma fiscal y para la reforma fiscal. Para nadie es un secreto que el contexto de la pandemia ha provocado cambios profundos en la esfera de la salud, de la economía, de la educación y de las condiciones de vida. Estos cambios determinan modificaciones necesarias en diferentes ámbitos de la vida nacional, pero no pueden hacerse acentuando el problema educativo de las personas. Proponemos que especialistas en reforma fiscal, políticos comprometidos con el bien común y funcionarios del gobierno formados en este campo y sensibles a los más vulnerables, diseñen una estrategia de información y de educación. Esta estrategia debe tener como objetivo principal el fortalecimiento de la calidad de la educación de la sociedad; y una participación consciente y corresponsable en la reforma fiscal.

Fuente: https://acento.com.do/politica/taveras-califica-las-exoneraciones-como-privilegios-irritantes-de-ejercicio-politico-8999539.html

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Educación, vacunación y muerte

Por: Dinorah García Romero

Los Ayuntamientos deben implicarse en el trabajo de educación de la ciudadanía para que responda de manera positiva a la vacunación. Su función es nula, actúan al margen de la realidad.

El mundo que habitamos es interesante por muchos factores y uno de ellos es la diversidad. Sí, el hecho de que la uniformidad tenga poco o ningún espacio para liderar el dinamismo mundial adquiere mayor relevancia en este período de pandemia. Se parte de esta consideración en el presente artículo por la singularidad que se observa en un elevado porcentaje de personas con respecto a su posición sobre la vacunación, sus repercusiones biológicas, psicológicas y de carácter cultural. Con frecuencia personas jóvenes, adultas y ancianas  plantean sus reservas sobre la vacunación. Consideran que es un mecanismo de los gobiernos para avanzar sus planes orientados a controlar y disminuir la población mundial.Este es uno de los argumentos que se expresan para negarse a la vacunación exigida por la Organización Mundial de la Salud y por los organismos de salud de los diferentes países. Esta posición antivacuna es alentada por líderes políticos y figuras presidenciales marcados por la contradicción en sus discursos y en el comportamiento, como es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil y  Donald Trump en la época en que ostentaba la presidencia en  Estados Unidos. Este expresidente continúa su acción antivacuna con la misma fuerza, desde su posición de líder político. Se observa, con pavor, la cantidad de personas que se adhieren al rechazo de lo que hasta este momento favorece la disminución de la letalidad de la COVID-19. La pretensión no es promocionar la vacuna; el objetivo fundamental es alertar a los líderes sociales, y a las autoridades educativas y del área de la salud para que se sienten a pensar con perspectiva integral la problemática.

El incremento de la muerte de personas sin la vacunación debida urge a que se establezcan estrategias efectivas e integrales. En la base de la negación a las vacunas está el déficit de educación de los ciudadanos. Se podrá argumentar que los presidentes citados tienen una educación exquisita y, sin embargo, se niegan a la vacuna. Aun así, es posible que haya vacíos significativos en su esmerada educación; por lo cual no se puede perder tiempo. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el de Educación y el de Salud Pública tienen que constituir una Mesa permanente que reconvierta las posturas antivacunación. Hay que pasar del llamado a la vacunación a la creación de una cultura de defensa y conservación de la vida. Una cultura se crea con algo más que un llamado unilateral a la vacunación. Es necesario el establecimiento de un sistema que incida en la mentalidad, en las actitudes y en la práctica de los ciudadanos. Para ello la planificación tiene que ser conjunta. Los esfuerzos desplegados para que la República Dominicana haya sido uno de los países más ágiles en la adquisición de vacunas se tienen que corresponder con una planificación sistémica.

El país cuenta con estrategas capaces de posibilitar la estructuración de un programa integral con resultados efectivos. Por ello el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también debe integrarse a la Mesa que se propone. Este ministerio puede contribuir en el proceso de elaboración de la planificación sistémica que sugerimos. Trabajar en esta dirección es ganarle espacio a la muerte. Esta avanza y diariamente exhibe sus logros. Ante su acción avasallante, las autoridades tienen que agilizar el paso; no pueden sentirse satisfechos solo con el eslogan disecado: vacúnense. El énfasis debe hacerse en la  educación de la conciencia crítica y de la corresponsabilidad de la ciudadanía en el amor y en el respeto a la vida. La planificación sistémica requiere atención especial del proceso de acompañamiento a la ejecución de las decisiones que se toman para educar y para orientar a la población.

La eliminación del toque de queda en el Distrito Nacional se ha unido a la supresión del uso de mascarilla y al olvido de la distancia física y social. Para muchos, de pandemia no queda nada;  y, por lo tanto, se organizan para una vuelta a la normalidad creada por su imaginación. Pero esta realidad avanza sola. No se perciben estrategias de acompañamiento que  transformen esta práctica. Los Ayuntamientos deben implicarse en el trabajo de educación de la ciudadanía para que responda de manera positiva a la vacunación. Su función es nula, actúan al margen de la realidad. Hay que implicarlos para que trabajen en la articulación de más educación, respuesta positiva a la vacunación y reducción de muertes por ignorancia multiplicada. Es importante un trabajo en red para mayor cuidado y robustecimiento de la vida. La tríada educación, vacunación y muerte, demanda acción política razonada y holística.

Fuente de la información:  https://acento.com.do

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Solidaridad más que nunca

Por: Dinorah García Romero

Superar una solidaridad coyuntural y con matices teatrales. Se ha de posibilitar una solidaridad pensada, que incida en la mejora de dimensiones sustantivas del desarrollo de la sociedad haitiana.

La República Dominicana se caracteriza por tener relaciones cercanas y solidarias con la mayoría de los países de la región y de otras esferas geográficas del mundo. Con los regímenes del continente que se inscriben en el círculo del socialismo, como el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la relación es más distante y fríamente calculada. La relación de la  República Dominicana con los tres países antes mencionados es frágil, comparada con la relación que los últimos gobiernos han exhibido con China. En el marco de las relaciones con otras naciones, se destaca la relación con Haití. Dos países en una misma isla, que, a pesar de las luchas históricas entre ambos, trabajan de forma continua para fortalecer sus respectivas identidades. Desarrollan esfuerzos para abrirle espacio al diálogo y ponerlo en ejecución en un clima de respeto y acogida. Esto ocurre a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de las dos naciones por crear una relación tóxica entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano.

En este sentido, centramos nuestra atención en el momento que vive la sociedad haitiana. En el 2021, en un  corto período  se ha visto afectada por dos terremotos de gran magnitud: el terremoto político generado por el magnicidio del presidente de la República y el terremoto de magnitud 7,2 acaecido el 14 de agosto del año en curso.  Este último fenómeno agrava la situación de pobreza, de indefensión e inestabilidad política y social. A los acontecimientos actuales, se unen los problemas irresueltos generados por el terremoto de 2010. La herencia de este terremoto: alto índice de personas sin hogares e infraestructura pendiente de reparación.  Esta situación está por encima de las posibilidades del país afectado y requiere de la solidaridad de las naciones de América Latina y el Caribe.  Requiere, también, la colaboración de los países y de las personas que se han beneficiado de la riqueza natural y de la condición de empobrecimiento de ese país. Es necesario desplegar solidaridad más que nunca. Ya el discurso se agotó, ahora se impone la ayuda real aun en medio de los riesgos y de la peligrosidad presentes en el territorio haitiano.

El fortalecimiento de la solidaridad no es algo fortuito. Ha de ser una solidaridad focalizada y acompañada de un interés por el bienestar de la población de ese país. Este requiere que sus amigos y aliados decidan, de una vez y por todas, un apoyo sistemático que les permita fortalecer la institucionalidad, la democracia y la atención a las necesidades de la población. Es preciso repensar la solidaridad con un país con un empobrecimiento estructural. No abogo por una sustitución pura y dura del trabajo y de los esfuerzos que les toca a los haitianos. No. Lo que planteo es que se ha de superar una solidaridad coyuntural y con matices teatrales. Se ha de posibilitar una solidaridad pensada, que incida en la mejora de dimensiones sustantivas del desarrollo de la sociedad haitiana. En el ámbito de la solidaridad, se ha de cambiar la misma práctica ante fenómenos críticos. Se espera que el componente creativo y el contexto favorezcan la búsqueda de estrategias de solidaridad más duraderas en el tiempo y más consistentes en las acciones. Es un imperativo cualificar la solidaridad. Esta se ha de acompañar de apoyo a programas y proyectos orientados al fortalecimiento de la madurez política, socioeducativa y económica de Haití. Solidaridad más que nunca, salvando la soberanía del país hermano y con perspectiva más integral e innovadora.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/solidaridad-mas-que-nunca-8975738.html

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¿Culpables o víctimas?

Por: Dinorah García Romero 

Es necesario que este ministerio sea el primero en responder a los requerimientos de una educación digna, consistente y comprometida éticamente. Decidamos hablar menos y hacer más, para que los docentes dejen de ser instrumentos de sectores, instancias y políticos a los que no les importa el país ni, mucho menos, la educación.

La República Dominicana se prepara en estos días para la apertura del nuevo año escolar con la modalidad presencial. Llega el retorno anhelado. Muchos estudiosos y experimentados de la educación afirman que la presencialidad es lo mejor. Sostienen que las posibilidades de comunicación y de interacción próxima y física entre los actores son fundamentales. Otros consideran que un proceso de aprendizaje bien enfocado desde la modalidad virtual produce resultados óptimos de aprendizajes. Reconocen la necesidad de condiciones cualificadas en todos los órdenes, para que esto se produzca.

Se inicia el año escolar en septiembre en el sector público. Desde que empieza este período, además de los estudiantes, el centro de atención son los docentes.  En torno a los docentes se producen reflexiones, comentarios y posiciones de todos los tipos con diversidad de tonos y epítetos. Las voces con mayor resonancia gimen por la presencia de docentes, en las aulas, carentes de vocación y de capacidad para una acción científico-pedagógica consistente. Esta es una preocupación legítima y real. El problema está en que el docente generalmente es considerado como el depredador de la educación del país y de los aprendizajes de los estudiantes. No estoy ni estaré de acuerdo en que se culpabilice a los docentes como autores materiales del desastre educativo del país. No acepto que se descargue del problema al Estado dominicano, que en las últimas décadas ha acelerado la instrumentalización política de la educación. De esto se habla poco. Es más fácil declarar a los docentes como los pulverizadores de la educación dominicana. Es necesaria una mirada más equilibrada y justa.

El responsable de la educación es el Estado. Si el sentido de la educación y de la calidad de los aprendizajes se han banalizado, no se le puede pedir cuenta solo al docente. Son muchos los dirigentes de la educación y los políticos que buscan y sacan ventajas del clientelismo político en los centros educativos, en las direcciones de las Regionales, en las direcciones distritales y en el Ministerio de Educación. Este clientelismo se ha institucionalizado. Unos gobiernos han alimentado el clientelismo educativo abiertamente, otros lo hacen de una forma más sutil y amigable. Cabría preguntarse por qué se trata al Estado dominicano con tanto respeto en este tema, cuando es el principal propulsor del desorden educativo. Reitero que ningún docente se nombra a sí mismo. Son nombrados por el Estado dominicano. Son seleccionados, en los famosos concursos, por los representantes del Estado.  Entonces, enfrentemos el clientelismo político en el campo de la educación. Los docentes, más que culpables, son víctimas de la delincuencia educativa. Esta expresión puede resultar dura, pero esto es lo que ha producido la erosión de la calidad de los aprendizajes y de la dignidad de la función docente. El problema de la educación es de carácter estructural. Los docentes no son marcianos; por tanto, están afectados por las consecuencias de un problema estructural. Jamás apoyaré la displicencia y la irresponsabilidad de los docentes. Pero tampoco apoyo el descrédito permanente a estos actores, mientras se enmudece y se esconden los resultados de un clientelismo político que dispersa y aliena a los docentes. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, ha de revisar el rol que juega para que la cultura clientelar continúe con fuerza a través de los años. Esta Asociación ha de poner su poder y sabiduría al servicio de una educación justa y ética. Los docentes son parte del problema; no son el problema, como se dice en nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que podamos hacer para avanzar hacia cambios estructurales en educación. Reconozco que estos cambios necesariamente han de estar unidos a las transformaciones estructurales que globalmente necesita la nación dominicana. Hasta que introduzcamos las modificaciones estructurales requeridas, dediquémosle tiempo a la persona del maestro y potenciemos la vocación de aquellos que realmente la tienen. De igual modo, prioricemos el rigor científico en la formación de los docentes.

Asimismo, se han de evaluar los gestores de la educación, los docentes y el personal complementario, para que del sector educación vayan desapareciendo los que utilizan este espacio como instrumento, no como causa que los convoca y compromete. De la misma manera, se ha de evaluar el personal del Ministerio de Educación. Es necesario que este ministerio sea el primero en responder a los requerimientos de una educación digna, consistente y comprometida éticamente. Decidamos hablar menos y hacer más, para que los docentes dejen de ser instrumentos de sectores, instancias y políticos a los que no les importa el país ni, mucho menos, la educación. Pedro Poveda y Paulo Freire nos animan a una acción firme y sostenida en esta dirección.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/culpables-o-victimas-8977941.html

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