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Argentina: Reclamos salariales activan el conflicto policial en Río Negro

Policías activos y retirados de la Policía de Río Negro se manifestarán mañana frente a la Jefatura de Policía -respetando los protocolos Covid- para reclamar por aumentos salariales en la fuerza y fijar en 70.000 pesos el sueldo para las categorías iniciales.

Como un efecto espejo de lo sucedido con la policía bonaerense y otras en el país, se enciende una mecha que será preciso apagar, porque como señaló el policía Rubén Munoz «en la fuerza hay indignación» y se viven situaciones económicas de necesidades extremas.

Explicó en una nota en «Un Día Más» de Radio VyP que el sueldo de bolsillo inicial es de 30 y 32 mil pesos y que «hay mucho malestar» para aclarar que esta movilización es espontánea y que tiene sus argumentos en lo que pasa con la policía en Río Negro, descartando toda intencionalidad política impulsada por algún sector partidario.

Estos reclamos tienen un fuerte impulso en las regionales más importantes y destacó que se llegó a este punto porque «las autoridades de la institución no supieron comprender la situación» o «al Gobierno no le interesa su Policía», en referencia a que estos reclamos son conocidos tanto por la fuerza como por las autoridades del Ejecutivo.

La sombra del conflicto policial del 2013 es un fantasma en estas circunstancias de reivindicaciones salariales y laborales de la policía, ya que tuvo un fuerte impacto en la sociedad y en el gobierno de entonces y que luego tuvo fuertes consecuencias internas para muchos uniformados, como recordó el propio Muñoz, ya que aclaró que de ninguna manera esta movilización de mañana no descuidará la prevención en las calles y la prestación del servicio.

Los policías movilizados entregaron un petitorio de ocho puntos a las jefaturas de cada Regional y su pretensión es ser atendidos por autoridades provinciales, porque a su entender los reclamos exceden a los jefes de la institución, a la vez que consideran que es necesario «sentarnos todos en una mesa para atender a los reclamos de la Policía».

«Lo desconsideramos porque no dice nada y es un texto vacío», dijo el policía Rubén Muñoz, en referencia al comunicado difundido ayer por el Gobierno sobre la actualización salarial al sector.

También pidió a los jefes que no se formulen amenazas a los policías para que no hablen del tema salarial, «porque se pueden iniciar sumarios». Indicó que estas actitudes sólo enardecen y profundizan el conflicto y reclamó que «sean cautos y no aceleren las cosas».

Petitorio

El petitorio policial, además de reclamar un sueldo de 70.000 pesos para las categorías iniciales, solicita la eliminación del horario de tercios, un aumento del 100 por ciento en los pagos de los servicios adicionales; que las horas de recargo se abonen de igual manera que los adicionales; la provisión de elementos de bioseguridad para los efectivos como barbijos, guantes, lavandina y otros; la asistencia médica inmediata en casos de Covid de un uniformado y que los aumentos se apliquen en blanco, o sea remunerativos.

Fuente: https://www.adnrionegro.com.ar/2020/09/con-reclamos-salariales-se-activa-el-conflicto-policial-en-rio-negro/

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Afganistán: Deben oírse las voces de las víctimas en las conversaciones de paz

Amnistía Internacional ha señalado la necesidad de que las víctimas del conflicto de Afganistán tengan voz en las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes, y de que se atiendan sus reivindicaciones de justicia.

En referencia a las mencionadas conversaciones, que se celebrarán en Doha (Qatar), la organización de derechos humanos ha pedido tanto a los equipos negociadores como al país anfitrión que incluyan las voces de las víctimas y que garanticen una verdadera participación de las mujeres en ellas, para que sus derechos sean respetados en el acuerdo resultante.

Pero para que las conversaciones de paz sean dignas de tal nombre, deben comprometerse a impartir justicia a las víctimas y a garantizar la rendición de cuentas frente a las violaciones graves de derechos humanos.
David Griffiths, director de la Oficina del Secretario General de Amnistía Internacional

“Nadie desea más la paz que la ciudadanía afgana, que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo a causa del conflicto. Pero para que las conversaciones de paz sean dignas de tal nombre, deben comprometerse a impartir justicia a las víctimas y a garantizar la rendición de cuentas frente a las violaciones graves de derechos humanos. La participación de las víctimas es una salvaguardia esencial para garantizar que sus voces sean oídas», ha declarado David Griffiths, director de la oficina de la Secretaria General de Amnistía Internacional.

“La paz no puede ser sólo el cese de hostilidades. Para que la población afgana rompa con su doloroso pasado y las heridas cicatricen, las víctimas deben tener acceso a la justicia, y los responsables de delitos tienen que rendir cuentas. Si no se abordan las graves violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes, no sólo se traicionará a las víctimas, sino que persistirá la amenaza de un nuevo conflicto.”

Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido tanto a los equipos negociadores como a las partes en el conflicto —y, en particular, al gobierno de Afganistán—, que impidan cualquier retroceso en relación con las conquistas de derechos humanos alcanzadas durante los últimos 20 años, y que los posibles acuerdos formalizados tengan como eje los derechos de la población afgana y, en especial, de las mujeres. Con respecto a los derechos las mujeres, el objetivo debe ser consolidar y fortalecer su capacidad para ejercer plenamente sus derechos humanos.

Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Las conversaciones empiezan pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, haya sancionado a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, porque su oficina está investigando los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto.

Desde que Afganistán se convirtió en Estado Parte en el Estatuo de Roma, en 2003, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han venido documentando violaciones graves de derechos humanos contra la población civil afgana, incluidos torturas, desapariciones, homicidios selectivos y ataques deliberados contra civiles en crímenes de guerra. Como las autoridades afganas no investigaban seriamente esos delitos, la Corte Penal Internacional ha intervenido como “tribunal de última instancia”.

Las sanciones referidas llegan poco después de la polémica liberación, por parte del gobierno afgano, de presos talibanes acusados —con fundamento— de violaciones graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. La ausencia de rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos —y, en particular, crímenes de guerra y de lesa humanidad—, reduce aún más las perspectivas de justicia para las víctimas.

“Al imponer esas inadmisibles sanciones a la fiscal de la CPI, el gobierno de Trump intenta de nuevo castigar a quienes buscan justicia por los delitos de derecho internacional cometidos en Afganistán. Con su actuación, Estados Unidos ha decidido proteger a los responsables de delitos frente a la rendición de cuentas y abandonar a las víctimas”, ha declarado David Griffiths.

“Los equipos negociadores del gobierno afgano y de los talibanes deben dejar de amparar a los perpetradores, apoyar la investigación de la CPI y comprometerse a garantizar justicia, dentro del país, a todas las víctimas de decenios de atrocidades. Si realmente quieren llevar la paz a Afganistán, deben demostrar que no tienen miedo de impartir justicia.”

Preservar las conquistas de derechos humanos

Las conversaciones de paz deben comprometerse también a preservar y fortalecer los avances que ha experimentado Afganistán durante los últimos 20 años en materia de derechos humanos.

En particular, el acuerdo de paz deberá ajustarse a las obligaciones internacionales de Afganistán y, por tanto, defender la celebración de juicios justos y los derechos de las mujeres y las niñas, de los menores de edad, de las minorías religiosas y étnicas, de los periodistas y de los defensores y defensoras de derechos humanos.

De momento, los talibanes no se han comprometido de manera explícita y creíble con los derechos humanos consagrados en la Constitución de Afganistán ni con el derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye los derechos al trabajo, a la educación, a la libertad de circulación, a la libertad de religión o credo y a la libertad de expresión.

“No se puede soslayar el hecho de que las autoridades afganas han incumplido sus propios compromisos de derechos humanos, pero tampoco se puede negar que se han dado grandes e importantes pasos durante los últimos 20 años en lo que se refiere a las libertades de las mujeres y las niñas, las minorías religiosas y étnicas, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos, de igual forma que se ha avanzado en lo relativo al derecho a la educación. Pese a las graves amenazas a su seguridad, la población afgana ha ejercido sus derechos civiles y políticos. Es preciso consolidar estos logros, y no comerciar con ellos”, ha afirmado David Griffiths.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/afghanistan-victims-must-be-heard-in-peace-talks/

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FARC critica recortes en educación e investigación en Colombia

El partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) criticó este martes el recorte de recursos en educación e investigación promovido por el gobierno de Iván Duque, mientras otros países avanzan para enfrentar la pandemia.

Mientras Rusia anuncia una vacuna contra el coronavirus SARS CoV-2, en Colombia se recortan recursos para la educación e investigación, apuntó la FARC en Twitter.

El movimiento político surgido de la exguerrilla colombiana calificó de triste “el atraso científico y académico promovido por los últimos gobiernos y especialmente el de Iván Duque”, reseña Prensa Latina.

Este martes el presidente Vladímir Putin anunció el registro oficial de una vacuna rusa, la primera del mundo para afrontar los contagios de la COVID-19.

La vacuna trabaja con efectividad y crea inmunidad de forma estable y pasó todas las comprobaciones necesarias, estimó el jefe de Estado ruso, según medios locales.

Fuente: https://www.vtv.gob.ve/farc-critica-recortes-en-educacion-e-investigacion-en-colombia/

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Haití: Policía reprime manifestación estudiantil contra la violencia y la inseguridad

Por: Prensa Latina

Nueva jornada de tensiones en capital de Haití

Nuevas tensiones entre manifestantes y policías protagonizaron este jueves estudiantes como parte de una jornada de protestas, que en las últimas semanas reclaman maestros en las aulas.

Las fuerzas del orden público dispersaron una movilización que pretendió honrar al presidente del Colegio de Abogados asesinado, Monferrier Dorval, con una ofrenda floral en su residencia situada en las inmediaciones de la casa presidencial.

Con gases lacrimógenos la policía frustró las protestas, mientras los alumnos se defendieron con piedras y botellas.

En el centro de la ciudad, universitarios y estudiantes de escuelas públicas reeditaron una movilización que demandó profesores en las aulas, un mes después del reinicio del curso escolar.

‘Ya perdimos clases por la pandemia y ahora llevamos un mes sin que nadie vaya al aula’, dijo uno de los alumnos.

Por su parte, sindicatos de profesores insisten en no reincorporarse a las escuelas hasta que se complete el pago de sus honorarios atrasados y las autoridades accedan a un ajuste salarial, tras depreciación de la moneda nacional y la creciente inflación.

La víspera, en el marco de las protestas de los estudiantes, manifestantes y simpatizantes atacaron el colegio Canadá-Haitiano, lo que obligó a la institución a cerrar sus puertas. A inicios de esta semana, el ministro de Educación, Pierre Josué Argenor Cadet, condenó otras agresiones contra los liceos Friz Pierre Louis, Normalien y Roger Anglade, y pidió que no utilizaran a los jóvenes con fines políticos.

Sugirió que agendas ocultas fomentan la violencia y catalogó de inadmisible que individuos manipulen y sigan atacando a los centros, violando sistemáticamente el derecho a la educación y el respeto a los demás.

En las últimas semanas alumnos de las escuelas públicas se manifestaron en varias ciudades con reclamos similares, mientras otros se unieron a las movilizaciones de maestros.

Prensa Latina

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Las personas más ricas de Oriente Medio han ganado durante la pandemia dos veces lo que se necesita para reconstruir Beirut

Por: VientoSur 

Según la ONG Oxfam, en la región MENA (Medio Oriente-Norte de África), el 76% de los ingresos está en manos de solo el 10% de la población, y 37 milmillonarios tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población adulta.

La fortuna de las 21 personas más ricas de Oriente Medio y África del Norte ha aumentado en casi diez mil millones de dólares desde marzo, casi el doble de los fondos estimados necesarios para reconstruir Beirut después de la explosión, según indica Oxfam el jueves en un comunicado de prensa.

Para la ONG, la pandemia del coronavirus ha acentuado las desigualdades en la región y 45 millones de personas podrían caer en la pobreza.

Desde el inicio de la pandemia en marzo, “los 21 hombres más ricos de la región de Oriente Medio y África del Norte [MENA] han visto aumentar sus fortunas en casi diez mil millones de dólares”, ha estimado Oxfam.

Esta suma representa “casi cinco veces los fondos requeridos por el llamamiento humanitario de la ONU para combatir el COVID-19 en la región MENA”, ha señalado la organización.

“La pandemia ha puesto al descubierto las profundas desigualdades y los fracasos masivos de nuestros sistemas económicos, dejando a millones de personas de la región sin trabajo, sin acceso a la atención médica y sin seguridad social”, ha declarado Nabil Abdo, asesor principal de Oxfam en la zona MENA.

La ONG ha pedido a los gobiernos de la región que “actúen con rapidez y aumenten las cantidades destinadas a proteger a las personas más vulnerables de la sociedad”.

También ha comparado esos diez mil millones de dólares, según datos de la revista Forbes, con los destrozos causados por la mortífera explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto.

Esto es “casi el doble de la suma estimada necesaria para reconstruir la devastada capital del Líbano”, agrega el comunicado, refiriéndose a estimaciones de la firma auditora PwC después de la explosión que destruyó decenas de edificios y dejó otros 3.400 edificios inhabitables.

En total, 40.000 edificios se vieron afectados.

1,7 millones de personas perderán su empleo

La explosión, que según las autoridades se debió a una enorme reserva de nitrato de amonio almacenado en el puerto, provocó más de 180 muertes, 6.500 personas heridas y destruyó o dañó las viviendas de unas 300.000 personas.

Según la ONU, más del 55% de la población libanesa está ahora “atrapada en la pobreza  “.

En la región MENA, el 76% de los ingresos está en manos de sólo el 10% de la población “con 37 multimillonarios que poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población adulta”, detalla Oxfam.

Para la ONG, “si JordaniaLíbanoEgipto Marruecos hubieran aplicado un impuesto sobre el patrimonio del 2% a partir de 2010, estos países podrían haber recaudado 38 mil millones de dólares en ingresos fiscales, que podrían haberse invertido en mejorar la atención de la salud pública y reconstruir los sistemas de protección social”.

“Las medidas para proteger a las personas pobres han fracasado. Se estima que solo el 11% de los planes de recuperación económica en la región estaban destinados a medidas de protección social y salud. En este contexto, se estima que el 89% de los 16 millones de trabajadoras y trabajadores informales de la región se han visto gravemente afectados por las medidas contra la pandemia. Las inversiones extranjeras también probablemente disminuirán un 45% y se espera que 1,7 millones de personas pierdan su empleo, incluidas 700.000 mujeres, lo que costará 42.000 millones de dólares en salarios perdidos ”, añade la ONG.

Texto original: https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/moyen-orient-riches-inegalites-economie-explosion-beyrouth

Traducción: Viento Sur

Fuente: https://vientosur.info/las-personas-mas-ricas-de-oriente-medio-ganaron-durante-la-pandemia-dos-veces-lo-que-se-necesita-para-reconstruir-beirut/

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Entrevista a Lizzy Osorio, comunicadora y activista por los DDHH: “En Paraguay se cometió un infanticidio”

Por Leandro Albani

El 2 de septiembre, las fuerzas armadas de Paraguay asesinaron a dos niñas argentinas en un supuesto operativo contra la guerrilla. El gobierno paraguayo busca reforzar la impunidad ante las crecientes denuncias por lo ocurrido.

“Es impostergable el desmantelamiento de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), que, en palabras de los propios pobladores del norte del país, tanto daño han hecho a las comunidades campesinas e indígenas”, afirmó a La tinta Lizzy Osorio, comunicadora y activista de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia del Paraguay.

De esta manera, Osorio se refirió a la fuerza responsable de los asesinatos de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos niñas argentinas, de 11 años, ocurrido el pasado 2 de septiembre en un supuesto operativo contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el distrito de Yby Yaú, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay.

Luego de que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez anunciara como un “éxito” el operativo, y de viajar hasta el lugar de los crímenes para tomarse fotos con los soldados, lentamente, se fue conociendo lo que el Ejecutivo tanto intenta ocultar: que las niñas fueron asesinadas, sus ropas cambiadas y enterradas, violando todas las leyes nacionales e internacionales.

Ante esta situación macabra, Osorio afirmó que “es necesario que la comunidad internacional, y me refiero tanto a instituciones como organizaciones sociales no sólo de la Argentina, expresen su solidaridad y se coloquen como observadores de estos hechos, de manera que se pueda esclarecer y aplicar las medidas necesarias para castigar a los responsables”.

Paraguay protesta por niñas asesinadas la-tinta

Desde la cancillería argentina, ya se pidieron explicaciones al gobierno de Paraguay, aunque las respuestas, hasta ahora, fueron reticentes. Al mismo tiempo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) criticó con dureza el operativo realizado por las fuerzas armadas paraguayas. La respuesta gubernamental a la ONU fue la negación del hecho.

—¿Cómo calificarías la postura del gobierno paraguayo con respecto al asesinato de las dos menores de edad argentinas?

—El gobierno de Abdo Benítez evidencia su política neoestronista y es la continuidad del régimen totalitario de Alfredo Stroessner, que no cayó en febrero de 1989, ya que sus fuerzas militares y toda la estructura siguen estando al servicio de los mafiosos, corruptos y asesinos. Lo sucedido en Yby Yaú fue un infanticidio, un crimen de lesa humanidad, que demuestra la magnitud de violación a los derechos humanos que estamos viviendo en nuestro país. Lo repudiable es que hasta el propio presidente festeje y catalogue como “exitoso” un operativo donde asesinaron a dos niñas. Ante esto, tanto Mario Abdo Benítez, los ministros de Defensa y de Interior, y el alto mando de la Fuerza de Tarea Conjunta son responsables de este hecho, que no debe quedar impune.

—¿Existe algún imputado o acusado en la justicia por los asesinatos?

—La Fiscalía General, como es una práctica en un Estado terrorista, no ha realizado ninguna imputación, pese a que estamos ante graves violaciones del derecho internacional. La actuación de los militares de la FTC supera toda racionalidad al manipular pruebas del sitio, al quemar la vestimenta de las niñas, que iban a contribuir con la investigación El gobierno, con el fin de querer tapar los hechos, rápidamente procede a enterrarlas sin siquiera identificarlas. Ante este ultraje, y gracias a la insistencia de la comunidad internacional, luego de tres días, se ha procedido a la exhumación de los cuerpos y el peritaje de los mismos, sin que la otra parte -abogadas, Cancillería argentina- tenga garantías de que las mismas no hayan sido torturadas por parte de los militares.
Es importante resaltar la complicidad del Poder Judicial con respecto a crímenes de la Fuerza de la Tarea Conjunta desde sus inicios, en 2013: atropellos con armas de guerra en instituciones educativas donde acuden niños campesinos, torturas a pobladores de los departamentos sitiados, restricciones para la realización de reuniones políticas, entre otros. Como antecedente, en la zona en la que hoy opera la FTC, se produjeron otros graves hechos, como el asesinato a una persona sordomuda por parte de la policía nacional, en 2012, alegando que era parte de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, hecho absolutamente desmentido por la comunidad que acompañó este lamentable caso.

—¿Cómo está reaccionando la sociedad paraguaya ante lo que ocurrió?

—Al igual que el régimen totalitario de Alfredo Stroessner, que tenía como característica instalar el medio y la zozobra en población, quedando como patrón cultural de la sociedad paraguaya, el gobierno fraudulento de Abdo Benítez coloca, a través de los medios empresariales de comunicación, un “enfrentamiento entre las FTC y dos guerrilleras”. Frente a esto, se observa un repudio ciudadano por la ejecución de estas niñas, sumado a que la supuesta inteligencia de las Fuerza de Tarea Conjunta dispone de un presupuesto anual que supera los 17 millones de dólares anuales, según la Sociedad de Economía Política de Paraguay. Esto sucede en un país en que su población pobre supera el 50 por ciento, con políticas de despidos y que se sostiene a base de ollas populares.

Paraguay niñas asesinadas por el ejercito la-tinta

Estas expresiones de hartazgo de individualidades llevaron a acciones no violentas contra uno de los patrimonios culturales materiales de la capital del país. Esto desembocó a que esa misma clase política mafiosa, ese sector dominante como la Unión de Gremios de la Producción, entre otros, manifiesten su solidaridad con las paredes del Panteón de los Héroes, pero no así con las niñas asesinas.

Las organizaciones de derechos humanos, como la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, han solicitado a las instituciones públicas encargadas de velar por la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, a realizar todas las acciones para lograr una investigación amplia y eficaz, además de poner de vuelta en el debate público el rol de las FTC en el norte del país, y el carácter inconstitucional de las leyes de la Ley N° 5.036/13 que modifica y amplía la Ley N° 1.337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, ya que autoriza el empleo de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna.
—¿Cuál es la situación represiva general en Paraguay?

—El Estado paraguayo tiene una deuda, que pretende quedar en la absoluta impunidad, con respecto a varios crímenes cometidos durante la tiranía político-militar de Stroessner y los hasta ahora 31 años de la supuesta democracia, o “transición” como la llaman. Justamente, para no quedar en esa impunidad es la insistencia en la necesidad del juicio y castigo a los torturadores y perpetradores de estos atropellos a la dignidad humana.

Paraguay es un Estado terrorista por este tipo de actuar de las instituciones que deberían velar por la seguridad. Pero, al contrario, son quienes propician estos hechos con graves consecuencias en lo que respecta a violaciones de los derechos humanos.

El gobierno títere de Abdo Benitez ha profundizado la criminalización de la lucha social, la persecución y el hostigamiento a referentes campesinos y campesinas, indígenas, estudiantes, personas LGBTI+, presos políticos, entre otros sectores. La militarización del país, con el empleo de fuerzas como la FTC, el Grupo LINCE o civiles armados en comunidades indígenas y campesinas al servicio de la oligarquía, comprueba la situación de un Estado fallido. La tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes siguen acrecentándose en numerosas denuncias que presentan las organizaciones de derechos humanos.

—¿Cómo están actuando los grandes medios de comunicación del país frente al asesinato de las dos niñas?

—Los grupos empresariales de medios de comunicación están al servicio de la narcopolítica paraguaya. La concentración de los grandes medios está en manos de comprobados contrabandistas, como el ex presidente Horacio Cartés Jara y el Grupo A.J. Vierci, ambos relacionados con partidos tradicionales como la Asociación Nacional Republicana. Esto demuestra que, en Paraguay, se viola el derecho a la información objetiva y eficaz.

Desde la agencia mediática, no existe intención alguna de propiciar el esclarecimiento del asesinato de las niñas por parte de la FTC, sino que se impone la lógica oficial del discurso del gobierno de que esto se trata de “inteligencia y lucha contra el crimen organizado”, sabiendo que el crimen organizado es justamente perpetrado por esos mismos dueños de esos medios de comunicación.

Paraguay presidente campamento niñas asesinadas la-tinta

La Tinta

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Más de la mitad de las mujeres españolas mayores de 16 años ha sufrido violencia machista

Por: Marisa Kohan

Según la Macroencuesta sobre Violencia sobre las Mujeres hecha pública este jueves 10 de Septiembre, un total de 11.688.411 mujeres españolas mayores de 16 años (un 57% del total) han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres.

Más de una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer. Así lo afirma la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer hecha pública este jueves por el Ministerio de Igualdad, cuyos datos fueron recogidos a lo largo del año pasado entre cerca de 10.000 mujeres mayores de 16 años residentes en nuestro país.

Según el estudio, considerado como la operación estadística más relevante sobre este tipo de violencias que se realiza en España, un total de 11.688.411 de mujeres han sufrido algún tipo de agresión, lo que supone un 57,3% del total.

La encuesta, realizada a un total de 9.568 mujeres, desvela que una de cada cinco mujeres (un 19,8%) la ha sufrido en los últimos 12 meses, lo que supone que sólo a lo largo del último años más de cuatro millones de mujeres mayores de 16 años se han visto sometidas a algún tipo de violencia machista.

​Si bien la violencia se ejerce a lo largo de toda la vida de las mujeres, la encuesta revela que son las más jóvenes las que más violencia sufren o perciben. El 71,2% de las mujeres de 16 a 24 años y el 68,3% de las mujeres de 25 a 34 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas frente al 42,1% de las que tienen 65 o más años. Aunque el dato sobre la prevalencia de la violencia hacia las jóvenes es muy llamativo, el estudio afirma que es necesario un análisis en más profundidad para determinar este alto índice. Es posible que la violencia hacia las jóvenes efectivamente se haya incrementado, pero también es posible que sean más proclives a detectar la violencia y a hablar sobre ella, afirman fuentes del Miniterio de Igualdad.

Si nos fijamos en la violencia que se ejerce dentro del ámbito de la pareja o expereja (es decir, aquella violencia que está amparada en la actualidad por la ley de violencia de género de 2004), la encuesta revela que la violencia física o sexual afecta al 14,2% de las mujeres, es decir, más de 2,9 millones de mujeres. Po lo que se refiere a la violencia de control y económica dentro de las relaciones afectivas, éstas alcanzan al 31,9% de las mujeres encuestadas.

En términos generales, la violencia de género, es decir aquella que tiene lugar en el ámbito de la pareja, afecta a una de cada tres mujeres, o al 32,4% (más de 6.600.000 mujeres).

El estudio no sólo se centra en la violencia dentro de la pareja, sino que amplía el ámbito a un amplio espectro de violencias fuera de las relaciones afectivas, con un especial interés hacia el acoso sexual el stalking (la violencia repetida), la violencia sexual fuera de la pareja, así como preguntas para medir la otros tipos de violencia como la psicológica y económica dentro de la pareja.

Se trata de la primera vez que unan encuesta analiza de forman amplia las violencias fuera de la pareja. En la anterior macroencuesta llevada a cabo en 2015, ya se preguntó sobre violencia sexual fuera de la pareja, pero ahora el cuestionario es mucho mas amplio. Esto, explican fuentes del Ministerio, cumple con los requisitos estadísticos del Convenio del Consejo de Europa, más conocido como Convenio de Estambul, que obliga a los Estados miembros a tener en cuenta todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, así como cumplir con los mandatos del Pacto de Estado acordado en el Congreso en 2017.

Casi un 14% de mujeres sufre violencia sexual

La encuesta revela que del total de mujeres mayores de 16 años, casi tres millones (el 13,7%) han sufrido violencia sexual proveniente de cualquier hombre, no sólo de su pareja, sino fuera de sus relaciones afectivas estables y un 21.5% del total (casi 4,4 millones) han sufrido violencia física.

Para la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosel, una de las principales conclusiones de esta macroencuesta es que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y oculto. «Conocemos todos la punta del iceberg y hablamos de los 31 asesinatos por violencia machista que se han producido este año sólo teniendo en cuenta los cometidos por la pareja o expareja, así como el tremendo incremento de llamadas al 016», pero los datos demuestran que este tipo de violencia va más allá. «Se trata de una violencia estructural no sólo por su prevalencia, sino porque no se trata de episodios aislados, sino que son relaciones de violencia por su frecuencia y por la combinación de violencias, puesto que la mayoría de las víctimas la sufren más de una vez y forman parte de su vida cotidiana».

El estudio revela que la mitad de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja (el 50,4%) afirma que esta violencia ha tenido lugar solo una vez frente y casi la misma cifra (un 49,6%) reconoce que ha sucedido en más de una ocasión. De las que responden que tuvo lugar más de una vez, el 41% dicen que la violencia sexual tenía lugar al menos una vez al mes.

Para la delegada del Gobierno, es clave que algunos de los datos desvelados en el estudio van en contra del imaginario colectivo y son sumamente útiles a la hora de legislar y de desarrollar políticas públicas. Este es el caso de las violaciones. Sólo un 18% de las encuestadas afirman haber sido violadas por desconocidos. «Esto implica que el 82% de las que fueron violadas conocían a su agresor», afirma Rosell. Otro caso significativo en el que la creencia popular y los datos de la encuesta son totalmente divergentes es en la proporción de agresores sexuales extranjeros, que Rosell califica como insignificante en las estadísticas, a pesar de que las fuerzas de ultraderecha se empeñen en decir lo contrario.

También es llamativo el lugar donde se cometen este tipo de agresiones. Entre las mujeres que han sufrido una violación, un 59,1% afirma que ésta se cometió en una casa.

El 99,6% de los agresores sexuales son hombres

Casi la totalidad de las agresiones sexuales sufridas por mujeres mayores de 16 años en nuestro país la han realizado hombres. Según la encuesta, el 99,6% de esta violencia la ejercen varones y conocidos de la víctima. El 21,6% de la mujeres que afirman haber sufrido este tipo de violencia, revelan que el agresor era un hombre de la familia, el 49% un amigo o conocido y un 39,1% afirma que el agresor era un hombre desconocido. El 49% de las agresiones sexuales las realizaron personas conocidas de la víctima: familiares, amigos, vecinos, profesores….

Uno de los datos más llamativos en relación a la violencia sexual es su bajo índice de denuncia, que mantiene este tipo de violencia en la oscuridad. Según los datos el estudio tan sólo un 8% de la mujeres que viven este tipo de violencias las denuncian ante la Policía o los juzgados, lo que supone que más del 80% de estas agresiones permanecen ocultas y no perseguidas, porque tal como afirmó Rosell durante la presentación de la encuesta, la única forma de perseguir estos delitos es mediante al denuncia.

Entre los principales motivos citados por las encuestadas para no denunciar este tipo de violencia, figura en primer lugar el hecho de que «era menor o era una niña», motivo que menciona el 34,5% de las mujeres. Otro de los motivos es no conceder importancia a los sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que los hechos ocurrieron «en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y el temor a no ser creída (20,8%).

Más de 1,6 millones de menores viven la violencia

Tal como resalta el estudio, la violencia de género no afecta únicamente a la mujer, sino que también tiene repercusiones importantes sobre sus hijos e hijas, o sobre otros menores que vivan en el hogar. Según las respuestas a la encuesta, el 89,6% de las mujeres que han sufrido la violencia de género por parte de su pareja o expareja tenían hijos menores en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia y afirman que éstos presenciaron o escucharon la violencia contra la madre y que sufrieron la misma violencia que ellas.

En total, el estudio revela que 1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer está sufriendo en la actualidad algún tipo de violencia (física, sexual, control, emocional, económica o miedo) en la pareja.

Otra de las claves del estudio es la que se refiere a las consecuencias que tiene la violencia que se ejerce contra mujeres y sus hijos. Según el estudio este tipo de violencia constituye un problema de salud pública y afecta a la integridad física y psíquica de mujeres y menores. Las secuelas físicas, es decir lesiones, afectan al 46.6% y más del 70% sufre secuelas psicológicas.  Sufrir una violación multiplica por 6 el riesgo de cometer suicidio y un 26,6% han consumido alcohol o drogas debido a esta violencia.

Faltan indicadores sobre violencia institucional

Entre las distintas preguntas, que según la memoria de la encuesta fue exhaustiva y muy amplia, no se encuentra ninguna que aborde específicamente la violencia institucional que sufren las mujeres. Esta ya había sido una reclamación de sectores del feminismo en la anterior encuesta de 2015. Fuentes del ministerio reconocen que la amplitud y la profundidad de la encuesta diseñada en la anterior legislatura obligó a reducir el número de temáticas y que la violencia institucional que sufren o perciben las mujeres, especialmente en el recorrido judicial, no formó parte de la encuesta. Fuentes del Ministerio de Igualdad reconocen que sería importante conocer esta percepción a la hora de implementar cambios y políticas públicas en el sistema judicial.

Cabe recordar que las grandes protestas y movilizaciones de los últimos años se han producido precisamente por decisiones judiciales o por falta de acción de la justicia. Recientemente el caso de María Salmerón volvió a poner sobre la mesa el hecho del maltrato institucional a las víctimas de la violencia machista y de sus hijos e hijas. Salmerón, indultada parcialmente en tres ocasiones por el Gobierno para no entrar en la cárcel, tiene sobre ella una nueva condena y la ministra de Igualdad ya apuntó que podría volver a ser indultada si esta se lleva a cabo.

Una guía para implementar políticas públicas

La macroencuesta (la sexta que se elabora hasta la fecha) tiene como objetivo tener una radiografía sobre el estado de la violencia sobre las mujeres en nuestro país, con el fin de poder elaborar políticas públicas que las prevengan y la eliminen.

En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció durante la presentación de los datos de la macroencuesta, que el Gobierno pondrá en marcha una Estrategia Nacional contra la Violencia Machista que se implementará entre el 2021 y el 2025 y que viene a sustituir la que acabó en 2016, que estaba centrada principalmente en la violencia que se ejerce dentro de la pareja. Aunque no especificó el momento de inicio de este plan, afirmó que estaría listo par ser presentado en el primer semestre del año próximo.

«Los datos de la macroencuesta nos dicen que debemos seguir reforzando aún más todas las medidas encaminadas a actuar no solamente cuando ya se ha ejercido la violencia, sino a fortalecer todos los mecanismos de prevención», afirmó Montero en la presentación de los datos.

«Es urgente que las mujeres crean en las instituciones publicas que tienen el deber de acompañarlas en el proceso de reparación, por lo que es imprescindible contar con una guía, con una hoja de ruta, de una políticas pública y una estrategia que de una respuesta eficaz e integrada frente a las violencias que se ejercen contra las mujeres», dijo la ministra. Para esto, la estrategia irá de la mano del pacto de Estado y lo reforzará, añadió.


Fuente: https://www.publico.es/sociedad/mitad-mujeres-espanolas-mahores-16-anos-sufrido-violencia-machista.html

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