Author: La Jornada

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Resistencia mapuche y colonialismo interno

La Jornada

Por: La Jornada

Desde finales de julio, la región chilena de la Araucanía se encuentra envuelta en una nueva ola de violencia que ha llevado a integrantes del pueblo mapuche a emprender tomas de sedes municipales, levantamiento de barricadas, ataques a casas y locales comerciales e incendio de vehículos.

El gobierno de Sebastián Piñera ha respondido con una feroz represión por parte del cuerpo de Carabineros (policía militarizada), y con una descarada tolerancia ante la arremetida de grupos que cabe calificar como supremacistas: ¡El que no salta es mapuche! y ¡fuera, indios! son algunas de las consignas pronunciadas durante sus ataques contra los indígenas.En serio riesgo de muerte”: La crítica situación de Celestino ...

El antecedente inmediato de la ola de protestas que han tenido eco en la capital nacional, Santiago, se encuentra en la huelga de hambre de 27 presos políticos mapuches y, en particular, la que ha llevado adelante durante 102 días el machi (guía espiritual) Celestino Córdova. En estos momentos, su estado de salud es crítico y se teme que su muerte sea inminente, lo cual movió a indígenas y a sectores progresistas de la sociedad chilena a manifestarse en favor suyo y de la causa mapuche.

Condenado a 18 años de prisión por un incendio en el que murieron dos personas, en un proceso judicial ampliamente criticado por su parcialidad y las irregularidades que lo caracterizaron, Córdova busca que se le permita pasar seis meses en su casa de la ciudad de Temuco con la finalidad de renovar su rewe o energía espiritual. Ayer, la Corte Suprema de Justicia le dio portazo a una salida institucional a la crisis al negarle la prisión domiciliaria.

Estos sucesos no son sino los episodios más recientes del centenario colonialismo interno que la República de Chile ha llevado adelante como heredera de la Corona española en la tradición de asedio y despojo contra las comunidades indígenas.

Este proceso de expolio ha reducido los territorios del pueblo mapuche a apenas cinco por ciento de su área original, obligándolo a luchar no sólo por la restitución de sus tierras, sino para frenar el saqueo sistemático a que se ven sometidas por la dinámica extractivista impuesta por los grupos de poder que despachan desde la capital, las multinacionales, y los colonos que se apropiaron de vastas extensiones de la región.

La incapacidad del gobierno chileno para procesar el conflicto a través de cauces democráticos, hace urgente una intermediación internacional humanitaria que evite la muerte de Córdova, tanto por un elemental sentido humano como por las incalculables consecuencias que su deceso tendría en una situación que ya es sumamente delicada.

Más allá de la coyuntura, la crisis permanente en que viven los 700 mil integrantes del pueblo mapuche sólo podrá desactivarse mediante la restitución plena de sus derechos sobre la tierra, el aire y el agua que les fueron arrebatados por el Estado chileno, erigido en fuerza de ocupación interna.

El camino para cerrar esta fractura, y así poner fin a una opresión que impide a los mapuches considerarse parte de la sociedad chilena, pasa de manera insoslayable por derogar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y perpetuadora del orden colonial racista. Desde el año pasado, la sociedad chilena ha mostrado en las calles estar a la altura de este desafío, pero para lograrlo el Estado deberá asumir su responsabilidad histórica con los pueblos originarios.

Fuente e imagen:  https://www.surysur.net/resistencia-mapuche-y-colonialismo-interno/

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Teletrabajo: beneficios y riesgos

La Jornada

Por: La Jornada

Es un hecho conocido que la pandemia de Covid-19 ha dado un auge sin precedente al teletrabajo, trabajo en casa o home office, un hecho lógico e incluso inevitable en circunstancias en que millones de personas en todo el mundo deben permanecer confinadas, sea porque pertenecen a algún grupo de riesgo ante los efectos del coronavirus, o bien porque deben acatar disposiciones gubernamentales de permanecer en casa.

Tal práctica no sólo da un respiro a la economía y a innumerables empresas, que pueden seguir operando en forma total o parcial, sin tener a sus empleados en un local físico; es benéfica, por añadidura, para el ambiente y para reducir el estrés en los centros urbanos, los cuales ven atenuados, así sea de manera provisional, sus problemas de movilidad.

Incluso antes de que se declarara la actual emergencia sanitaria, el teletrabajo había cobrado auge desde los años 80 del siglo pasado por diversas razones: la primera, es obvio, fue la revolución en las telecomunicaciones digitales que lo hizo posible, así como la paulatina masificación de dispositivos capaces de interconectarse.

La solución resultaba interesante para los empleadores, en una lógica de reducción de costos de operación, pues al tener a menos personal en sus empresas pagaban montos menores por los servicios y ocupaban menos espacio físico; para muchos trabajadores, el realizar sus funciones desde casa representaba la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero en transporte.

Así, hace más de 30 años, en Francia se llevaron a cabo los primeros programas piloto de teletrabajo impulsados por el gobierno, aprovechando la infraestructura del entonces novedoso sistema Minitel. Pese a las perspectivas positivas, tales programas piloto evidenciaron muy pronto algunos efectos indeseables del trabajo en casa: el traslado de la carga laboral a los hogares tendía a incrementar las tensiones familiares y de pareja.

En el tiempo transcurrido desde entonces el vertiginoso desarrollo de Internet, de aplicaciones colaborativas y de actividades económicas nativas de la red multiplicaron el número de personas que trabajan en casa mediante una conexión remota. Con ese antecedente, ante la angustiosa situación económica creada por la pandemia en curso para países, regiones y hogares, el teletrabajo parecía, si no una panacea, cuando menos una herramienta de indiscutible utilidad. Y lo es, en efecto.

Pero, más allá de las consecuencias negativas intrínsecas a la fusión del lugar de trabajo con la vivienda –que, en palabras de Jesús Uribe Prado, profesor-investigador de la Facultad de Sicología de la UNAM, implica romper la línea entre lo público y lo privado–, al calor de la crisis epidémica se ha constatado un patrón de abusos por parte de los patrones, algunos de los cuales se aprovechan de la circunstancia para abusar de sus trabajadores, como si por estar laborando en sus hogares diera pie a disponer de ellos más allá de la jornada laboral regular e incluso a deshoras o en días de descanso.

Otras inquietudes surgen de la indefinición de la seguridad, los riesgos y los accidentes laborales en situaciones de trabajo en casa y de los peligros que se ciernen sobre la seguridad de la información corporativa cuando ésta transita por enlaces remotos.

Con estas consideraciones en mente resulta claro que, con o sin pandemia, el home office seguirá al alza en las sociedades modernas y es urgente extender y complementar las legislaciones laborales con el fin de garantizar que esta modalidad de trabajo no se traduzca en situaciones de explotación, en riesgos injustificables para los asalariados ni en procesos de alteración y desintegración familiar.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/07/07/opinion/002a1edi

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Saludable celebración virtual LGBT+

La Jornada

Por: La jornada

Pese a las limitaciones impuestas por la pandemia que mantiene acotada la actividad del mundo entero, se realizó una vez más en México –el sábado 27– la llamada Marcha del Orgullo LGBT+ que tiene lugar desde 1978. Esta vez la celebración, ciñéndose a las restricciones de movilidad dictadas para evitar la difusión del Covid-19, tuvo un carácter virtual; es decir, se llevó a cabo a través de la transmisión por redes sociales de una serie de presentaciones artísticas alusivas al tema, así como de cápsulas informativas, conversaciones sobre pasado, presente y futuro del movimiento organizador, y temas específicos como homologación de derechos para todas las personas en el país y reconocimiento de los derechos para las familias diversas.

Aunque la historia de dicha celebración tiene muchos antecedentes, no fue sino hasta 1999 cuando la marcha llegó por primera vez al zócalo de la Ciudad de México, y cambió su original nombre de Marcha del orgullo gay por el de Marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual, y transgenérico (es decir, las siglas LGBT+, como se le conoce ahora, tras agregarse a la lista otras diversas opciones sexuales).

En sus inicios, rechazado o cuando menos mirado con desconfianza por los sectores más conservadores de la sociedad, el movimiento cumplió otro año de bregar por la visibilización pública de sus integrantes –y por extensión de todas las personas que tienen elecciones sexuales consideradas diferentes– se inscribe en un marco más amplio, donde prevalecen las nociones de coexistencia, modos de relación social y formas de habitar el planeta. En tal sentido, como espacio que abre el pensamiento y las prácticas humanas a otros planos que diferentes de los tradicionales, ocupa ya un lugar bien ganado entre los agentes activos para la construcción de órdenes sociales.

Pero no es corto el camino que todavía le queda por recorrer al movimiento LGBT+ en su búsqueda de pleno reconocimiento. De hecho, la discriminación de que son objeto las personas cuya orientación sexual e identidad de género les son negadas, aún constituye un escollo difícil de sortear en amplios sectores de la sociedad. Las variadas formas de violencia ejercidas en su contra –con su máxima y más repudiable expresión, los crímenes de odio– son todavía moneda corriente en muchas naciones del mundo, la nuestra incluida.

La celebración virtual efectuada ayer, sin embargo, representa otro paso adelante no sólo para el colectivo encargado de darle vida, sino también para todos los sectores sociales convencidos de que es preciso desterrar del mundo, para siempre, la exclusión, el prejuicio y la segregación.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/06/28/opinion/002a1edi

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Coronavirus y odio

La Jornada

Por: La Jornada

 El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer que la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2) ha desatado una oleada de odio y xenofobia en la cual los extranjeros, y en particular los migrantes, son estigmatizados como fuente de contagio; mientras que a las personas de la tercera edad se les caracteriza como prescindibles, y profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y periodistas son atacados por ejercer su trabajo. Ante este panorama, el dirigente de Naciones Unidas hizo un llamado a fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio mediante esfuerzos concertados para erradicar el discurso que incita a estas prácticas.

Cabe recordar que ya en marzo pasado el organismo internacional había advertido acerca de la explotación de los temores que causa la pandemia por parte de grupos y políticos para incitar a la xenofobia y la exclusión. En abril, el propio Guterres llamó la atención sobre el hecho de que la crisis sanitaria se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos, en la medida en que diversos sectores políticos y sociales responden a la propagación del coronavirus con crecientes etnonacionalismo, populismo y autoritarismo, así como con una reacción contra las garantías individuales.

En México, esta oleada de odio se ha manifestado, entre otras modalidades, en la forma especialmente vil de los ataques contra los profesionales de la salud. Como ya se ha reiterado en este espacio, las expresiones de violencia verbal e incluso física contra médicos, enfermeras y otros integrantes de los servicios sanitarios deben condenarse en términos enérgicos por cuanto se dirigen contra personas que no sólo merecen el mismo respeto a su integridad que el resto de los individuos, sino que son acreedores de la gratitud pública por exponer sus vidas en la lucha para salvar las de sus prójimos. Asimismo, la sociedady las autoridades mexicanas deben atender la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los millones de paisanos que residen en Estados Unidos sin contar con la documentación necesaria, pues la pandemia no ha he-cho sino agravar el trato xenófobo que padecen desde siempre, y en especial desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Por último, cabe hacerse eco del exhorto de la ONU para que los medios de comunicación y las empresas de redes sociales hagan mucho más por señalar y, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, eliminar los contenidos racistas, misóginos y otros contenidos perjudiciales, pues la erradicación del discurso de odio y la instalación de un clima de solidaridad requieren de una postura responsable por parte de quienes tienen en sus manos la calidad de la información recibida por la opinión pública.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/opinion/002a1edi

Imagen:  https://pixabay.com/

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La violencia de género, con y sin pandemia

La Jornada

Por: La Jornada

En plena epidemia, cuando la vida cotidiana de millones de personas se ve prácticamente circunscrita sólo al ámbito familiar, la violencia en contra de las mujeres, lejos de disminuir, se ha intensificado en los días que van de confinamiento por el coronavirus. Bien mirado el dato, no resulta tan sorprendente si se toma en cuenta que una de las manifestaciones más comunes de la violencia de género tiene lugar precisamente dentro de la familia. En ese núcleo se juntan los factores sicológicos, siquiátricos, sociales y culturales que detonan el comportamiento agresivo que deriva en lesiones de todo tipo, y en casos extremos culmina con la muerte de las víctimas. Extremos, pero no por ello inusuales: el hecho de que en los tres primeros meses del año, incluido el periodo de emergencia sanitaria, se hayan registrado en el país casi mil asesinatos de mujeres (la cifra más alta desde 2015, cuando se empezaron a elaborar estadísticas sobre el tema) indica que la curva de esta forma de violencia mantiene su alarmante tendencia a crecer.

Desde hace al menos un decenio casi no hay día en que los medios no informen de abusos y agresiones cometidas contra mujeres, ya sea en sus entornos familiares o en otros escenarios. En este periodo, algunos expertos en ciencias del comportamiento han llegado a conclusiones tales como que la violencia de género en el hogar no se puede atribuir a desórdenes síquicos ni patologías individuales de los agresores, ni tampoco a factores derivados del medio externo o de la estructura socioeconómica, dado que –dicen– las agresiones se producen en todos los estratos sociales.

Acerca de este punto, sin embargo, no hay coincidencias. Algunos funcionarios han declarado recientemente que el confinamiento obligado por el Covid-19 favorece, con sus tensiones, la violencia intrafamiliar, basándose en que desde que inició la cuarentena los porcentajes de denuncias por agresión y maltrato se han incrementado, alcanzando otro indeseable récord desde que se contabilizan dichas denuncias. Además, ni siquiera se dispone de datos confiables sobre el número real de mujeres agredidas: una agencia de investigaciones y estadísticas sostiene que la cantidad de denunciantes de hechos violentos sólo representan 11 por ciento del universo de afectadas.

Estos números fortalecerían la hipótesis de que el aumento de la violencia de género se debe, por lo menos en parte, a la situación de estrés e incertidumbre que provoca el aislamiento familiar debido a la emergencia sanitaria. Pero tampoco sobre esto hay opiniones coincidentes. Hay diferencia entre las llamadas por violencia y las denuncias ante el Ministerio Público, y como estas últimas no se han incrementado de manera tan dramática como aquéllas no es fácil tener un dato numéricamente confiable de cuántas son las mujeres víctimas de violencia.

Como sea, la información disponible indica que el número de víctimas es inadmisible, incluso cuando una sola constituiría una tragedia. Si se suman la figura de los homicidios dolosos y la de feminicidio, y se le agrega la enorme cantidad de casos en que las mujeres agredidas no pierden la vida, pero sufren distintos grados de lesiones, en su casa o fuera de ella, con o sin confinamiento, continúa siendo acuciante la necesidad de combatir con mayor eficacia el terrible problema que parece haber echado sus malas raíces en nuestra sociedad.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/opinion/002a1edi

Imagen: https://pixabay.com/photos/hand-silhouette-shape-horror-984170/

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Cárceles y Covid-19: bomba de tiempo

La Jornada

Por: La Jornada

Tras los incidentes violentos ocurridos el martes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a las autoridades del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán (Cpyrs) que implemente los protocolos necesarios a fin de resguardar el orden dentro y en la periferia de sus instalaciones. Asimismo, el organismo reprobó las reacciones violentas de los familiares de los internos y de los propios reclusos ante las medidas con que las autoridades buscan evitar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2.

Lo cierto es que la suspensión de las visitas familiares constituye una política prudente y necesaria después de que cuatro internos y un custodio del centro resultaran positivos al virus pandémico, pero también es inevitable que quienes se encuentran en confinamiento experimenten una desesperación adicional al no contar con la compañía periódica de sus seres queridos, así como es comprensible que éstos se preocupen por el bienestar de sus parientes presos. Por ello, no se puede descartar que en las semanas por venir se produzcan nuevos episodios de confrontación conforme la enfermedad se haga presente en otros centros penitenciarios.

Lejos de permanecer pasivas ante tal escenario, las autoridades deben ver en la contingencia sanitaria una oportunidad para emprender la modificación profunda y urgente por la que clama la situación carcelaria del país. En efecto, no debe olvidarse que parte de los males que aquejan a las prisiones –corrupción generalizada, autogobierno, condiciones indignas de vida y, en general, notoria incapacidad para cumplir la misión de rehabilitar a los internos y reintegrarlos a la vida ciudadana– se explica hasta cierto punto por la sobrepoblación que enfrentan.

A su vez, el hacinamiento responde, entre otros factores, a la alta cantidad de personas encarceladas por delitos menores, pese a los avances brindados en este rubro con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como a la elevada proporción de presos sin sentencia: cuatro de cada 10 en prisiones federales.

En esta coyuntura, Colombia brinda un ejemplo que, con las adaptaciones pertinentes a la realidad mexicana, puede inspirar medidas para reducir el peligro de contagio en lo inmediato, al tiempo que se establecen las bases para subsanar los pendientes del sistema de prisiones en el mediano y largo plazos. Dicha nación sudamericana canjeará temporalmente la prisión por el arresto domiciliario a los mayores de 60 años, a las madres gestantes o con hijos menores de tres años, a los enfermos de cáncer, diabetes, afecciones cardiacas, con discapacidad motora, a condenados hasta cinco años de prisión y a quienes hayan cumplido 40 por ciento de sus penas, con exclusión de quienes estén solicitados en extradición por cualquier delito, a los responsables de violencia sexual contra menores de edad, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

Está claro que se necesita con urgencia un trabajo extraordinario de las autoridades judiciales, procuradurías y de los gobiernos, tanto estatales como federal, para determinar qué reos pueden irse a sus casas sin poner en riesgo a la sociedad, a fin de desactivar la bomba de tiempo en que podrían convertirse las cárceles en tiempos de epidemia y despejar los riesgos que implican para la salud y para la seguridad pública.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/16/opinion/002a1edi

Imagen: https://pixabay.com/vectors/prisoner-gangster-convict-296515/

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Coronavirus, catástrofe para migrantes

La Jornada

Por: La Jornada

Está demostrado que los desastres naturales, inevitables en sí mismos, se convierten en catástrofes sociales debido a las grandes desigualdades sociales y al desmantelamiento de la capacidad de respuesta del Estado, ambos fenómenos resultado directo de la lógica con que opera el sistema económico vigente. Así, fenómenos como sismos, huracanes, inundaciones o sequías, tienen efectos particularmente devastadores sobre los sectores de la población que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, y no es distinto lo que ocurre durante la crisis sanitaria causada por la enfermedad Covid-19.

En este sentido, la pandemia en curso se ha vuelto catastrófica para uno de los grupos de mayor vulnerabilidad: el de los migrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. Como es sabido, los entre 10 y 12 millones de personas que viven en territorio estadunidense –sin los papeles necesarios para acreditar su residencia legal– han experimentado unas condiciones tan difíciles como paradójicas, pues, al mismo tiempo que pagan impuestos y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, sufren abusos laborales sistemáticos, se ven impedidas de usar servicios de salud, obligadas a llevar existencias semiclandestinas por temor a la deportación, y se encuentran expuestas a padecer todo tipo de arbitrariedades por parte de agencias gubernamentales. Todos estos males que se han exacerbado de manera tan deliberada como inhumana desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca hace poco más de tres años.

En este contexto tan adverso, los migrantes sufren los estragos de la pandemia en, al menos, cuatro maneras específicas. En primer lugar, como ya se dijo, porque su estatus les impide acceder a los servicios médicos por la doble vía de la falta de cobertura y del miedo a ser detectados y arrestados al solicitar asistencia. Segundo, porque los alrededor de 40 mil migrantes que se encuentran en los centros de detención del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) están expuestos al contagio debido a las condiciones de hacinamiento imperantes en dichas instalaciones, muchas de las cuales carecen de la infraestructura mínima para detectar de manera oportuna los casos probables y para tratar a los pacientes. A mediados de la semana pasada ya había 32 casos confirmados entre los internos, y 11 entre el personal que labora en las prisiones.

Además, la administración de Trump ha usado la emergencia como pretexto para acelerar su política de deportaciones masivas, las cuales ya se realizaban en flagrante violación al derecho internacional, y que hoy tienen lugar ignorando también cualquier protocolo sanitario para la contención de la pandemia. Sólo entre el 21 de marzo y el 9 de abril, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadunidense deportó de manera sumaria a más de 10 mil personas que ingresaron a su territorio, sin tomar medida alguna de prevención epidemiológica. Para colmo, los trabajadores indocumentados enfrentan una aguda precariedad laboral que los convierte en las primeras víctimas de la ola de despidos causada por la parálisis económica que es efecto indeseable, pero ineludible, de las medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2.

En tanto, resulta casi impensable un gesto de empatía por parte del gobierno de Trump para aliviar la situación de los migrantes en esta coyuntura, entonces cabe llamar a que las autoridades mexicanas se movilicen para defender los derechos de los paisanos que, debe recordarse, conforman casi la mitad de la población estadunidense indocumentada, así como para recibir en las mejores condiciones posibles a quienes son retornados de manera forzosa a este lado de la frontera.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/11/opinion/002a1edi

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/silhouette-refugees-people-luggage-walking-row-734188318?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fmigraci%25C3%25B3n%2520de%2520personas%2F

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