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Saludable celebración virtual LGBT+

Por: La jornada

Pese a las limitaciones impuestas por la pandemia que mantiene acotada la actividad del mundo entero, se realizó una vez más en México –el sábado 27– la llamada Marcha del Orgullo LGBT+ que tiene lugar desde 1978. Esta vez la celebración, ciñéndose a las restricciones de movilidad dictadas para evitar la difusión del Covid-19, tuvo un carácter virtual; es decir, se llevó a cabo a través de la transmisión por redes sociales de una serie de presentaciones artísticas alusivas al tema, así como de cápsulas informativas, conversaciones sobre pasado, presente y futuro del movimiento organizador, y temas específicos como homologación de derechos para todas las personas en el país y reconocimiento de los derechos para las familias diversas.

Aunque la historia de dicha celebración tiene muchos antecedentes, no fue sino hasta 1999 cuando la marcha llegó por primera vez al zócalo de la Ciudad de México, y cambió su original nombre de Marcha del orgullo gay por el de Marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual, y transgenérico (es decir, las siglas LGBT+, como se le conoce ahora, tras agregarse a la lista otras diversas opciones sexuales).

En sus inicios, rechazado o cuando menos mirado con desconfianza por los sectores más conservadores de la sociedad, el movimiento cumplió otro año de bregar por la visibilización pública de sus integrantes –y por extensión de todas las personas que tienen elecciones sexuales consideradas diferentes– se inscribe en un marco más amplio, donde prevalecen las nociones de coexistencia, modos de relación social y formas de habitar el planeta. En tal sentido, como espacio que abre el pensamiento y las prácticas humanas a otros planos que diferentes de los tradicionales, ocupa ya un lugar bien ganado entre los agentes activos para la construcción de órdenes sociales.

Pero no es corto el camino que todavía le queda por recorrer al movimiento LGBT+ en su búsqueda de pleno reconocimiento. De hecho, la discriminación de que son objeto las personas cuya orientación sexual e identidad de género les son negadas, aún constituye un escollo difícil de sortear en amplios sectores de la sociedad. Las variadas formas de violencia ejercidas en su contra –con su máxima y más repudiable expresión, los crímenes de odio– son todavía moneda corriente en muchas naciones del mundo, la nuestra incluida.

La celebración virtual efectuada ayer, sin embargo, representa otro paso adelante no sólo para el colectivo encargado de darle vida, sino también para todos los sectores sociales convencidos de que es preciso desterrar del mundo, para siempre, la exclusión, el prejuicio y la segregación.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/06/28/opinion/002a1edi

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Coronavirus y odio

Por: La Jornada

 El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer que la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2) ha desatado una oleada de odio y xenofobia en la cual los extranjeros, y en particular los migrantes, son estigmatizados como fuente de contagio; mientras que a las personas de la tercera edad se les caracteriza como prescindibles, y profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y periodistas son atacados por ejercer su trabajo. Ante este panorama, el dirigente de Naciones Unidas hizo un llamado a fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio mediante esfuerzos concertados para erradicar el discurso que incita a estas prácticas.

Cabe recordar que ya en marzo pasado el organismo internacional había advertido acerca de la explotación de los temores que causa la pandemia por parte de grupos y políticos para incitar a la xenofobia y la exclusión. En abril, el propio Guterres llamó la atención sobre el hecho de que la crisis sanitaria se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos, en la medida en que diversos sectores políticos y sociales responden a la propagación del coronavirus con crecientes etnonacionalismo, populismo y autoritarismo, así como con una reacción contra las garantías individuales.

En México, esta oleada de odio se ha manifestado, entre otras modalidades, en la forma especialmente vil de los ataques contra los profesionales de la salud. Como ya se ha reiterado en este espacio, las expresiones de violencia verbal e incluso física contra médicos, enfermeras y otros integrantes de los servicios sanitarios deben condenarse en términos enérgicos por cuanto se dirigen contra personas que no sólo merecen el mismo respeto a su integridad que el resto de los individuos, sino que son acreedores de la gratitud pública por exponer sus vidas en la lucha para salvar las de sus prójimos. Asimismo, la sociedady las autoridades mexicanas deben atender la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los millones de paisanos que residen en Estados Unidos sin contar con la documentación necesaria, pues la pandemia no ha he-cho sino agravar el trato xenófobo que padecen desde siempre, y en especial desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Por último, cabe hacerse eco del exhorto de la ONU para que los medios de comunicación y las empresas de redes sociales hagan mucho más por señalar y, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, eliminar los contenidos racistas, misóginos y otros contenidos perjudiciales, pues la erradicación del discurso de odio y la instalación de un clima de solidaridad requieren de una postura responsable por parte de quienes tienen en sus manos la calidad de la información recibida por la opinión pública.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/opinion/002a1edi

Imagen:  https://pixabay.com/

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La violencia de género, con y sin pandemia

Por: La Jornada

En plena epidemia, cuando la vida cotidiana de millones de personas se ve prácticamente circunscrita sólo al ámbito familiar, la violencia en contra de las mujeres, lejos de disminuir, se ha intensificado en los días que van de confinamiento por el coronavirus. Bien mirado el dato, no resulta tan sorprendente si se toma en cuenta que una de las manifestaciones más comunes de la violencia de género tiene lugar precisamente dentro de la familia. En ese núcleo se juntan los factores sicológicos, siquiátricos, sociales y culturales que detonan el comportamiento agresivo que deriva en lesiones de todo tipo, y en casos extremos culmina con la muerte de las víctimas. Extremos, pero no por ello inusuales: el hecho de que en los tres primeros meses del año, incluido el periodo de emergencia sanitaria, se hayan registrado en el país casi mil asesinatos de mujeres (la cifra más alta desde 2015, cuando se empezaron a elaborar estadísticas sobre el tema) indica que la curva de esta forma de violencia mantiene su alarmante tendencia a crecer.

Desde hace al menos un decenio casi no hay día en que los medios no informen de abusos y agresiones cometidas contra mujeres, ya sea en sus entornos familiares o en otros escenarios. En este periodo, algunos expertos en ciencias del comportamiento han llegado a conclusiones tales como que la violencia de género en el hogar no se puede atribuir a desórdenes síquicos ni patologías individuales de los agresores, ni tampoco a factores derivados del medio externo o de la estructura socioeconómica, dado que –dicen– las agresiones se producen en todos los estratos sociales.

Acerca de este punto, sin embargo, no hay coincidencias. Algunos funcionarios han declarado recientemente que el confinamiento obligado por el Covid-19 favorece, con sus tensiones, la violencia intrafamiliar, basándose en que desde que inició la cuarentena los porcentajes de denuncias por agresión y maltrato se han incrementado, alcanzando otro indeseable récord desde que se contabilizan dichas denuncias. Además, ni siquiera se dispone de datos confiables sobre el número real de mujeres agredidas: una agencia de investigaciones y estadísticas sostiene que la cantidad de denunciantes de hechos violentos sólo representan 11 por ciento del universo de afectadas.

Estos números fortalecerían la hipótesis de que el aumento de la violencia de género se debe, por lo menos en parte, a la situación de estrés e incertidumbre que provoca el aislamiento familiar debido a la emergencia sanitaria. Pero tampoco sobre esto hay opiniones coincidentes. Hay diferencia entre las llamadas por violencia y las denuncias ante el Ministerio Público, y como estas últimas no se han incrementado de manera tan dramática como aquéllas no es fácil tener un dato numéricamente confiable de cuántas son las mujeres víctimas de violencia.

Como sea, la información disponible indica que el número de víctimas es inadmisible, incluso cuando una sola constituiría una tragedia. Si se suman la figura de los homicidios dolosos y la de feminicidio, y se le agrega la enorme cantidad de casos en que las mujeres agredidas no pierden la vida, pero sufren distintos grados de lesiones, en su casa o fuera de ella, con o sin confinamiento, continúa siendo acuciante la necesidad de combatir con mayor eficacia el terrible problema que parece haber echado sus malas raíces en nuestra sociedad.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/opinion/002a1edi

Imagen: https://pixabay.com/photos/hand-silhouette-shape-horror-984170/

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Cárceles y Covid-19: bomba de tiempo

Por: La Jornada

Tras los incidentes violentos ocurridos el martes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a las autoridades del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán (Cpyrs) que implemente los protocolos necesarios a fin de resguardar el orden dentro y en la periferia de sus instalaciones. Asimismo, el organismo reprobó las reacciones violentas de los familiares de los internos y de los propios reclusos ante las medidas con que las autoridades buscan evitar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2.

Lo cierto es que la suspensión de las visitas familiares constituye una política prudente y necesaria después de que cuatro internos y un custodio del centro resultaran positivos al virus pandémico, pero también es inevitable que quienes se encuentran en confinamiento experimenten una desesperación adicional al no contar con la compañía periódica de sus seres queridos, así como es comprensible que éstos se preocupen por el bienestar de sus parientes presos. Por ello, no se puede descartar que en las semanas por venir se produzcan nuevos episodios de confrontación conforme la enfermedad se haga presente en otros centros penitenciarios.

Lejos de permanecer pasivas ante tal escenario, las autoridades deben ver en la contingencia sanitaria una oportunidad para emprender la modificación profunda y urgente por la que clama la situación carcelaria del país. En efecto, no debe olvidarse que parte de los males que aquejan a las prisiones –corrupción generalizada, autogobierno, condiciones indignas de vida y, en general, notoria incapacidad para cumplir la misión de rehabilitar a los internos y reintegrarlos a la vida ciudadana– se explica hasta cierto punto por la sobrepoblación que enfrentan.

A su vez, el hacinamiento responde, entre otros factores, a la alta cantidad de personas encarceladas por delitos menores, pese a los avances brindados en este rubro con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como a la elevada proporción de presos sin sentencia: cuatro de cada 10 en prisiones federales.

En esta coyuntura, Colombia brinda un ejemplo que, con las adaptaciones pertinentes a la realidad mexicana, puede inspirar medidas para reducir el peligro de contagio en lo inmediato, al tiempo que se establecen las bases para subsanar los pendientes del sistema de prisiones en el mediano y largo plazos. Dicha nación sudamericana canjeará temporalmente la prisión por el arresto domiciliario a los mayores de 60 años, a las madres gestantes o con hijos menores de tres años, a los enfermos de cáncer, diabetes, afecciones cardiacas, con discapacidad motora, a condenados hasta cinco años de prisión y a quienes hayan cumplido 40 por ciento de sus penas, con exclusión de quienes estén solicitados en extradición por cualquier delito, a los responsables de violencia sexual contra menores de edad, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

Está claro que se necesita con urgencia un trabajo extraordinario de las autoridades judiciales, procuradurías y de los gobiernos, tanto estatales como federal, para determinar qué reos pueden irse a sus casas sin poner en riesgo a la sociedad, a fin de desactivar la bomba de tiempo en que podrían convertirse las cárceles en tiempos de epidemia y despejar los riesgos que implican para la salud y para la seguridad pública.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/16/opinion/002a1edi

Imagen: https://pixabay.com/vectors/prisoner-gangster-convict-296515/

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Coronavirus, catástrofe para migrantes

Por: La Jornada

Está demostrado que los desastres naturales, inevitables en sí mismos, se convierten en catástrofes sociales debido a las grandes desigualdades sociales y al desmantelamiento de la capacidad de respuesta del Estado, ambos fenómenos resultado directo de la lógica con que opera el sistema económico vigente. Así, fenómenos como sismos, huracanes, inundaciones o sequías, tienen efectos particularmente devastadores sobre los sectores de la población que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, y no es distinto lo que ocurre durante la crisis sanitaria causada por la enfermedad Covid-19.

En este sentido, la pandemia en curso se ha vuelto catastrófica para uno de los grupos de mayor vulnerabilidad: el de los migrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. Como es sabido, los entre 10 y 12 millones de personas que viven en territorio estadunidense –sin los papeles necesarios para acreditar su residencia legal– han experimentado unas condiciones tan difíciles como paradójicas, pues, al mismo tiempo que pagan impuestos y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, sufren abusos laborales sistemáticos, se ven impedidas de usar servicios de salud, obligadas a llevar existencias semiclandestinas por temor a la deportación, y se encuentran expuestas a padecer todo tipo de arbitrariedades por parte de agencias gubernamentales. Todos estos males que se han exacerbado de manera tan deliberada como inhumana desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca hace poco más de tres años.

En este contexto tan adverso, los migrantes sufren los estragos de la pandemia en, al menos, cuatro maneras específicas. En primer lugar, como ya se dijo, porque su estatus les impide acceder a los servicios médicos por la doble vía de la falta de cobertura y del miedo a ser detectados y arrestados al solicitar asistencia. Segundo, porque los alrededor de 40 mil migrantes que se encuentran en los centros de detención del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) están expuestos al contagio debido a las condiciones de hacinamiento imperantes en dichas instalaciones, muchas de las cuales carecen de la infraestructura mínima para detectar de manera oportuna los casos probables y para tratar a los pacientes. A mediados de la semana pasada ya había 32 casos confirmados entre los internos, y 11 entre el personal que labora en las prisiones.

Además, la administración de Trump ha usado la emergencia como pretexto para acelerar su política de deportaciones masivas, las cuales ya se realizaban en flagrante violación al derecho internacional, y que hoy tienen lugar ignorando también cualquier protocolo sanitario para la contención de la pandemia. Sólo entre el 21 de marzo y el 9 de abril, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadunidense deportó de manera sumaria a más de 10 mil personas que ingresaron a su territorio, sin tomar medida alguna de prevención epidemiológica. Para colmo, los trabajadores indocumentados enfrentan una aguda precariedad laboral que los convierte en las primeras víctimas de la ola de despidos causada por la parálisis económica que es efecto indeseable, pero ineludible, de las medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2.

En tanto, resulta casi impensable un gesto de empatía por parte del gobierno de Trump para aliviar la situación de los migrantes en esta coyuntura, entonces cabe llamar a que las autoridades mexicanas se movilicen para defender los derechos de los paisanos que, debe recordarse, conforman casi la mitad de la población estadunidense indocumentada, así como para recibir en las mejores condiciones posibles a quienes son retornados de manera forzosa a este lado de la frontera.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/11/opinion/002a1edi

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/silhouette-refugees-people-luggage-walking-row-734188318?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fmigraci%25C3%25B3n%2520de%2520personas%2F

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Capitales sin patria

Por: La Jornada

De acuerdo con información revelada por la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos, ningún país latinoamericano supera a México en la cantidad de dinero transferido por sus ciudadanos y empresas al sistema bancario estadunidense: a enero de este año, el monto de los recursos remitidos por mexicanos a cuentas bancarias de la nación vecina sumó 76 mil 166 millones de dólares, 31 por ciento de los 246 mil millones depositados por el conjunto de Latinoamérica. En el podio de la expatriación de divisas le siguen Brasil, con 29 mil 239 millones; Chile, 29 mil 41 millones; Argentina, 22 mil 277 millones; Panamá, 17 mil 199 millones, y Perú, 17 mil 136 millones de dólares.

A fin de dimensionar el significado del monto llevado a Estados Unidos por consorcios y por millonarios personales mexicanos, cabe señalar que duplica el ingreso de divisas por remesas a lo largo de 2019, y multiplica por 3.3 la inversión extranjera directa captada por el país en el mismo año. Además, debe destacarse que sólo en el mes transcurrido entre diciembre de 2019 y enero de este año los recursos enviados al norte de la frontera ascendieron a 4 mil 286 millones de dólares.

La cuantía de esos recursos y la velocidad con que se incrementan deja al descubierto que el compromiso de los dueños del dinero con el desarrollo nacional, expresado a título personal o por medio de sus organismos cupulares a lo largo del pasado año, es para muchos de ellos una mera estrategia propagandística para presentarse ante la opinión pública como aliados de la sociedad en el cumplimiento de los grandes pendientes nacionales, mientras en los hechos practican una brutal descapitalización del país que lastra los esfuerzos de mejora para las mayorías.

Pese a lo que alegan algunos de los mayores críticos empresariales, esta fuga de capitales no necesariamente responde a una supuesta falta de condiciones para invertir en el país, sino que parece un ataque deliberado a la economía nacional, destinado a obligar a las autoridades a recular en su empeño por poner fin a la corrupción y los negocios privados a expensas de las arcas públicas. Así lo demuestra que, mientras la inversión realizada por el sector privado local se contrajo a lo largo de 2019, ese mismo año la inversión extranjera aumentó en 4.2 por ciento.

La cantidad de dinero llevada a Estados Unidos contrasta con los llamados de algunos empresarios y de sus personeros para que el gobierno federal les realice transferencias de recursos públicos, ya sea de manera directa o por la vía de condonaciones, exenciones o créditos fiscales, como única manera de evitar una quiebra masiva en el contexto de la pandemia del Covid-19. Como se ve, hay en el ámbito corporativo nacional una liquidez más que sobrada para afrontar la crisis y, si su compromiso con México fuera real, más que exigir el uso de recursos públicos para procurarse un alivio que no necesitan, deberían echar mano de sus capitales para impulsar la reactivación económica, que será la primera urgencia nacional tras la emergencia sanitaria.

De no darse una reorientación en el uso y destino de la riqueza acumulada por un diminuto sector de mexicanos quedará clara de nueva cuenta la veracidad de uno de los axiomas fundamentales del sistema económico vigente: el capital no tiene patria.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/03/opinion/002a1edi
Imagen: https://pixabay.com/photos/conclusion-of-the-contract-handshake-3100563/
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Enfrentar la pandemia es tarea de todos

Por: La Jornada

Luego de la reunión del Consejo de Salubridad General, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció, en la conferencia vespertina diaria sobre la pandemia de Covid-19, la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, así como el reforzamiento de las medidas para reducir la velocidad y el número de contagios. Se establece, así, la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.

Por lo que hace al primero, las actividades gubernamentales se reducirán a las que sean necesarias de manera directa para atender la emergencia sanitaria; las de seguridad pública, protección ciudadana, defensa de la integridad y soberanía nacionales; procuración e impartición de justicia, actividad legislativa federal y estatal, así como conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica (agua potable, energía, drenaje, saneamiento básico). Por lo que hace a los sectores social y privado, el Consejo de Salubridad General los instruyó a detener todos los servicios no fundamentales, salvo los que resultan indispensables para la economía.

Otras medidas son el exhorto a toda la población que no participe en actividades esenciales a que cumpla con el resguardo domiciliario, el cual deberá ser observado en forma rigurosa por personas mayores de 60 años, enfermos de cualquier edad con hipertensión, diabetes, padecimientos cardiopulmonares, inmunosupresión, embarazo o puerperio, incluso si se desempeñan en actividades esenciales. Asimismo, se posterga hasta nuevo aviso la realización de censos y encuestas presenciales. Las autoridades emitirán, una vez terminado el periodo de emergencia sanitaria, los lineamientos para el regreso escalonado a las actividades.

El momento actual representa, pues, un desafío mayúsculo para todos los niveles de gobierno, pero también para la sociedad y el país en su conjunto. Cierto es que se está pidiendo a las empresas, las organizaciones y los trabajadores un sacrificio que va de importante a crítico y es claro que hay una fracción significativa de la población que simplemente no podrá hacerlo porque el encerrarse durante un mes conlleva la perspectiva de la inanición. Ello coloca una carga de responsabilidad todavía mayor en quienes pueden, aun a costa de un gran perjuicio personal, limitar al máximo y de manera voluntaria su movilidad. De la capacidad y de la voluntad de respuesta a la emergencia depende qué tanto la salud pública como la economía puedan experimentar un pronto retorno a la normalidad y que se pueda evitar un desbordamiento de la planta hospitalaria que se traduciría en un número elevado de muertes.

La circunstancia no sólo demanda, pues, un ejercicio de responsabilidad que no se limita a permanecer en casa, sino también con ejercer la solidaridad y el respeto para quienes, por desempeñarse en actividades esenciales o por situación de grave carencia, deban salir a la calle en este mes crítico. Y demanda también apego a lineamientos éticos esenciales para no lucrar con la crisis que representa la pandemia, lo que significa, entre otros aspectos, evitar incurrir en alzas de precios o acaparamiento de medicinas, productos sanitarios, alimentos y artículos de primera necesidad, prácticas que resultan abominables por cuanto constituyen una conversión literal de la desgracia y la dificultad ajenas en dinero.

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