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Honduras: Asesinan a ambientalista hondureño que se oponía a las minas a cielo abierto

Democracy Now!

En Honduras, según medios locales, el activista ambiental Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado a tiros en su casa a principios de esta semana.

Según los informes, Morazán fue uno de los 32 defensores del agua atacados y criminalizados por protestar contra una mina a cielo abierto en la comunidad de Guapinol.

La violencia contra los defensores de la tierra y el agua y los líderes indígenas en Honduras se ha incrementado enormemente desde el golpe de Estado que respaldó Estados Unidos en 2009.

Fuente e imagen:  Democracy Now!

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México: CIDH, ONU, defensores y comunidades exigen reconocer derechos indígenas y detener megaproyectos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas y defensores de organizaciones indígenas y campesinas exigieron el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y el respeto a sus territorios, durante el foro internacional «La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México».

En el foro virtual, convocado por la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA), la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, Antonia Urrejola, señaló que la entrega de concesiones para instalar megaproyectos sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos «suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas».

De igual forma, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, manifestó su preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan los derechos de los pueblos indígenas, así como enfatizó que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos.

Por su parte, Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC) y defensora Me’Phaa de Guerrero, llamó al Congreso estatal a que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios.

Finalmente, el integrante del Colectivo Maya de los Chénes, Jorge Oziel Pech, exigió desde la ALDEA que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.

A continuación el comunicado completo:

Con la participación de pueblos, comunidades indígenas y distinguidas autoridades internacionales, la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA) llevó a cabo el Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”. Desde la voz de los pueblos de la Aldea, la organización Flor y Canto ofreció una ceremonia de bienvenida a los participantes y una ofrenda para sus buenos trabajos y el éxito de esta nueva Alianza que aglutina a comunidades y organizaciones indígenas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a los pueblos Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, en articulación con organizaciones civiles.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que esta Alianza busca que “las voces y los corazones de los pueblos indígenas de México lleguen aún más lejos”, para ser escuchadas y respetadas por los gobiernos y traducida en cambios en políticas y leyes concretas, ya que durante las últimas décadas se han priorizado los intereses económicos por encima de los derechos colectivos de las comunidades. Inspirado en el rito inaugural, pidió fortaleza a la Madre Tierra para que brinde luz a los pueblos por lograr su autodeterminación y autonomía y el respeto de la integridad de sus territorios. Exhortó al Estado mexicano a mantener un canal de diálogo respetuoso con los pueblos de esta Alianza para el avance de las reformas pendientes.

Por su parte, la Comisionada, Antonia Urrejola, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó que, el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas. Asimismo, recordó los señalamientos por actos de criminalización de defensores y defensoras indígenas en la defensa de su territorio y la falta de una “perspectiva cultural” y de un “acceso efectivo a la justicia”. Describió cómo el derecho a la libre determinación se ha ido profundizando a lo largo de los años en el sistema interamericano de Derechos Humanos, generando una obligación de los Estados a respetarlo y garantizarlo, e hizo un llamado al Estado mexicano a llevar a cabo un diálogo intercultural efectivo con los pueblos y comunidades. Informó, como nota relevante, que la CIDH estará desarrollando un informe especial sobre el tema de libre determinación para 2021, con el objetivo de dotar este derecho fundamental con mejores herramientas de protección y defensa. Por último, comentó que la Relatoría a su cargo tiene como propósito dar asistencia técnica al Estado mexicano para que la Reforma Constitucional impulsada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se apegue a los estándares internacionales. Por su parte, Efraín Avilés, Vocero del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, expresó que a pesar de todo el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, en la realidad estos son violados y sus sistemas propios son criminalizados, al grado que actualmente tres defensores de su comunidad están encarcelados. En este sentido, pidió a legisladores y al gobierno pasar del discurso a la acción y aprobar la Reforma Constitucional pendiente para que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como “sujetos de derechos público”, con la participación activa de los pueblos y que se tome en cuenta la agenda de 10 puntos 1desde la ALDEA.2

Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC), mujer y defensora indígena Me’Phaa de Guerrero, hizo un recuento histórico de los logros del sistema de seguridad y justicia comunitaria creado hace 25 años. Habló de su lucha como mujer indígena para ejercer posiciones de mando en una organización tradicionalmente masculina. Resaltó que aunque se encuentra amparados en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Mexicana y aporta paz y seguridad a sus comunidades, los integrantes de la CRAC-PC, han sido criminalizada por el Estado. Por ello, exigió al Congreso estatal que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución del estado de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios. Desde los Valles Centrales de Oaxaca, el Presidente de la Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Andrés Odilón, y la secretaria de la Red, Dolores Cruz, manifestaron que luego de 4 años de iniciada la consulta en Valles Centrales, y a un año de haber logrado firmar un acuerdo que garantice su participación en la administración del agua como pueblos, para preservarla y su acceso colectivo para subsistencia. “el Estado Mexicano no ha cumplido y se ha negado a proporcionar información, no responde a nuestras solicitudes y tampoco nos reciben, nos ignoran y discriminan”. Plantearon que “ahora que se ha mandatado al Congreso emitir una Ley de Consulta, lo importante, es garantizar nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, así como nuestro derecho a definir nuestras prioridades de desarrollo”. De igual manera, exigieron que la actual Legislatura cumpla su obligación de aprobar una nueva Ley General de Aguas que incorpore los derechos de los pueblos indígenas.

Por parte, del pueblo Maya, Jorge Oziel Pech, integrante del Colectivo Maya de los Chénes, destacó el proceso de defensa del territorio maya frente a la agroindustria transgénica de Monsanto. Explicó cómo, a pesar de obtener una sentencia de la SCJN en 2015 en la que se ordenó una consulta sobre la siembra de soya transgénica en su territorio, el proceso de consulta ha sido violatorio de todos los parámetros internacionales, y que el actual gobierno no hizo más que replicar las prácticas de la administración anterior y llevar a cabo una consulta a modo. Resaltó la grave situación de las comunidades indígenas de Yucatán frente a los embates de la agroindustria, de parques solares y eólicos, y finalmente del Tren Maya, vulnerando sistemáticamente su derecho a la autonomía y la libre determinación. Hizo un llamado desde la ALDEA a que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.

Ante este complejo panorama, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, comentó que las demandas expresadas por las comunidades coinciden con las diversas recomendaciones de la Relatoría. En particular, en el último informe sobre México su predecesora, Victoria Tauli-Corpuz, señalaba como pendiente la necesidad de adecuar la legislación en materia de industrias extractivas, aguas, en materia agraria con apego a los derechos reconocidos a nivel internacional. Manifestó preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan a derechos de pueblos indígenas y fue enfático en que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos indígenas, que históricamente han vivido en condiciones de marginación y discriminación. También, se pronunció por la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres indígenas. Por último, el nuevo representante de la OACNUDH para México, Guillermo Fernández- Maldonado, comentó que se han emitido múltiplesrecomendaciones al Estado Mexicano desde las Relatorías especiales sobre pueblos indígenas, de Agua, de Defensores, así como de los Comités de Derechos Humanos, de las que el Estado debe dar cuenta de su cumplimiento. Comentó que, si bien existen grupos de intereses económicos y políticos que ven a los pueblos y comunidades como obstáculo por lo que emplean la violencia, también existe un gran desconocimiento hacia los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo al servicio público.Consideró que es papel también de su gestión y en coordinación con los demás mecanismos internacionales brindar y proporcionar asistencia técnica en esta materia al Estado mexicano, además de las acciones de denuncias que tradicionalmente se hacen.

Desde la ALDEA seguiremos trabajando para construir estrategias colectivas que sumen a fortalecer el marco jurídico para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, luchando por el reconocimiento y garantía de derechos colectivos en la legislación mexicana y ante el actual Gobierno. El Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”, puede verse completo aquí.

#HacemosALDEA

Datos de contacto:

Quetzalcoatl g. Fontanot Comunicación Serapaz 55 54049045 l comunicación@serapaz.org.mx

Mariana Gurrola Y. Comunicación Fundar 5540136188 | marianag@fundar.org.mx

1 https://www.facebook.com/FundarMexico/photos/basw.AboaAWiK-2JE9-0JMw5fBvfR8uskEcZ3XwQ19RAOACD22RDX0rYiOR4F_kVLHxDxOe0q7209sddNCQLFTABNBgPoZXXkHjM1g51MZeEHCdgGHmRrGhawhoxgs7xBfeKWWBG-WzHeWOfJaqcZ51lepwKM.3076937969083149.1190236801370487.10220631173942121.10220631175182152.10220631175262154.10220631174142126/3076937969083149/?type=1&theater

2 https://serapaz.org.mx/alianza-por-la-libre-determinacion-y-la-autonomia-aldea/?fbclid=IwAR2bmqB78Ow1N3drzO94GW50AO5pbJduiOMSVvIkI6qz-ohcFtprDcVFm8w

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/cidh-onu-defensores-y-comunidades-exigen-reconocer-derechos-indigenas-y-detener-megaproyectos/

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América Latina: Las amenazas a las libertades civiles se intensifican por la Covid-19

Fuente: opendemocracy

Civicus, la organización que monitorea el estado de la sociedad civil a nivel global, alerta sobre las amenazas a las libertades civiles que ha traído la pandemia por la Covid-19. El escenario es preocupante en América Latina. Aquí, un breve recuento del reporte.

En el reporte, Civicus llegó a cuatro conclusiones:

  1. El activismo cívico continúa organizándose durante la pandemia de la Covid-19 y la gente ha seguido movilizándose para exigir sus derechos
  2. Se han documentado múltiples violaciones de los derechos de protesta: se detiene a manifestantes, las protestas están siendo interrumpidas violentamente por los estados, que están haciendo uso excesivo de la fuerza.
  3. Continúan las restricciones a la libertad de expresión y acceso a la información.
  4. Los estados están aprobando leyes de emergencia demasiado amplias y leyes que limitan los derechos humanos.

Todas y cada una de estas conclusiones se aplican especialmente en América Latina.

En abril hubo protestas en Chile en contra de la brutalidad policial, pero los/las manifestantes fueron dispersados con cañones de agua y gases lacrimógenos, y 60 personas terminaron detenidas. En junio las protestas en Brasil del grupo Vidas Negras Importam fueron dispersadas con gases lacrimógenos y balas de goma.

La sociedad civil siguió movilizada en Brasil. El reporte destaca que, en junio de 2020 “grupos de derechos humanos organizaron intervenciones pacíficas para denunciar la magnitud de la crisis del COVID-19 en Brasil. En Brasilia, los manifestantes colocaron 1.000 cruces en homenaje a las víctimas del COVID-19 en el césped frente a edificios clave del gobierno, e interpelaron al presidente Jair Bolsonaro por su negación de la gravedad de la pandemia”.

En Colombia hubo protestas en septiembre, caracterizadas por el uso extremo de la fuerza por parte de la Policía; hubo civiles muertos y detenidos y, aunque también hubo violencia por parte de algunos grupos de provocadores, la mayoría de los abusos vino por parte de la fuerza pública del país.

En cuanto a la libertad de expresión, Civicus denuncia que en Nicaragua varios periodistas y medios de comunicación fueron amenazados por criticar la gestión del gobierno ante la pandemia. Por ejemplo, reporta Civicus “durante una conferencia de prensa, un coronel del ejército acusó a un periodista de manipular información y amenazó con que «había que hacer algo al respecto». Funcionarios gubernamentales han acusado a periodistas y medios independientes de promover «pandemias de miedo» a través de «noticias falsas» durante la crisis”.

Pero en Honduras, mientras tanto, el gobierno aprobó un decreto que instituyó el estado de emergencia durante la pandemia que restringía el derecho a la libertad de expresión sin censura, garantizado por la Constitución hondureña. “Las asociaciones de medios”, reporta Civicus, “instaron al gobierno a revocar esta restricción. (…) A raíz de esta presión, el gobierno restableció las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión”.

La situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando

También en Bolivia el gobierno aprobó un decreto que sancionaba a los «desinforman o causan incertidumbre» a la población durante la pandemia. Según el reporte de Civicus, “la legislación fue ampliamente criticada por las Organizaciones de la Sociedad Civil y los defensores de la libertad de los medios de comunicación, quienes afirmaron que podría usarse para silenciar a quienes critican las políticas gubernamentales sobre COVID-19. La ley también se amplió para incluir un decreto adicional sobre sanciones penales. Sin embargo, en una medida positiva, luego de las críticas de Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales, la presidenta interina Jenine Áñez revocó los dos decretos”.

Pero la situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando en algunos casos como en Honduras, donde la introducción de toques de queda y restricciones a la circulación han provocado un aumento de los riesgos de persecución, vigilancia y criminalización de los defensores. Las mujeres indígenas también han sido objeto de un mayor hostigamiento por parte de los agentes del orden. De manera similar, sigue el reporte de Civicus, “en Colombia, las restricciones de movimiento durante la pandemia han intensificado los riesgos para los líderes sociales que, por motivos de seguridad, necesitan variar sus movimientos”.

Y en cuanto al abuso de la emergencia sanitaria para aprobar leyes de todo tipo, solo en Colombia se han aprobado más de 39 decretos en este periodo. Un número alarmante.

Por último, Civicus alerta sobre grupos que quedan especialmente vulnerables a las externalidades generadas por la Covid-19. En varios países de la región, se pasaron medidas de restricción de la movilidad basadas en género, lo que ponía en peligro a las comunidades tránsgero y no-conformes al género (gender non-conforming).

La situación que reporta Civicus es alarmante, y puede ir empeorando.

Estaremos a la espera del reporte anual, para reportar las conclusiones desde democraciaAbierta.

Fuente e imagen:  https://www.opendemocracy.net/es/amenazas-libertades-civiles-intensifican-covid-19/

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Argentina: La “vuelta a clases” en pandemia: un experimento que atenta contra nuestra salud

Mediante la Resolución 370/2020 del Consejo Federal de Educación, el ministro Trotta y sus pares de las carteras provinciales y de CABA apuestan al regreso progresivo a las aulas. Un intento de reapertura en plena ola de contagios que responde a los intereses de los grupos empresariales y atenta contra nuestra salud y la del alumnado.

Las prioridades, el calendario y una semana de sinceramiento

El pasado miércoles 7 de octubre, mientras se conocía un nuevo récord de contagios de covid-19 (16.447 reportados en un solo día), el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anticipaba a diversos medios de comunicación la intención de avanzar en una resolución favorable al regreso presencial a las aulas. El jueves 8 de octubre, en el marco de otra contundente cifra, en este caso de muertes (485 reportadas en un solo día), Trotta ratificaba los anuncios previos: el Consejo Federal de Educación (CFE) con representación de las 24 jurisdicciones planteaba por unanimidad un nuevo esquema para avanzar con el regreso a la presencialidad. En el peor momento de los contagios y fallecimientos, cuando el sistema sanitario cruje en muchas provincias, como Santa Fe, Córdoba y Neuquén, entre otras, el acuerdo de las autoridades educativas se encamina a volver a las escuelas. ¿Cuál es el criterio pedagógico para retornar la presencialidad a mediados de octubre y en una escalada de contagios? Ninguno. El argumento formal de la “revinculación” de estudiantes desconectadxs (nunca se los atendió desde Nación ni CABA, más allá de la controversia discursiva) fue cediendo lugar ante otros, como la necesidad de dar cierre al ciclo escolar de quienes concluyen la primaria o la secundaria. En ninguno de los casos se tomaron medidas concretas, como proveer equipos tecnológicos, o disponer medidas de continuidad realistas proyectadas para el ciclo lectivo 2021. ¿Cuál es el apremio por volver a las clases presenciales a dos meses para la finalización del año escolar, entonces? ¿Qué se está priorizando? Culminar el ciclo de aperturas de ámbitos laborales: el sistema educativo se concibe así desde los gobiernos, y fundamentalmente desde los grandes grupos empresarios, como mero auxiliar del aparato productivo. La escuela es, según esta concepción, el lugar donde albergar niñxs y jóvenes para que lxs adultxs responsables puedan concurrir a sus lugares de trabajo, y no más que eso.

En la misma semana en que nuestro país asume una nueva visita del FMI para auditar sus cuentas y recomendar más ajuste, la misma semana en que se aplica la baja de retenciones a las patronales del campo y mineras, cuando se aprueba el uso de trigo transgénico y se rubrica de manera vergonzosa y a pedido de EE.UU. la condena a Venezuela en la ONU, también el gobierno autoriza la apertura de escuelas en medio de un elevadísimo número de contagios. Lo que se dice una semana pareja.

¿Qué dice la Resolución 370/2020 del Consejo Federal?

La Resolución 370 del CFE que se formalizó este 8 de octubre muestra una endeblez argumental notoria. Cita entre los considerandos al DNU 754, que autoriza practicar “actividades deportivas y artísticas de menos de diez personas (…) lo que constituye una situación actualmente habilitada que puede resultar aplicable a ciertas actividades educativas no escolares por realizar”. La resolución complementa y en algunos casos modifica a la N° 364 dictada por el mismo órgano en julio de este año. Uno de los aspectos que la Res. N° 370 rectifica es el Artículo 8.5, inc. “b” de la citada norma previa. La enmienda no es nada inocente: el texto que se reemplaza sostenía como criterio para el regreso contar con “establecimientos urbanos y periurbanos donde haya una tasa regular mínima o nula de contagios, favorables al desarrollo de las actividades presenciales”. Esta resolución se emitía cuando la cifra de muertes en nuestro país era, prácticamente, 17 veces menor a la actual (2 de julio, 1.385 muertes por covid-19 registradas). Ahora, con un acumulado de unos 24.000 fallecimientos, el CFE elimina como requisito esa “tasa mínima o nula de contagios” para hablar, en cambio, de una “evaluación del nivel de riesgo epidemiológico que realicen las autoridades sanitarias y educativas jurisdiccionales competentes” en base a una serie de “orientaciones” que se anexan en la nueva normativa. Si se analizan las pautas que emanan de ese “semáforo epidemiológico” que forma parte del anexo a la resolución, puede observarse que se otorga la potestad de nuevas aperturas en jurisdicciones en base a mediciones altamente manipulables, como son la tasa de contagios o la ocupación de camas de cuidados intensivos locales (UTI) que cada territorio declare. Por otro lado, los parámetros establecidos son flexibles, y totalmente alejados de aquella definición de una tasa baja de circulación viral. El ejemplo más significativo es tal vez el uso del parámetro de las camas de UTI disponibles: la normativa mide la capacidad del sistema de salud para soportar un incremento brusco de contagios (ubica como requisito una tasa de ocupación del 80% al 60% de camas), a sabiendas de que ante la apertura escolar, la tasa de nuevas internaciones será una realidad inevitable. Basta recordar lo ocurrido no sólo en EE.UU., Israel o buena parte de Europa, sino también en las provincias de San Juan, Santiago del Estero y Catamarca, en términos de rebrotes ante la vuelta a clases presenciales. En las provincias mencionadas, luego de avanzar en el retorno, debieron dar marcha atrás en extensas zonas por el aumento de casos de coronavirus regresando incluso a la fase 1 de aislamiento en algunas de ellas.

En síntesis, las pautas de cuidado fueron flexibilizadas más aún que en lo dispuesto en la normativa previa. En la Resolución N° 364 del CFE del 2 de julio, que contó con el visto bueno de la central docente CTERA, se había establecido que ante la detección de casos positivos entre el alumnado, se consideraría como casos estrechos al resto de niños/as de cada subgrupo pero no al trabajador de la educación a cargo. “El/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo podrá seguir dando clases al otro grupo”, se señalaba. Lógicamente, esta omisión que descuida la salud de lxs trabajadorxs y lxs transforma en vectores de contagio, no fue enmendada.

El lobby empresarial y su presión para una apertura total de las actividades ha logrado su objetivo. Pese al crecimiento exponencial de los contagios, que ubica a Argentina entre los 6 países con mayor cantidad de casos en el mundo, se completa el ciclo aperturista avanzando sobre las instituciones y actividades escolares. Los requerimientos cada vez más explícitos del empresariado para que la escuela sea un mero accesorio del sistema productivo (y de las ganancias empresariales) en tanto lugar de contención de niñxs se ven materializados en la normativa. Así, se descuida la salud y se da la señal de largada para que gobiernos como el de Larreta avancen atropelladamente hacia un retorno irresponsable en las escuelas, en una ciudad de altísima circulación viral, donde ya 135.00 personas (1 de cada 21 habitantes) contrajeron covid.

Nuestra salud no debe negociarse

Mientras el gobierno nacional descentraliza la definición última de regresar a clases, la central docente CTERA también deja a cada jurisdicción dando pelea por su cuenta y se limita a ensayar tibias respuestas en sus redes sociales. En una comunicación posterior a la resolución del CFE sostienen que “CTERA expresa una genuina preocupación por la saturación de los sistemas de salud en el interior del país”, y convocan a un plenario de Secretarios Generales para la semana entrante. Ninguna medida de lucha nacional, ningún pronunciamiento claro sobre el enorme riesgo de esta apertura en un sistema educativo cuya infraestructura ya era deficitaria antes de la pandemia, ninguna crítica al gobierno nacional y, fundamentalmente, ninguna propuesta para deliberar y organizar el rechazo desde las escuelas.

Pese a la flagrante ausencia de iniciativa de la conducción de Alesso, Baradel y Eduardo López, muchas jurisdicciones plantean escenarios de lucha. En Mendoza, lxs docentes del SUTE lograron frenar el intento de reforma educativa del radical Rodolfo Suárez con una contundente movilización; en CABA la docencia de Ademys llamó a parar y movilizarse el martes 13 y miércoles 14 contra el regreso a clases en plena ola de contagios; en Neuquén, la oposición al TEP impulsa una caravana de manera unificada en el marco de la segunda semana de paro de 48 hs. definido por los Secretarios Generales; en Provincia de Buenos Aires, la oposición Multicolor rechaza el aumento escuálido otorgado por Kicillof y exige un plan de lucha, mientras que este 14 desde las seccionales opositoras se llama a Jornada de Lucha con paro.

El intento de regreso a las clases presenciales en condiciones como las actuales constituye un experimento cuyo resultado puede derivar en el contagio de miles de trabajadorxs, alumnxs y sus familias, además de la saturación de los castigados y desfinanciados sistemas de salud. Es indispensable rechazarlo, y promover la más amplia deliberación para organizar medidas que enfrenten una política aperturista irresponsable y criminal. La organización en cada lugar de trabajo y la coordinación nacional son una urgencia para enfrentar esta avanzada y oponerle todas las medidas de lucha que estén a nuestro alcance.

Fuente: venceremos-arg.org

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El FMI impone más austeridad para Ecuador, aunque predica lo contrario

DEMOCRACIAABIERTA

El FMI que se presenta en las reuniones anuales no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos, como se demuestra en el caso de Ecuador.


En su discurso de apertura de las Reuniones Mundiales Anuales de este año, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió de los peligros de una recuperación desigual y de una creciente desigualdad, y habló de la necesidad de una recuperación inclusiva. De lo contrario, advirtió Georgieva, corremos el riesgo de recrear el mundo distópico de la novela de Charles Dickens «Historia de dos ciudades».

Apenas unos días antes de este discurso, el FMI publicó su último acuerdo de préstamo con Ecuador. En él, encontramos exactamente las mismas prescripciones políticas contra las que Georgieva advirtió.

La brecha entre la retórica del FMI y sus acciones no es nueva. Durante años, el departamento de investigación del FMI ha demostrado que la austeridad y muchas de las reformas impuestas por el FMI empeoran la desigualdad, mientras que los dirigentes hablaban de un FMI que ahora apoya el «crecimiento inclusivo».

El programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: austeridad, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación.

Mientras el mundo se encuentra en medio de la peor crisis en un siglo, Georgieva junto con el Economista Jefe del FMI elaboró un plan para una recuperación inclusiva que abogaba por políticas que apoyaran una recuperación inclusiva, rica en empleos y en contra de la austeridad. El FMI también publicó una investigación en la que se promocionaban los beneficios de la inversión pública.

Sin embargo, el programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: austeridad, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación. En los documentos se pueden encontrar frases como «proteger a los más vulnerables» junto con políticas que seguramente no lograrán ese objetivo.

Para empeorar las cosas, según la propia descripción del FMI, el programa pretende «avanzar en la agenda de reforma estructural iniciada bajo el [acuerdo] anterior». El acuerdo del año pasado se vino abajo después de sangrientas protestas y de ser rechazado por el pueblo de Ecuador.

La principal excepción en el nuevo préstamo es permitir algunos gastos adicionales temporales relacionados con la Covid-19, que es poco probable que compense los anteriores recortes en el gasto sanitario que se produjeron bajo la supervisión del FMI. No hay ningún reconocimiento del FMI sobre cómo esos recortes perjudicaron gravemente la capacidad de Ecuador para manejar la pandemia de la Covid-19.

La austeridad sigue siendo el núcleo del nuevo acuerdo, ya que el FMI exige una rápida consolidación fiscal, con aumentos de impuestos, principalmente en forma de mayores impuestos sobre las ventas, y recortes de gastos dirigidos directamente a la inversión pública y a los trabajadores del sector público.

El programa de reforma estructural consiste en la típica receta del Consenso de Washington de «eliminar las rigideces de los salarios y los precios, mejorar la fiabilidad y la eficiencia del sector energético y los mercados de capital». El acuerdo también ha impulsado a Ecuador a establecer una legislación que facilite las asociaciones entre los sectores público y privado, a pesar de que cada vez hay más pruebas de que éstas suelen dar lugar a servicios de menor calidad y más costosos.

El nuevo programa de préstamos está dirigido a los trabajadores ecuatorianos, con el objetivo explícito de bajarles los salarios. El FMI afirma que eso «impulsará la competitividad». Los trabajadores del sector público son el objetivo directo: el programa exige una «racionalización de los gastos salariales» que se llevará a cabo mediante despidos y recortes salariales. Para los trabajadores del sector privado, la «reforma laboral» apunta a poner a los trabajadores en una posición precaria, y a deprimir aún más sus salarios.

Se supone que estas medidas se mitigan mediante un aumento del gasto social. Sin embargo, los planes específicos que el FMI propone en colaboración con el Banco Mundial a menudo dejan fuera a los más vulnerables. Además, es poco probable que se mantengan a la par de los fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo.

El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han materializado una y otra vez.

A pesar de que el FMI ha publicado recientemente una investigación en la que se destacan los beneficios de la inversión pública y el impacto positivo que puede tener, especialmente durante una crisis, tanto en el empleo como en el crecimiento, el FMI pide al Ecuador que reduzca su inversión pública y su gasto de capital.

El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han materializado una y otra vez, incluso antes de que el mundo entero estuviera en medio de una pandemia y una crisis económica.

El programa del FMI para Argentina en 2018 es un ejemplo reciente de cómo estas reformas se llevan a cabo en el mundo real: una economía aplastada y una pobreza creciente.

El programa para Ecuador es sólo un signo de lo que podemos esperar ver en otros programas de préstamos. El FMI ha dado un paso adelante para proporcionar préstamos de emergencia como respuesta a la crisis de la Covid-19. Esos préstamos, relativamente pequeños en alcance, no tenían condiciones.

Sin embargo, los documentos de préstamo pintan un cuadro claro de lo que los futuros programas pueden implicar y los planes de los gobiernos en colaboración con el FMI. Un informe detallado de Eurodad, documenta cómo el FMI proyecta que la consolidación fiscal se llevará a cabo en 72 de los 80 países que recibieron fondos de emergencia tan rápidamente como el próximo año, y que la totalidad de los 80 alcanzarán la consolidación fiscal dentro de tres años.

El FMI debería centrarse en evitar este escenario desastroso ayudando a los gobiernos a ampliar los impuestos progresivos y sobre las empresas y ayudando a todos los países a coordinar medidas de estímulo para el empleo y el desarrollo sostenible, y no seguir impulsando una austeridad perjudicial, que aumenta la desigualdad.

El FMI, tal como se presenta en las reuniones anuales, no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos.

Fuente e imagen: https://www.opendemocracy.net/es/fmi-austeridad-ecuador-predica-lo-contrario/
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Cuidar la tierra para cuidar la vida: la resistencia de las mujeres rurales en Palestina​

El trabajo de las mujeres campesinas como activismo contra las políticas sionistas, «fue un acto revolucionario, cambiamos la sociedad desde aquí. Nos juntamos para mantener la vida y la cultura vivas».


Los ojos de Karemeh Ahmad se iluminan cuando habla de su cooperativa agrícola, un deseo cumplido desde la Primera Intifada. Mientras canta con los rezos que amenizan la sala, prepara el trigo para hacer cuscús y envasa en bolsitas de plástico el za’atar recién preparado, que llevará al día siguiente al mercado. Como si de un antiguo teatro se tratase, el semicírculo formado a su alrededor denota la admiración que despierta. Se respira el aire fresco del mediterráneo. Nadie diría que estamos en una zona ocupada.

Ahmad vive en Dayr al-Sudan, a 50 kilómetros de Ramallah. Oficialmente, fundó la cooperativa en 2007, aunque la actividad comenzó cinco años atrás. Reconoce que no fue fácil, porque no solo fue juntar a un grupo de mujeres, sino incidir en la sociedad y en ellas mismas sobre la importancia de ser independientes y trabajar la tierra como parte de la identidad palestina. «Fue un acto revolucionario, cambiamos la sociedad desde aquí. Nos juntamos para mantener la vida y la cultura vivas».

Como muchas mujeres durante la Primera Intifada, Ahmad tuvo que hacerse cargo ella sola de todo el peso familiar, pues su marido fue encarcelado y, posteriormente, asesinado. Así, la agricultora comienza a pensar formas de resistir a la ocupación, como ya lo hicieron sus antepasados desde los tiempos del Imperio Otomano. En un inicio, las condiciones eran muy precarias y era común que los soldados del Ejército Israelí ocuparan varias habitaciones de su casa, que también hacía las veces de oficina. Pero ahora, la cooperativa proporciona recursos y modos de subsistencia para las mujeres, teniendo un impacto positivo en la economía familiar. De hecho, Ahmad y sus compañeras son un referente e inspiración en toda la región, pues practican lo conocido como sumud palestino, un concepto que se ha traducido como la perseverancia ante las políticas israelíes, asociado a las luchas diarias de las mujeres por mantener la vida de sus familias y comunidades.

Para Nidda Abu Awwad, profesora e investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Birzeit, el sector agrícola es la columna vertebral de la economía palestina, pero al mismo tiempo el escenario de conflicto con ella, ya que la tierra es el principal componente de la agricultura que se encuentra en el centro del conflicto y, por lo tanto, una base para la resistencia. «Históricamente, las mujeres palestinas han sido un pilar básico en la agricultura. Sin embargo, en el contexto palestino, es difícil separar la participación en la agricultura como actividad económica y como estrategia de supervivencia, ya que, en sí misma, es una expresión de la identidad y la resistencia nacional. Hay que aclarar que nuestra lucha como palestinos en general con la entidad sionista es una lucha de existencia».

Awwad afirma que durante la segunda intifada hubo una creciente participación de las mujeres en la agricultura, que surgió como una estrategia individual de supervivencia y una necesidad de hacer frente al deterioro de las condiciones de vida de la población, como consecuencia del cierre y la imposición de toques de queda. Al mismo tiempo, esta situación conllevó a que las mujeres comenzaran a establecer cooperativas agrícolas de plantas, animales, y proyectos de producción de alimentos. También, porque muchas de ellas quedaron viudas, sus maridos fueron encarcelados o los hombres tuvieron que marcharse a trabajar a Israel, pues los sueldos eran más altos y había una continua destrucción de los campos sembrados y robo del agua.

«Aquí pagamos el agua más cara del mundo-, dice Nawal Yousef, fundadora de una cooperativa de mujeres en Deir Ballut, a 45 kilómetros de Nablus. Los colonos israelíes nos están robando toda el agua. Estamos en una de las zonas más ricas de este recurso y, por ello, nos hacen esta presión para sacarnos. Estamos aislados». De hecho, pueden llegar a pagar más de un euro por el metro cúbico de agua, en unas tierras donde no podrían hacer nada, pues debido a la división de Palestina en los Acuerdos de Oslo de 1993, en su pueblo apenas tienen el 6% del territorio para administrar.

Karemeh Ahmad en su casa de Dayr al-Sudan 16 de agosto de 2019. / Marta Saiz
Karemeh Ahmad en su casa de Dayr al-Sudan 16 de agosto de 2019. / Marta Saiz

Una de las maneras para afrontar y llevar mejor esta situación son las comidas que comparten todas juntas en el local de la cooperativa, que hace unos años hacía las veces de escuela. Las paredes rosas y los restos de dibujos coloreados añoran tiempos donde el muro no existía y la vida era más llevadera. Yousef ríe junto a Amhed Hader, con quien fundó la cooperativa, con el objetivo de negociar los precios abusivos de mercado que les ofrecían los intermediarios, pues ellas mismas plantaban, recogían y vendían la mercancía.Nidda Abu Awwad:

Y recuerdan como juntas se hicieron más fuertes para reclamar sus derechos.

Yousef nació en una familia de la diáspora palestina. Sus padres se vieron forzados a abandonar Palestina durante la Nakba, el desastre de la creación del Estado de Israel que, durante los años 1947 y 1949, conllevó el éxodo de más de 700.000 personas palestinas de su territorio. Y Venezuela les acogió. Ella vivió treinta años en el país Latinoamericano hasta que decidió visitar su tierra y quedarse allí. Fue la única de sus ocho hermanos que regresó.

Al igual que Yousef, Abeer Ibder vive en una zona donde la cercanía del muro les imposibilita poder trabajar libremente la tierra. En su pueblo, Dayr al-Ghusun, a 14 kilómetros Tulkarem, Ibder es ingeniera agrónoma y, desde hace diez años, también trabaja las tierras que le dejó su madre. Para ella es importante trabajarlas porque es su derecho, así como el de todo el pueblo palestino. Pues son sus tierras. «El problema que tenemos es que la colonización sionista lo destruye todo, lo que sembramos y lo que producimos. Plantar la tierra significa una lucha contra la colonización. Cuidarlas para que no sean ocupadas de nuevo y confiscadas».

Agri-resistencia

Once años atrás, cuando Vivien Sansour regresó a su pueblo natal, Beit Jala (Belén), conoció a muchas personas agricultoras que eran las que mantenían la tierra, incluso si no era económicamente viable. «Arriesgan su vida para trabajar la tierra, para mantener vivas las costumbres. El verdadero significado de la resistencia es lo que estas personas están haciendo; mantener esas señales que nos hacen estar vivas. En eso consiste la agri-resistencia».

Y decidió que eso es lo que iba a hacer el resto de su vida.

Karemeh Ahmad en su casa de Dayr al-Sudan, 16 de agosto de 2019. / Marta Saiz
Karemeh Ahmad en su casa de Dayr al-Sudan. / Marta Saiz

Sansour ve indisociable separar el término agri de cultura, pues van de la mano. Y, por ello, en 2014 fundó Palestine Heirloom Seed Library, una biblioteca de semillas que trabaja para encontrar y preservar variedades de semillas antiguas y prácticas agrícolas tradicionales. También es un movimiento para concienciar a la población palestina sobre la riqueza de sus productos y la importancia del consumo local. Sin embargo, no es tan fácil.

«Al vivir en una prisión como esta, donde el Estado de Israel nos pone frente a una industria agroalimentaria terrible en las que los precios son mucho más bajos, es complicado convencer de la riqueza del producto local. Y más, cuando producir en los territorios ocupados es cinco veces más caro por la falta de agua y el excesivo pago de aranceles».

Sobre la situación de la mujer agricultora, Sansour habla de una lucha continua con el sionismo, el patriarcado y la violencia del propio Estado. «Las mujeres están constantemente en estado de supervivencia. Con la construcción del muro, arriesgan sus vidas para salir y poder vender unos pocos kilos de algo. Los soldados las paran, las violentan y las humillan. Y luego llegan a sus casas y también tienen que sufrir esa violencia estructural. Pero eso no nos hace heroínas. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser heroínas todo el tiempo? ¿Es increíble porque es resistencia, o no es justo porque hay un poder superior? ¿Acaso las mujeres de otros lugares del mundo lo tienen más fácil?»

Fuente: https://rebelion.org/cuidar-la-tierra-para-cuidar-la-vida-la-resistencia-de-las-mujeres-rurales-en-palestina%e2%80%8b/

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My Student Experience: Mathematics Education Student Jessica Terrones ‘22 Shares Her ‘Sin Limite’ Experience as Latinx Heritage Month Committee Chair

My Student Experience: Mathematics Education Student Jessica Terrones ‘22 Shares Her ‘Sin Limite’ Experience as Latinx Heritage Month Committee Chair

“Sin limite.” In Spanish, the phrase means “limitless.” For Jessica Terrones ‘22, who helped choose those two words as the theme for this year’s Latinx Heritage Month, it means a world of possibilities.

“As a daughter of immigrants, I have always felt that I had limitations, such as fears of proving myself because of the color of my skin or being frowned upon for the way I speak,” Terrones said. “It never felt like I could ever overcome such limitations until now. I know that I am more than capable, and I am willing to continue to persist without fear of what others think of me.”

That confidence comes in part from her role as this year’s NC State University Latinx Heritage Month committee chair. As the committee chair, the number of tasks she needed to complete to make sure the month went off without a hitch came close to pushing her to her limits.

In addition to helping select the theme, she recruited students to the planning committee, decided on programming, organized marketing materials and served as the committee’s liaison to other student organizations. But Terrones was up to the challenge, thanks to her experiences with Professional Learning Teams (PLT) as a mathematics education major in the College of Education.

“I had to regularly communicate with my committee members and let their voices be heard,” Terrones said. “I had never been in charge of a group or event so large as Latinx Heritage Month, but many of the skills like public speaking, PLT techniques, cultural competence and more that I attained through the College of Education helped me successfully lead and take charge.”

Terrones first volunteered with the Office of Multicultural Affairs to fulfill the College of Education’s Passport to Success cross-cultural signature experience, but that experience soon turned into a job opportunity that eventually led to her taking a leadership role as the chair of the Latinx Heritage Month committee.

For Terrones, the month, which lasted from Sept. 15 to Oct. 15, is a vital opportunity to let students know their heritage is being recognized.

“As a person of color at NC State, it can be easy to feel intimidated for standing out in a predominantly white institution,” Terrones said. “So by having Latinx Heritage Month, it at least gives students a moment to feel heard and acknowledged, even if it’s for a month.”

And it’s not just about being heard and acknowledged, but about bringing people together.

“It lets students know that there is a community out there where they can feel accepted and can relate their experiences while continuing to learn about one another,” Terrones said.

To create these learning opportunities, Terrones and the rest of the committee planned a variety of events, including “Mi Cocina” cooking videos on Instagram, a keynote speaker series and a virtual educational gallery. Planning these virtual events was a challenge, but Terrones knew it was necessary.

“We had seen with our own eyes that Latinx people had been one of the most impacted groups by the pandemic, so we could not risk endangering the lives of our peers as much as we wanted to do in-person events,” Terrones said.

Normally, there is only one keynote speaker during the month, but Terrones and her committee wanted to demonstrate how intersectional “sin limite” could be.

“You can be Latinx and have a career in STEM,” said Terrones. “You can be a librarian and a DJ. You can connect with your ancestral roots while encouraging underrepresented groups to engage with the outdoors. There is no one who fits all views on how a Latinx person should be in 2020, so we used this thought to guide our selection of keynote speakers.”

A self-described introvert, Terrones overcame her fear of public speaking in order to step into her leadership role.

“I had to lead keynote speaker events and committee meetings, which were very intimidating, but I enjoyed that they challenged me to do better,” she said.

Latinx Heritage Month enabled Terrones to transcend her limits, but it also allowed her to stay grounded.

“Through my experience, I have been able to stay connected with my identity,” Terrones said. “Coming into college, I was scared of losing that part of me, but instead, I have been able to embrace it.”

Fuente de la Información: https://www.google.com/search?q=traductor+on+line&oq=traductor+on+line&aqs=chrome.0.69i59j0i10j0l6.8365j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

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