Por: Belén Hernández

En el último lustro, los centros educativos de todo el mundo han sufrido más de 11.000 acciones violentas. Como llamada de atención, la ONU declara el 9 de septiembre Día Internacional para la Protección de la Educación ante Ataques

Sonia Mankongo ha visto el miedo en la mirada de sus alumnos. Miedo a que vuelvan a atacar su escuela y a que tengan que huir de nuevo. Mankongo es coordinadora del programa de educación de la ONG Zerca y Lejos y profesora en el colegio N’drock, en el extremo norte de Camerún. Ese centro educativo es el único que permanece abierto en la zona fronteriza con Nigeria por los continuos ataques y la presencia del grupo yihadista Boko Haram. «Pasamos de tener 300 alumnos a tener 600, sin que el profesorado ni las aulas estuvieran preparados para acoger a estos niños que habían sido agredidos», explica Mankongo al teléfono.

Estudiar bajo la amenaza de un secuestro, de las bombas, o de ser violadas o reclutados como soldados es algo más que habitual en muchos países. Igualmente, una tarea difícil para los gobiernos y las organizaciones internacionales es la de conseguir que las escuelas no se conviertan en trincheras. Más de 22.000 estudiantes y profesores se vieron afectados por alguno de los más de 11.000 ataques que recibieron colegios, institutos y universidades entre 2015 y 2019 en todo el mundo, según señala el informe Ataques a la educación 2020 de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA en sus siglas en inglés).

Este mismo estudio revela que más de dos tercios de estas acciones violentas fueron de manera directa contra escuelas. La República Democrática del Congo (RDC) y Yemen estuvieron entre los países más afectados, y registraron más de 1.500 incidentes cada uno en este periodo. Los dos lideran el ranking, seguidos de cerca por Afganistán. «Aunque hay un ligero descenso a nivel global, sí que hemos visto cómo en estos últimos años han empezado a producirse asaltos en nuevas regiones geográficas y se han agudizado en otras», asegura Marika Tsolakis, investigadora principal del informe de la GCPEA.

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Uno de los lugares donde la violencia se ha agudizado es Camerún. El país africano se ha visto azotado en los últimos años por el terrorismo del grupo yihadista Boko Haram, en los que la práctica habitual, además de quemar casas y aterrar a la población local, era la de raptar niños. «Son presas fáciles y, una vez caen en sus manos, también los usan como bombas«, se lamenta Mankongo.

«Cada día, en nuestra clase, algunas con hasta 300 alumnos, vivíamos una situación violenta: hombres con machetes, navajas o pistolas nos amenazaban y secuestraban a los alumnos. Muchos de ellos no volvían nunca, otros morían y, los más afortunados, aquellos cuyas familias podían, eran rescatados a cambio de dinero». Este relato de terror lo hace a través del teléfono Williamson Kajibwami, profesor de francés en República Democrática del Congo. «He puesto en peligro mi vida muchas veces», explica este congoleño de 46 años que ejerció como docente durante 11 en el sur y el norte de la convulsa región de Kivu. Una carrera profesional que acabaría en 2009. Los rebeldes quemaron su casa y amenazaron con matarlo. En ese momento huyó caminando durante tres días desde Goma hasta la frontera de Bunagana, en Uganda. «Estamos traumatizados por los ataques y el Gobierno no apoya la Educación ni a los profesores, que somos los que velan por el futuro de las nuevas generaciones», se lamenta Kajibwami.

Pero África Subsahariana no es la única región afectada por la violencia contra la educación. El 40% de escuelas en Siria están dañadas o destruidas desde que comenzó la guerra; Sri Lanka, Filipinas, India, Irak, Venezuela, Indonesia y hasta 34 regiones más han visto como sus colegios acababan siendo usados como centro militar. De los 37 países que se han estudiado en el informe, al menos 21 han denunciado casos de abusos sexuales y otras agresiones contra mujeres y niñas, entre los que están Colombia, Myanmar, Nicaragua, Nigeria y Pakistán.

Ataques a la educación 2020 es el último estudio que se ha realizado sobre la violencia ejercida contra las escuelas, profesorado y alumnos en el mundo y que respalda la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques. La iniciativa está integrada por 104 países y organizaciones internacionales como Unesco, ACNUR, Save the Children, Plan Internacional y Unicef, entre otras, que desde 2010 vela por las infraestructuras y el personal educativo en conflictos y emergencias. El último gran paso de esta coalición ha sido la aprobación del Día Internacional para Proteger la Educación ante Ataques que la ONU ha establecido que se celebre cada 9 de septiembre. “Sin educación no podemos acabar con la pobreza y la desigualdad, ni promover la paz o luchar contra el cambio climático”, aseguraba António Guterres en la ceremonia virtual que se celebró el pasado miércoles. El secretario general de Naciones Unidas señaló la necesidad de utilizar las tareas de recuperación ante la covid-19 como una oportunidad para construir un mundo mejor, también dentro de las aulas.

Más incidentes en el Sahel central, a pesar de la covid-19

La pandemia y el cierre de la práctica totalidad de las escuelas en el mundo no han sido obstáculos para que los ataques contra las escuelas continuasen, especialmente en el Sahel central, formado por Malí, Burkina Faso y Níger. «Más de 90 incidentes tuvieron lugar en los primeros siete meses de 2020 y parece que se produjeron a un ritmo similar al del año pasado», señala la CGPEA en otro nuevo informe centrado en la zona.

Burkina Faso, Malí y Níger viven un contexto de inseguridad en el que los grupos armados se oponen a la educación en francés administrada por el Estado y apuntan explícitamente a las escuelas públicas, la mayoría de las veces quemando y saqueando instituciones educativas y amenazando, secuestrando o matando a profesores.

En Mali se identificaron 31 incidentes y 27 de ellos sucedieron en junio, cuando los colegios reabrieron para los exámenes, además de 500 amenazas contra profesores y centros de enseñanza. En Níger se denunciaron 15 ataques entre enero y marzo, y otros dos incidentes en mayo y junio. Burkina Faso fue el país que más registró en ese periodo, con más de 40. Estas cifras se recopilaron en un contexto de pandemia en el que obtener información fue difícil por el aumento de la inseguridad, las restricciones de movilidad y el cierre de centros.

La vuelta paulatina a las aulas tras el confinamiento, tanto en el Sahel central como en otras partes del mundo, preocupa a las organizaciones. Por eso, la Coalición ha instado a los gobiernos a garantizar que se lleven a cabo evaluaciones de riesgo antes de la reapertura y se apliquen las medidas de seguridad adecuadas con el fin de minimizar el riesgo de sufrir violencia tanto de estudiantes como profesores. Y en los casos en que la vuelta a las clases no pueda hacerse de forma segura, se deberán adoptar medidas de enseñanza alternativa y a distancia. «A medida que se desarrollan programas y políticas para apoyar la continuación de la educación durante la crisis sanitaria, existe una oportunidad de garantizar que incorporan mayor protección e incluyen a los estudiantes excluidos del aprendizaje debido a ataques pasados», ha reivindicado Diya Nijhowne, directora ejecutiva de la GCPEA. Es una oportunidad única para evitar una catástrofe generacional, con escuelas abiertas y sin trincheras.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/09/08/planeta_futuro/1599555131_678951.html