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Recuperar la educación pública para todas y todos

En un mundo que se enfrenta a la fragmentación social, a las desigualdades perjudiciales y al deterioro del medio ambiente, necesitamos ahora, más que nunca, una educación pública de calidad, transformadora e integradora. Mientras nuestros sistemas políticos luchan por resistir a la autocracia y fomentar la democracia, la educación pública y gratuita puede ayudar a crear un público bien informado con capacidad para abordar estos retos mundiales.

El público apoya a la educación pública, y la educación pública funciona.

La educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva es un derecho humano. En las últimas décadas, la comunidad mundial ha emprendido el esfuerzo sin precedentes de proporcionar educación pública a los dos mil millones de educandos del mundo, y de crear sistemas de aprendizaje adaptables a gran escala. El Estado es el garante de la educación pública, obligado a hacer realidad el derecho a la educación de todas y todos. Esto exige que los Estados cumplan y amplíen su papel central.

Solo los Estados tienen la capacidad de hacer frente a las enormes desigualdades educativas actuales en materia de género, raza/etnia, origen, clase social, discapacidad y muchas otras formas de exclusión. Además, la concepción de la «calidad» en la educación debe ir más allá de la creación de mano de obra y la consecución de metas de aprendizaje limitadas. La tecnología educativa no debe desplazar a las y los profesores y despersonalizar el aprendizaje, ni suplantar la educación pública, gratuita y de calidad que se imparte en los centros educativos. Por el contrario, la educación de calidad debe abordar objetivos más amplios de derechos humanos, incluido el pleno desarrollo de la personalidad humana, y fomentar habilidades para que las y los estudiantes afronten los retos globales actuales como ciudadanos informados y activos.

El proyecto de garantizar oportunidades educativas universales e igualitarias está en peligro debido al creciente papel de los actores privados en la educación. Existen numerosos datos procedentes de muchos países que demuestran que la privatización de la educación no mejora la calidad ni el acceso, sino que disminuye la equidad educativa, contraviniendo la legislación sobre derechos humanos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (que se refiere al derecho humano a la educación) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, a menudo, la legislación nacional. La lógica de la privatización y mercantilización de la educación incluye elementos específicos (estandarización, rentabilidad, autonomía y desregulación) que dan lugar a la exclusión y segregación de determinadas personas,  incluidas aquellas con discapacidad. Nos oponemos a la privatización de la educación porque va en contra de la visión de la igualdad, no solo para las comunidades de bajos ingresos y marginadas, sino para todas y todos, impidiendo la cohesión social.

La educación pública sufre una escasez de financiación enorme. En 2023, la UNESCO calculó un déficit de financiación para la educación de casi 100.000 millones de dólares. Los déficits de financiación derivan de la injusticia fiscal, de las condicionalidades de la ayuda, de la austeridad fiscal y de otras cuestiones descritas como los «50 años de fracaso«, que marcan medio siglo de uso de políticas económicas neoliberales en y a través de la ayuda internacional. Hacemos un llamado a las instituciones financieras internacionales para que abandonen la austeridad y la deuda y, en su lugar, realicen inversiones equitativas en educación. Al mismo tiempo, nos oponemos a que se desvíen los escasos recursos públicos para apoyar a actores privados mediante el establecimiento de alianzas público-privadas. Las instituciones financieras internacionales no deben financiar escuelas privadas de educación básica.

Durante la última década, miembros del Consorcio sobre la Privatización de la Educación y los Derechos Humanos (PEHRC, por sus siglas en inglés) han trabajado juntas y juntos para avanzar en la comprensión y aplicación del derecho humano a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, así como para oponerse a la privatización de la educación y hacer que los gobiernos y las instituciones rindan cuentas de sus obligaciones, con el objetivo de hacer realidad el derecho a la educación. Como grupo de organizaciones de la sociedad civil, el Consorcio refuta la visión de la educación como un bien individual dentro de sistemas no equitativos en los cuales personas nacidas en familias ricas se benefician a costa de aquellas  procedentes de  familias de bajos ingresos, y en los que los proveedores de educación obtienen considerables beneficios en detrimento de una educación universal de alta calidad para todas y todos.

Por el contrario, nosotras y nosotros que abajo firmamos, hacemos un llamado a los Estados para que hagan realidad el derecho humano a una educación pública de calidad, gratuita e inclusiva para todas y todos, a lo largo de toda la vida. Creemos que el futuro de la sociedad humana depende de nuestro compromiso colectivo con la educación pública. Las organizaciones, movimientos e individuos abajo firmantes, instamos a todas y todos, especialmente a los Estados, para proteger contra la suplantación del interés público por parte de actores privados, y para que hagan realidad el derecho humano a una educación pública, gratuita, de calidad y adecuadamente financiada por el sector público.

En concreto, pedimos que se actúe en cinco áreas claves:

• Dar prioridad a lo público. Hacemos un llamado a todos los agentes educativos para que den prioridad a la provisión de una educación de calidad, pública, inclusiva y gratuita para todas y todos. Como se describe en el manifiesto Nuestro Futuro es Público, pedimos a los Estados que den prioridad al sector público en general.
• Financiar sólidamente la educación pública. Los gobiernos deben alcanzar, como mínimo, el punto de referencia recomendado durante la Cumbre Transformar la Educación (CTE), asignando el 6% del PIB y el 20% del gasto público a la educación para hacer realidad el derecho humano a la educación y los derechos laborales y el bienestar de las y los docentes, así como tomar medidas nacionales y mundiales en materia de impuestos, y contra la deuda y austeridad, tal y como recomienda el Llamamiento a la Acción sobre Financiación de la CTE.
• Dejar de financiar la privatización de la educación. Los Estados, las instituciones de financiación del desarrollo, los inversores, los proveedores de fondos y los intermediarios deben asegurarse de que su financiación no apoye la educación privada, en particular la comercial y/o con ánimo de lucro. Estos programas a menudo exacerban la segregación y la discriminación, erosionan la educación gratuita, diluyen los planes de estudio, no cumplen las normas mínimas de calidad y reducen la supervisión democrática. Los fondos públicos deben financiar exclusivamente la educación pública.
• Regular y hacer cumplir la normativa a los actores privados. Los Estados deben regular a los actores privados, en particular para evitar conflictos de intereses por parte de los actores privados que influyen en los procesos normativos que rigen sus actividades. Los Estados deben invertir en la aplicación de las leyes ya existentes y desarrollar una nueva y sólida reglamentación para proteger el derecho a la educación.
• Un cambio de discurso. A pesar de las costosas campañas de relaciones públicas que afirman que la privatización de la educación resuelve problemas que el Estado no puede solucionar, las evidencias demuestran lo contrario. Pedimos un cambio de discurso que ponga de relieve los éxitos de la educación pública. La educación pública funciona cuando recibe el apoyo adecuado de los Estados. Las y los ciudadanos apoyan la educación pública en todo el mundo.

Firmen la declaración y únase a nosotras y nosotros en el proceso de incidencia política hacia los Estados para desarrollar todo el potencial de la educación pública. ¡Nuestro futuro depende de ello!

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